AC4718-2022 (2009-00647-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4718-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 011 2009 00647 01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Maquinagro S.A., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de la recurrente contra Castrol Colombia Ltda. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se pidi\u00f3 declarar que entre Maquinagro S.A. y Castrol Colombia Ltda., existi\u00f3 una relaci\u00f3n de agencia comercial de hecho que fue terminada por la accionada de manera unilateral y sin justa causa, por lo cual debe reconocer a favor de la accionante las prestaciones e indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho de conformidad con el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio. En forma subsidiaria, declarar que la convocada se enriqueci\u00f3 injustamente y sin causa, a expensas del esfuerzo ajeno, y se le condene al pago respectivo1. <\/p>\n
2.- Notificada del auto admisorio, la demandada se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito aleg\u00f32: \u00ablos principios de buena fe contractual y la imposibilidad de las partes de rebelarse contra las consecuencias jur\u00eddicas de los actos propios\u00bb; \u00abinexistencia de un contrato de agencia mercantil entre la demandante y Castrol\u00bb; \u00abjusta terminaci\u00f3n del contrato de suministro que rigi\u00f3 las relaciones entre las partes\u00bb e \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa por no reunirse los requisitos\u00bb e \u00abinnominada\u00bb. <\/p>\n
3.- El a quo declar\u00f3 la prosperidad de los medios defensivos propuestos por la convocada y, en consecuencia, neg\u00f3 las s\u00faplicas. <\/p>\n
4.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por Maquinagro S.A, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. Para decidir de ese modo, en resumen, expuso: <\/p>\n
4.1.- Seg\u00fan la doctrina \u201cse presenta una agencia de hecho cuando un comerciante, sin haber recibido encargo para la conquista de un mercado para unos determinados productos o marcas, emprende de forma aut\u00f3noma la tarea de promocionarlos y acreditarlos, consiguiendo el fin propuesto. Ese fin conseguido, consistente en haber acreditado un producto o una marca, goza del favor del derecho, quien le otorga los mismos beneficios como si ese sujeto hubiese actuado en raz\u00f3n de un encargo\u00bb. No obstante, conforme al art\u00edculo 1331 del C\u00f3digo de Comercio, a la agencia de hecho se le aplican los presupuestos de validez y existencia del contrato de agencia comercial. <\/p>\n
La agencia de hecho es un negocio estructurado por varias circunstancias de naturaleza dis\u00edmil, cuya convergencia en un momento determinado da nacimiento a la instituci\u00f3n jur\u00eddica regulada por el legislador, por ende, derecho de acci\u00f3n para obtener las declaraciones y condenas a que haya lugar. La falta de prueba de alguno de los supuestos que la estructuran, conduce a que la situaci\u00f3n jur\u00eddica que eventualmente vincule a las partes escape a la previsi\u00f3n normativa y a los efectos propios de la agencia mercantil; basta con que se eche de menos un elemento de ese contrato t\u00edpico para que se frustre el proceso de subsunci\u00f3n normativa, pues en un ejercicio de l\u00f3gica formal no se estar\u00e1 ante la previsi\u00f3n f\u00e1ctica hecha por el legislador, aunque la relaci\u00f3n pueda corresponder a otra instituci\u00f3n jur\u00eddica nominada o a una figura at\u00edpica. <\/p>\n
