AC4703-2022 (2019-00563-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-038-2019-00563-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada por HIDROSAN S.A.S. para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 26 de abril de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de responsabilidad por incumplimiento contractual instaurado por la aqu\u00ed recurrente contra el Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Asistencia T\u00e9cnica Findeter y la Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La actora convoc\u00f3 al Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Asistencia T\u00e9cnica Findeter y a la Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. para que se declarara que el 2 de diciembre de 2013 suscribi\u00f3 contrato de consultor\u00eda con el primero mencionado, para el \u00abAJUSTE Y COMPLEMENTACI\u00d3N DE LOS DISE\u00d1OS PARA LA CONSTRUCCI\u00d3N DE LA L\u00cdNEA DE ABASTECIMIENTO ENTRE LA ESTRUCTURA DE CAPTACI\u00d3N Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO \u2013 SANTANDER\u00bb; que en virtud \u00abdel conjunto de \u00f3rdenes dadas por los demandados y de situaciones anormales, HIDROSAN S.A.S. tuvo que realizar un conjunto de actividades diferentes y adicionales a las que se tuvieron en cuenta para la suscripci\u00f3n y el objeto originalmente pactado (\u2026)\u00bb y, como consecuencia de ello, \u00abdeben responder por los mayores costos, sobrecostos que se generaron por las actividades adicionales y anormales, que se instruy\u00f3 a HIDROSAN S.A.S., se ejecutaran\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo pidi\u00f3 que se condene al patrimonio aut\u00f3nomo referido a que \u00aben los t\u00e9rminos del Decreto 410 de 1971 (C\u00f3digo de Comercio) responde (sic) hasta por culpa leve, a pagar a favor de HIDROSAN S.A.S. la suma de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M\/LEGAL, ($1.155.124.818,00) correspondientes al costo del valor de las nuevas y adicionales actividades de consultor\u00eda ejecutadas en favor de los demandados, de conformidad con el dictamen pericial, prueba anexa\u00bb, con la correspondiente actualizaci\u00f3n monetaria e intereses de mora causados sobre dicho monto, desde la fecha en que se gener\u00f3 el sobrecosto y hasta que se haga efectivo el pago. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Findeter realiz\u00f3 convocatoria para llevar a cabo la \u00abCONSTRUCCI\u00d3N DE LA L\u00cdNEA DE ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA CINCO MIL, OPTIMIZACI\u00d3N DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER\u00bb y, habiendo culminado dicha etapa, opt\u00f3 por aceptar la propuesta de Hidrosan, sociedad con la que, por conducto del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Asistencia T\u00e9cnica -FINDETER-, suscribi\u00f3 contrato de consultor\u00eda el 2 de diciembre de 2013. <\/p>\n
El objeto de la convenci\u00f3n fue el \u00abAJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS DISE\u00d1OS PARA LA CONSTRUCCION DE LA L\u00cdNEA DE ABASTECIMIEINTO ENTRE LA ESTRUCTURA DE CAPTACI\u00d3N Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO – SANTANDER\u00bb; el plazo de ejecuci\u00f3n fue de tres meses y medio; y, el valor acordado, fue de $649.602.691, pagadero en tres contados: 40% de anticipo; 30% al t\u00e9rmino del segundo mes y el 30% restante a la entrega y aprobaci\u00f3n del proyecto terminado. El acta de inicio se suscribi\u00f3 el 8 de enero de 2014, debiendo finalizar el 24 de abril siguiente. <\/p>\n
2. En reuni\u00f3n del 26 de febrero del mismo a\u00f1o, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n de algunas modificaciones al proyecto, descritas en el numeral 12 de los hechos de la demanda, las cuales implicaron para la demandante una p\u00e9rdida del trabajo adelantado durante dos meses y medio, as\u00ed como tambi\u00e9n, el desarrollo de un nuevo dise\u00f1o. <\/p>\n
3. Las partes acordaron suspender la ejecuci\u00f3n del contrato desde el 14 de marzo de 2014 hasta el 14 de abril siguiente, la cual se prorrog\u00f3 hasta el 30 de abril de la misma anualidad. <\/p>\n
4. No obstante haber convenido la interrupci\u00f3n de la obra hasta dicha data, el interventor Manov Ingenier\u00eda S.A.S. orden\u00f3 a la contratista, mediante comunicaci\u00f3n de 14 de abril de 2014, la entrega de los \u00abdise\u00f1os\u00bb, circunstancia que, seg\u00fan afirm\u00f3, cambi\u00f3 el objeto del contrato, por lo que as\u00ed lo puso de presente al gerente interventor en distintas comunicaciones en las que, adem\u00e1s, reclam\u00f3 el reconocimiento de los sobrecostos que asumi\u00f3 de su propio peculio. <\/p>\n
5. Afirm\u00f3 que, como consecuencia de las distintas variaciones al contrato inicial, se suscribi\u00f3 un otros\u00ed el 6 de junio de 2014, pero, en lugar de \u00abreconocer los mayores costos y nuevos dise\u00f1os, se mantuvo el objeto inicialmente pactado y se le agreg\u00f3: \u201cEl objeto del presente contrato se EJECUTAR\u00c1 de acuerdo a las Especificaciones T\u00e9cnicas de la Convocatoria, con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y con las modificaciones del proyecto aprobados por el Comit\u00e9 Fiduciario los cuales para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato\u00bb, acuerdo del que la interventor\u00eda pretendi\u00f3 hacer ver la supuesta renuncia de Hidrosan a cualquier reclamaci\u00f3n por los nuevos estudios y \u00abdise\u00f1os\u00bb, y que condujo a la contratista a que el 18 de junio de 2014 remitiera al patrimonio aut\u00f3nomo Findeter comunicaci\u00f3n advirtiendo que esa conclusi\u00f3n no se derivaba de la firma de aquel otros\u00ed. <\/p>\n
6. El 28 de julio de 2014 fue entregado el segundo \u00abdise\u00f1o\u00bb para la planta de tratamiento del predio Puribioc, pues la mala calidad de los suelos requiri\u00f3 el cambio total del proyecto (sistema de cimentaci\u00f3n, dise\u00f1os y estudios). En esa misma fecha, la demandante pidi\u00f3 una ampliaci\u00f3n del contrato, dadas las modificaciones unilaterales realizadas sobre los \u00abdise\u00f1os\u00bb originalmente concertados. <\/p>\n
7. Mediante otros\u00ed No. 2 se extendi\u00f3 el t\u00e9rmino hasta el 10 de septiembre de 2014; no obstante, la ejecuci\u00f3n del contrato fue perturbada por las comunidades de \u00abEl Hato\u00bb y \u00abSimacota\u00bb que impidieron el ingreso de los equipos de perforaci\u00f3n a los sitios de la bocatoma y desarenador, situaci\u00f3n que dio lugar a la interrupci\u00f3n y, posterior pr\u00f3rroga, plasmada en el otros\u00ed No. 4 de 28 de noviembre de 2014, en el cual se consign\u00f3 como fecha de terminaci\u00f3n definitiva el 22 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
