AC4542-2022 (2018-00434-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4542-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-013-2018-00434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Jairo Humberto Castillo Ca\u00f1\u00f3n frente a la sentencia de 24 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n y Grupo Incon S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n pidi\u00f3 declarar \u00abla nulidad relativa sustancial del contrato de compraventa que consta en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 2208 de 15 de agosto de 2014 de la Notar\u00eda Catorce de Cali, por medio de la cual la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n, representada legalmente por Nohora Roc\u00edo Wilches Su\u00e1rez, dio en venta fraudulenta y dolosa a (…) Grupo Incon S.A.S. (…) el inmueble predio rural El Cedro, ubicado en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Remolino, del municipio de Puerto L\u00f3pez (…), correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 234-6942\u00bb. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que contrajo matrimonio con la se\u00f1ora Nohora Roc\u00edo Wilches Su\u00e1rez el 13 de octubre de 1984; que, en vigencia de ese lazo marital, constituyeron la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A., y que, gracias a varias maniobras fraudulentas, se diluy\u00f3 la participaci\u00f3n accionaria del actor en la compa\u00f1\u00eda, siendo incluso removido del cargo de representante legal de esa persona jur\u00eddica que inicialmente desempe\u00f1aba. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abdentro de la vigencia de la sociedad conyugal constituida por Jairo Humberto Castillo Ca\u00f1\u00f3n y Nohora Roc\u00edo Wilches Su\u00e1rez, la sociedad Agropecuaria la Misi\u00f3n S.A. (…) adquiri\u00f3 el predio rural El Cedro\u00bb, y que, \u00abretirado y removido del cargo de gerente el se\u00f1or Jairo Humberto\u00bb, esa heredad fue enajenada al Grupo Incon S.A.S. el 15 de agosto de 2014, con el \u00fanico prop\u00f3sito de \u00abdefraudarlo, perjudicarlo y causarle da\u00f1o (…) distra[yendo] el bien del haber social (…), para liquidar la sociedad conyugal sin inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, expuso que \u00abcuando la se\u00f1ora Nohora Roc\u00edo, como representante legal de la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A., vendi\u00f3 el predio rural El Cedro (…) no ten\u00eda la facultad para venderlo, pues ya se hab\u00eda disuelto la sociedad conyugal que exist\u00eda con Jairo Humberto Castillo Ca\u00f1\u00f3n por sentencia del 5 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, siendo una venta ilegal, dolosa y fraudulenta porque no ten\u00eda facultad, y su obligaci\u00f3n era incluirlo en el haber social y liquidarlo porque ya era realidad de tratarse de un bien de propiedad de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. Notificadas de la admisi\u00f3n de la demanda, las sociedades convocadas presentaron las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria del bien inmueble\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad relativa\u00bb; \u00abausencia de inter\u00e9s para demandar\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n para demandar\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia anticipada de 2 de junio de 2021, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la referida prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad relativa, por lo que deneg\u00f3 todas las pretensiones. <\/p>\n
3. Sentencia impugnada. <\/p>\n
Al resolver la alzada propuesta por el demandante, el tribunal confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del petitum, pero no por las razones que hab\u00eda expuesto el funcionario de primera instancia, sino por la falta de legitimaci\u00f3n del convocante. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, sostuvo: <\/p>\n
(i) No se discute que \u00abla nulidad relativa de la compraventa se soport\u00f3 en que el inmueble objeto de ese negocio jur\u00eddico era parte de la sociedad conyugal que tuvo el demandante con la representante legal de Agropecuaria la Misi\u00f3n S. A. en Liquidaci\u00f3n, pasando inadvertido que ninguno de los medios de convicci\u00f3n incorporados permite llegar a esta conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(ii) En contraposici\u00f3n, las probanzas que militan en el expediente muestran con claridad que \u00aba la fecha en que se transfiri\u00f3 el dominio, la titularidad de ese inmueble era de Agropecuaria La Misi\u00f3n S. A., persona jur\u00eddica diferente a quienes ten\u00edan acciones en defensa de la sociedad conyugal comentada (c\u00f3nyuges), ech\u00e1ndose de menos que se trate de un bien social\u00bb. <\/p>\n
4. Demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Tras su admisi\u00f3n, enarbol\u00f3 un solo cargo, con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1 es menester se\u00f1alar las normas de esa misma naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
2. S\u00edntesis de la censura. Cargo \u00fanico. <\/p>\n
El convocante denunci\u00f3 que la sentencia del tribunal es \u00abviolatoria de la ley sustancial, infracci\u00f3n por v\u00eda directa, [por] falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1781, 1782, 1783 y 1792 del C\u00f3digo Civil que regulan el caso concreto, y los art\u00edculos 1, 2, 29, 228 y 229 de la Carta Pol\u00edtica, la sentencia T-339 de 2015 y los art\u00edculos 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 14 del PIDCP\u00bb. Para fundamentar ese cuestionamiento, expuso lo siguiente: <\/p>\n
(i) La colegiatura de segundo grado, \u00abal citar e invocar el art\u00edculo 1743 del C\u00f3digo Civil y con apoyo en la doctrina del autor Arturo Alessandri Besa y al afirmar que el demandante Jairo Humberto Castillo Ca\u00f1\u00f3n no demostr\u00f3 que el vicio del consentimiento alegado como es el dolo le produjera un perjuicio econ\u00f3mico como v\u00edctima que aleg\u00f3 ser en la negociaci\u00f3n es quien s\u00f3lo como v\u00edctima puede alegar la rescisi\u00f3n, para concluir que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para demandar, se ocup\u00f3 de un tema de fondo que era de abordar en las respectivas instancias sujetas al debate probatorio que no alcanz\u00f3 a surtirse, toda vez que se dict\u00f3 sentencia anticipada con base en el numeral 3 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo Genera! de! Proceso\u00bb. <\/p>\n
(ii) En ese sentido, \u00abla infracci\u00f3n directa ocurri\u00f3 debido a que [el tribunal] aplic\u00f3 s\u00f3lo los art\u00edculos 98 del C\u00f3digo de Comercio y 1743 del C\u00f3digo Civil en forma aislada, formal, parcial y restrictiva, y no en forma sistem\u00e1tica que le hubiera permitido mediante el m\u00e9todo de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica extraer del texto de las normas un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece y procura el significado atendiendo el conjunto de normas o sistema del que forma parte\u00bb. <\/p>\n
(iii) Dicho de otro modo, el ad quem \u00abhizo un estudio aislado, formalista, parcial, restrictivo y no sistem\u00e1tico s\u00f3lo sobre la legitimaci\u00f3n en la causa con base en los art\u00edculos 98 del C\u00f3digo de Comercio y 1743 del C\u00f3digo Civil, desconociendo la existencia de la sociedad conyugal pues no mencion\u00f3 norma sustancial alguna de las violadas y antes citadas que regulan lo relativo a los bienes de la sociedad conyugal que en este caso existe al tiempo y no s\u00f3lo la sociedad comercial, normas las cuales no proh\u00edben que hagan parte del haber social las sociedades comerciales que se constituyen durante la vigencia de la sociedad conyugal como en este caso es el bien consistente en la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A., las acciones que tienen los socios all\u00ed y el propio inmueble adquirido, sociedad que es de donde surge la legitimaci\u00f3n en la causa debido a que los c\u00f3nyuges son los titulares de ella, y no de la titularidad de dicha sociedad (…) porque es el t\u00edtulo que nace con ocasi\u00f3n de dicha sociedad, incurriendo el Tribunal en un exceso ritual manifiesto al considerar s\u00f3lo la falta de legitimaci\u00f3n en la causa en el hecho de que el titular del bien es la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A. y no uno de los c\u00f3nyuges, cuando l\u00f3gicamente el inmueble no puede estar en cabeza de uno de uno de los c\u00f3nyuges, para concluir inexplicablemente desde el punto de vista jur\u00eddico que las acciones de los socios (…) si son de la sociedad conyugal, pero no el inmueble adquirido por dicha sociedad que se constituy\u00f3 en vigencia de la sociedad conyugal, cuando el bien que es la sociedad constituida, los bienes que compre y las acciones son de la sociedad conyugal al existir al tiempo tanto la sociedad conyugal como la comercial\u00bb. <\/p>\n