4.2.- El a quo para negar las pretensiones principales consider\u00f3 que las partes celebraron un contrato de \u00abdistribuci\u00f3n de suministro\u00bb, por cuanto Maquinagro, por su cuenta y riesgo vend\u00eda los productos que compraba a Castrol. La recurrente efectu\u00f3 un amplio an\u00e1lisis de los elementos de juicio que se obtuvieron en el proceso, e indica que gran parte de ellos no fueron analizados en la sentencia o se les otorg\u00f3 un alcance que no les correspond\u00eda. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba; sin embargo, esa labor de valoraci\u00f3n \u00edntegra se torna inoficiosa, en asuntos donde legal y jurisprudencialmente se ha desarrollado que para la prosperidad de cierto tipo de acci\u00f3n deben concurrir determinados presupuestos y que ante la ausencia de uno de ellos las pretensiones fracasan, como sucede en el presente asunto, habida cuenta que para que se configure una agencia comercial se han decantado una serie de elementos constitutivos. <\/p>\n
Comoquiera que el a quo no hall\u00f3 acreditados los requisitos de obrar por cuenta ajena y la contraprestaci\u00f3n al presunto agente, \u00abresultaba vano que desplegara un examen de la totalidad de las pruebas, situaci\u00f3n que igualmente adopta el Tribunal para resolver el recurso de apelaci\u00f3n en estudio\u00bb. Gran parte de las pruebas referidas en la impugnaci\u00f3n no guardan concordancia con los apartes medulares que conllevaron al Juez de primera instancia a negar las pretensiones, de all\u00ed que, aunque le asistiera raz\u00f3n a la parte demandante en la valoraci\u00f3n que propone, de todos modos, la decisi\u00f3n no cambiar\u00eda, lo que no significa que el Tribunal avale desconocer el citado art\u00edculo 176. <\/p>\n
4.3.- Para zanjar la discusi\u00f3n acerca de si existi\u00f3 un contrato de agencia mercantil de hecho o un negocio de suministro, o \u00abventa para la reventa\u00bb, se debe partir del escrutinio de los supuestos f\u00e1cticos sobre la relaci\u00f3n comercial entre los contendientes. Al respecto, en su interrogatorio el representante legal de Maquinagro S.A., a la pregunta \u00absi los productos marca Castrol que Maquinagro vend\u00eda en sus establecimientos de comercio los compraba a Castrol pagando los precios que dicha compa\u00f1\u00eda le exig\u00eda para la venta de sus productos\u00bb, contest\u00f3: \u00abs\u00ed, inicialmente Castrol Colombia nos ten\u00eda asignado un cupo de cr\u00e9dito para definir los productos, y posteriormente nos cambi\u00f3 a pago anticipado, y todo eso se le ha pagado anticipado. Maquinagro S.A. no debe un peso\u00bb (f. 175 c. 1), reconociendo as\u00ed que la actora compraba los productos de lubricantes a la accionada, e incluso que ten\u00eda cr\u00e9dito. <\/p>\n
Por ende, si en la demanda y en el recurso de apelaci\u00f3n se expuso que la labor de Maquinagro S.A. se ci\u00f1\u00f3 al encargo de su contraparte y que actu\u00f3 a nombre de esta, esa afirmaci\u00f3n \u00abse desdibuja con la manifestaci\u00f3n que realiz\u00f3 el mismo Henry Alberto Ch\u00e1vez Cadena (quien se dice fue la persona que mantuvo inicialmente las relaciones comerciales)\u00bb; en verdad, al adquirir el dominio de los lubricantes despojaba a su vendedor de cualquier eventualidad que pudiese suceder en la posterior enajenaci\u00f3n al consumidor final, en otras palabras, \u00abla hipot\u00e9tica ganancia o p\u00e9rdida en la relaci\u00f3n Maquinagro S.A.-cliente, en nada afectaba a Castrol Colombia Ltda., porque se le sufragaba previamente el precio de la venta inicial\u00bb. <\/p>\n
Lo dicho es suficiente para que se tenga por cierto que la apelante actuaba bajo su cuenta y riesgo, motivo que por s\u00ed solo impide que se configure el contrato pretendido, toda vez que los intermediarios que act\u00faan por cuenta propia y riesgo, \u00abas\u00ed desarrollen sus actividades en un determinado ramo y dentro de un espacio geogr\u00e1fico establecido, carecen de la connotaci\u00f3n de agentes, ciertamente, al fallar el elemento representativo que caracteriza al \u201cencargo\u201d. Clasifican en dicha categor\u00eda los comerciantes que adquieren bienes o servicios con el fin de revenderlos, asumiendo las contingencias de la operaci\u00f3n, entre otras, la p\u00e9rdida o deterioro de los mismos, la inestabilidad de los precios, la insolvencia de los clientes o el no pago de las mercanc\u00edas\u00bb. <\/p>\n
