STL14191-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL14191-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68290 <\/p>\n
Acta 35 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por MARTHA PATRICIA CHUMACERO BARRETO contra la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL y la SALA DE FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al JUZGADO TREINTA DE FAMILIA de la misma ciudad, CARLOS HUMBERTO CHAMUCERO BARRETO, FRANCY ELENA G\u00d3MEZ RUBIO, PEDRO LUIS CHAMUCERO BOH\u00d3RQUEZ, CARLOS HUMBERTO CHAMUCERO BARRETO, \u00c1NGELA BEATRIZ CHAMUCERO GARNICA, HUMBERTO CHAMUCERO CARLOS ALBERTO CHAMUCERO BARRETO, AL CURADOR DE LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE FERNANDO CHAMUCERO BOH\u00d3RQUEZ y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso 2019-00541. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La parte accionante acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional por estimar quebrantados sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abderecho a controvertir las pruebas\u00bb, \u00abderecho a un proceso justo\u00bb, igualdad, equidad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abcongruencia jur\u00eddica\u00bb, y \u00abprotecci\u00f3n a los da\u00f1os antijur\u00eddicos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Francy Elena G\u00f3mez Rubio inici\u00f3 un proceso verbal en su contra y los dem\u00e1s herederos de Fernando Chamucero Boh\u00f3rquez para que se declarara la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho con el causante y, como consecuencia, se liquidara la sociedad patrimonial; tr\u00e1mite que conoci\u00f3 el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 que, mediante sentencia de 30 de agosto de 2021, neg\u00f3 las pretensiones invocadas en la demanda. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n, la parte all\u00ed actora present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que se admiti\u00f3 el 7 de septiembre de 2021, pero el promotor expuso que la all\u00ed demandante plante\u00f3 inconformidades que no hab\u00eda manifestado en la audiencia de primera instancia y present\u00f3 nuevas pruebas y, el 14 de septiembre de 2021, corri\u00f3 traslado del auto admisorio a los demandados, quienes \u00abtacharon de falsa la nueva prueba presentada por la apelante\u00bb. <\/p>\n
Que, mediante prove\u00eddo de 18 de febrero de 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, providencia que, a su juicio, fue dictada con fundamento en un an\u00e1lisis \u00absomero y muy superficial\u00bb de las pruebas. <\/p>\n
Se quej\u00f3 de las decisiones dictadas por las autoridades invocadas, la que resolvi\u00f3 la segunda instancia, por cuanto no se hizo una valoraci\u00f3n probatoria adecuada, teniendo en cuenta que omiti\u00f3, entre otros elementos de juicio, la \u00abexistencia de un contrato de arrendamiento firmado entre la demandante y el causante en el a\u00f1o 2010 y ratificado en el a\u00f1o 2012, por Fernando Chamucero y Francy G\u00f3mez ante la Notar\u00eda 38, la que desmiente la aseveraci\u00f3n de este tribunal sobre la inequ\u00edvoca existencia de la relaci\u00f3n desde el 2010\u00bb. <\/p>\n
Que dicho juez plural no resolvi\u00f3 de fondo la controversia y neg\u00f3 seguir los par\u00e1metros de congruencia y de motivaci\u00f3n de la anterior providencia, pues se fund\u00f3 en \u00abconsideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas\u00bb. Que se tuvieron en cuenta unos testimonios presentados por la demandante, pero se omiti\u00f3 \u00abla valoraci\u00f3n de pruebas documentales e irrefutables, que no son llamadas a interpretaci\u00f3n como son escrituras p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
A su vez, que no compart\u00eda lo resuelto en el auto de 23 de septiembre de 2022 en la que la Hom\u00f3loga Civil inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, por cuanto, present\u00f3 los cargos de forma separada \u00abindicando exactamente el lugar donde se encontraba la prueba en el sistema \u201cJUSTICIA SIGLO XXI\u201d realizando la cr\u00edtica a las posiciones erradas del TRIBUNAL, se mencionaron las normas sustanciales y materiales, que se hab\u00edan transgredido, las nulidades que se presentaron por omisi\u00f3n, y falta de valoraci\u00f3n de las pruebas, con el fin de que se corrigieran los yerros de esa instancia\u00bb, por lo que estaba bien sustentado dicho mecanismo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas invocadas y, en consecuencia, que se dejen sin efecto la decisi\u00f3n de 18 de febrero de 2022 dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que revoc\u00f3 la de primer grado para acoger las pretensiones invocadas en el proceso de marras, para que, en su lugar, se confirme el pronunciamiento del Juzgado Treinta de Familia de esta ciudad que neg\u00f3 las mismas; y, la de 23 de septiembre de esta anualidad, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n contra la anterior providencia. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo de 5 de octubre de 2022 esta Sala admiti\u00f3 la acci\u00f3n, vincul\u00f3 a los arriba mencionados y dispuso el traslado correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En el presente asunto se cuestiona, de una parte, la sentencia de segunda instancia que profiri\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de febrero de 2022, tras se\u00f1alar que no se valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio a fin de establecer la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre la all\u00ed demandante en el proceso civil y el causante y, la consecuencial existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Y, de otra, el prove\u00eddo que dict\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, el 23 de septiembre de 2022, mediante el cual inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, pues, en su sentir, contrario a lo considerado por la hom\u00f3loga civil, s\u00ed cumpli\u00f3 con los requisitos consagrados en el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Frente a la primera decisi\u00f3n denunciada, la Sala advierte que, si bien se present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medio id\u00f3neo para cuestionar el fallo de segunda instancia que hoy critica, lo cierto es que, en auto del 23 de septiembre de 2022, se inadmiti\u00f3 la demanda presentada por no cumplir con los presupuestos respectivos en esa sede. Es as\u00ed que, el amparo deprecado no puede tener prosperidad en ese sentido, pues a pesar de haber contado con un medio judicial de defensa pertinente, esto es, el recurso de casaci\u00f3n, no se hizo uso adecuado del mismo, dado que se present\u00f3, se itera, sin los postulados respectivos para que el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n civil estudiara el tema particular. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto se desnaturaliza la subsidiaridad de la solicitud de tutela si, so pretexto de resolver un conflicto para proteger derechos superiores, se omite su discusi\u00f3n en el espacio procesal pertinente, pues as\u00ed lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades al se\u00f1alar que se hace necesario que, previo a interponer la acci\u00f3n de tutela, las partes agoten las herramientas jur\u00eddicas ordinarias y extraordinarias con las que cuentan para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos y luego de ello, si estiman que persiste la vulneraci\u00f3n, expongan la controversia ante el juez constitucional para que la decida. <\/p>\n
Ahora bien, dado que se cumplen con los requisitos de procedibilidad de la presente acci\u00f3n, se revisar\u00e1 la determinaci\u00f3n de 23 de septiembre de 2022 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil que inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria de casaci\u00f3n. Oportunidad en la que se expusieron los requisitos que deb\u00eda llevar el escrito de demanda; posteriormente cit\u00f3 los cargos presentados por la parte demandante -aqu\u00ed actor- y expres\u00f3 que: <\/p>\n
Es pertinente resaltar que, en la fundamentaci\u00f3n de sus censuras, los recurrentes invocaron simult\u00e1neamente distintas causales de casaci\u00f3n (v.gr., \u00ablos numerales 1, 2, y 3 del art\u00edculo 336 del C.G.P.\u00bb, o \u00ablas causales 1, 2, 3 y 5 del art\u00edculo 336 del CGP\u00bb), e incluso aludieron a pautas normativas completamente ajenas al \u00e1mbito formal del aludido remedio extraordinario (\u00ablas causales contenidas en los art\u00edculos No. 82 y 90 del C.G.P. y el art 8 de la ley 54 de 1990\u00bb). <\/p>\n
Prima facie, tan desprolija fundamentaci\u00f3n de las censuras conlleva una grave incoherencia interna de todas las acusaciones, que se fundaron en motivos de casaci\u00f3n incompatibles entre s\u00ed, no solo l\u00f3gicamente, sino tambi\u00e9n por expresa disposici\u00f3n legal \u2013como ocurre con los yerros por v\u00eda directa e indirecta, o con estos \u00faltimos y la incongruencia, seg\u00fan el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013. <\/p>\n
Dicho de otro modo, el insondable plan de trabajo planteado al iniciar cada uno de los cargos de casaci\u00f3n impide que en su desarrollo se arribe a alg\u00fan destino concreto, pues no resulta viable construir un razonamiento que, al mismo tiempo, d\u00e9 cuenta de un vicio de juzgamiento directo, un yerro en la valoraci\u00f3n de las pruebas, la inconsonancia de lo decidido y la presencia de un vicio constitutivo de nulidad procesal. <\/p>\n
