AC4702-2022 (2014-00549-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC4702-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-021-2014-00549-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Agencia de Aduanas Aladuana S.A. Nivel 1 para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 2 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo iniciado por la recurrente en contra de ADM Nova S.A. en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
En la demanda que dio paso al referido proceso, se solicit\u00f3 declarar la existencia de los contratos de mandato celebrados por los contendientes \u00abentre los a\u00f1os 2001 a 2003\u00bb, as\u00ed como el incumplimiento de la compa\u00f1\u00eda demandada respecto de las estipulaciones de dichos acuerdos. En consecuencia, pidi\u00f3 se le condenara a desembolsar los perjuicios materiales por concepto de \u00abpago o causaci\u00f3n de aranceles, multas, gastos e intereses\u00bb en que incurri\u00f3 la convocante en las \u00abimportaciones de productos ordenadas por ADM\u00bb, m\u00e1s los r\u00e9ditos moratorios; sumas que deber\u00e1n \u00abcorregirse monetariamente\u00bb. <\/p>\n
En subsidio, deprec\u00f3 que se declarara el \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb de la interpelada y el \u00abempobrecimiento correlativo\u00bb de la actora, \u00abal realizar la importaci\u00f3n de tres mil novecientos noventa y cuatro punto novecientas catorce toneladas (3.994,914 t) del producto Cookie-Meal entre los a\u00f1os 2001 y 2002, sin pagar arancel aduanero correcto y sus correspondientes multas e intereses\u00bb. Por consiguiente, reclam\u00f3 el reintegro de esos montos con sus respectivos \u00abintereses compensatorios y moratorios\u00bb, as\u00ed como la \u00abcorrecci\u00f3n monetaria\u00bb. [Fls. 334 a 350, archivo digital 06CuadernoPrincipal]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
Los hechos que sustentan los anhelos pueden ser as\u00ed condensados: <\/p>\n
1.- La actora es una compa\u00f1\u00eda cuyo objeto social es la realizaci\u00f3n de \u00abactividades de intermediaci\u00f3n y agenciamiento aduanero\u00bb, en los t\u00e9rminos del Estatuto Aduanero -Decreto 2685 de 1999- y en tal virtud, desde 1995, se encuentra autorizada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- para ejercer esas funciones. <\/p>\n
3.- En desarrollo de aquellos compromisos, \u00abdesde octubre de 2001 hasta febrero de 2002\u00bb, la reclamante recibi\u00f3 la \u00abdocumentaci\u00f3n\u00bb completa de manos de su \u00abmandante\u00bb para la \u00abimportaci\u00f3n de aproximadamente cuatro mil trescientas siete toneladas (4.307 t)\u00bb del producto denominado \u201cCookie Meal\u201d de \u00abpropiedad de ADM\u00bb. Seg\u00fan las instrucciones de la \u00abmandante\u00bb, \u00ablos Registros de importaci\u00f3n, los Certificados de Producci\u00f3n Nacional expedidos por el entonces Ministerio de Comercio Exterior y los certificados fitosanitarios\u00bb, la \u00abimportaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo aludido deb\u00eda llevarse a cabo bajo la \u201csubpartida arancelaria\u201d \u00abNo. 19.05.90.00.00\u00bb. <\/p>\n
4.- En cumplimiento de los pactos demandados, la precursora reclam\u00f3 los \u00abdocumentos\u00bb de embarque de la carga y con base en el \u00abprecio CIF de la mercanc\u00eda\u00bb, present\u00f3 ante la administraci\u00f3n de impuestos las correspondientes declaraciones de \u00abimportaci\u00f3n\u00bb1 incluyendo en ellas la mencionada \u201csubpartida arancelaria\u201d y en nombre de la comitente desembols\u00f3 los \u00abtributos aduaneros causados\u00bb, los cuales ascend\u00edan a la cifra de \u00ab$254\u2019117.566.oo\u00bb, obteniendo el \u00ablevante aduanero de la mercanc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
5.- Por la gesti\u00f3n memorada, la \u00abmandante\u00bb retorn\u00f3 a la \u00abmandataria\u00bb los costes del servicio de agenciamiento prestado, los \u00abfondos pagados por los tributos aduaneros\u00bb y dem\u00e1s gastos portuarios. <\/p>\n
6.- Sin embargo, el 28 de abril de 2003, la DIAN profiri\u00f3 sendos \u201crequerimientos especiales aduaneros\u201d en contra de la empresa gestora con el fin de que corrigiera las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d radicadas en representaci\u00f3n de la enjuiciada, con sustento en que la \u00abmercanc\u00eda materia de importaci\u00f3n\u00bb hab\u00eda sido clasificada en una \u201csubpartida arancelaria\u201d equivocada, pues debi\u00f3 encasillarse con el consecutivo \u00abNo. 2309.90.90.00\u00bb, concerniente a \u201cinsumo en la formulaci\u00f3n de alimentos para animales\u201d; situaci\u00f3n que comunic\u00f3 a la interpelada en ep\u00edstola de \u00ab7 de mayo de 2003\u00bb, sin obtener respuesta alguna. <\/p>\n
7.- La promotora respondi\u00f3 oportunamente \u00aben nombre de su mandante\u00bb los \u201crequerimientos\u201d referidos, para lo cual adujo que su actuaci\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 a los convenios de \u00abmandato\u00bb conferidos por ADM Nova S.A., ac\u00e1 enjuiciados; que esta \u00faltima, en su condici\u00f3n de \u00abimportador y mandante\u00bb, era la responsable por los \u00abtributos aduaneros en cuesti\u00f3n\u00bb; y que, en todo caso, la Administraci\u00f3n hizo incurrir en \u201cerror\u201d al \u00abimportador\u00bb, ya que en el pasado otorg\u00f3 el \u00ablevante aduanero\u00bb del flete sin miramiento alguno, con la categorizaci\u00f3n \u00abaduanera\u00bb avalada por varios entes gubernamentales. <\/p>\n
8.- No obstante lo alegado, la Direcci\u00f3n de Impuestos emiti\u00f3 \u201cLiquidaciones Oficiales de Correcci\u00f3n\u201d imponiendo a la sociedad peticionaria una sanci\u00f3n pecuniaria por cada \u00abdeclaraci\u00f3n\u00bb, actos frente a los cuales formul\u00f3 infructuosamente los recursos de reconsideraci\u00f3n, pues se mantuvieron inc\u00f3lumes, as\u00ed que acudi\u00f3 en \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa y luego de agotar el tr\u00e1mite respectivo, en sentencias de 15 de abril de 2010 y 6 de septiembre de 2012, la Secci\u00f3n Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dej\u00f3 a salvo las resoluciones citadas. <\/p>\n
9.- En el curso de las antedichas actuaciones, la empresa impetradora intent\u00f3 acogerse a la \u201cconciliaci\u00f3n\u201d prevista en el art\u00edculo 147 de la ley 1607 de 2012, para lo cual abon\u00f3 el ciento por ciento (100%) del \u00abtributo aduanero\u00bb y las \u00absanciones\u00bb, por valor de \u00ab$303\u2019571.817.oo\u00bb, pese a ello, ese tr\u00e1mite fue denegado. <\/p>\n
10.- Las \u201ccargas impositivas\u201d por \u201cLiquidaciones Oficiales de Correcci\u00f3n\u201d ascienden a \u00ab$1.192\u2019146.971.oo\u00bb, de los que se adeudan \u00ab$888\u2019575.154.oo\u00bb. Adem\u00e1s, la precursora tuvo que remunerar honorarios por \u00ab97\u2019400.000.oo\u00bb a favor de los abogados que la representaron en los procedimientos \u00abadministrativos y judiciales\u00bb. <\/p>\n
11.- ADM Nova S.A. incumpli\u00f3 con los \u00abcontratos de mandato\u00bb y, en virtud de estos, debe asumir \u00abtodas estas cargas y sanciones tributarias\u00bb, ya que por orden de aquella las \u00abdeclaraciones de importaci\u00f3n\u00bb del insumo \u201cCookie Meal\u201d se diligenciaron con la \u201csubpartida arancelaria\u201d imprecisa y aun cuando la Agencia de Aduanas Aladuana S.A. la ha requerido para que sufrague esos rubros, se ha rehusado a hacerlo. <\/p>\n
12.- Es m\u00e1s, la compelida se enriqueci\u00f3 injustificadamente, porque pudo obtener provecho econ\u00f3mico con la comercializaci\u00f3n de la manufactura, al paso que, la activante se vio afectada patrimonialmente, dado que se adjudic\u00f3 el pasivo \u00aba cargo de ADM por las correcciones aduaneras y la defensa de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
13.- Aunque la interesada procur\u00f3 arreglar sus diferencias con la adversaria, eso fue in\u00fatil, inclusive incurri\u00f3 en un gasto adicional, pues desembols\u00f3 el precio de \u00ab$13\u2019076.448.oo\u00bb a t\u00edtulo de \u00abderechos y honorarios del Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio\u00bb. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1.- Tras subsanarse, la postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta capital, el 13 de febrero de 2015. [Fl. 356, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