(iv) Debe insistirse en que \u00abdentro de la vigencia de la sociedad conyugal se constituy\u00f3 la sociedad Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A., porque no siendo as\u00ed en vez de constituir sociedades comerciales para poner a nombre de ellas los bienes que se adquieran en vigencia de la sociedad conyugal, resulta de menor torpeza ponerlos a nombre de uno de los c\u00f3nyuges, porque al final de todo qui\u00e9n podr\u00eda resolver la pregunta si siendo representante legal de la sociedad como en este caso Nohora Roc\u00edo Wilches Su\u00e1rez vende parte de los bienes como ocurri\u00f3, cuando as\u00ed se abre paso a una forma para que uno de los c\u00f3nyuges burle y defraude la sociedad conyugal, lo cual servir\u00eda de mal ejemplo socialmente por cuanto a nadie se le ocurrir\u00eda en el futuro constituir sociedades comerciales dentro de la vigencia de la sociedad conyugal y poner los bienes a nombre de la sociedad comercial, para que no se le consideren bienes sociales, todo muy distinto al caso donde no existiera sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
(v) De continuar ignor\u00e1ndose la existencia de la sociedad conyugal que existi\u00f3 entre los socios de la entidad que fungi\u00f3 como vendedora en el contrato cuestionado, \u00abse estar\u00eda haciendo mera justicia formal, lo cual vendr\u00eda a constituirse en una manera de defraudar los bienes sociales que conforman la sociedad conyugal, dando as\u00ed rienda suelta a que cualquiera de los c\u00f3nyuges constituyan todas las sociedades comerciales para venderlos libremente y sin ning\u00fan temor porque son considerados como bienes no sociales, porque su titularidad est\u00e1 en cabeza de una sociedad comercial y no en cabeza de uno de los c\u00f3nyuges, y m\u00e1s cuando no es lo mismo reclamar el inmueble como parte de la sociedad que hacerlo a trav\u00e9s de las acciones que tienen ellos en la sociedad comercial\u00bb. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo \u00fanico. <\/p>\n
3.1. Precisi\u00f3n acerca de la futilidad de cuestionar el fallo absolutorio del tribunal. <\/p>\n
Aun cuando la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que interpuso el actor cumpliera los requerimientos formales previstos en la ley procesal, que no los cumple, su impugnaci\u00f3n extraordinaria no podr\u00eda abrirse paso, pues las pretensiones sobre las que gravita este proceso est\u00e1n irremediablemente destinadas al fracaso; de modo que la controversia no pod\u00eda correr suerte distinta de la que corri\u00f3 durante las instancias ordinarias, tornando vana cualquier intervenci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
En efecto, el demandante solicit\u00f3 que se declarara la nulidad relativa de un contrato en el que no particip\u00f3 como parte, y en el que tampoco funge como heredero o cesionario de las partes. Y ello es suficiente para que el petitum no pueda acogerse, comoquiera que la nulidad relativa solamente \u00abpuede alegarse (…) por aqu\u00e9llos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios\u00bb, de acuerdo con la expresa regla del art\u00edculo 1743 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Ahora bien, este beneficio no es asimilable al provecho econ\u00f3mico que permite a un tercero legitimarse de forma extraordinaria para demandar la nulidad absoluta de un contrato en el que no particip\u00f3, precisamente porque los vicios que dan lugar a la nulidad relativa son eso mismo, relativos a una persona concreta. Es decir, consisten en la transgresi\u00f3n de un inter\u00e9s que concierne solamente a las personas que expresaron su voluntad en el contrato, o m\u00e1s espec\u00edficamente, a aquel cuya expresi\u00f3n de voluntad pudo afectarse por el vicio \u2013y que tambi\u00e9n puede convalidarlo\u2013. <\/p>\n
Ello equivale a decir que, a diferencia de lo que interpret\u00f3 el ad quem, aun cuando la anulaci\u00f3n del contrato de compraventa que celebraron el 15 de agosto de 2014 las sociedades Agropecuaria La Misi\u00f3n S.A. (vendedora) y Grupo Incon S.A.S. (compradora) le reportara alg\u00fan provecho econ\u00f3mico al demandante \u2013en realidad, tampoco se lo reporta\u2013, este carecer\u00eda invariablemente de legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n de nulidad relativa, en tanto se encuentra reservada a los contratantes, sus sucesores o cesionarios. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, el dolo, vicio del consentimiento al que se refieren tanto la primera pretensi\u00f3n, como los numerales 2.9, 2.11, 2.14 y 2.15 del escrito inicial, solo podr\u00eda ser esgrimido por el contratante (o sus causahabientes, conforme lo dispuesto en el citado art\u00edculo 1743) que considere que su voluntad de obligarse se afect\u00f3 por un artificio o enga\u00f1o de su contraparte, de tales caracter\u00edsticas que distorsion\u00f3 gravemente su proceso de toma de decisiones. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, un exceso o extrav\u00edo relacionado con la representaci\u00f3n de alguno de los contratantes \u2013como el que aparece mencionado, de forma un tanto abstracta, en el numeral 2.17 de la demanda\u2013, podr\u00eda alegarse como motivo de nulidad relativa \u00fanicamente por el estipulante que denuncia haber sido representado de forma contraria a derecho en la convenci\u00f3n atacada (o los ya referidos sucesores o cesionarios). <\/p>\n