La circunstancia en menci\u00f3n fue ratificada en los alegatos de conclusi\u00f3n del apelante, al indicar \u00abla parte demandante sostiene que fue de agencia de hecho porque no se limit\u00f3 a comprar para revender, sino que de facto realiz\u00f3 un trabajo estable de promover y explotar negocios de los lubricantes Castrol dentro de una zona prefijada en el territorio nacional\u00bb. Por manera que, si bien nada se opone a que el actuar por cuenta propia hubiera mutado en la ejecuci\u00f3n del contrato de agencia de hecho, para que sobreviniera el encargo a riesgo de Castrol, \u00aben la actuaci\u00f3n no obra ninguna prueba que evidencie esa alteraci\u00f3n en la relaci\u00f3n de negocios, para lo cual es intrascendente que se haya explotado y posicionado la marca, habida cuenta que, como lo destac\u00f3 la jurisprudencia en la anterior cita, un intermediario puede desplegar dicha labor y sin que obligatoriamente se catalogue como agente\u00bb. <\/p>\n
4.4.- El obst\u00e1culo para la viabilidad de las pretensiones, no se supera con las declaraciones de los testigos, ni con el resto de pruebas que reposan en el expediente, pues a \u00e9stos no podr\u00eda constarles el elemento intencional respecto a la forma como se ejecut\u00f3 el contrato, esto es, el factor volitivo que la misma parte demandante reconoci\u00f3 ejecutar en la actuaci\u00f3n -venta para reventa-, circunstancia que, en principio, no podr\u00eda remediarse con el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s elementos de juicio. <\/p>\n
4.5.- De otro lado, la independencia del agente hace relaci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n del encargo a trav\u00e9s de su propia empresa y la ausencia de contrato de trabajo entre el agente y el agenciado. Tambi\u00e9n implica autonom\u00eda en cuanto no hay subordinaci\u00f3n y la facultad del agente para aportar su experiencia en el desarrollo del objeto convencional. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, \u00ab[e]l agente es independiente en la medida que no hace parte de la estructura organizacional del empresario, pero eso no significa que no deba atender las directrices proporcionadas por el dominus negotii\u00bb\u00b8 por otra parte, la existencia de instrucciones del empresario, no desnaturaliza dicho contrato, porque el encargo, seg\u00fan el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo de Comercio, debe realizarse \u00abal tenor de las instrucciones recibidas\u00bb. <\/p>\n
En el sub lite el elemento \u00abindependencia\u00bb no est\u00e1 acreditado; desde la misma demanda se confes\u00f3 que Castrol Colombia Ltda., ejerc\u00eda un control permanente y la conquista de la clientela se despleg\u00f3 \u00absiempre bajo las \u00f3rdenes, instrucciones, evaluaci\u00f3n y control permanente de Castrol Colombia Ltda\u2026\u00bb, porque \u00abcuando se realizaba alg\u00fan cambio de personal, gerente de divisi\u00f3n, vendedores etc., la sociedad demandada siempre estaba presente en la toma de decisiones, autorizando o negando la contrataci\u00f3n. La sociedad demandada tambi\u00e9n realizaba permanentes auditor\u00edas en cuanto a los procesos y seguridad de la divisi\u00f3n Castrol\u00bb. Inclusive, se mencion\u00f3 que en la infraestructura de Maquinagro S.A. exist\u00eda una \u00abdivisi\u00f3n Castrol\u00bb y en la misma impugnaci\u00f3n se acept\u00f3 que la demandada cancelaba el 50% de los valores correspondientes a salarios, prestaciones, aportes de seguridad social en salud y parafiscales de las impulsadoras Yilibeth Beltr\u00e1n y Maritza Realpe. As\u00ed, \u00abcomo la independencia hace alusi\u00f3n a factores tales como: que el encargo sea realizado por el agente con su estructura propia y tenga autonom\u00eda para aportar su experiencia en el desarrollo del contrato\u00bb, en este caso la intervenci\u00f3n de la demandada, fue m\u00e1s all\u00e1 de las simples instrucciones, porque ten\u00eda una injerencia completa en la actividad, a tal punto que ayudaba con el pago de salarios de determinados empleados. <\/p>\n