8. Precis\u00f3 la convocante que \u00abLa interventor\u00eda y la Fiduciaria, han sostenido que la frase de la cl\u00e1usula primera del contrato que dice \u201cy el documento de especificaciones t\u00e9cnicas entregado por FINDETER\u201d incluye los dise\u00f1os en fase III y por tanto pod\u00edan exigir que as\u00ed los entregara HIDROSAN SAS, sin embargo ese no es el problema, pues los costos que se reclaman surgen del cambio en el trazado de la l\u00ednea de conducci\u00f3n en tres ocasiones, en el nuevo dise\u00f1o de la bocatoma y de la PTAR por tres veces, no en el detalle de los planos de construcci\u00f3n sobre la l\u00ednea original\u00bb pues proyect\u00f3 3 l\u00edneas de conducci\u00f3n diferentes. <\/p>\n
10. El 18 de noviembre de la misma anualidad, radic\u00f3 ante la fiduciaria un escrito en el que solicit\u00f3 el pago de los sobrecostos generados por los trabajos adicionales, a lo cual aquella se neg\u00f3, argumentando para el efecto que \u00abel consultor acord\u00f3 la realizaci\u00f3n de estos ajustes al contrato, sin remuneraci\u00f3n alguna, en el Otros\u00ed #1, en el cual se incluy\u00f3 una cl\u00e1usula que dice: \u201cTRIG\u00c9SIMA TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato se EJECUTAR\u00c1 de acuerdo con las Especificaciones T\u00e9cnicas de la Convocatoria, con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y con las modificaciones del proyecto aprobados (sic) por el Comit\u00e9 Fiduciario los (sic) cuales para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato\u201d\u00bb. <\/p>\n
11. En el convenio se acord\u00f3 que las controversias suscitadas entre los concertantes a partir de \u00e9l, ser\u00edan dirimidas ante un tribunal de arbitramento; sin embargo, concluida la audiencia de conciliaci\u00f3n y fijados los honorarios y gastos de los \u00e1rbitros, ninguno de ellos pag\u00f3 lo correspondiente y, por ello, en auto de 21 de junio de 2019, se declararon extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria, \u00abquedando las partes en libertad de acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para resolver el conflicto\u00bb que dio origen a ese mecanismo (archivo digital 01, folios 195 a 218, cuaderno principal). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Admitida la demanda y notificadas las convocadas, \u00e9stas se opusieron a las pretensiones de su contradictor procesal y, para ello formularon las excepciones de: i) caducidad de la acci\u00f3n; ii) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; iii) cumplimiento de las obligaciones contractuales; iv) caducidad derivada del contrato de prestaci\u00f3n de servicios; y, v) gen\u00e9rica (archivo digital 05, Cuaderno principal). <\/p>\n
2. El 26 de noviembre de 2021, el Juez Treinta y Ocho Civil del Circuito capitalino declar\u00f3 probadas las defensas de m\u00e9rito denominadas \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FIDUCIARIA BOGOT\u00c1\u00bb y \u00abCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES\u00bb que plante\u00f3 Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. y la de \u00abCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES\u00bb esgrimida por el patrimonio aut\u00f3nomo -FINDETER- y, como consecuencia de ello, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que ninguno de los documentos contractuales contiene acuerdo de las partes sobre el reconocimiento de mayores costos (archivo digital 42, cuaderno primera instancia). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 aquella decisi\u00f3n al considerar, entre otras cosas que, de acuerdo con la naturaleza de la acci\u00f3n incoada, no era posible examinar i) el enriquecimiento sin causa; el incumplimiento de los deberes fiduciarios; ii) el abuso de la posici\u00f3n dominante de aquella contra Hidrosan como consumidor financiero, m\u00e1xime cuando, \u00abni en los hechos ni en las pretensiones de la demanda y su subsanaci\u00f3n se incluyeron enunciados f\u00e1cticos relacionados con aquellas circunstancias ni se formularon s\u00faplicas que concordaran con tales situaciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de Fiduciaria Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en el libelo no pretendi\u00f3 la declaraci\u00f3n de incumplimiento de las obligaciones propias de la actividad realizada por aquella, sino el de las derivadas del contrato de consultor\u00eda. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que dentro de las estipulaciones contractuales se verific\u00f3 que las partes convinieron en la cl\u00e1usula d\u00e9cima modificar o prorrogar el negocio en cualquier tiempo por mutuo acuerdo que constara en medio escrito, lo cual tuvo lugar con la suscripci\u00f3n bilateral de los otros\u00edes. <\/p>\n
Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que \u00aba partir de una interpretaci\u00f3n literal, l\u00f3gica, sistem\u00e1tica y que atienda la intenci\u00f3n de las partes, seg\u00fan los art\u00edculos 1618 y siguientes de la codificaci\u00f3n civil, se infiere que el patrimonio aut\u00f3nomo FIDEICOMISO ASISTENCIA T\u00c9CNICA \u2013 FINDETER s\u00ed pod\u00eda exigir a HIDROSAN SAS los ajustes y complementaciones de los dise\u00f1os para la construcci\u00f3n de la l\u00ednea de abastecimiento entre la estructura de captaci\u00f3n y la planta de tratamiento del municipio de El Socorro, Santander, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, las especificaciones t\u00e9cnicas de la convocatoria y las modificaciones del proyecto aprobadas por el Comit\u00e9 Fiduciario\u00bb, esto quiere decir que s\u00ed era procedente la prestaci\u00f3n de servicios por Hidrosan de acuerdo a las instrucciones que se fueron emitiendo durante la ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Explic\u00f3 que aunque la gestora insisti\u00f3 en la suficiencia del dictamen para afirmar que las \u00f3rdenes dadas a Hidrosan en la ejecuci\u00f3n del contrato exced\u00edan su objeto, lo cierto es que \u00e9ste y los documentos integrantes del mismo permiten concluir que \u00ablos trabajos exigidos a la contratista si estaban incluidos dentro del objeto, alcance y obligaciones contractuales aceptadas aut\u00f3nomamente por aquella persona jur\u00eddica, dada la complejidad del proyecto\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 pronunciamientos del Consejo de Estado y de esta Corporaci\u00f3n alusivos a la doctrina de los \u00abactos propios\u00bb, para mostrar que si la misma contratista, de manera libre y aut\u00f3noma decidi\u00f3 obligarse a cumplir lo pactado en el convenio y, particularmente, lo dispuesto en las especificaciones t\u00e9cnicas de Findeter, aceptando las modificaciones consignadas en diferentes otros\u00edes, no pod\u00eda desconocer su actuar previo para exigir un mayor valor por las tareas ejecutadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien la promotora del juicio remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n a la fiduciaria expresando que la firma del otros\u00ed No. 1 no conllevaba renuncia a reclamar el cobro de los trabajos adicionales, no present\u00f3 ninguna salvedad, observaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n al suscribir el acto modificatorio, actitud que le impide ir en contra de sus \u00abpropios actos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la imposibilidad de aplicar la exceptio non adimpleti contractus por no estar permitida en la contrataci\u00f3n con entidades p\u00fablicas refiri\u00f3 que, en la cl\u00e1usula vig\u00e9simo s\u00e9ptima del contrato, se pact\u00f3, como r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable, el previsto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, normas civiles y comerciales, as\u00ed como tambi\u00e9n, lo dispuesto en el manual operativo de fiducia mercantil (archivo digital 13). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La inconforme delimit\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso a la decisi\u00f3n de tener por probadas las excepciones formuladas por Findeter, la cual dio lugar a la negativa de los ruegos de la demanda. Erigi\u00f3 su acusaci\u00f3n sobre tres (3) cargos, dos de ellos encausados por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso) y el restante por la violaci\u00f3n directa (n\u00fam. 1\u00b0 \u00eddem). <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Imput\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n de los art\u00edculos \u00ab83 de la C.N., 16, 1501, 1518, 1603, 1693, inciso segundo, 2054, 2056, y 2063 del C.C., 831 y 871 del C. de Co. por falta de aplicaci\u00f3n y 1602 y 1618 a 1624 del C.C. por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb, por cuanto fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el contenido de los c\u00e1nones 1602, 1618 a 1624 de la codificaci\u00f3n privada, debiendo haberse apoyado en las reglas que rigen el arrendamiento de servicios inmateriales, \u00abla relacionada con la existencia de dos obligaciones y en fin aquellas normas sustanciales que proscriben en (sic) enriquecimiento sin causa y pregonan la buena fe en la actividad contractual entre particulares\u00bb. <\/p>\n
En su sentir, el objeto del negocio celebrado corresponde al regulado por los art\u00edculos 2063 y s.s. del C\u00f3digo Civil, porque \u00abla realizaci\u00f3n de los dise\u00f1os por parte de la sociedad demandante supone una actividad de inteligencia y una actividad profesional espec\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n debi\u00f3 aplicarse el canon 2054 del C\u00f3digo Civil, el cual pregona que, a falta de fijaci\u00f3n del precio, se presumir\u00e1 convenido el ordinariamente pagado por la misma especie de obra o el que un perito estime equitativo, pues la legislaci\u00f3n no contempla la existencia de un \u00abcontrato de arrendamiento de servicios\u00bb a t\u00edtulo gratuito, si se tiene en cuenta que la remuneraci\u00f3n constituye uno de los elementos de la naturaleza del negocio, a voces del art\u00edculo 1501 ib\u00eddem. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el ad quem se limit\u00f3 a aplicar el canon 1618 de la codificaci\u00f3n civil y pas\u00f3 por alto que \u00ablos otros\u00edes y dem\u00e1s documentos mediante los cuales se impuso a mi mandante nuevas obligaciones encuentra su reglamentaci\u00f3n legal en el art. 1693 del CC\u00bb, el cual permite concluir que \u00abla remuneraci\u00f3n al art\u00edfice se cancel\u00f3 en lo que concierne a las obligaciones primigenias, pero no de cara a las obligaciones unilateralmente impuestas por la contratante, las cuales no tuvieron remuneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Denunci\u00f3 la indebida utilizaci\u00f3n de los art\u00edculos 1602 y 1618 a 1624 del compendio citado para desconocer el derecho irrenunciable de la actora a reclamar el precio de las obras ejecutadas y el fallador no explic\u00f3 c\u00f3mo la aplicaci\u00f3n de dichos preceptos desconoc\u00eda el derecho pretendido. <\/p>\n
Culmin\u00f3 la exposici\u00f3n del embate insistiendo en que, si se hubiesen aplicado las normas rectoras del \u00abarrendamiento de servicios inmateriales\u00bb, se habr\u00eda percatado el Tribunal de la improcedencia de apoyarse en los c\u00e1nones 1602 y 1618 a 1624 y, en consecuencia, habr\u00eda reconocido el derecho al pago del precio. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acus\u00f3 al fallo de ser violatorio indirectamente de los preceptos \u00ab83 de la C.N., 16, 1501, 1518, 1603, 1693, inciso segundo, 2054, 2056, y 2063 del C.C., 831 y 871 del C. de Co. por falta de aplicaci\u00f3n\u00bb y de \u00ablos arts. 1602 y 1618 a 1624 del C.C. por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb, derivada del error de hecho en la apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del contrato, los otros\u00edes y dem\u00e1s medios probatorios \u00abque demuestran fehacientemente que las obras adicionales exigidas por la contratante vinieron a constituir nuevas labores y servicios inmateriales que generaron costo y remuneraci\u00f3n adicional\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la sentenciadora de la segunda instancia dej\u00f3 de analizar el dictamen de Jaime Iv\u00e1n Ordo\u00f1ez Ordo\u00f1ez, el cual pretend\u00eda demostrar que las ordenes impartidas a Hidrosan exced\u00edan el objeto inicial del contrato, as\u00ed como tambi\u00e9n alter\u00f3 el contenido de esa experticia al concluir que los trabajos exigidos a la contratista si estaban incluidos en la finalidad y alcance de las obligaciones convenidas. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00absi el Tribunal no hubiera pretermitido analizar este medio probatorio, hubiera concluido que en dicho experticio no se controvierte que las obras adicionales y no remuneradas, fueron ejecutadas, como tampoco el valor de las mismas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lament\u00f3 que la juzgadora cuestionada diera por probado que no hubo variaci\u00f3n ni adici\u00f3n del objeto contractual y que, por tanto, el demandante carece de derecho para reclamar el pago de las obras adicionales; que no interpretara adecuadamente la convenci\u00f3n y alterara su contenido, suponiendo un acuerdo entre las partes para ampliar su alcance. <\/p>\n