La imposibilidad de acreditar que esa confusa amalgama de acusaciones tuvo lugar en la decisi\u00f3n del tribunal deja en evidencia la falencia t\u00e9cnica de la demanda de sustentaci\u00f3n; puntualmente, la inobservancia de uno de sus requisitos principales: \u00abcontener (…) la formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa (…)\u00bb (art\u00edculo 344-2, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Con todo, es posible sostener que, con excepci\u00f3n de la cuesti\u00f3n del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 8 de la Ley 54 de 1990 \u2013tem\u00e1tica a la que se referir\u00e1 la Corte m\u00e1s adelante\u2013, todas las alegaciones de los convocados ata\u00f1en a la labor probatoria del tribunal, lo que permitir\u00eda superar la inexacta invocaci\u00f3n de m\u00faltiples y contradictorias causales, interpretando que todos los cargos se encauzaron por la senda que se\u00f1ala el art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
No obstante, ni esa importante intervenci\u00f3n oficiosa de la Sala permitir\u00eda salvar otras incorrecciones de la demanda de casaci\u00f3n, a saber: la falta de invocaci\u00f3n de la norma sustancial transgredida; la forma en la que esa infracci\u00f3n acaeci\u00f3; la incompletitud de los cargos y la ausencia de una confrontaci\u00f3n seria de las conclusiones f\u00e1cticas del tribunal, es decir, de la proposici\u00f3n de una cr\u00edtica que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la simple valoraci\u00f3n alternativa del material probatorio recaudado en las instancias. <\/p>\n
Acto seguido, expres\u00f3 que en efecto: <\/p>\n
Como la causal segunda de casaci\u00f3n consiste en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es ineludible que, al sustentar una cr\u00edtica por esta v\u00eda, la parte recurrente demuestre que el tribunal incurri\u00f3 en un yerro in iudicando (sic), y que este implic\u00f3 la transgresi\u00f3n de una norma del anunciado linaje. <\/p>\n
Cabe agregar que, por v\u00eda general, no basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas \u00absustanciales\u00bb que, a juicio del recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado, sino que tambi\u00e9n debe demostrarse que dichas disposiciones constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo, conforme lo se\u00f1ala expresamente el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso; ello sin perder de vista la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se habr\u00edan transgredido esos preceptos, as\u00ed como la relevancia del yerro en lo resolutivo de la sentencia. <\/p>\n
Aplicando esas premisas a los diez cargos formulados, refulge su traspi\u00e9, porque all\u00ed realmente no se invoc\u00f3 ninguna norma sustancial. Solamente se hizo una menci\u00f3n gen\u00e9rica a \u00ablas normas constitucionales, las normas del C\u00f3digo Civil, las normas procesales con efectos sustanciales, las que entran por el bloque de constitucionalidad y las l\u00edneas jurisprudenciales que se crean como reglas de aplicaci\u00f3n en los procesos como los que hoy nos trae a esta disputa\u00bb, es decir, a un inmenso n\u00famero de prescripciones del ordenamiento vigente, lo bastante inespec\u00edfico como para restar cualquier efecto pr\u00e1ctico a la referencia. <\/p>\n
Y si bien en un segmento introductorio de esas demandas se transcribieron algunos apartes de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (el art\u00edculo 8 de la CADH y el art\u00edculo 14 del PIDCP), lo cierto es que, en este caso concreto, esas normas carecen de la naturaleza sustancial que reclama la casaci\u00f3n civil, pues no son esas pautas, relacionadas con el derecho al debido proceso, las llamadas a ser aplicadas para definir la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre la actora y el causante de los recurrentes. <\/p>\n
El colegiado manifest\u00f3 que esos defectos estructurales del argumento de los actores contrariaban las exigencias formales del recurso extraordinario y, para sustentar ello, cit\u00f3 apartes de la sentencia CSJ AC221 de 1998 y arguy\u00f3: <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico presupone que las inferencias probatorias sobre las que se edific\u00f3 el fallo del tribunal son manifiestamente contrarias al contenido objetivo de la prueba. Esto impone al recurrente realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a las motivaciones del fallo que estima desacertadas, indicando con precisi\u00f3n las pifias en que incurri\u00f3 el ad quem al valorar la evidencia, y su relaci\u00f3n con la transgresi\u00f3n de la ley sustancial que se denuncia. <\/p>\n
Luego, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