Se advierte la inexistencia de dos de los elementos de la agencia comercial, por lo que resulta innecesario analizar el cumplimiento de los restantes, adem\u00e1s, lo relativo a que la remuneraci\u00f3n del agente dependa de los negocios celebrados, tambi\u00e9n estar\u00eda en entredicho, por cuanto los beneficios que recib\u00eda la accionante estaban relacionados con las ventas propias de lubricantes. En conclusi\u00f3n, aunque entre las partes existi\u00f3 una relaci\u00f3n mercantil, los pormenores del v\u00ednculo impiden aplicar el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la agencia comercial, fundamentalmente porque las actividades de Maquinagro S.A. fueron bajo su riesgo y estaban condicionadas por las pol\u00edticas de la demandada. <\/p>\n
4.6.- Frente a las pretensiones subsidiarias atinentes a un enriquecimiento injustificado, consider\u00f3 la Sala que la actio in rem verso no fue utilizada como herramienta para corregir el desequilibrio patrimonial narrado en la demanda escenario que restringe cualquier posibilidad de \u00e9xito, como que tal es una caracter\u00edstica connatural a dicho remedio ordinario. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que \u00abdentro de los presupuestos estructurales de la actio in rem verso se exige \u2018que el demandante para recuperar su bien carezca de cualquier otra acci\u00f3n originada por las fuentes legales\u00bb. <\/p>\n
5.- Contra el fallo de segunda instancia, la demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor formul\u00f3 siete cargos, los tres primeros por la v\u00eda directa y los restantes por la indirecta, con soporte en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La sentencia recurrida vulnera dichas normas por cuanto de su an\u00e1lisis se deduce que el contrato de suministro no es de intermediaci\u00f3n, pues el proveedor \u00ablo que hace es cumplir las prestaciones de cosas o servicios que necesita el consumidor\u00bb a cambio de una contraprestaci\u00f3n. En este asunto se trata la relaci\u00f3n de intermediaci\u00f3n entre la demandada y los clientes de los productos lubricantes de la marca Castrol, y la causa del suministro no radica en \u00abla necesidad que tiene el consumidor de dichos productos, ni tampoco existe el elemento contraprestaci\u00f3n a favor de la demandada\u00bb. <\/p>\n
La normativa citada fue aplicada indebidamente por error de diagnosis jur\u00eddica, haci\u00e9ndola actuar a un caso que no era subsumible dentro de las premisas que ellas contienen. <\/p>\n
2. En el segundo, se acus\u00f3 violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1330 y 1331 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
La sentencia vulnera las normas que regulan el contrato de agencia comercial, de cuyo an\u00e1lisis se extrae que se trata de una forma de intermediaci\u00f3n, \u00abpues el agente es un eslab\u00f3n \u201ccomo representante o agente de un empresario nacional o extranjero\u201d, entre el productor y el cliente o consumidor final\u00bb. Y en este caso no existe ninguna duda de que existi\u00f3 una relaci\u00f3n comercial de intermediaci\u00f3n entre la demandada y los clientes finales de sus productos lubricantes. <\/p>\n
Las normas citadas fueron err\u00f3neamente interpretadas al deducir que la relaci\u00f3n mercantil entre las partes era de simple suministro, cuando este \u00faltimo no es un pacto de intermediaci\u00f3n. Tal error, impidi\u00f3 que el ad quem advirtiera la existencia de la agencia de hecho y sus consecuencias jur\u00eddicas, principalmente, el pago de la prestaci\u00f3n (cesant\u00eda comercial) y la indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n unilateral e injusta de la relaci\u00f3n comercial. <\/p>\n
3.- En el tercero se aleg\u00f3 violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 905, 920, 923, 924 y 947 del C\u00f3digo de Comercio que regulan el contrato de compraventa. <\/p>\n