2.- En la oposici\u00f3n la sociedad constre\u00f1ida respondi\u00f3 la causa petendi, neg\u00f3 algunos hechos, acept\u00f3 otros y formul\u00f3 como defensas \u00abprescripci\u00f3n; ausencia de responsabilidad de ADM Nova; e inexistencia de enriquecimiento sin causa\u00bb; fundados, principalmente, en que: <\/p>\n
(ii) Satisfizo \u00abtodas las obligaciones\u00bb frente a la impetradora, puesto que sald\u00f3 el servicio prestado por la \u00abintermediaci\u00f3n aduanera\u00bb y subvencion\u00f3 \u00abla totalidad de los aranceles por la importaci\u00f3n de la mercanc\u00eda\u00bb; <\/p>\n
(iii) No existi\u00f3 ninguna \u00abinstrucci\u00f3n\u00bb dirigida a la protagonista en lo relacionado con la \u201csubpartida arancelaria\u201d, m\u00e1s bien, \u00e9sta desatendi\u00f3 el deber de \u00abverificar que la informaci\u00f3n contenida en los documentos soporte de las declaraciones de importaci\u00f3n fuera correcta\u00bb; <\/p>\n
(iv) El reproche de la compa\u00f1\u00eda actora tiene su fuente en la equivocada clasificaci\u00f3n arancelaria cuando present\u00f3 las \u00abDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u00bb ante la autoridad tributaria, coyuntura inesperada en atenci\u00f3n a \u00absu alto profesionalismo e idoneidad\u00bb, de ah\u00ed que, las \u00absobretasas arancelarias y sanciones impuestas, no sean \u00abgastos razonables\u00bb, tampoco \u00abp\u00e9rdidas sin culpa del mandatario\u00bb, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2184 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
(v) Las \u00abp\u00e9rdidas que reclama la demandante fueron ocasionadas por su propia culpa y, por ende, ADM Nova no est\u00e1 llamada a responder por ellas\u00bb; y <\/p>\n
(vi) Los guarismos pretendidos no fueron retribuidos en su \u00abtotalidad\u00bb, por manera que el da\u00f1o demandado es \u00abinexistente\u00bb. [Fls. 415 a 453, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
En escrito separado, plante\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, empero, en providencia de 14 de abril de 2016 el a quo la desestim\u00f3. [Fls. 79 y vto., archivo digital: 02ExcepcionesPrevias]. <\/p>\n
3.- Finaliz\u00f3 la primera instancia en fallo de 2 de marzo de 2020, en el que \u00fanicamente se accedi\u00f3 a \u00abdeclarar la existencia del contrato de mandato conferido por la sociedad ADM NOVA S.A. a favor de AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A. NIVEL 1 a partir del a\u00f1o 2001 y 2002\u00bb. Las dem\u00e1s aspiraciones fueron denegadas. [Fls. 930 y vto., archivo digital: 08CuadernoPrincipal]. <\/p>\n
4.- Apelada esta decisi\u00f3n por la querellante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante veredicto de 2 de junio de 2022, confirm\u00f3 el pronunciamiento de primer grado. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Se refiri\u00f3 el ad quem sobre la suficiencia de los presupuestos procesales, afirm\u00f3 la ausencia de nulidad y dedujo la necesidad de que hubiera un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones, lo cual acometi\u00f3 valido de los siguientes argumentos: <\/p>\n
1.- Advirti\u00f3 delanteramente que no estaba en discusi\u00f3n la \u00abexistencia\u00bb del \u00abmandato\u00bb pactado por los contendientes, tampoco si la \u00abclasificaci\u00f3n arancelaria efectuada en la partida 19.05.90.00.00 fue equivocada, y que la correcta era la 23.09.90.90.00\u00bb, porque ese \u00edtem qued\u00f3 pac\u00edfico a partir de las resoluciones de la \u00abDirecci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y confirmado [por] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda, dentro de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho que promovi\u00f3 la aqu\u00ed demandante\u00bb. <\/p>\n
Acorde con esto, centr\u00f3 el problema jur\u00eddico en determinar si las \u00abconsecuencias derivadas de la errada clasificaci\u00f3n arancelaria del producto cookie meal, traducidas en sanciones y multas impuestas a la declarante de las mercanc\u00edas\u00bb, componen un \u00abgasto razonable\u00bb que deb\u00eda asumir la accionada en calidad de \u00abmandante\u00bb. <\/p>\n
2.- Una vez ubicada la problem\u00e1tica en ese escenario, hizo reminiscencia de las caracter\u00edsticas del \u00abcontrato de mandato\u00bb a la luz de los art\u00edculos 2142 y siguientes del C\u00f3digo Civil y de los c\u00e1nones 1262 a 1266 del estatuto mercantil, luego, trajo a colaci\u00f3n el v\u00ednculo que uni\u00f3 a las partes para destacar que el objeto de este versaba sobre \u00aboperaciones aduaneras\u00bb que deb\u00eda ejercer la convocante en \u00abnombre y representaci\u00f3n\u00bb de la convocada ante la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. <\/p>\n
3.- Hecha esa precisi\u00f3n, el Tribunal indic\u00f3 que para el momento en que se llevaron a cabo las \u00aboperaciones aduaneras\u00bb motivo del \u00abmandato\u00bb, estaban vigentes los art\u00edculos 12 y 13 del Decreto 2685 de 1999, de cuya interpretaci\u00f3n se infer\u00eda que esa actividad intermediadora tiene por finalidad, \u00abcolaborar con las autoridades aduaneras en la recta y cumplida aplicaci\u00f3n de las normas legales relacionadas con el comercio exterior, para el adecuado desarrollo de los reg\u00edmenes aduaneros y los dem\u00e1s procedimientos conexos\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed coligi\u00f3, que esa delicada tarea estba reservada a \u00absujetos calificados\u00bb, por eso el legislador estableci\u00f3 que solamente pod\u00edan ejercerla las \u00absociedades de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb, previa autorizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por manera que, no cualquier persona ten\u00eda habilitaci\u00f3n para \u00abactuar como intermediaria aduanera\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, estim\u00f3 patente que \u00ablas sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera, al obrar en tal condici\u00f3n, est\u00e1n forzadas a acatar la normatividad imperante, de lo contrario, asumen las consecuencias administrativas que ello apareja\u00bb. Adicional a ello, el \u00ablegislador\u00bb deslind\u00f3 la \u00abresponsabilidad del importador de la del agente intermediario\u00bb, premisa que apoy\u00f3 el Tribunal al hacer suyas las consideraciones plasmadas en la sentencia de 19 de julio de 2007 (Exp. 25000-23-24-000-2002-00967-01) del Consejo de Estado, que al tenor se\u00f1ala: <\/p>\n
(…) si la actividad de los intermediarios aduaneros se ejerce a trav\u00e9s de una sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera, especialmente reglamentada por la ley no puede pretenderse que este\u0301 exenta de toda su responsabilidad por los tributos que por su gesti\u00f3n dejaron de pagarse o por las sanciones correspondientes. <\/p>\n
Responsabilidad que no es nueva, tiene sus antecedentes en el art\u00edculo 2155 del C\u00f3digo Civil que dispone: <\/p>\n
\u201cEl mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo…\u201d. (…) <\/p>\n
Responsabilidad que se torna m\u00e1s exigente cuando se trata de la intermediaci\u00f3n aduanera que por definici\u00f3n legal constituye una actividad auxiliar de la funci\u00f3n p\u00fablica aduanera, cuyo fin principal es el de colaborar con las autoridades aduaneras en la recta y cumplida aplicaci\u00f3n de las normas relacionadas con el comercio exterior, para el adecuado desarrollo de los reg\u00edmenes aduaneros y dem\u00e1s procedimientos o actividades derivadas de la misma (\u2026). <\/p>\n
Ya en lo tocante con la \u00abresponsabilidad de las Sociedades de Intermediaci\u00f3n Aduanera, frente a la clasificaci\u00f3n arancelaria\u00bb, el ad quem trajo al debate el pronunciamiento de la Secci\u00f3n Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de 6 de septiembre de 2012, dentro de la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb promovida por la demandante frente a la DIAN y, nuevamente, se adhiri\u00f3 a sus conclusiones, seg\u00fan las cuales, las \u00absociedades de intermediaci\u00f3n aduanera deben responder por la exactitud y veracidad de la informaci\u00f3n que consignen en las declaraciones de importaci\u00f3n, incluyendo la derivada de la err\u00f3nea clasificaci\u00f3n arancelaria que, a su vez, conlleva errores en la liquidaci\u00f3n de los tributos aduaneros; independientemente de que el beneficiado con esa liquidaci\u00f3n sea el importador\u00bb. <\/p>\n
