STL15715-2022<\/p>\n
<\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL15715-2022 <\/p>\n
Radicado n.\u00b0 68416 <\/p>\n
Acta 36 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide la acci\u00f3n de tutela que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI\u00d3N SOCIAL \u2013UGPP- interpone contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN y la JUEZA TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Por intermedio de apoderado judicial, la entidad actora formula el mecanismo constitucional para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y de las pruebas que se aportaron al expediente se extrae que Flor \u00c1ngela S\u00e1nchez Ruiz promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la UGPP con el fin que se la condenara al pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional consagrada en el art\u00edculo 98 del Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita por el Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS- y Sintraseguridadsocial, a partir del 30 de junio de 2014, junto con el retroactivo debidamente indexado. <\/p>\n
El asunto se asign\u00f3 por reparto al Juez Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien, mediante sentencia de 23 de agosto de 2021, conden\u00f3 a la demandada a: <\/p>\n
(\u2026) pagar a la demandante la suma de $151.661.346, debidamente indexada, a t\u00edtulo de retroactivo pensional de jubilaci\u00f3n, liquidado desde el 14 de julio de 2014 hasta agosto de 2021; y a continuar pag\u00e1ndole la pensi\u00f3n en un valor equivalente a $1.708.688, sin perjuicio de los aumentos de ley y las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada a\u00f1o. <\/p>\n
Asimismo, declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y la conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Al resolver el recurso de alzada que interpuso as\u00ed como el grado jurisdiccional de consulta en su favo en lo que no fue materia de apelaci\u00f3n, a trav\u00e9s de fallo de 24 de junio de 2022, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn modific\u00f3 el del a quo, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) en cuanto que el retroactivo pensional adeudado a la demandante entre el 14 de julio de 2014 y el 31 de agosto de 2021, asciende a la suma de $140.986.206, <\/p>\n
SEGUNDO: ACTUALIZAR la condena impuesta en primera instancia, la cual entre 1 de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022-, arroja la suma de $17.477.017, para un total de $158.463.223. A partir del 1 \u00b0 de junio de 2022, la demandada continuar\u00e1 pagando la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a la demandante en cuant\u00eda de $1.804.716, sin perjuicio de la mesada adicional y los incrementos legales anuales. <\/p>\n
TERCERO: CONFIRMAR en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
En criterio de la promotora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un error manifiesto que lesion\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, pues reconocieron una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional sin el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad para las mujeres, los cuales, aduce, deben acreditarse antes del 31 de julio de 2010, conforme a lo exigido por el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Asimismo, asevera que los jueces convocados interpretaron err\u00f3neamente el texto convencional al se\u00f1alar que la edad no es un requisito de causaci\u00f3n sino de exigibilidad y que el \u00fanico requisito para obtener la pensi\u00f3n extralegal es el tiempo de servicios, toda vez que no puede confundirse \u00abla expectativa del derecho con la figura del derecho adquirido\u00bb para determinar el reconocimiento pensional, dado que el derecho prestacional se adquiere una vez se han cumplido en su totalidad los requisitos \u2013edad y tiempo- que exige la convenci\u00f3n antes de la p\u00e9rdida de vigencia del texto extralegal. <\/p>\n
Agrega que la demandante no acredit\u00f3 los requisitos exigidos en el Acto Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiaria de la mesada adicional o \u00abmesada 14\u00bb, en el entendido que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. <\/p>\n
Manifiesta que las decisiones censuradas generan un grave perjuicio al erario toda vez que \u00abtendr\u00eda que pagar al causante un retroactivo indexado por la suma aproximada de m\u00e1s de $ 158.463.223M\/cte\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, pretende la protecci\u00f3n del derecho fundamental invocado y se dejen sin valor legal ni efecto jur\u00eddico las sentencias proferidas en el proceso objeto de queja constitucional. En consecuencia, se ordene al Tribunal que profiera una nueva decisi\u00f3n acorde con sus intereses. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela se admiti\u00f3 por medio de auto de 18 de octubre de 2022, a trav\u00e9s del cual se corri\u00f3 traslado a las accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y se orden\u00f3 vincular a Flor S\u00e1nchez Ruiz y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso judicial n\u00famero \u00ab05001310501320200038600\u00bb, que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n de la presente queja constitucional. <\/p>\n
En el t\u00e9rmino concedido, la vinculada Flor \u00c1ngela S\u00e1nchez Ruiz solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo deprecado, pues indic\u00f3 que la accionante no formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que cuestiona por esta v\u00eda constitucional, de modo que quebrant\u00f3 el principio de subsidiariedad propio de este instrumento de resguardo. <\/p>\n