Critic\u00f3 el equ\u00edvoco de la sentencia censurada al interpretar el clausulado en su sentido gramatical \u00abprescindiendo de otros an\u00e1lisis probatorios que demuestran hasta la saciedad (\u2026)\u00bb que: i) el patrimonio aut\u00f3nomo decidi\u00f3 unilateralmente modificar el objeto del contrato para imponer obligaciones adicionales al contratista, las cuales fueron cumplidas por \u00e9ste; ii) que \u00abal lado del patrimonio aut\u00f3nomo, representado por la fiduciaria, se encontraban importantes funcionarios p\u00fablicos que indudablemente ejercieron poder dominante sobre el contratista que estaba cumpliendo sus funciones profesionales\u00bb; iii) que el patrimonio aut\u00f3nomo no pag\u00f3 a su contratista las obras adicionales; iv) alter\u00f3 el contenido del otros\u00ed No. 1 al extraer de aqu\u00e9l que Hidrosan renunciaba a presentar reclamaci\u00f3n para el pago de las labores y servicios ejecutados y no contemplados en el contrato inicial. <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la falta de apreciaci\u00f3n de las confesiones visibles en la contestaci\u00f3n de la demanda cuando la pasiva acept\u00f3 los hechos uno, tres, cuatro y siete y parcialmente los hechos quinto, sexto, octavo y noveno; tuvo por cierto el doce en el que se consign\u00f3 que, en la reuni\u00f3n de 26 de febrero de 2014, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial solicit\u00f3 modificaciones al proyecto y, acept\u00f3 como cierto el \u00abhecho\u00bb veinte, en el que \u00abse trajo a colaci\u00f3n la consecuente suscripci\u00f3n del otros\u00ed dado los cambios introducidos por la contratante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 la inaplicaci\u00f3n del canon 1501 del estatuto civil en cuanto a la interpretaci\u00f3n del contrato y la omisi\u00f3n en el examen de: i) la cotizaci\u00f3n que present\u00f3 para definir el alcance de los estudios hidrol\u00f3gicos, geot\u00e9cnicos, geol\u00f3gicos, topogr\u00e1ficos, los dise\u00f1os hidr\u00e1ulicos y la actualizaci\u00f3n de los dise\u00f1os geom\u00e9tricos y mec\u00e1nicos; ii) la comunicaci\u00f3n que remiti\u00f3 al interventor el 12 de marzo de 2014, as\u00ed como tambi\u00e9n, la alteraci\u00f3n del contenido del escrito de junio 18 de 2014, que envi\u00f3 al representante legal de la fiduciaria en el que manifest\u00f3 que no renunciaba a reclamar el cobro de los trabajos adicionales, porque consider\u00f3 que el mismo carec\u00eda de trascendencia, dado que en el otros\u00ed No. 1 no se hizo ninguna salvedad al respecto, conclusi\u00f3n que aval\u00f3 el abuso de \u00abla posici\u00f3n dominante\u00bb de la contratante. <\/p>\n
Reprob\u00f3 la deformaci\u00f3n del contenido del documento titulado \u00abT\u00c9RMINOS PARA LA CONTRATACI\u00d3N DE CONSULTOR\u00cdA PARA REALIZAR EL AJUSTE Y COMPLEMENTACI\u00d3N DE LOS DISE\u00d1OS PARA LA CONSTRUCCI\u00d3N DE LA L\u00cdNEA DE ABASTECIMIENTO ENTRE LA ESTRUCTURA DE CAPTACI\u00d3N Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO\u00bb, porque entendi\u00f3 que no hab\u00eda lugar al reconocimiento de obras adicionales no contempladas en el objeto del contrato, cuando lo que en verdad dice esa foliatura es que \u00abNo habr\u00e1 reconocimiento por las modificaciones, correcciones o complementaciones que sean solicitadas por el interventor y\/o supervisor\u00bb. <\/p>\n
En t\u00e9rminos generales puntu\u00f3 que, de haber tenido en cuenta dichos elementos demostrativos, el colegiado habr\u00eda concluido que Fiduciaria Bogot\u00e1, la interventor\u00eda designada por \u00e9sta y las entidades gubernamentales que la respaldaban, ordenaron la realizaci\u00f3n de obras adicionales a las pactadas inicialmente, constituyendo un objeto diferente al primigenio. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Imput\u00f3 a la decisi\u00f3n de segunda instancia ser \u00abdirectamente violatoria por ERRORES DE DERECHO\u00bb de las mismas disposiciones en que resguard\u00f3 los cargos anteriores, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de unos y \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de otros, derivadas del desconocimiento de \u00ablos arts. 164, 176, 232 y 280 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
Como sustento del embate se doli\u00f3 del quebranto del canon 164 del C\u00f3digo General del Proceso porque no valor\u00f3 la totalidad de los elementos probatorios, sino que se fund\u00f3 \u00fanicamente en \u00abel contrato de consultor\u00eda, los otros\u00edes modificatorios al mismo y unos escasos documentos, para concluir que el patrimonio demandado estaba legitimado para exigir al art\u00edfice contratado la ejecuci\u00f3n de las obras no contempladas en la cotizaci\u00f3n y en el contrato inicial\u00bb, pero nada dijo sobre los interrogatorios de parte, la contestaci\u00f3n de la demanda, los dict\u00e1menes practicados \u00aby un c\u00famulo de documentos que obran en el plenario\u00bb. <\/p>\n
Para sostener la violaci\u00f3n del canon 176 de la misma obra indic\u00f3 que \u00ablos medios probatorios ya rese\u00f1ados en el subnumeral precedente (\u2026) conducen a demostrar que el juez no apreci\u00f3 ni valor\u00f3 la totalidad de las pruebas arrimadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
Lament\u00f3 la vulneraci\u00f3n del precepto 232 de ese estatuto, toda vez que \u00abno se analizaron los conceptos t\u00e9cnicos consignados en el experticio (sic) rendido por el ingeniero JAIME IV\u00c1N ORDO\u00d1EZ ORDO\u00d1EZ y por el contrario se distorsion\u00f3 el objeto de la prueba. Y tampoco se apreci\u00f3 ni valor\u00f3 el dictamen de contradicci\u00f3n y el comportamiento de los peritos en la audiencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
Censur\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 280 del estatuto procesal, porque no se hizo razonamiento alguno frente a la demanda y su contestaci\u00f3n, los interrogatorios de parte, los dict\u00e1menes periciales aportados, el comportamiento de los peritos y \u00abla prueba documental mediante la cual la parte actora reclam\u00f3 el reconocimiento de sus derechos y la salvedad de pedir el pago de los servicios ejecutados y no pagados\u00bb. <\/p>\n
Culmin\u00f3 su argumentaci\u00f3n destacando que de haberse realizado una adecuada interpretaci\u00f3n probatoria, habr\u00eda comprendido la falladora que \u00ablos nuevos servicios que bajo clara presi\u00f3n ejecut\u00f3 y prest\u00f3 la sociedad demandante ten\u00edan un cuantioso incremento en los precios acordados y que los mismos no fueron cancelados, de tal forma que se est\u00e1 en presencia de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios inmateriales sin remuneraci\u00f3n alguna, en lo que se refiere a las obligaciones originadas en las \u00f3rdenes impartidas por el patrimonio aut\u00f3nomo contratante y las autoridades gubernamentales que participaron en la ejecuci\u00f3n y desarrollo del contrato\u00bb (archivo digital 0014, cdno. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 13 dic. 2013, rad. 1974-04287-01; reiterado en CSJ AC 23 ag. 2017, rad. 2014-00385-01; CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