5.- A vuelta de lo dicho, se fij\u00f3 en los extremos del litigio y al respecto dijo que la sociedad impulsora acept\u00f3 el encargo de ADM Nova S.A., oblig\u00e1ndose, \u00abde forma t\u00e1cita\u00bb, entre otros par\u00e1metros, a \u00absuscribir y presentar las declaraciones de importaci\u00f3n de conformidad con el ordenamiento legal, as\u00ed\u0301 como a responder por la veracidad y exactitud de los datos (art. 26 Decreto 2685 de 1999)\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abal actuar ante la autoridad aduanera, la demandante, era responsable administrativamente por la correcta clasificaci\u00f3n arancelaria de las mercanc\u00edas y de responder \u201cdirectamente por los grav\u00e1menes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados\u201d (art. 22 ibidem)\u00bb. <\/p>\n
En el pasado, prosigue la Colegiatura, el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) contemplaba en cabeza de la \u00absociedad de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb la labor de establecer \u00abde conformidad con la normatividad vigente\u00bb (lit. b, art. 26 i\u0301dem) la \u00abtaxonom\u00eda arancelaria\u00bb del cargamento, adem\u00e1s, la carga de asumir las consecuencias derivadas por el incorrecto ejercicio de esa tarea. <\/p>\n
Es as\u00ed que, la accionante, <\/p>\n
\u00abal haberse equivocado en la declaraci\u00f3n de la mercanc\u00eda \u201ccookie meal\u201d, acorde a la reglamentaci\u00f3n, los efectos sancionatorios solamente reca\u00edan sobre ella, de modo que no pod\u00edan ser atribuidos a la aqu\u00ed encausada, quien no ten\u00eda injerencia en el proceso declarativo, m\u00e1s all\u00e1 de suministrar la informaci\u00f3n que tuviere a su alcance sobre el producto, la que estaba en condiciones de analizar, verificar, ajustar o corregir la agencia de intermediaci\u00f3n, por ser esa, precisamente, su actividad profesional. Se colige, entonces, que el valor de las sanciones y multas que surgieron por la incorrecta nomenclatura del producto, no son intr\u00ednsecos a su importaci\u00f3n, como alego\u0301 en esta instancia la accionante, sino resultado del incumplimiento de sus cargas, por lo que no hay motivo para que la mandante asuma tales secuelas\u00bb. <\/p>\n
E insisti\u00f3 en que, \u00abADM Nova S.A. no ten\u00eda como obligaci\u00f3n contractual clasificar la partida arancelaria del producto importado, sino que esta carga la deb\u00eda satisfacer la agencia de intermediaci\u00f3n aduanera, por lo que no puede endilgarse un incumplimiento del convenio en este sentido a la primera\u00bb. <\/p>\n
6.- Dicho esto, el juez plural descart\u00f3 el alegato de la apelante atinente a la supuesta \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb de los art\u00edculos 63 y 2155 del C\u00f3digo Civil, los cuales precept\u00faan que el mandatario responde hasta por culpa leve en el cumplimiento de su encargo, pues, \u00abla sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera fue sancionada con ocasi\u00f3n de la sustracci\u00f3n de deberes que pod\u00edan estar ligados al cumplimiento del contrato de mandato, pero que, en estricto sentido, estaban supeditados al acatamiento de disposiciones legales\u00bb. <\/p>\n
Tampoco hall\u00f3 desv\u00edo alguno en la hermen\u00e9utica que hizo el a quo del canon 2184 Ib\u00eddem, en la medida que \u00abel pago de las liquidaciones oficiales corregidas y las multas, no suponen gastos razonables del contrato de mandato, al ser, como se indic\u00f3, efectos de un proceder err\u00e1tico de la agente aduanera\u00bb. <\/p>\n
7.- En cuanto a la cr\u00edtica sobre que \u00abAladuana no fue contratada para realizar estudios o conceptos que determinaran la partida arancelaria\u00bb, estim\u00f3 el sentenciador que no ten\u00eda eco, pues, como ya se dijo, la codificaci\u00f3n aduanera \u00abal reglar que las declaraciones habr\u00edan de ajustarse a la normatividad vigente, llevaba inmersa tal tarea, que se encomienda a las personas jur\u00eddicas que sirven de intermediarias en esas lides, lo que exige la capacidad t\u00e9cnica para su desempe\u00f1o\u00bb, de modo que, \u00abno se trata de una suposici\u00f3n del a quo en torno a la diligencia de la agencia, sino que en tal calidad es una imposici\u00f3n normativa\u00bb. <\/p>\n
8.- En lo concerniente a que el juzgado de conocimiento desatendi\u00f3 las pruebas alusivas a las instrucciones dadas por ADM Nova S.A. a la Agencia de Aduanas Aladuana S.A. Nivel 1 para que respetara la ordenaci\u00f3n \u00abarancelaria\u00bb de la mercanc\u00eda pese a estar errada, el Tribunal estim\u00f3 que \u00abdada la naturaleza del acuerdo de voluntades, la mandante estaba forzada a suministrar toda la informaci\u00f3n relevante a la mandataria, pero era a esta a quien le compet\u00eda determinar la clasificaci\u00f3n ajustada a las normas, sin que afecte si la mandante era experta en la importaci\u00f3n del producto, disertaci\u00f3n que tambi\u00e9n fenece\u00bb. <\/p>\n
Premisa que -determin\u00f3- no se ve alterada con lo atestiguado por Carolina Herrera y Alberto Augusto Jim\u00e9nez, ni siquiera por la declaraci\u00f3n del representante legal de la accionada, ya que si, \u00aben gracia de discusi\u00f3n, se admitiera que las mentadas directrices existieron, lo cierto es, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, que el deber legal estaba en cabeza del intermediario aduanero, por lo que a\u00fan de haber existido instrucciones relacionadas, ello no lo relevaba de honrar lo establecido en la ley\u00bb. <\/p>\n
9.- Frente a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1270 del C\u00f3digo de Comercio, el Juez plural expuso que ese precepto hace alusi\u00f3n a las \u00abobligaciones del mandatario de informar al mandante sobre la ejecuci\u00f3n completa del mandato, o de las circunstancias sobrevinientes que puedan determinar la revocaci\u00f3n o la modificaci\u00f3n del mismo, a que se refiere el art\u00edculo 1269 del Estatuto Mercantil, y no a los eventos, como el presente, en el que por infracci\u00f3n de deberes legales la agencia de intermediaci\u00f3n es sancionada, por lo que no prospera el reparo\u00bb. <\/p>\n
10.- Finalmente, en cuanto a eso de que el a quo desatendi\u00f3 la \u00abjurisprudencia del Consejo de Estado\u00bb, en relaci\u00f3n con la posibilidad de que el agente aduanero que \u00abincurri\u00f3 en responsabilidad administrativa por la correcta (sic) clasificaci\u00f3n arancelaria\u00bb pueda \u00abrepetir contra la mandante\u00bb, ha de tenerse en cuenta que el libelo no estaba encaminado a entablar una \u00abacci\u00f3n de repetici\u00f3n, sino de responsabilidad contractual de la pasiva, que no se configuro\u0301, dado que la labor clasificatoria pend\u00eda de la voluntad de Aladuana, por ende, no pod\u00eda incurrir en omisi\u00f3n el a quo al no aplicar raseros establecidos en acciones diversas a la ahora desatada\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos (2) cargos formul\u00f3 la empresa recurrente; el primero por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P.); y el segundo por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la \u00abley sustancial\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba Ib\u00eddem); los cuales por adolecer de fallas t\u00e9cnicas que imponen su inadmisi\u00f3n ser\u00e1n examinados conjuntamente en el orden propuesto, seg\u00fan se notar\u00e1 cuando sea ocasi\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
El censor denunci\u00f3 la presencia de tres (3) errores que denomin\u00f3 \u00abjuris in judicando\u00bb en la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En primer lugar, la acus\u00f3 de infringir de manera \u00abdirecta\u00bb los art\u00edculos 1269 y 1270 del estatuto mercantil, por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb; los c\u00e1nones 822, 871 Ib\u00eddem, 1602, 1603 y 2184 del C\u00f3digo Civil, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Inici\u00f3 su pr\u00e9dica manifestando que el Tribunal se pifi\u00f3 al deducir que el silencio del \u00abmandante\u00bb solamente \u00abconfigura una aceptaci\u00f3n cuando se trata de comunicaciones del mandatario en el marco de su deber de rendir informes en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1269 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, toda vez que las consecuencias de ese mutismo tambi\u00e9n comprende \u00abcualquier comunicaci\u00f3n del mandatario al mandante\u00bb, pues si ese hubiese sido el querer del legislador, este habr\u00eda limitado expresamente el alcance del canon 1270 \u00cddem a dichos eventos, empero no lo hizo. <\/p>\n
