STL14120-2022<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL14120-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 68312 <\/p>\n
Acta 35 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de octubre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por el se\u00f1or FERNANDO TORRES CLAVIJO en contra de LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1 tr\u00e1mite constitucional al que se orden\u00f3 vincular al JUZGADO VEINTISES LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, as\u00ed como a todos los intervinientes dentro del proceso ordinario laboral de radicado No. 2019-00397. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El reclamante, por conducto de apoderado judicial, interpuso acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, seguridad jur\u00eddica, minuto vital, dignidad humana y libertad de escogencia de r\u00e9gimen pensional, presuntamente vulnerado por la decisi\u00f3n de segunda instancia, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de fecha 31 de marzo de 2022, dentro del proceso ordinario laboral bajo el radicado 2019-397. <\/p>\n
Como fundamento de su petici\u00f3n, estipul\u00f3 el apoderado judicial, que el reclamante empez\u00f3 a cotizar al sistema de pensiones en el ISS hoy Colpensiones, a partir del 01 de abril de 1981, as\u00ed mismo destac\u00f3 que, en octubre de 1996, se traslad\u00f3 de r\u00e9gimen, seguidamente anunci\u00f3, que el 23 de octubre de 2001, se afili\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A, cuando ya contaba con m\u00e1s de 1000 semanas cotizadas, pero el fondo privado lo reasesoro y el 28 de enero de 2004, retorno nuevamente al sistema de prima media con prestaci\u00f3n definida, dentro del periodo de gracia se\u00f1alado en la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En igual sentido manifest\u00f3, que el actor solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez ante Colpensiones, la cual se le reconoci\u00f3 mediante la Resoluci\u00f3n No. GNR 91544 del 11 de mayo de 2013, con base en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, tomando un IBL de $7.442.557 con una tasa de remplazo del 90% lo que, le arroj\u00f3 una pensi\u00f3n de $6.698.301 a partir del 1 de mayo de 2013. <\/p>\n
Consecutivamente indic\u00f3, que Colpensiones instaur\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del reclamante, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que resolvi\u00f3 admitir la demanda y orden\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo por medio del cual se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n del actor, en prove\u00eddo de fecha 12 de septiembre 2017, por lo anterior, asever\u00f3 que, la entidad decidi\u00f3 modificar la pensi\u00f3n de vejez del actor. <\/p>\n
Por lo anterior, manifest\u00f3 el mandatario judicial, que el tutelante impetr\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, y los fondos privados Protecci\u00f3n S.A., y Skandia S.A., con el objetivo de que, se declarar la ineficacia del traslado del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida al de ahorro individual con solidaridad, asunto que le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad judicial, que despu\u00e9s de adelantar el tr\u00e1mite procesal, el d\u00eda 21 de octubre de 2021, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, por medio del cual neg\u00f3 las pretensiones incoadas por el reclamante. <\/p>\n
Seguidamente esbozo, que el peticionario interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, en providencia de fecha 31 de marzo de 2022, considerando que no es procedente la declaratoria de ineficacia cuando quien reclama ya es pensionado, de acuerdo al precedente de esta Alta Corporaci\u00f3n, as\u00ed mismo destac\u00f3, que el colegiado accionado, determin\u00f3 que la regla jurisprudencial resultaba aplicable, no solo cuando la persona adquiere la prestaci\u00f3n en el RAIS, sino tambi\u00e9n cuando la pensi\u00f3n es reconocida en el r\u00e9gimen de prima media. <\/p>\n
Concluy\u00f3 aduciendo el togado, que no present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, por no cumplir con el requisito m\u00ednimo de la cuant\u00eda, de igual forma inform\u00f3 que, por el grave estado de salud del actor, la s\u00faplica extraordinaria no era el sendero id\u00f3neo para solicitar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos del qui accionante, por lo que es procedente este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, solicit\u00f3 \u00abTUTELAR el derecho fundamental aqu\u00ed esbozado por defecto factico, igualdad, debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social, vida, confianza leg\u00edtima y seguridad Jur\u00eddica, del se\u00f1or Fernando Torres Clavijo, ordenando dejar sin valor y efecto el fallo emitido el 31 de marzo de 2022, por la sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se respete el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia sobre la materia.\u00bb <\/p>\n
Mediante auto proferido el 05 de octubre de 2022, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y orden\u00f3 notificar a las autoridades judiciales tanto accionada como vinculada, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario laboral objeto de debate, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Revisado el expediente, se observa que las partes fueron debidamente notificadas de la presente acci\u00f3n, conforme dan cuenta los telegramas y correos enviados a cada una. <\/p>\n
Vencido el t\u00e9rmino concedido, de acuerdo con el informe secretarial, los convocados al presente asunto constitucional guardaron silencio. <\/p>\n
i)CONSIDERACIONES <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo sumario y preferente, adoptado para la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica y, en algunos eventos, por los particulares. De igual forma, su procedencia est\u00e1 condicionada a que el ciudadano haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa previstos por el legislador para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos, salvo que exista un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Es relevante precisar en el presente asunto, que siendo la solicitud de amparo un mecanismo de auxilio excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de requisitos rigurosos y de procedibilidad, entre los cuales se destacan los generales y especiales, establecidos en la sentencia de Constitucionalidad C-590\/05, proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la sentencia C-543 de 1992, y que ha sido de reiteraci\u00f3n posterior por la Corte Constitucional, consistentes en: <\/p>\n
I). Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. II). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable. III). Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. IV). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. V). Que la parte actora identifique de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y finalmente VI). Que no se trate de sentencias de tutela. Requisitos especiales: I) Defecto org\u00e1nico; II) Defecto procedimental absoluto; III) Defecto f\u00e1ctico; IV) Defecto material o sustantivo; V) Error inducido; VI) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; VII) Desconocimiento del precedente y VIII) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, requisitos recogidos en la Sentencia C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012 (negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Descendiendo al Sub J\u00fadice, se evidencia que el promotor de la s\u00faplica constitucional pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, por medio del cual, se negaron las pretensiones invocadas en el proceso ordinario laboral de radicado 2019-397. <\/p>\n
Pues bien, la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
<\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, debe recordarse, que uno de los presupuestos de esta acci\u00f3n es la subsidiaridad, elemento que adquiere gran relevancia para resolver su procedencia contra decisiones judiciales, en la medida en que el rese\u00f1ado precepto establece, que el mecanismo de amparo tiene por objeto reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o particular, pero que previamente el solicitante agote todos los mecanismos de defensa ordinario que tiene a su alcance, con el fin de que este instrumento constitucional sea procedente. <\/p>\n
Aunado a lo anteriormente descrito, es evidente que en este asunto, no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, de acuerdo a lo manifestado en el alegato tutelar, por parte del apoderado judicial del actor, y revisada la p\u00e1gina web de consulta de procesos judicial, se destaca que no se interpuso el recurso de casaci\u00f3n en contra de la sentencia de segunda instancia, la cual es objeto de inconformidad por parte del reclamante en este mecanismo supralegal, siendo ese el sendero procesal que el legislador dispuso para suplicar lo aqu\u00ed se pretende, como son los defectos que aduj\u00f3 contener la decisi\u00f3n en controversia, m\u00e1xime que, lo solicitado es el reajuste de una pensi\u00f3n de vejez, el cual es una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica de tracto sucesivo, por lo que no es de recibo el argumento del profesional del derecho, de no activar esta herramienta extraordinaria por considerar que no se cumpl\u00eda con la cuant\u00eda para activar dicho dispositivo ideal de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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