El Tribunal ignor\u00f3 la validez de dichas normas \u00aben un claro desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador concretada en las normas legales inaplicadas, violaci\u00f3n que es evidente pues en el fallo recurrido expresamente se aduce que entre las partes existi\u00f3 un contrato de \u201cventa para la reventa\u201d\u00bb. Por ello, la situaci\u00f3n debatida \u00abse subsume en el marco normativo de la compraventa, lo que no impide la declaratoria de coexistencia de dicho contrato con la agencia de hecho\u00bb. <\/p>\n
4.- En el cuarto, se acusa violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 968, 1317 y 1331 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba de confesi\u00f3n. <\/p>\n
Para el Tribunal el elemento \u00aben forma independiente\u00bb caracter\u00edstico de la agencia comercial no qued\u00f3 demostrado aduciendo que \u00abdesde la misma demanda se confes\u00f3 que Castrol Colombia Ltda., ejerc\u00eda control permanente y la conquista de la clientela se despleg\u00f3 \u201csiempre bajo las \u00f3rdenes, instrucciones, evaluaci\u00f3n y control permanente de Castrol Colombia Ltda.\u00bb; sin reparar en que, conforme a los art\u00edculos 968 y 1317 ejusdem, la independencia es una caracter\u00edstica tanto del contrato de suministro como del de agencia comercial. <\/p>\n
El error de hecho se configura porque, al tiempo que por ese motivo \u00abniega la existencia del contrato de agencia comercial, sin ning\u00fan empacho sostiene parad\u00f3jicamente que este caso existi\u00f3 un contrato de suministro\u00bb; lo que implica la violaci\u00f3n indirecta de las normas mencionadas, pues la conclusi\u00f3n l\u00f3gica \u00abhubiera sido declarar la inexistencia a la par de los contratos de agencia y de suministro\u00bb, por cuanto \u00abes absurdo pretender que, faltando para uno, s\u00ed exista para el otro\u00bb. <\/p>\n
5.- El quinto acusa violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 968, 1317, 1321 y 1331 del C\u00f3digo de Comercio, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba de confesi\u00f3n y de la demanda. <\/p>\n
Existe una contradicci\u00f3n entre el art\u00edculo 1317 del C\u00f3digo de Comercio que establece que el agente asume \u00aben forma independiente\u00bb y de manera estable el encargo de promover productos del agenciado y el 1321 del mismo c\u00f3digo que establece los deberes del agente y a la vez los derechos del agenciado \u00aba verificar y exigir su cumplimiento\u00bb, en este caso est\u00e1 demostrado que la demandada ejerci\u00f3 tales derechos mediante estrictos controles, \u00ablo que evidencia sin ninguna duda la existencia de la agencia de hecho\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la interpretaci\u00f3n de las normas, es deber del operador aplicar la posterior, por lo que, en este caso, deb\u00eda aplicarse el art\u00edculo 1321 \u00abquedando insubsistente el elemento independencia\u00bb. En esas condiciones, el ad quem no efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n correcta e integral de la demanda, violando el derecho sustancial \u00abque se encuentra en la causa petendi y el petitum de la demanda, pues la sentencia es contraevidente\u00bb. <\/p>\n
Es equivocada la apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n, porque si hubiere alguna imprecisi\u00f3n en la narrativa f\u00e1ctica del libelo se debe a la buena fe y lealtad con que actu\u00f3 la demandante, \u00aba la ambig\u00fcedad y zonas grises que existen en las relaciones jur\u00eddicas que existen en las relaciones jur\u00eddicas de naturaleza verbal, a la subjetividad conceptual frente a la valoraci\u00f3n y configuraci\u00f3n del contrato y a la propia ambig\u00fcedad del tipo contractual ya que el art\u00edculo 1330 del C\u00f3digo de Comercio dispone que a la agencia de hecho se aplican otras normas\u00bb. Adem\u00e1s, al no haberse realizado una correcta apreciaci\u00f3n de la demanda, se incurri\u00f3 en error al considerar como \u00abdependencia\u00bb, lo que en realidad es \u00abel ejercicio de los derechos que tiene el agenciado de verificar y exigir el cumplimiento de los deberes del agente\u00bb. <\/p>\n