A regl\u00f3n seguido invoc\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala (CSJ SC130-2018, 12 feb.), para sustentar que en este \u00faltimo precepto \u00abjam\u00e1s se hace referencia al deber del mandante de responder informes o comunicaciones sobre hechos sobrevinientes al mandatario, sino a requerimientos de este \u00faltimo\u00bb, por lo tanto, las consecuencias del sigilo del \u00abmandante\u00bb se extienden a toda informaci\u00f3n remitida por el \u00abmandatario\u00bb. <\/p>\n
Entonces, de haber \u00abinterpretado correctamente\u00bb el \u00abart\u00edculo 1270 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, el superior habr\u00eda concluido que la discreci\u00f3n de la demandada frente a la \u00abcomunicaci\u00f3n del 27 de mayo de 2004\u00bb remitida por la actora, en donde se le responsabiliz\u00f3 por el pago de los \u00abtributos y sanciones generados por la incorrecta clasificaci\u00f3n arancelaria del producto importado\u00bb y la asunci\u00f3n de las \u00abconsecuencias de los fallos que llegaren a proferirse en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciados por Aladuana contra las resoluciones de la DIAN\u00bb, fue una se\u00f1al de \u00abaprobaci\u00f3n\u00bb de la \u00abmandante\u00bb y, por ende, \u00aben virtud del contrato de mandato, estaba obligad[a] a reembol[sar]\u00bb aquellos rublos. <\/p>\n
En esas condiciones, en opini\u00f3n del impugnante, el sentido desacertado de los mandatos mercantiles referidos por parte del juzgador, tambi\u00e9n conllev\u00f3 al desconocimiento de los art\u00edculos 822, 871 \u00cddem, 1602, 1603 del C\u00f3digo Civil, incluso, los numerales 2 y 5 del canon 2184 de la misma obra. <\/p>\n
2.- Luego, atribuy\u00f3 al veredicto de segundo grado una infracci\u00f3n recta de los art\u00edculos 22 y 26 del Decreto 2685 de 1999, \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida\u00bb y de las pautas 63, 1602, 1603, 2141, 2142, 2143, 2155, 2184 del C\u00f3digo Civil, 822, 871 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tras reproducir literalmente los preceptos 22 y 26 del Decreto 2685 de 1999 y trascribir un fragmento de un pronunciamiento del Consejo de Estado, indic\u00f3 que esos mandatos regulan la \u00abresponsabilidad administrativa\u00bb de las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera frente a la autoridad tributaria, mas no la \u00abresponsabilidad\u00bb que surge con ocasi\u00f3n del \u00abcontrato de mandato aduanero\u00bb. Es as\u00ed que, en sentir del opugnante, \u00abno son aplicables a la relaci\u00f3n contractual entre Aladuana y ADM\u00bb, por tanto, debi\u00f3 el sentenciador orientar su an\u00e1lisis con base en los c\u00e1nones 63 y 2155 del estatuto civil, los cuales definen la \u00abculpa leve\u00bb y gobiernan la \u00abresponsabilidad\u00bb del mandatario en el desarrollo del encargo, respectivamente. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, ignor\u00f3 los art\u00edculos 871 de la codificaci\u00f3n comercial, 1602 y 1603 del C\u00f3digo Civil, sobre la la \u00abbuena fe\u00bb en la celebraci\u00f3n de los pactos privados y la \u00abresponsabilidad contractual\u00bb; el art\u00edculo 2142 \u00cddem y 1262 de la legislaci\u00f3n mercantil, que delimita el concepto del \u00abcontrato de mandato\u00bb; el 2184 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u00abes obligaci\u00f3n del mandante reembolsar al mandatario los gastos en los que hubiese incurrido sin culpa o con ocasi\u00f3n del mandato\u00bb. <\/p>\n
Es que, si en la contienda la Magistratura hubiese fundamentado su estudio en las precitadas normas, seguramente no hubiera determinado que la desatenci\u00f3n de la \u00abmandataria\u00bb de las cargas ante la Administraci\u00f3n de Impuestos \u00abequival\u00eda a un incumplimiento frente al mandante y, por lo tanto, el pago de las liquidaciones oficiales no era un gasto reembolsable en el marco del contrato de mandato\u00bb. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, imput\u00f3 al Tribunal porque \u00abviol\u00f3 directamente las siguientes normas sustanciales: art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887 y art\u00edculos 3 y 118 del Decreto 2685 de 1999, por falta de aplicaci\u00f3n. Asimismo, como consecuencia de este error, la Sentencia Impugnada viol\u00f3 los art\u00edculos 86, 87 y 117 ib. y los art\u00edculos 1602, 2142, 2155 y 2184 del C\u00f3digo Civil; y 871 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio, tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el ad quem omiti\u00f3 emplear los apartados legales 3 y 118 del Decreto 2685 de 1999 y con apoyo en un segmento de un fallo del Consejo de Estado, asegur\u00f3 que \u00abtanto el declarante como el importador son responsables por la obligaci\u00f3n aduanera\u00bb, de este modo, la antagonista deb\u00eda responsabilizarse del \u00abpago o reembolso de los tributos y sanciones finalmente cancelados\u00bb y por \u00ablos errores en la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, el arancel que debi\u00f3 pagarse por la liquidaci\u00f3n oficial de correcci\u00f3n y las multas\u00bb, a tono con lo dispuesto en los art\u00edculos 86, 87 y 117 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Al remate, asever\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la falta de aplicaci\u00f3n de las normas antes se\u00f1aladas, el Tribunal determino\u0301 que la responsabilidad por el pago de las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n reca\u00eda exclusivamente en cabeza de Aladuana y, por lo tanto, no hab\u00eda lugar al reembolso por parte de ADM de estos pagos\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en el segundo motivo de casaci\u00f3n, se inculp\u00f3 a la Corporaci\u00f3n la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial de los art\u00edculos 63, 1602, 1603, 1613, 1614, 2142, 2155 y 2184 del C\u00f3digo Civil; 822, 871, 1262, 1269 y 1270 del C\u00f3digo de Comercio; art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887; art\u00edculos 1, 3, 22, 26 (literales b y c), 86, 87, 117 y 118 del Decreto 2685 de 1999; por haber incurrido en \u00aberrores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria y en la interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
1.1.- Los \u201cRegistros de Importaci\u00f3n\u201d emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior anunciaban que la \u00abmercanc\u00eda importada\u00bb por la conminada estaba asignada con la \u201csubpartida arancelaria\u201d n\u00ba \u00ab19.05.90.00\u00bb, precisamente, esos documentos sirvieron de soporte para la elaboraci\u00f3n de las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d presentadas por la compa\u00f1\u00eda reclamante. No obstante, fueron \u00abtergiversados\u00bb por el ad quem al ultimar que esas piezas hab\u00edan sido expedidas \u00aben el marco de importaciones previas\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto que esos folios los expidi\u00f3 la Cartera aludida, por lo tanto, la partida arancelaria contenida en las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d se encontraba avalada por aquella, adem\u00e1s, se\u00f1alaban a la antagonista como la \u00abresponsable de la obligaci\u00f3n aduanera\u00bb y el \u00absujeto pasivo de la obligaci\u00f3n arancelaria\u00bb. <\/p>\n
Al ignorar la condici\u00f3n de \u00abimportador\u00bb de ADM Nova S.A. y, por ende, establecer que \u00abno era responsable por el pago de los aranceles y sanciones impuestas por la DIAN\u00bb, el Tribunal desatendi\u00f3 que, en tal calidad, estaba obligada a sufragar la \u00abtotalidad del arancel, que corresponder\u00eda al que determino\u0301 la autoridad administrativa en las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n\u00bb. Adicionalmente, estim\u00f3 de forma inexacta que el \u00abpago\u00bb de esas \u00abmultas\u00bb se caus\u00f3 exclusivamente \u00abpor la indebida clasificaci\u00f3n arancelaria y no como consecuencia de la importaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ese descuido del iudex plural, prosigue el impugnante, ocasion\u00f3 que se le atribuyera una \u00abculpa leve\u00bb a la pleiteante, siendo que, el obrar de \u00e9sta se ci\u00f1\u00f3 a la informaci\u00f3n de los \u00abregistros de importaci\u00f3n expedidos por el Ministerio de Comercio\u00bb, por consiguiente, la \u00abculpa\u00bb en que hubiera podido incurrir sea \u00ablev\u00edsima\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al igual que los \u201cRegistros de Importaci\u00f3n\u201d, los \u201cCertificados de Importaci\u00f3n\u201d fueron emanados del Ministerio de Comercio Exterior y tambi\u00e9n indicaban que la \u201csubpartida