(\u2026) [T]oda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ag.1999, rad. 4979, reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho, este presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Este yerro se puede alegar tambi\u00e9n ante la falta de apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto, seg\u00fan el cual, \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos: (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa (ii), en el evento que se le niegue o se altere la eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho le incumbe a la recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los desatinos del sentenciador resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia de la supuesta pifia en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. Confrontados los embistes con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que no satisfacen los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos, abordando su estudio en el orden en que fueron planteados. <\/p>\n
3.1. Como deficiencia com\u00fan en todas las protestas se encuentra que pas\u00f3 por alto el proponente que, tal como se estableci\u00f3 en precedencia, cuando se acude a las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, es imperativo que las normas que se aducen quebrantadas sean de tipo sustancial y, adem\u00e1s, que constituyan el pilar de la decisi\u00f3n confutada o que, debiendo serlo, no lo fueron. <\/p>\n
Sobre las disposiciones de esta \u00edndole, ha precisado esta Colegiatura que \u00abson aquellas que \u201c\u2018en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n \u2026\u2019, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se \u2018limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019\u201d (CSJ AC 18 dic. 2007, rad. 2000-00172-01; CSJ AC 13 may. 2009, rad. 2003-00501-01; CSJ AC 9 jun. 2011, rad. 2004-00227-01; CSJ AC 18 dic. 2012, rad. 2009-00083-01; CSJ AC6229-2017, 22 sep., rad. 2005-00166-01). <\/p>\n
En efecto, las tres protestas atribuyen a la decisi\u00f3n del Tribunal, trasgresi\u00f3n directa e indirecta de los c\u00e1nones 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 16, 1501, 1518, 1602, 1603, 1618 a 1624, 1693, inciso segundo, 2054, 2056, y 2063 del C\u00f3digo Civil; 831 y 871 del estatuto mercantil; sin embargo, en su mayor\u00eda, carecen del car\u00e1cter que se requiere de ellos para que sirvan de apoyo a las causales de casaci\u00f3n invocadas. <\/p>\n
Sobre el 83 de la Carta Pol\u00edtica, ha dicho la Sala que \u00abcarece de la calificaci\u00f3n de sustancial, pues se trata de una presunci\u00f3n y se limita a consagrar el principio de la buena fe in genere, m\u00e1s no a definir una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (CSJ AC2438-2022, 8 jul., rad. 2016-00319-01); \u00abel canon 16 del C\u00f3digo Civil estatuye la prohibici\u00f3n de derogatoria de leyes en cuya observancia est\u00e9n interesados el orden p\u00fablico y las buenas costumbres [no] contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone obligaciones a las personas\u00bb -se destac\u00f3- (CSJ SC1303-2022, 30 jun., rad. 2011-00840-01); el 1501 de la codificaci\u00f3n privada es de car\u00e1cter definitorio (CSJ AC967-2017, 21 feb., rad. 2007-00302-01); el 1518 y el 1624 ejusdem aluden \u00abpor un lado, [a] las prescripciones sobre los requisitos para obligarse (\u2026) Y por otro, [a] reglas sobre hermen\u00e9utica contractual\u00bb (CSJ AC 31 may. 2013, rad. 1999-00908-01). <\/p>\n
En punto de las disposiciones quinta y sexta invocadas, la Corte expres\u00f3 que \u00abno puede predicarse la condici\u00f3n de sustancial de las normas \u201cque se limitan a definir conceptos, enumerar elementos, regular procedimientos, fijar pautas probatorias, consagrar principios generales, o relacionar las hip\u00f3tesis que encajan dentro de una instituci\u00f3n jur\u00eddica, con independencia del estatuto en que se encuentren consagradas\u201d (AC4529, 14 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2015-00427-01), como precisamente acontece con los c\u00e1nones 1602 y 1603 del estatuto civil, los cuales consagran las m\u00e1ximas del pacta sunt servanda y buena fe, en su orden\u00bb (CSJ AC877-2019, 13 mar., rad. 2009-00385-01). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los art\u00edculos 1618 a 1623 aplicables en materia contractual, se ha recalcado que \u00abtampoco tienen estirpe material, por no estar destinadas a establecer o alterar relaciones subjetivas entre sujetos concretos, ya que su finalidad es, (\u2026) definir las reglas de interpretaci\u00f3n de dichos pactos\u00bb (CSJ AC5865-2021, 15 dic, rad. 2016-00369-01). <\/p>\n
Dicha naturaleza tampoco se predica de las disposiciones 831 del C\u00f3digo de Comercio (CSJ AC741-2020, 4 mar., rad. 2016-00783-01 y CSJ SC4794-2021, 27 oct., rad. 2012-00488-01) y 871 ejusdem cuya finalidad se concreta a \u00abimponer, de forma gen\u00e9rica, la observancia del principio de buena fe\u00bb, (CSJ AC 5865-2021, 15 dic., rad. 2016-00369-01; CSJ AC4034, 13 sep. 2021, rad. 2007-00374-01 y CSJ AC1790-2022, 31 may., rad. 2015-00415-01). <\/p>\n
La invocaci\u00f3n de los c\u00e1nones 1693 y 2063 de la codificaci\u00f3n civil igualmente resulta fallida para el fin que se persigue, en tanto se limitan a rese\u00f1ar las exigencias propias de la novaci\u00f3n, la coexistencia de obligaciones ante la falta de expresividad de la intenci\u00f3n de novar y el r\u00e9gimen normativo aplicable a las obras inmateriales, asuntos que no fueron invocados desde el inicio de la contienda, no edificaron el fallo, ni guardan relaci\u00f3n con \u00e9l, es decir, resultan ajenos a la controversia, delimitada al an\u00e1lisis de la responsabilidad contractual. <\/p>\n
Como se anunci\u00f3 desde el inicio de las consideraciones, la precedente verificaci\u00f3n normativa permite vislumbrar la ausencia del presupuesto fundamental necesario para acudir a las causales primera y segunda de casaci\u00f3n en la mayor\u00eda de las disposiciones en que se fundaron los ataques; sin embargo, como al menos una de ellas ostenta el car\u00e1cter de sustancial, valga decir, la regla contenida en el art\u00edculo 2056 del estatuto privado (CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01), es menester entrar a determinar si los argumentos utilizados en su respaldo tienen la suficiencia para admitir la demanda extraordinaria. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la trasgresi\u00f3n directa a que alude el primer cargo, ha de decirse que a\u00fan si no se reparara en la insustancialidad de las disposiciones invocadas, no cumpli\u00f3 el censor con la carga de patentizar la equivocaci\u00f3n del sentenciador de segundo grado, porque, aunque refiri\u00f3 que no se aplicaron a la causa los preceptos que rigen el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, omiti\u00f3 especificar a cu\u00e1les de ellos se refer\u00eda concretamente, por la misma l\u00ednea, dej\u00f3 de justificar por qu\u00e9 los que sirvieron de fundamento al fallo no deb\u00edan serlo y la contribuci\u00f3n de tal circunstancia en el desconocimiento del derecho reclamado. <\/p>\n