Precisado lo anterior, se resalta que, en la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, el tribunal advirti\u00f3 que un primer grupo de evidencias ratificaba la existencia de una comunidad de vida permanente y singular entre la actora y el fallecido se\u00f1or Chamucero Boh\u00f3rquez, mientras que un segundo grupo descartaba dicha posibilidad. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, a pesar de la dificultad que entra\u00f1aba decantarse por una de esas tesis enfrentadas, era pertinente hacerlo en favor de la que propuso la se\u00f1ora G\u00f3mez Rubio, por cuanto la compa\u00f1\u00eda y cuidado que ella le prodig\u00f3 al causante en sus \u00faltimos a\u00f1os de vida eran indicios serios y convergentes de un v\u00ednculo sentimental y familiar consolidado, que iba m\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n laboral o contractual que refirieron los demandados. <\/p>\n
Ahora bien, en lugar de preocuparse por desvirtuar las inferencias que permitieron al tribunal elegir una hip\u00f3tesis por sobre otra, los impugnantes se limitaron a reiterar la existencia de una posible lectura alternativa de parte del material probatorio, que ponderaron como la correcta, sin ocuparse de contrarrestar los raciocinios opuestos, que se descartaron sin mayores reflexiones por no ser coherentes con la teor\u00eda del caso de la defensa. <\/p>\n
Dicho de otro modo, los herederos demandados se centraron en defender su visi\u00f3n personal del conflicto, y se desentendieron de la carga de refutar las deducciones sobre las que se edific\u00f3 la sentencia de segunda instancia, olvidando que al acusar al ad quem de una pifia f\u00e1ctica. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
Cabe agregar que la metodolog\u00eda empleada en desarrollo de los cargos propuestos resulta inadmisible, porque busca que el debate procesal se centre en el contenido material de las pruebas, y no en la labor de valoraci\u00f3n que de ellas hiciera la colegiatura ad quem, que es el objeto del que se ocupa el segundo motivo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, la teorizaci\u00f3n que proponen los recurrentes involucra \u00fanicamente algunas probanzas \u2013las que favorecer\u00edan su versi\u00f3n de los hechos\u2013, pero deja de lado otras, precisamente sobre las que se construy\u00f3 el fallo estimatorio de las pretensiones. Ello equivale a decir que las censuras tambi\u00e9n son incompletas, pues no intentaron desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirvieron de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
No olvida la Sala que, al sustentar el cuarto cuestionamiento de ambas demandas, los recurrentes resaltaron que las acciones patrimoniales de su contraparte estaban prescritas, y que, por lo mismo, el tribunal err\u00f3 al no reconocer ese fen\u00f3meno extintivo. Sin embargo, la prescripci\u00f3n no fue alegada como excepci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual resulta inviable su invocaci\u00f3n en sede extraordinaria. <\/p>\n
No se olvide que, en l\u00edneas generales, las defensas que no fueron sometidas a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n y de las dem\u00e1s partes durante el curso de las instancias ordinarias, son inadmisibles en casaci\u00f3n \u2013con mayor raz\u00f3n una defensa personal, como la prescripci\u00f3n\u2013 (\u2026). <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que \u00abComoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no resultan precisos, claros y suficientes, es imperativa la inadmisi\u00f3n de las demandas en referencia, con apoyo en el numeral 1 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Analizado lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial est\u00e1 lejos de configurar una violaci\u00f3n constitucional, dado que es producto de una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica respetable, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, sin que se avizore una actuaci\u00f3n irregular por parte de dicho juzgador. <\/p>\n
De ah\u00ed que, se observa que el colegiado hizo un estudio del tema en cuesti\u00f3n sin que exista anomal\u00eda alguna, pues se sujet\u00f3 a las normas respectivas de cara a los cargos presentados en la demanda de casaci\u00f3n y encontr\u00f3 que no se cumpl\u00edan con los postulados respectivos para poder admitir el mecanismo excepcional, sin que se advierta un estudio somero o inadecuado del mismo como lo expuso el promotor, por ende, dicha situaci\u00f3n que no puede verse como irregular, lo que descarta que pueda por esta v\u00eda excepcional, entrometerse el juez constitucional. <\/p>\n
De esta manera, no es posible que en el escenario constitucional se imponga al juez de conocimiento adoptar uno u otro criterio o, peor a\u00fan, fallar de una determinada forma, que es a lo que indebidamente se aspira con esta petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se negar\u00e1 la acci\u00f3n de tutela por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la acci\u00f3n de tutela impetrada, por las razones esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisi\u00f3n a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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