6.- En el sexto, se aduce violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de error de derecho por desconocimiento de norma probatoria, que al tenor del art\u00edculo 13 ib\u00eddem, son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
Las pruebas obrantes en el proceso no fueron valoradas en su conjunto, pues el juzgador solo tuvo en cuenta el interrogatorio del representante legal de la demandada, y pas\u00f3 por alto los testimonios, inspecciones judiciales, peritajes, ni precis\u00f3 la validez y m\u00e9rito que le asign\u00f3 a cada uno de esos elementos probatorios. <\/p>\n
7.- En el \u00faltimo, se acusa violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1330 y 1331 del C\u00f3digo de Comercio, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
El yerro se advierte porque el tribunal dio por acreditado, sin estarlo, que lo que lo que existi\u00f3 entre las partes fue un contrato de suministro y no una \u00abagencia de hecho\u00bb, por la falta de apreciaci\u00f3n de pruebas documentales; interrogatorios de parte, diligencias de inspecci\u00f3n judicial, dict\u00e1menes periciales, testimonios e indicios. No precis\u00f3 la validez, m\u00e9rito y alcance de cada una de esas probanzas, las que tampoco fueron apreciadas en conjunto como lo ordena el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, de lo contrario, habr\u00eda concluido que la existencia de la agencia de hecho. <\/p>\n
Tampoco vio que las pruebas relacionadas, daban cuenta de que la demandante realiz\u00f3 trabajo de intermediaci\u00f3n entre la demandada y los consumidores en favor de la primera; que actu\u00f3 por cuenta de la demandada en la promoci\u00f3n de la marca y consecuci\u00f3n de nueva clientela; por dicho trabajo recibi\u00f3 la remuneraci\u00f3n que corresponde a la \u00abutilidad que obtuvo en la reventa de los productos Castrol a los clientes finales, \u00abbajo el entendimiento que s\u00ed coexiste la \u201cventa para reventa\u201d con la exigencia de metas y\/o encargos de promoci\u00f3n \u201cse configurar\u00e1 la remuneraci\u00f3n en los t\u00e9rminos del contrato de agencia\u201d\u00bb; la clientela conseguida pas\u00f3 a ser de la demandada; la accionada actu\u00f3 con independencia con su propia estructura organizacional; la accionante realiz\u00f3 las labores de intermediaci\u00f3n con \u00e1nimo de estabilidad y las cumpli\u00f3 dentro de la zona prefijada en el territorio nacional. <\/p>\n
El error de hecho denunciado se extiende tambi\u00e9n a la pretensi\u00f3n subsidiaria al no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la demandada se enriqueci\u00f3 indebidamente al continuar explotando la clientela conseguida por la demandante para sus productos, sin pagar la prestaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n prevista en la citada norma, lo que conlleva detrimento econ\u00f3mico para la actora. <\/p>\n
8.- Con soporte en los cargos formulados, se solicita casar la sentencia recurrida y, en sede de instancia, revocar el fallo de primer grado y acceder a las s\u00faplicas. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb3. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia toda vez que, corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comento y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- La alegaci\u00f3n de la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n directa de disposiciones sustanciales, supone que el recurrente centre su reproche en la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, absteni\u00e9ndose de incursionar en el terreno de la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Si se invoca la causal segunda, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho por desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