3.2.1. Tampoco explic\u00f3 la forma en que, de haberse examinado el caso bajo otras estipulaciones normativas, hubiese variado la decisi\u00f3n cuestionada, a la luz de la naturaleza de la acci\u00f3n impetrada, su razonamiento solo refleja un intento desproporcionado por mutar sus pedimentos iniciales para adecuarlos a un juicio totalmente ajeno al adelantado, siendo que, requerida la actora por el juez natural para esclarecer dicha tem\u00e1tica, insisti\u00f3 en que la ejercida era la responsabilidad que finalmente se tramit\u00f3, esto es, la derivada del incumplimiento contractual (archivo digital 02 \u201cAUTO INADMITE Y SUBSANACI\u00d3N\u201d). <\/p>\n
3.2.2. El mismo defecto se vislumbra de la queja sobre la presunta falta de pronunciamiento frente el r\u00e9gimen jur\u00eddico del contrato de consultor\u00eda, en tanto, ni siquiera hizo precisa alusi\u00f3n a las reglas que lo conforman y que, asegur\u00f3, deb\u00edan regir el an\u00e1lisis del ad quem, menos cristaliz\u00f3 el modo en que se materializ\u00f3 el quebranto de la \u00fanica norma con car\u00e1cter sustancial mencionada, pues solo hizo menci\u00f3n de ella, como una m\u00e1s de las enlistadas, actividad que deviene insuficiente para lograr la admisi\u00f3n del ataque porque, para ello debe lograr derruir cada una de las consideraciones de la decisi\u00f3n motivo de inconformidad, relacionadas con los temas que generaron el desconcierto. <\/p>\n
Contrario a ello, restringi\u00f3 sus argumentos a recalcar las conclusiones que, a su modo de ver, debieron ser adoptadas, como si de un alegato de instancia se tratara, pero nada dijo sobre la manera en que la aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n del prementado precepto hubiere podido conllevar a tener por existente, sin prueba alguna que as\u00ed lo demostrara, una cl\u00e1usula en torno al pago reclamado y desconocer los pactos expresos que revelan la obligaci\u00f3n que le asist\u00eda de ejecutar los ajustes ya referidos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo que respecta a la se\u00f1alada falta del juez plural por desconocer que: i) el negocio celebrado correspond\u00eda al arrendamiento de servicios inmateriales y; ii) era deber del patrimonio aut\u00f3nomo demandado reconocer como convenido el precio que por la misma especie de obra pudiera determinar un perito, ninguna manifestaci\u00f3n que desvirtuara la aserci\u00f3n de ese fallador sobre la nula evidencia de estipulaci\u00f3n en tal sentido, realiz\u00f3 el casacionista, actitud que, en lugar de fortalecer sus reclamos, torna incompleta la acusaci\u00f3n, por no confrontar todos los soportes de la sentencia. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque no fueron derribados los argumentos fundamentales de aquella determinaci\u00f3n, a saber: la facultad de Findeter derivada del expreso acuerdo de voluntades para exigir \u00ablos ajustes y complementaciones de los dise\u00f1os para la construcci\u00f3n de la l\u00ednea de abastecimiento entre la estructura de captaci\u00f3n y la planta de tratamiento del municipio de El Socorro, Santander\u00bb y la ausencia de prueba sobre la modificaci\u00f3n del precio pactado o de la obligaci\u00f3n asumida por la contratante de pagar por los sobrecostos generados con ocasi\u00f3n de dichas labores. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, la primera acusaci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de admisibilidad, por cuanto la impugnante incurri\u00f3 en diversos defectos de t\u00e9cnica que impiden franquear la senda de la s\u00faplica extraordinaria por la v\u00eda prevista en la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Respaldada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del estatuto adjetivo, la sedicente reprob\u00f3 la vulneraci\u00f3n indirecta \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb de las disposiciones \u00ab83 de la C.N., 16, 1501, 1518, 1603, 1693, inciso segundo, 2054, 2056, y 2063 del C.C., 831 y 871 del C. de Co.\u00bb y, por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de \u00ablos arts. 1602 y 1618 a 1624 del C.C.\u00bb, derivada del error de hecho en la apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las pruebas, entre ellas, los otros\u00edes que integraron el contrato y las dem\u00e1s que, seg\u00fan asever\u00f3, demuestran que las obras exigidas por la contratante constituyeron nuevos servicios y, por tanto, nuevos costos y remuneraciones. <\/p>\n
La censora incurri\u00f3 en falencia t\u00e9cnica, toda vez que, frente al mismo medio demostrativo, aquella imput\u00f3 omisi\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de su contenido. <\/p>\n
Ello porque, en relaci\u00f3n con el dictamen pericial rendido por Jaime Iv\u00e1n Ordo\u00f1ez indic\u00f3 que \u00absi el Tribunal no hubiera pretermitido analizar este medio probatorio, hubiera concluido que en dicho experticio (sic) no se controvierte que las obras adicionales y no remuneradas, fueron ejecutadas, como tampoco el valor de las mismas (\u2026)\u00bb (archivo digital 0014, folio 45), cuando l\u00edneas atr\u00e1s ya hab\u00eda sostenido que aquella corporaci\u00f3n prescindi\u00f3 de cualquier an\u00e1lisis sobre la citada experticia (folio 29, ib.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como si se tratara de una alegaci\u00f3n, se quej\u00f3 de las conclusiones adoptadas por el sentenciador de segundo grado en torno de la no modificaci\u00f3n del objeto contractual, sin siquiera realizar actividad alguna orientada a derrocar cada una de ellas; y, aunque cuestion\u00f3 la alteraci\u00f3n del contenido del contrato de consultor\u00eda por desconocimiento de circunstancias que alteraron el cumplimiento de las obligaciones, no ense\u00f1\u00f3 el que, a su juicio, era el entendimiento que deb\u00eda d\u00e1rsele al clausulado, que no, al negocio en general pues, se repite, al tratarse de una acci\u00f3n de responsabilidad por infracci\u00f3n contractual, solo del documento que contiene el acuerdo de voluntades y de los legajos que lo complementen, podr\u00eda advertirse la desatenci\u00f3n exigida. <\/p>\n
3.3.1. Por la misma senda culp\u00f3 al juzgador que resolvi\u00f3 la alzada de prescindir \u00abde otros an\u00e1lisis probatorios\u00bb que, a su modo de ver, demuestran la modificaci\u00f3n unilateral del objeto del contrato y el ejercicio del poder dominante de funcionarios p\u00fablicos sobre su ejecuci\u00f3n; no obstante, dej\u00f3 de se\u00f1alar a que medios concretos se refer\u00eda, por lo que sus afirmaciones vienen siendo simples conjeturas o acusaciones sin sustento. Del mismo modo, se repite, incumpli\u00f3 la carga de desvirtuar el an\u00e1lisis realizado en la sentencia sobre los elementos demostrativos que dieron cuenta del acuerdo de voluntades respecto de las obras que deb\u00edan ejecutarse. <\/p>\n