Sobra decir que el se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n no puede ocupar ninguno de esos roles, pues no fue \u00e9l quien obr\u00f3 como comprador o vendedor en la negociaci\u00f3n atacada (es decir, no expres\u00f3 su voluntad en el contrato censurado), ni tampoco es sucesor o cesionario de las sociedades que lo hicieron. Al contrario, convoc\u00f3 a aquellas entidades a juicio como demandadas, perdiendo de vista que la acci\u00f3n ejercida solo podr\u00eda pertenecerle \u2013hipot\u00e9ticamente\u2013 a una de ellas, y que no es posible que una persona imponga a otra la alegaci\u00f3n de un vicio que la segunda puede convalidar libremente. <\/p>\n
En t\u00e9rminos simples, lo que quiso el actor fue que se declarara la nulidad relativa de un contrato en contra de la voluntad de las partes que lo celebraron, prop\u00f3sito que obviamente es incompatible con las reglas que gobiernan esa espec\u00edfica causa de frustraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos en nuestro medio. Por tanto, las pretensiones del se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n deben ser denegadas, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Y aunque fuera por razones distintas, ciertamente el tribunal obr\u00f3 con apoyo en esa realidad, de modo que aun si se probaran los graves yerros que denunci\u00f3 el recurrente en casaci\u00f3n, carecer\u00eda de objeto quebrar el fallo de segunda instancia, pues el de reemplazo que debiera dictar la Corte tendr\u00eda exactamente la misma configuraci\u00f3n \u2013negar las pretensiones por falta de legitimaci\u00f3n\u2013 y las mismas consecuencias pr\u00e1cticas. <\/p>\n
3.2. Falencias formales del recurso. <\/p>\n
Aun si se dejara de lado la circunstancia anotada, que justificar\u00eda \u2013per se\u2013 no dar tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n, el escrito presenta varias falencias formales, que tambi\u00e9n impiden su admisi\u00f3n: <\/p>\n
(i) El tribunal neg\u00f3 las pretensiones advirtiendo que, de declararse la nulidad relativa del contrato, el haber de la sociedad conyugal que otrora conformaron el actor y la se\u00f1ora Wilches Su\u00e1rez, representante legal de la sociedad vendedora, no sufrir\u00eda ning\u00fan cambio. De all\u00ed, a su vez, dedujo que aquel carec\u00eda de inter\u00e9s para demandar. <\/p>\n
El demandante, en l\u00edneas generales, no refut\u00f3 ese argumento, sino que se limit\u00f3 a afirmar, con insistencia, que si dos personas unidas en matrimonio constituyen una sociedad, y esa sociedad adquiere un bien, dicho bien pertenecer\u00e1 al haber de la sociedad conyugal, y no al patrimonio de la persona jur\u00eddica de derecho privado. <\/p>\n
Sin embargo, no parece existir regla jur\u00eddica alguna que disponga tal efecto, ni este se deduce de los preceptos invocados en la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. Es decir, no hay all\u00ed ninguna explicaci\u00f3n acerca de la manera en la que el inmueble pudo haber pasado a integrar la masa de los bienes conyugales, ni del motivo que justificar\u00eda inaplicar el principio de separaci\u00f3n patrimonial entre la sociedad y sus socios, al que se refiri\u00f3 el ad quem como pilar principal de su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Ese vac\u00edo revela lo fragmentario del cargo formulado, en la medida que no busc\u00f3 refutar la regla jur\u00eddica aplicada por el ad quem (la separaci\u00f3n patrimonial), sino postular una conclusi\u00f3n opuesta, sin explicitar las premisas que sirven para sustentarla. Ello equivale a decir que los planteamientos de la colegiatura de segundo grado se mantuvieron al margen de los embates, de donde refulge que la demanda en estudio no cumpli\u00f3 su finalidad primordial de <\/p>\n
\u00ab(…) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