arancelaria\u201d del producto \u201cCookie Meal\u201d correspond\u00eda a la n\u00ba \u00ab19.05.90.00\u00bb, sin embargo, el ad quem los \u00abdistorsion\u00f3\u00bb, al considerar que \u00abse trataba de documentos expedidos para importaciones anteriores que conten\u00edan errores en los que no se pod\u00eda incurrir nuevamente\u00bb, pese a que, se obtuvieron para el \u00abdesarrollo del mandato conferido a Aladuana y no para importaciones antecedentes\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el \u00abhecho de que se tratara de documentos que sirvieron a Aladuana como soporte para realizar las declaraciones, que conten\u00edan informaci\u00f3n sobre la partida arancelaria a utilizar que coincida con la de los registros de importaci\u00f3n y que fueron expedidos por la autoridad competente, pone en evidencia que no hubo una actuaci\u00f3n negligente por parte del mandatario Aladuana\u00bb, por tal raz\u00f3n, \u00ablos pagos adicionales que realizo\u0301 por aranceles y por sanciones corresponden a gastos razonables que deb\u00edan ser reembolsados por el mandante ADM\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Despu\u00e9s de trascribir un trozo del testimonio de Carolina Herrera, el opositor le achac\u00f3 al Tribunal haberlo pretermitido, ya que, seg\u00fan su dicho, la querellante no pod\u00eda diligenciar las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d con una \u201cpartida arancelaria\u201d distinta a la plasmada en la documentaci\u00f3n remitida por la accionada, puesto que, \u00abesto hubiera impedido el levantamiento de la mercanc\u00eda importada por ADM. Es decir, que Aladuana habr\u00eda incumplido con el objeto del mandato\u00bb. <\/p>\n
Es m\u00e1s, realizar un cambio en ese \u00edtem implicaba contradecir al Ministerio de Comercio Exterior y conllevaba desconocer, a voces de lo establecido por el precepto 121 del Estatuto Aduanero, uno de los \u00abdocumentos soporte para la declaraci\u00f3n\u00bb, valga decir, el \u00abregistro de importaci\u00f3n\u00bb emitido por esa Cartera. <\/p>\n
Para el recurrente, ese yerro acarre\u00f3 que el sentenciador estableciera en cabeza de la impulsora la carga de \u00abverificar, corregir o ajustar la informaci\u00f3n que le fue suministrada\u00bb por su mandante, atribuyendo de esta manera un \u00abgrado superior de diligencia a la que legalmente se reclama de cualquier mandatario\u00bb, incluso por encima del \u00abest\u00e1ndar de la culpa leve\u00bb. Ese dislate es trascendente, seg\u00fan el censor, porque \u00abal pretender que Aladuana ignorara o modificara el contenido los documentos provenientes del Ministerio de Comercio Exterior en las declaraciones de importaci\u00f3n, se consider\u00f3 que actu\u00f3 en contrav\u00eda de sus cargas y, por lo tanto, los gastos en los que incurri\u00f3 por la indebida clasificaci\u00f3n arancelaria del producto Cookie Meal no eran reembolsables\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Tampoco tuvo en cuenta el ad quem que los \u00abcertificados fitosanitarios expedidos por el ICA\u00bb se\u00f1alaban a la convocada como \u00abimportador de la mercanc\u00eda\u00bb, por ende, de haberse apreciado esa pieza, \u00abse habr\u00eda determinado que el hecho generador del pago del arancel liquidado por la DIAN fue la importaci\u00f3n que hizo ADM y no el error en la clasificaci\u00f3n arancelaria\u00bb. <\/p>\n
1.5.- Por ese mismo sendero, aleg\u00f3 el opugnante, el superior \u00abdejo\u0301 de valorar las Declaraciones Andinas de Importaci\u00f3n\u00bb y las \u201cDeclaraciones Iniciales de Importaci\u00f3n\u201d, la cuales, hacen saber que el \u00abresponsable por la obligaci\u00f3n aduanera es el importador\u00bb, de ah\u00ed que sea este quien deba asumir \u00ablos pagos del arancel liquidado por la DIAN y de las sanciones impuestas\u00bb. <\/p>\n
En opini\u00f3n del casacionista, con aquellos folios la sentencia combatida habr\u00eda concluido que la interpelada \u00abera responsable, al menos, de pagar a Aladuana la diferencia entre el arancel declarado y el arancel determinado en las liquidaciones oficiales de importaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.6.- Encima, el Colegiado incurri\u00f3 en \u00abpreterici\u00f3n\u00bb al omitir examinar las \u201cLiquidaciones Oficiales de Correcci\u00f3n\u201d expedidas por la Administraci\u00f3n de Impuestos. Seg\u00fan el inconforme, en ese acto administrativo \u00abno solamente se imponen multas, sino que tambi\u00e9n se determina el arancel o tributo que debe pagar el obligado\u00bb, que en este caso, ser\u00eda la enjuiciada. <\/p>\n
No obstante, el juzgador \u00abdetermino\u0301 que el pago de las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n \u201cno es intr\u00ednseco\u201d a la importaci\u00f3n del producto, sino al incumplimiento de Aladuana de sus cargas o a su proceder err\u00e1tico\u00bb. Por tanto, \u00abla trascendencia del error recae en una inadecuada identificaci\u00f3n del nexo de causalidad entre la importaci\u00f3n y el pago que finalmente tuvo que hacer Aladuana\u00bb, porque de haber previsto que el \u00abimportador\u00bb es quien tiene a su cargo la cancelaci\u00f3n de todos los tributos y castigos pecuniarios, el extremo pasivo debi\u00f3 ser condenado a \u00abpagar a Aladuana los perjuicios que sufri\u00f3 como consecuencia de su incumplimiento de reembolsar los gastos razonables en los que incurri\u00f3 el mandatario en ejecuci\u00f3n del mandato\u00bb. <\/p>\n
1.7.- Al igual, la Corporaci\u00f3n prescindi\u00f3 de evaluar la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del representante legal de la conminada. Luego de citar textualmente un pedazo del interrogatorio de parte practicado a \u00e9ste, el censor aleg\u00f3 que all\u00ed se asegur\u00f3 que la \u00abmandante\u00bb pagar\u00eda cualquier \u00abarancel\u00bb desembolsado por la \u00abmandataria\u00bb, por ende, cual fuere la \u00abobligaci\u00f3n tributaria\u00bb, los rubros pagados con ocasi\u00f3n de ello, deb\u00edan ser cancelados por la encausada. <\/p>\n
1.8.- M\u00e1s a\u00fan, en comunicaci\u00f3n de 28 de abril de 2004 ADM Nova S.A.S. le solicit\u00f3 a la Agencia de Aduanas Aladuana S.A. Nivel 1, informaci\u00f3n acerca de la \u00abreclasificaci\u00f3n arancelaria realizada por la DIAN y sobre las actuaciones que hab\u00eda adelantado hasta el momento Aladuana\u00bb, lo cual, en opini\u00f3n del impugnante, refleja que \u00abel mandante pretend\u00eda que el mandatario le brindara informaci\u00f3n sobre la ejecuci\u00f3n del mandato\u00bb. <\/p>\n
En sentir del censor, de no pasarse por alto dicha probanza, el Tribunal \u00abhubiera determinado que la respuesta que Aladuana dio a esa comunicaci\u00f3n era efectivamente un informe a la luz del art\u00edculo 1269 del C\u00f3digo de Comercio y que el silencio de ADM frente a la misma configuraba una aceptaci\u00f3n de las afirmaciones de ese informe de conformidad con el art\u00edculo 1270 ib\u00bb y, por consiguiente, la convocada acept\u00f3 la responsabilidad de \u00abpagar los aranceles y sanciones determinados por la DIAN. En ese sentido, las pretensiones de Aladuana hubieran prosperado\u00bb. <\/p>\n
1.9.- Paralelamente, advirti\u00f3 el impugnante, el superior \u00abtergivers\u00f3\u00bb la misiva de 27 de mayo de 2004, pues de la misma se arguye que la promotora inform\u00f3 a la accionada respecto de la \u00abejecuci\u00f3n del mandato se\u00f1alando las actuaciones que hab\u00eda realizado frente a la DIAN y sobre las demandas de nulidad formuladas contra las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n de dicha entidad\u00bb, pero, adicionalmente, se le inform\u00f3 que se present\u00f3 una \u00absituaci\u00f3n sobreviniente que modificar\u00eda los t\u00e9rminos del mandato\u00bb, esto es, que la DIAN hab\u00eda ratificado \u00abla posici\u00f3n arancelaria determinada\u00bb, en esa medida, a diferencia de lo sostenido por la sentencia combatida, esa carta \u00abcorresponde a un informe que deb\u00eda rendir Aladuana a ADM en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1269 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, inclusive, all\u00ed se le indic\u00f3 a la \u00abmandante\u00bb que era la \u00ab\u00fanica responsable por los tributos determinados en las liquidaciones oficiales y que adem\u00e1s deber\u00eda asumir el resultado final de lo que se determine en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Aladuana contra las resoluciones de la DIAN\u00bb y ante el silencio de aquella, \u00aba la luz del art\u00edculo 1270 del C\u00f3digo de Comercio, (\u2026) acepto\u0301 con todas sus consecuencias estas afirmaciones\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed que, \u00ab[d]e no haber cometido este error, la Sentencia del Tribunal habr\u00eda determinado que ADM no contesto\u0301 al informe rendido por Aladuana el 27 de mayo de 2004 y, por lo tanto, acepto\u0301 las afirmaciones contenidas en este. Es decir, que ADM como importador era el responsable por los aranceles que causara la importaci\u00f3n y que fueron determinados por la DIAN\u00bb. <\/p>\n