3.3.2. En lo que ata\u00f1e a la denuncia por no apreciaci\u00f3n de las supuestas confesiones de la Fiduciaria visibles en la contestaci\u00f3n que dio a los hechos \u00abuno, tres, cuatro y siete, los acept\u00f3 como ciertos y en lo atinente a los hechos quinto, sexto, octavo y noveno los acept\u00f3 como parcialmente ciertos\u00bb basta memorar que, en el cap\u00edtulo de la demanda extraordinaria titulado \u00abRESTRICCI\u00d3N AL RECURSO DE CASACI\u00d3N\u00bb, el abogado de la sociedad opugnante limit\u00f3 \u00abel recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente a las decisiones del Tribunal en cuanto se confirm\u00f3 el declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el patrimonio aut\u00f3nomo FIDEICOMISO ASISTENCIA T\u00c9CNICA \u2013 FINDETER\u00bb, por lo que, bajo esa acotaci\u00f3n, ning\u00fan pronunciamiento merecen las imputaciones hechas con relaci\u00f3n a la fiduciaria convocada, m\u00e1xime cuando, dicha tem\u00e1tica comporta un medio nuevo que no fue alegado en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, la cual se finc\u00f3, entre otras cosas, en la confirmaci\u00f3n de la pasiva frente a las aserciones 11, 18 y 17 del ac\u00e1pite de \u00abhechos\u00bb, que no las aludidas en sede extraordinaria. <\/p>\n
3.3.3. Y es que, si en gracia de discusi\u00f3n se entrara a analizar la r\u00e9plica que al libelo hizo Findeter, surge que, confrontados los \u00abhechos\u00bb con aquella, ning\u00fan reconocimiento que desvirt\u00fae los argumentos medulares de la sentencia se avizor\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto su aceptaci\u00f3n se redujo a avalar el objeto de la contrataci\u00f3n, la forma en que lleg\u00f3 a hacer parte de ella la promotora de la causa, el contenido de la cotizaci\u00f3n que present\u00f3 para la labor acordada, la firma de la convenci\u00f3n, la entrega de la propuesta por parte de la contratista, la fecha de su aprobaci\u00f3n y la modificaci\u00f3n mutua del plazo (archivo digital 05, folios 21 a 66), mucho menos surgi\u00f3 de aquella contestaci\u00f3n la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb que se persigue, circunstancia que, por dem\u00e1s, torna inexistente la pifia que pretende achac\u00e1rsele al tribunal. <\/p>\n
Aun de aceptarse que la llamada a soportar las pretensiones de la demanda admiti\u00f3 que tuvo lugar la modificaci\u00f3n del objeto del contrato, ello no conlleva per se a concluir que hubo incumplimiento de su parte, prop\u00f3sito esencial de la acci\u00f3n presentada, ni mucho menos, que se dio un aumento del precio inicialmente convenido, pues, al no existir ninguna estipulaci\u00f3n que as\u00ed lo demuestre, resultar\u00eda desmedido y extra\u00f1o a la naturaleza del asunto, proceder de tal manera. <\/p>\n
3.3.4. Similar desenlace tiene el reclamo por tergiversaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n de 18 de junio de 2014 que, en criterio del recurrente, refleja el abuso de la posici\u00f3n dominante de la contratante, porque, de llegarse a contemplar que le asiste raz\u00f3n en cuanto a la situaci\u00f3n que asegura demostrarse con ese legajo, lo cierto es que, ninguna incidencia tiene frente al problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolverse. <\/p>\n
As\u00ed justamente lo indic\u00f3 el ad quem en su prove\u00eddo final, cuando advirti\u00f3 que no era procedente que \u00abpor medio del recurso de apelaci\u00f3n, se modifique la materia objeto de este proceso para incluir el estudio de (i) el enriquecimiento sin causa del extremo pasivo, (ii) el incumplimiento de los deberes fiduciarios de la FIDUCIARA DE BOGOT\u00c1 SA y (iii) el abuso de posici\u00f3n dominante esa fiduciaria contra el consumidor financiero HIDROSAN SAS\u00bb, debido a que \u00abni en los hechos ni en las pretensiones de la demanda y su subsanaci\u00f3n se incluyeron enunciados f\u00e1cticos relacionados con aquellas circunstancias ni se formularon s\u00faplicas que concordaran con tales situaciones, puesto que, se itera, en la fijaci\u00f3n del litigio se plante\u00f3 expresamente que esta controversia se circunscribir\u00eda a la verificaci\u00f3n de los elementos axiol\u00f3gicos que compon\u00edan la responsabilidad civil contractual endilgada a las demandadas, con fundamento en el contrato de consultor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, los razonamientos que sustentan aquellos reproches lucen desenfocados, toda vez que, exceden tanto los lineamientos marcados en la providencia criticada, como la finalidad de la demanda impetrada que, como se ha insistido a lo largo de estas consideraciones, se contrajo a establecer si existi\u00f3 o no incumplimiento del contrato de consultor\u00eda. <\/p>\n
3.3.5. Es intrascendente la inconformidad que expuso la impugnante, referente a la valoraci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n que present\u00f3 para la contrataci\u00f3n, la cual, seg\u00fan expuso, fija el alcance de los estudios hidrol\u00f3gicos, geot\u00e9cnicos, geol\u00f3gicos, topogr\u00e1ficos, los dise\u00f1os hidr\u00e1ulicos y la actualizaci\u00f3n de los dise\u00f1os geom\u00e9tricos y mec\u00e1nicos, en tanto, no explic\u00f3 en qu\u00e9 consiste el yerro de apreciaci\u00f3n que le achaca, as\u00ed como tampoco explic\u00f3, cual conclusi\u00f3n pretende derivar de aquel elemento suasorio dentro del marco de la responsabilidad contractual; contrario a ello, se limit\u00f3 a decir que dicho documento defin\u00eda el alcance de los servicios prestados, sin ninguna consideraci\u00f3n adicional. El mismo defecto se entrev\u00e9 de la queja por omisi\u00f3n en el examen de la comunicaci\u00f3n de 12 de marzo de 2014. <\/p>\n
Con todo, el extremo que acude en sede extraordinaria no hizo evidente la relaci\u00f3n entre los desaciertos que enlist\u00f3 y el quebranto de la regla de tipo material invocada, descuido que conduce a pregonar la falta de demostraci\u00f3n del cargo encausado por la primera hip\u00f3tesis contemplada en la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. En el \u00faltimo embiste, la detractora acus\u00f3 \u00ablas resoluciones de la sentencia proferida por el Tribunal (\u2026) de ser directamente violatorias por ERRORES DE DERECHO (…) de [algunas] disposiciones legales sustanciales\u00bb derivada del desconocimiento de \u00ablos arts. 164, 176, 232 y 280 del C.G.P\u00bb -se destac\u00f3-. <\/p>\n
Si se limitara la Corte a analizar la formulaci\u00f3n expresa del cargo, de entrada, podr\u00eda afirmarse que el mismo es inadmisible por un evidente defecto de t\u00e9cnica, consistente en la confusi\u00f3n de v\u00edas, dado que, pese a invocar la causal segunda por la senda del error de derecho, reprocha un quebranto \u201cdirecto\u201d propio de la premisa contenida en el numeral primero del canon 336 del ordenamiento procedimental. <\/p>\n