La Jueza Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 que la actora no agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, pues omiti\u00f3 presentar el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que censura y, en esa medida, la presente acci\u00f3n constitucional no cumple con las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales. <\/p>\n
En su oportunidad, la directora de acciones constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra la acci\u00f3n de tutela como el mecanismo id\u00f3neo para que todas las personas puedan acudir ante los jueces, en procura de obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados o amenazados con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o, en ciertos casos, por un particular. <\/p>\n
El instrumento en referencia procede excepcionalmente cuando la lesi\u00f3n de derechos de raigambre superior tiene su origen en una decisi\u00f3n judicial, siempre que se advierta que su contenido es opuesto a los fines esenciales del Estado Social de Derecho, caprichoso, arbitrario, abiertamente irracional o contrario a los derechos fundamentales de una persona. <\/p>\n
Ahora, de acuerdo con la sentencia CC C-590-05, en tales eventos debe atenderse el requisito de subsidiaridad que rige el instrumento de resguardo constitucional. Por consiguiente, el interesado debe acreditar que ha agotado todos los recursos pertinentes ante el juez natural, para obtener el restablecimiento de la garant\u00eda que se ha vulnerado presuntamente. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 6.\u00ba del Decreto 2591 de 1991 que regula el tr\u00e1mite del mecanismo tuitivo y en sentencia CSJ STL8918-2019 la Corporaci\u00f3n expres\u00f3 al respecto lo siguiente: <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que las especiales caracter\u00edsticas de subsidiariedad y residualidad de la acci\u00f3n de tutela, impiden utilizarla como mecanismo para lograr la intervenci\u00f3n del juez constitucional en procesos en tr\u00e1mite y, de esta manera, reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, pues el amparo se concibi\u00f3 precisamente para suplir la ausencia de estos y no para resquebrajar los existentes; todo lo cual impide considerarla como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional a la cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. <\/p>\n
En el presente caso, la entidad accionante acude al mecanismo de amparo constitucional para que se dejen sin valor legal ni efecto jur\u00eddico las sentencias proferidas en el proceso objeto de queja constitucional y, en consecuencia, procedan a emitir decisiones de reemplazo favorables a sus aspiraciones. <\/p>\n
No obstante, al analizarse los elementos de convicci\u00f3n que se aportaron al tr\u00e1mite preferente, as\u00ed como el registro de actuaciones de la Rama Judicial, se advierte que la accionante desatendi\u00f3 el principio de subsidiariedad en menci\u00f3n, toda vez que no interpuso recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal convocado. <\/p>\n
Asimismo, es pertinente se\u00f1alar que tampoco ha formulado la revisi\u00f3n que el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 prev\u00e9, pese a que el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 6.\u00b0 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 le atribuye dicha obligaci\u00f3n, al se\u00f1alar: <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP) cumplir\u00e1 con las siguientes funciones: <\/p>\n
6. adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, es evidente que la proponente ha actuado con incuria en el tr\u00e1mite del proceso judicial en cita, de modo que no puede aspirar a que el juez de tutela intervenga frente a las providencias que censura, en tanto el instrumento sumario de resguardo no est\u00e1 establecido como una instancia adicional de revisi\u00f3n de decisiones judiciales ni como un procedimiento para revivir t\u00e9rminos u oportunidades pretermitidas en los juicios ordinarios. <\/p>\n
Ahora, es oportuno indicar que no es la primera vez que esta Corte le se\u00f1ala a la UGPP la importancia de ejercer los mecanismos ordinarios de defensa de manera preferente, tal como sucedi\u00f3 en sentencias CSJ STL9522-2020, CSJ STL12436-2021 y STL15279-2021, de modo que se le exhorta a ajustar sus actuaciones a tales lineamientos. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el instrumento de resguardo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: Declarar improcedente el resguardo constitucional invocado. <\/p>\n
SEGUNDO: Exhortar al subdirector de defensa pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, o al funcionario que haga sus veces, para que, en lo sucesivo, ejerza en debida forma la defensa t\u00e9cnica de la entidad al interior de los procesos judiciales, lo que implica la interposici\u00f3n de los recursos legalmente procedentes y dem\u00e1s actos encaminados a tal finalidad. <\/p>\n
TERCERO: Notificar a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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STL15715-2022 IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ Magistrado ponente STL15715-2022 Radicado n.\u00b0 68416 Acta 36 Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide la acci\u00f3n de tutela que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI\u00d3N […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68304\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}