1.10.- Por \u00faltimo, tras enunciar con sus palabras los razonamientos del fallo confutado, el recurrente acus\u00f3 al Tribunal de errar en la \u00abapreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
A ese respecto, sostuvo que tanto en los fundamentos f\u00e1cticos como en las pretensiones del libelo inaugural la accionante reclam\u00f3 el desembolso de los \u00abtributos y (\u2026) las sanciones que pago\u0301 en nombre de ADM y que fueron establecidos en las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n\u00bb, las cuales se resumieron en un \u00abcuadro\u00bb elaborado en el numeral 21 del ac\u00e1pite denominado \u00abHechos\u00bb. Sin embargo, el ad quem s\u00f3lo hizo alusi\u00f3n a las \u00absanciones\u00bb por la incorrecta presentaci\u00f3n de las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d, dejando de lado el reintegro suplicado por concepto de \u00abaranceles\u00bb que efectu\u00f3 ante la Administraci\u00f3n de Impuestos, cuyo valor es, incluso, mayor al castigo pecuniario. <\/p>\n
De otro lado, el censor tambi\u00e9n denunci\u00f3 que el sentenciador estudi\u00f3 equivocadamente el escrito genitor al concluir que la demandante debi\u00f3 ejercer una \u00abacci\u00f3n de repetici\u00f3n\u00bb contra la adversaria, pues, ciertamente, en el juicio de \u00abresponsabilidad contractual\u00bb promovido se persigue, justamente, \u00abel reembolso de las sumas de dinero que pago\u0301 en desarrollo del contrato de mandato\u00bb, por lo tanto, \u00abAladuana efectivamente estaba repitiendo en contra de su mandante\u00bb, premisa que apoy\u00f3 en un segmento de un pronunciamiento del Consejo de Estado y en la definici\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abrepetici\u00f3n\u00bb, que seg\u00fan dijo, proviene del Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. <\/p>\n
Es que, si el \u00abTribunal no hubiera incurrido en este yerro, hubiera determinado que entre los gastos en los que incurri\u00f3 Aladuana por cuenta de ADM se encontraba el pago de aranceles a la DIAN, concepto que configura un gasto razonable en desarrollo del contrato de mandato y que deb\u00eda ser reembolsado por la demandada. En ese sentido, hubiera concluido que ADM incumpli\u00f3 el contrato y hubiera accedido parcialmente a la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios de Aladuana. Asimismo, como consecuencia del error en comento, la Sentencia Impugnada no tuvo en cuenta que la responsabilidad administrativa difiere de la responsabilidad contractual que surge del contrato del mandato, como lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como bien se sabe, es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC998-2022, 31 mar.). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC998-2022, 31 mar.). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC998-2022, 31 mar.). <\/p>\n
2.- Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb2 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan. <\/p>\n
2.1.- La causal primera, ocurre \u00abcuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica (CSJ SC de 25 de feb. de 2002 Rad. 5925), esto es, corresponde a pifias de laya estrictamente de derecho (iuris in iudicando), suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. Esta Corte ha puntualizado, que cuando la acusaci\u00f3n se apoye en este motivo de censura, <\/p>\n
\u00abrequiere de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (\u2026) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb. (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, Exp. 2004-00457-01). <\/p>\n
2.2.- Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
2.2.1.- El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago. 1999, Rad. 4979; CSJ SC; reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar.). <\/p>\n
Puntualmente la Corte ha expresado que en los eventos en que se critique el ejercicio valorativo del juzgador deviene imperativo que: \u00ab… el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de agosto de 2014, Rad. 2010-227-01). <\/p>\n
2.2.2.- En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar.). <\/p>\n
En este evento, el casacionista, a m\u00e1s de indicar las normas sustanciales quebrantadas a consecuencia de los dislates, tendr\u00e1 la carga adicional de se\u00f1alar la disposici\u00f3n probatoria infringida, \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.- Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que siendo o debiendo ser base esencial de la decisi\u00f3n confutada resultaron infringidas, teniendo esa calidad aquellas que \u00ab\u2026\u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u201d, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u201climitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d\u00bb. (CSJ AC, del 5 de may. 2000; criterio reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar.). <\/p>\n
3.- En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos previstos el en art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.2.- Planteada as\u00ed la acusaci\u00f3n, pronto se advierte la presencia de varios defectos t\u00e9cnicos que echan al traste el reclamo extraordinario, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.2.1.- Primeramente, el censor elev\u00f3 una cr\u00edtica al entendimiento efectuado por el sentenciador a los c\u00e1nones 1269 y 1270 de la codificaci\u00f3n mercantil, pues, en su opini\u00f3n, el silencio del \u00abmandante\u00bb comprende \u00abcualquier comunicaci\u00f3n del mandatario al mandante\u00bb y no como lo consider\u00f3 la sentencia confutada, solamente frente a los casos regulados en el primero de esos mandatos. <\/p>\n
Sin embargo, tal y como est\u00e1 planteada la censura, se observa que la molestia del impugnante es porque la hermen\u00e9utica que \u00e9ste realiza de los preceptos se\u00f1alados no concuerda con la del sentenciador. Toda su diatriba est\u00e1 construida desde el punto de vista personal del casacionista, sobre la forma en que ha debido el juzgador interpretar aquellas pautas. Pero, en la labor de achacar un yerro de esa magnitud, no se preocup\u00f3 por ense\u00f1ar, verbigracia, la visi\u00f3n doctrinal y jurisprudencial, si la hab\u00eda, respecto de cu\u00e1les situaciones o eventos se derivan las consecuencias que apareja el mutismo del \u00abmandante\u00bb, si \u00fanicamente de los contemplados en el art\u00edculo 1269 ib\u00eddem o de otros m\u00e1s. <\/p>\n
Y aunque para apoyar su parecer invoc\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala -CSJ SC130-2018, 12 feb.- el mismo no guarda directa relaci\u00f3n con lo debatido en el proceso, pues si bien all\u00ed la Corte hizo menci\u00f3n del art\u00edculo 1270 \u00eddem, fue para referirse, de manera panor\u00e1mica, a los escenarios en que excepcionalmente tiene efectos jur\u00eddicos la conducta silente de las personas, sin hacer expresa referencia al sentido o a la comprensi\u00f3n que debiera brind\u00e1rsele a dicho precepto, comoquiera que esa no era materia de aquel asunto. <\/p>\n
Pero a\u00fan m\u00e1s. En ese reparo, el recurrente trae a colaci\u00f3n que si el Tribunal hubiera \u00abinterpretado correctamente\u00bb los c\u00e1nones citados, habr\u00eda ultimado que el silencio de la \u00abmandante\u00bb frente a la misiva de 27 de mayo de 2004 tuvo el desenlace de aprobaci\u00f3n y, por lo tanto, acept\u00f3 el \u00abpago\u00bb de los \u00abtributos y sanciones generados por la incorrecta clasificaci\u00f3n arancelaria del producto importado\u00bb y la asunci\u00f3n de las \u00abconsecuencias de los fallos que llegaren a proferirse en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciados por Aladuana contra las resoluciones de la DIAN\u00bb. <\/p>\n