3.4.1. La misma suerte corre la acusaci\u00f3n, de tenerse dicha falencia como un error de digitaci\u00f3n, en la medida en que, aunque recrimin\u00f3 la opugnante un dislate iure por violaci\u00f3n del art\u00edculo 164 del estatuto adjetivo, fundado en la falta de an\u00e1lisis de \u00abla totalidad de las pruebas arrimadas al proceso\u00bb concretamente de los interrogatorios de parte, la contestaci\u00f3n de la demanda, los dict\u00e1menes periciales, el acta de suspensi\u00f3n y la reclamaci\u00f3n de fecha 18 de noviembre de 2015, ninguna precisi\u00f3n hizo sobre el yerro de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica que se deriva de la supuesta omisi\u00f3n de aquellas probanzas, tarea imprescindible para el \u00e9xito de la protesta. <\/p>\n
Y es que la sociedad censora dej\u00f3 de lado el verdadero sentido de dicho precepto, cual es garantizar que la decisi\u00f3n adoptada en determinado juicio, sea producto del examen de pruebas obtenidas con legalidad y respeto del debido proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n, adosadas a \u00e9ste en las etapas correspondientes, por lo que, para acreditar su quebranto, deb\u00eda hacerle ver a la Corte que el tribunal bas\u00f3 su veredicto en una herramienta de convicci\u00f3n carente de las mencionadas calidades, o le rest\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a alg\u00fan elemento que s\u00ed las ostentaba, haciendo notar la incidencia de tal equivocaci\u00f3n en las resultas del proceso, actividad que al no ser desarrollada, conlleva a predicar ausencia de claridad del embate. <\/p>\n
Sobre el punto ha sostenido la Sala que \u00ab[l]a claridad se traduce en que \u201cla persona que acude a este mecanismo debe formular sus embates\u2026 con la indicaci\u00f3n de las razones por las cuales considera que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 y c\u00f3mo tal dislate tiene la virtualidad de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n. No es posible soportar la acusaci\u00f3n en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u201d\u00bb (CSJ AC3919, 20 jun. 2017, rad. 2017-00650-01, reiterada en CSJ AC1561-2022, 22 abr., rad. 2016-76110). <\/p>\n
3.4.2. Otro de sus razonamientos lo dirigi\u00f3 la precursora a alegar la trasgresi\u00f3n del canon 176 ejusdem y, para ello, se limit\u00f3 a manifestar que \u00ablos medios probatorios ya rese\u00f1ados en el subnumeral precedente y que no reitero para no ser fatigante, conducen a demostrar que el juez no apreci\u00f3 ni valor\u00f3 la totalidad de las pruebas arrimadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
No existe duda de que la norma invocada por la censura es de aquellas de contenido demostrativo y as\u00ed se infiere de su ubicaci\u00f3n en la codificaci\u00f3n adjetiva, -secci\u00f3n tercera, r\u00e9gimen probatorio, t\u00edtulo \u00fanico, cap\u00edtulo I, disposiciones generales-; no obstante, para que pudiera darle paso a la admisi\u00f3n del cargo, deb\u00eda la interesada, y no lo hizo, describir de manera detallada la forma en que el enjuiciador transgredi\u00f3 el precepto de esa \u00edndole y, con \u00e9l, los de tipo sustancial tambi\u00e9n acogidos en su demanda, determinando concretamente el error en la providencia confutada. <\/p>\n
Dicha actividad no se aprecia en la exposici\u00f3n de la censura pues la recurrente enfil\u00f3 sus reflexiones a se\u00f1alar la existencia de errores en la valoraci\u00f3n probatoria, por omisi\u00f3n de algunos de los medios recaudados, como si se tratara del an\u00e1lisis de la primera hip\u00f3tesis contemplada por la causal segunda y no a la que alude al error de iure al que hizo m\u00e9rito en su titulaci\u00f3n, sin poner de manifiesto la mencionada relaci\u00f3n, es decir, incurri\u00f3 en entremezclamiento de las pifias que estructuran la transgresi\u00f3n indirecta de mandatos sustanciales. <\/p>\n
3.4.3. La menci\u00f3n del art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso por la gestora no refleja ninguna falla de derecho del sentenciador, pues lo resguard\u00f3 en el descuido de la Corporaci\u00f3n rese\u00f1ada al soslayar los conceptos t\u00e9cnicos citados en la experticia y distorsionar el objeto de la prueba, quejas que deb\u00edan encausarse por el yerro de facto y que, al haberse discutido por esta modalidad, revelan un amalgamiento que contraviene los principios de independencia y autonom\u00eda que distinguen las dos pendientes establecidas en la causal conjurada, y que obligan al discrepante a plantear por separado los errores f\u00e1cticos o de derecho en que pudiera haber incurrido el fallador de la segunda instancia. <\/p>\n
La Corte ha sostenido, en punto a ello, que \u00abesta diferencia permite decir que \u2018no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones\u2019 (CSJ SC077-1998, 15 sep., rad. 4886; CSJ SC112-2003, 21 oct., rad. 7486, reiterada, entre otras, en CSJ SC2499-2021, 23 jun., rad. 2006-00135-01). <\/p>\n
Sumado a ello, tampoco explic\u00f3 el censor la forma en que la no alusi\u00f3n a esos \u00abconceptos t\u00e9cnicos\u00bb trasgredi\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica o desconoci\u00f3 \u00abla solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad\u00bb de los fundamentos del trabajo pericial, mucho menos, la forma en que aquellos podr\u00edan incidir en la determinaci\u00f3n cuestionada, cristalizando nuevamente la falla t\u00e9cnica por falta de claridad. <\/p>\n
La reprimenda orientada a visibilizar la vulneraci\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 280 del nuevo estatuto de procedimiento resulta infructuosa porque, seg\u00fan lo ha dicho esta Sala, los preceptos a que alude el error de derecho, son aquellos \u00ab(\u2026) que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (CSJ AC003, 14 en. 2020, rad. 2011-00832-01; CSJ AC2828, 26 oct. 2020, rad. 203-00891-01, reiterada en CSJ AC2593-2021, 30 jun., rad. 2014-00517-01), calidades que no ostenta el canon mencionado, pues se ocupa de se\u00f1alar la forma como debe estructurarse la sentencia (CSJ AC2666-2019, 5 jul., rad. 2014-00829-01). <\/p>\n
4. Aunado a los reparos que vienen de consignarse, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios injustificados que deban ser reparados, habida cuenta que la sola circunstancia de ser la decisi\u00f3n adversa a los intereses de la opugnante no conlleva indefectiblemente dicha trasgresi\u00f3n; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
5. Las razones anotadas ratifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
\u00daNICO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC4703-2022 (2019-00563-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-038-2019-00563-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda presentada por HIDROSAN […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}