(ii) En l\u00ednea con lo expuesto, se destaca que a pesar de encauzar su cr\u00edtica por el primer motivo de casaci\u00f3n, el demandante no identific\u00f3 ninguna disposici\u00f3n de derecho sustancial \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb. Y es que si bien el se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n relacion\u00f3 una serie de normas, varias de ellas no tienen naturaleza sustancial, y las que s\u00ed podr\u00edan tenerla, no corresponden al pilar esencial de un hipot\u00e9tico fallo favorable a los intereses del actor. <\/p>\n
En efecto, los art\u00edculos \u00ab1781, 1782, 1783 y 1792 del C\u00f3digo Civil\u00bb regulan los bienes que integran el haber social, pero como se anot\u00f3 supra, ninguna de esas normas parece se\u00f1alar que ese haber tambi\u00e9n se compone por los bienes que hayan adquirido los entes societarios que a bien tengan constituir los esposos, ni tampoco el recurrente explic\u00f3 tan particular efecto transitivo entre patrimonios, a pesar de que este constituir\u00eda la base esencial de su cuestionamiento. <\/p>\n
En cuanto a la sentencia T-339 de 2015, basta con se\u00f1alar que se trata de un pronunciamiento judicial esencialmente inter partes; esto es, su naturaleza difiere de la de una norma sustancial de car\u00e1cter general, como las que constituyen el marco anal\u00edtico de la Corte en sede de casaci\u00f3n, al menos cuando quien recurre lo hace a trav\u00e9s de los motivos primero y segundo. <\/p>\n
Y en lo que tiene que ver con \u00ablos art\u00edculos 1, 2, 29, 228 y 229 de la Carta Pol\u00edtica (…) y los art\u00edculos 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 14 del PIDCP\u00bb, debe recordarse que tales preceptos contemplan pautas generales relacionadas con los valores institucionales del Estado Social de Derecho colombiano y con derechos fundamentales, que carecen de la concreci\u00f3n necesaria para resolver un conflicto patrimonial espec\u00edfico entre particulares, como el que plante\u00f3 el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de dicha tem\u00e1tica, en un asunto similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, reciemente se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) por regla general, las disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct., resaltado intencional). <\/p>\n
En el mismo sentido, previamente se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunque la constituci\u00f3n es norma de normas y por ello aplicable en forma directa a los casos concretos, en algunas circunstancias los preceptos constitucionales no son id\u00f3neos para apalancar , por s\u00ed solos, el motivo de inicial de la casaci\u00f3n (…), toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario. <\/p>\n
En efecto, en auto AC de 13 de diciembre de 2011, rad. 2008-00146, replicado el 17 de abril de 2015, Rad. 2010-00512-01, la Sala record\u00f3 que \u201cCuando se denuncia el quebrantamiento directo de normas constitucionales, en sede de casaci\u00f3n, debe precisarse el precepto legal que las desarrolla, porque si bien es indiscutible que los preceptos que integran la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que consagran derechos, como es el caso de aquellos que establecen las garant\u00edas fundamentales, ostentan naturaleza sustancial, en tanto que de su desarrollo pr\u00e1ctico pueden surgir, alterarse o terminar situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas (…) ello no significa que esa condici\u00f3n de sustanciales de las normas constitucionales, sea suficiente para considerar que su invocaci\u00f3n en un cargo aducido en casaci\u00f3n, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, ellas est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir, son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u201d\u00bb (CSJ AC8616\u20132016, 15 dic., resaltado intencional). <\/p>\n
(iii) Para finalizar, al inicio de su alegaci\u00f3n el impugnante afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n del tribunal era prematura, en la medida que se requer\u00eda la pr\u00e1ctica de varias pruebas (que no identific\u00f3) para esclarecer lo atinente a su legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
No obstante, esa defensa no pod\u00eda proponerse por la senda primera de casaci\u00f3n, que fue la elegida por el se\u00f1or Castillo Ca\u00f1\u00f3n, por expresa prohibici\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor, \u00ab[t]rat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Jairo Humberto Castillo Ca\u00f1\u00f3n frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4542-2022 (2018-00434-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4542-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-013-2018-00434-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}