Con solo atisbar ese reclamo, se insin\u00faa la incursi\u00f3n indebida de terrenos propios de la v\u00eda indirecta, de donde surge indubitable que el opugnante entremezcl\u00f3 las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva, puesto que aun cuando anuncia que no se ocupar\u00e1 de lo f\u00e1ctico, s\u00ed se aparta de las conclusiones probatorias del juzgador en punto al alcance que dio al silencio de la enjuiciada frente a la comunicaci\u00f3n del 27 de mayo de 2004, esto es, enfil\u00f3 su reproche sobre cuestiones de ponderaci\u00f3n probatoria, vali\u00e9ndose de la transgresi\u00f3n recta de la ley sustancial, con lo cual, se desconoci\u00f3 la regla prevista el literal a) del numeral 2\u00ba del canon 344 \u00eddem, esto es, \u00abTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
3.2.2.- En cuanto al segundo dislate que el casacionista le enrostra al Colegiado en el primer reparo, valga decir, no haber encaminado el estudio de la controversia hacia la \u00abculpa leve\u00bb y la \u00abresponsabilidad\u00bb del \u00abmandatario\u00bb, al rompe salta a la vista lo impreciso de esa inconformidad. <\/p>\n
No m\u00e1s con detallar la parte considerativa de la determinaci\u00f3n combatida, pronto se advierte que en la fase intelectiva de la soluci\u00f3n del problema planteado, el ad quem encauz\u00f3 su an\u00e1lisis desde la arista de la \u00abresponsabilidad civil\u00bb y con apego a lo establecido en los art\u00edculos 63 y 2155 del C\u00f3digo Civil, descart\u00f3 la supuesta \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb que denunci\u00f3 el apelante, concibiendo que el \u00abmandatario\u00bb es \u00abresponsable\u00bb hasta por culpa leve en el desempe\u00f1o del encargo, para concluir que, en efecto, en el sub examine \u00abla sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera fue sancionada con ocasi\u00f3n de la sustracci\u00f3n de deberes que pod\u00edan estar ligados al cumplimiento del contrato de mandato, pero que, en estricto sentido, estaban supeditados al acatamiento de disposiciones legales\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n consider\u00f3 que el razonamiento del a quo, en lo tocante con el canon 2184 ib\u00eddem, no fue equivocado, ya que, \u00abel pago de las liquidaciones oficiales corregidas y las multas, no suponen gastos razonables del contrato de mandato, al ser, como se indic\u00f3, efectos de un proceder err\u00e1tico de la agente aduanera\u00bb. <\/p>\n
Por manera que, desenfocado anduvo el casacionista al denunciar la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de aquellos preceptos normativos, cuando la realidad revela que, en el desenlace de la trama, precisamente, se ech\u00f3 mano de estos para definir la contienda. <\/p>\n
Ahora, aunque el iudex plural tambi\u00e9n acudi\u00f3 a lo dispuesto en los art\u00edculos 22 y 26 del Decreto 2685 de 1999, con el prop\u00f3sito de determinar que la \u00absociedad de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb ten\u00eda la labor de establecer \u00abde conformidad con la normatividad vigente\u00bb la taxonom\u00eda arancelaria de las manufacturas y la carga de asumir las consecuencias derivadas por el incorrecto ejercicio de esa tarea, esa inferencia la hizo para hallar por demostrado la negligencia de la demandante y, por ende, su responsabilidad en el campo civil, de ah\u00ed que, queda descartada la incursi\u00f3n de la \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb de esas normas imputada por el censor. <\/p>\n
3.2.3.- En lo ata\u00f1edero a la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de las pautas 3 y 118 del Decreto 2685 de 1999 y que seg\u00fan el casacionista, prev\u00e9n la \u00abobligaci\u00f3n aduanera\u00bb en cabeza de la \u00abimportadora\u00bb y de la \u00absociedad de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb y, por ende, la responsabilidad de aquellas en \u00ablos errores en la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, el arancel que debi\u00f3 pagarse por la liquidaci\u00f3n oficial de correcci\u00f3n y las multas\u00bb, encuentra la Sala que m\u00e1s parece un alegato de instancia que un embate capaz de derruir los fundamentos de la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
En efecto, el censor no hizo el menor esfuerzo por evidenciar si de las normas legales aludidas, se derivaba la consecuencia o el deber legal del \u00abimportador\u00bb de responder por las inexactitudes en la \u201cDeclaraci\u00f3n de Importaci\u00f3n\u201d presentada por la \u00absociedad de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb. En otras palabras, debi\u00f3 el casacionista apuntar toda su argumentaci\u00f3n hacia un s\u00f3lo prop\u00f3sito: demostrar que a voces de las pautas se\u00f1aladas, ADM Nova S.A. en Liquidaci\u00f3n estaba llamada a asumir el desembolso de los \u00abaranceles\u00bb y las \u00absanciones\u00bb por la equivocaci\u00f3n en la clasificaci\u00f3n de la \u201csub partida arancelaria\u201d, contenida en los documentos presentados ante la Administraci\u00f3n Tributaria. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte echa de menos ese labor\u00edo, porque si el objetivo de la acusaci\u00f3n era patentizar la inaplicaci\u00f3n de aquellos mandatos, lo m\u00ednimo que debi\u00f3 hacer el denunciante fue acreditar, bien en la jurisprudencia, ora en la doctrina o de la aut\u00e9ntica y genuina interpretaci\u00f3n, que esas estipulaciones legales eran los apropiados para regular la controversia y no los art\u00edculos 12, 13, 22 y 26 (literales b) y c)) del Decreto 2685 de 1999, de donde, el juzgador pudo colegir que la accionante era la responsable frente a las incoherencias en las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d. Lo que realmente se observa es un paralelismo entre las normas utilizadas por el Tribunal para dirimir la disputa y las que, en opini\u00f3n del recurrente, eran las apropiadas para ese fin, no m\u00e1s. <\/p>\n
En tales casos, la disconformidad del opugnante no va m\u00e1s all\u00e1 de un simple disentimiento con las conclusiones del ad quem, insuficiente, por dem\u00e1s, para quebrar la doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto de la providencia confutada. <\/p>\n
3.3.- La queja segunda no corre mejor suerte que la anterior como pasa a verse. <\/p>\n
3.3.1.- Como se recuerda, el suplicante en casaci\u00f3n denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial de los art\u00edculos 63, 1602, 1603, 1613, 1614, 2142, 2155 y 2184 del C\u00f3digo Civil; 822, 871, 1262, 1269 y 1270 del C\u00f3digo de Comercio; art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887; art\u00edculos 1, 3, 22, 26 (literales b y c), 86, 87, 117 y 118 del Decreto 2685 de 1999; por haber incurrido en \u00aberrores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria y en la interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
El embate est\u00e1 soportado en dos pilares fundamentales, a saber: i) De un lado, en desaciertos f\u00e1cticos en la apreciaci\u00f3n de los \u201cRegistros de Importaci\u00f3n\u201d, los \u201cCertificados de Importaci\u00f3n\u201d, ambos emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior, el testimonio de Carolina Herrera, las \u201cDeclaraciones Iniciales de Importaci\u00f3n\u201d, las \u201cLiquidaciones Oficiales de Correcci\u00f3n\u201d expedidas por la DIAN, la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del representante legal de la compa\u00f1\u00eda accionada y las ep\u00edstolas de 28 de abril y 27 de mayo de 2004; y ii) De otra parte, en error de hecho en la \u00abapreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
3.2.2.- A simple vista, se vislumbra que el ad quem ratific\u00f3 el pronunciamiento de primer grado, tras considerar que seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 12, 13, 22 y 26 (literales b) y c)) del Decreto 2685 de 1999, las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera ejercen \u00aboperaciones\u00bb de ese talante bajo est\u00e1ndares de profesionalidad, por lo tanto, son \u00abresponsables\u00bb por la \u00abexactitud y veracidad de la informaci\u00f3n contenida en los documentos que suscriban sus representantes\u00bb y en tal virtud, asumen, entre otras obligaciones, las de (i) \u00abSuscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los reg\u00edmenes de importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n y tr\u00e1nsito aduanero, en la forma, oportunidad y medios se\u00f1alados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con la normatividad vigente\u00bb; y (ii) \u00abResponder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A partir de esa delimitaci\u00f3n normativa y haciendo suyas las motivaciones plasmadas en las sentencias de 19 de julio de 2007 (Exp. 25000-23-24-000-2002-00967-01) y 6 de septiembre de 2012, ambas del Consejo de Estado, dedujo que, por la delicada tarea de la intermediaci\u00f3n, ese tipo de compa\u00f1\u00edas \u00abresponden\u00bb por los \u00abtributos\u00bb que dejaron de cancelarse y las \u00absanciones\u00bb impuestas por esa omisi\u00f3n, lo cual se acompasa con el art\u00edculo 2155 del C\u00f3digo Civil, que prev\u00e9 \u00abEl mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo\u00bb, de ah\u00ed que, la Agencia de Aduanas Aladuana S.A. \u00abal haberse equivocado en la declaraci\u00f3n de la mercanc\u00eda \u201ccookie meal\u201d, acorde a la reglamentaci\u00f3n, los efectos sancionatorios solamente reca\u00edan sobre ella, de modo que no pod\u00edan ser atribuidos a la aqu\u00ed encausada, quien no ten\u00eda injerencia en el proceso declarativo, m\u00e1s all\u00e1 de suministrar la informaci\u00f3n que tuviere a su alcance sobre el producto, la que estaba en condiciones de analizar, verificar, ajustar o corregir la agencia de intermediaci\u00f3n, por ser esa, precisamente, su actividad profesional\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la labor intelectiva del Tribunal estuvo fincada en la normatividad civil y aduanera respecto de la \u00abresponsabilidad\u00bb de las personas que ejercen la \u00abintermediaci\u00f3n aduanera\u00bb, para de all\u00ed establecer que los \u00abaranceles y las multas\u00bb impuestas por la incorrecta nomenclatura de la \u201csubpartida arancelaria\u201d de la mercanc\u00eda, en la \u201cDeclaraci\u00f3n de Importaci\u00f3n\u00bb, era atribuible solamente a la demandante, en calidad de \u00abagente de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, el debate, principalmente, se circunscribi\u00f3 a un punto esencialmente de derecho, se reitera, sobre la \u00abresponsabilidad\u00bb civil y administrativa de las \u00absociedades de intermediaci\u00f3n aduanera\u00bb en el ejercicio de sus funciones como agentes \u00abaduaneros\u00bb, por eso es que la denuncia planteada por el casacionista cimentada en un yerro de linaje f\u00e1ctico en la contemplaci\u00f3n de los medios suasorios, resulta intrascendente. <\/p>\n
Es que, en el sub judice, incriminarle al iudex plural pifias de aquella estirpe y entrar la estudiar de fondo cada uno de los yerros en el examen probatorio en que supuestamente incurri\u00f3, carecer\u00eda de toda relevancia, si es que la controversia se defini\u00f3, no a partir del material probatorio, sino, desde la hermen\u00e9utica efectuada de las disposiciones legales sobre responsabilidad en la actividad de \u00abintermediaci\u00f3n aduanera\u00bb y los mandamientos civiles en torno al contrato de mandato conferido en el marco de una actividad claramente regulada que impone al mandatario un conocimiento especifico de la normativa aduanera, e idoneidad en su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.3.- Finalmente, el censor imputa al sentenciador el desconocimiento indirecto del ordenamiento debido a errores en la \u00abapreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb; en primer lugar, porque el Tribunal solamente se refiri\u00f3 a las multas por la incorrecta presentaci\u00f3n de las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d, dejando lado el reembolso pretendido por los \u00abaranceles\u00bb que cancel\u00f3 ante la DIAN; y en segundo t\u00e9rmino, porque concluy\u00f3 que la reclamante \u00abno ejerci\u00f3 una acci\u00f3n de repetici\u00f3n contra ADM, por lo cual no hay lugar al reembolso de las sumas pagadas\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, es preciso memorar que los cuestionamientos por la causal segunda de casaci\u00f3n frente al ejercicio apreciativo del escrito inaugural, hacen referencia, puntualmente, al entendimiento que el juzgador realiza de \u00e9ste como elemento de convicci\u00f3n, tergiversando de modo evidente su texto haci\u00e9ndolo decir lo que no expresa o cercenando su real contenido \u00aba ra\u00edz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocaci\u00f3n consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petici\u00f3n que no le ha sido formulada\u00bb (CSJ SC de 8 de abr. de 2003 Exp. 7844, reiterada SC de 6 de mayo. de 2009, Exp. 2002-00083, SC1905-2019 de 4 jun. Exp. 2011-00271-01). <\/p>\n
En tanto que, si lo disputado es que el juzgador hubiera omitido pronunciarse respecto de algunas de las pretensiones, o fallado m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido, es asunto que tiene que perfilarse por la causal tercera de casaci\u00f3n, habida cuenta que tal proceder constituye un vicio de procedimiento al transgredir el axioma de consonancia, en raz\u00f3n a que, en l\u00ednea de principio, ser\u00e1n la demanda y su contestaci\u00f3n las piezas procesales que fijan el marco decisorio en el cual deber\u00e1 moverse el juzgador, salvo aquellos eventos en que el propio legislador autoriza fallar extra, o ultra petita. <\/p>\n
En ese orden, la cr\u00edtica atinente a que el sentenciador \u00abpas\u00f3 por alto que el perjuicio reclamado por Aladuana no solo est\u00e1 compuesto por las sanciones y multas que tuvo que pagar a la DIAN, sino tambi\u00e9n por la diferencia entre el valor del arancel declarado inicialmente y el determinado por dicha entidad en las liquidaciones oficiales de correcci\u00f3n\u00bb, no constituye un yerro interpretativo de la demanda, al tergiversar su real contenido, sino la presunta omisi\u00f3n en la definici\u00f3n de una de las aspiraciones en \u00e9l plasmadas, aspecto que como se vio debe reclamarse a trav\u00e9s del tercer motivo del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva. <\/p>\n
S\u00famese a lo indicado que, bien mirado ese reproche, se percibe, a primera mano, el desenfoque en su planteamiento. De un lado, el opugnante culpa al sentenciador por valuar defectuosamente el libelo inicial, en tanto que no se percat\u00f3 que tambi\u00e9n pretendi\u00f3 el reintegro de los \u00abaranceles\u00bb pagados con ocasi\u00f3n de la correcci\u00f3n de las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d, sin embargo, aunque no expresamente, en las motivaciones del fallo confutado y haciendo propios los razonamientos plasmados en un pronunciamiento del Consejo de Estado (Sent. 9 jul. 2007, Exp. 25000-23-24-000-2002-00967-01), la Magistratura dej\u00f3 entrever que las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera asumen los \u00abtributos\u00bb dejados de costear y las multas impuestas por la Administraci\u00f3n con motivo de su equivocada gesti\u00f3n, por manera que, no es cierto como lo asegura el casacionista, que se prescindi\u00f3 del estudio de ese aspecto. <\/p>\n
Por el mismo sendero, el impugnante acus\u00f3 el prove\u00eddo de segundo grado de malentender el pliego inicial, al ultimar que, como la interesada \u00abno ejerci\u00f3 una acci\u00f3n de repetici\u00f3n contra ADM\u00bb, no hab\u00eda lugar al \u00abreembolso de las sumas pagadas\u00bb por concepto de \u00abaranceles y multas\u00bb acarreadas por la inexactitudes en las \u201cDeclaraciones de Importaci\u00f3n\u201d radicadas ante la DIAN, empero, el juzgador de segundo grado nunca hizo tal aseveraci\u00f3n, pues recu\u00e9rdese que si se refiri\u00f3 a la \u00abacci\u00f3n de repetici\u00f3n\u00bb fue para dilucidar que en este caso la suplicante no hizo uso de esa v\u00eda administrativa, sino que encamin\u00f3 sus ruegos por la senda de la \u00abresponsabilidad civil contractual\u00bb, pero examinados sus fundamentos no se hallaban presentes los presupuestos para su \u00e9xito. <\/p>\n
Por doquiera, este cargo tampoco satisface los requisitos para ser admitido. <\/p>\n
4. Deviene de lo dicho, que el inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del impugnante no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar las causales de casaci\u00f3n ac\u00e1 planteadas; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
5. Tampoco concurren los requisitos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones planteadas y, consecuentemente, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 D1-01118602119032-5 de 1\u00ba de noviembre de 2001; D2-01118606051787-0 de 16 de noviembre de 2001; D3-01118601121271-5 de 12 de enero de 2002; y D4-0118606052195-5 de 11 de marzo de 2002. <\/p>\n
2\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC4702-2022 (2014-00549-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC4702-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-021-2014-00549-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}