3.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n de todas las causales esgrimidas presenta graves defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1.- Los cargos 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0 que acusaron violaci\u00f3n directa de normas sustanciales son incompletos y confusos. <\/p>\n
Ciertamente, revisadas las razones aducidas por el Tribunal para refrendar el fracaso de las pretensiones, confrontadas con los reparos planteados por el inconforme en esos reproches, es evidente que estos cuestionan de manera muy general la desatenci\u00f3n de las normas que disciplinan los contratos de suministro (cargo 1\u00b0), agencia comercial (cargo 2\u00b0) y compraventa (cargo 3\u00b0), con un completo desd\u00e9n frente a los argumentos que edifican el fallo, al punto que solo se mencionan las normas que se aducen infringidas y la equivocaci\u00f3n en que, desde el punto de vista particular de la censura, incurri\u00f3 el juzgador por falta de aplicaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Los argumentos del Tribunal para ratificar la decisi\u00f3n del a quo, se concretan a los que tuvo en cuenta para \u00abzanjar la discusi\u00f3n\u00bb acerca de si existi\u00f3 un contrato de agencia mercantil de hecho o un negocio de suministro o \u00abventa para la reventa\u00bb, as\u00ed: i) en su interrogatorio el representante legal de Maquinagro S.A., reconoci\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda compraba los productos de lubricantes a la accionada, situaci\u00f3n que despojaba a su vendedor de cualquier eventualidad que pudiese suceder en la posterior enajenaci\u00f3n al consumidor final, de modo que la hipot\u00e9tica ganancia o p\u00e9rdida en la relaci\u00f3n Maquinagro S.A. con sus clientes, en nada afectaba a Castrol Colombia Ltda., porque recib\u00eda previamente el precio de la venta; ii) la apelante actuaba bajo su cuenta y riesgo, lo que imped\u00eda la configuraci\u00f3n del contrato pretendido y as\u00ed qued\u00f3 indicado en sus alegatos de conclusi\u00f3n; iii) aunque nada se opone a que el actuar por cuenta propia pod\u00eda mutar en la ejecuci\u00f3n del contrato de agencia de hecho, para que sobreviniera el encargo a riesgo de Castrol, \u00aben la actuaci\u00f3n no obra ninguna prueba que evidencie esa alteraci\u00f3n en la relaci\u00f3n de negocios, para lo cual es intrascendente que se haya explotado y posicionado la marca, habida cuenta que (\u2026) un intermediario puede desplegar dicha labor y sin que obligatoriamente se catalogue como agente\u00bb; vi) la independencia del agente hace relaci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n del encargo a trav\u00e9s de su propia empresa y la ausencia de contrato de trabajo entre el agente y el agenciado. En este caso, ese elemento \u00abindependencia\u00bb no est\u00e1 acreditado dado que Castrol Colombia Ltda., ejerc\u00eda un control permanente y la conquista de la clientela se despleg\u00f3 siempre bajo sus instrucciones, de modo que la demandada ten\u00eda una injerencia completa en la actividad, a tal punto que ayudaba con el pago de salarios de determinados empleados; v) aunque entre las partes existi\u00f3 una relaci\u00f3n mercantil no fue de agencia comercial, toda vez que las actividades realizadas por Maquinagro S.A. fueron bajo su riesgo, y adem\u00e1s, estaban severamente condicionadas por las pol\u00edticas de la actora y, vi) la pretensi\u00f3n relacionada con el enriquecimiento sin justa causa no puede ser acogida, dado el car\u00e1cter subsidiario que reviste la actio in rem verso. <\/p>\n
Siendo estos los aspectos medulares que soportan el fallo del Tribunal que viene amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, para socavar su sustento, el casacionista ha debido atacarlos frontalmente y al haber elegido para ese efecto la v\u00eda directa, no bastan sus aseveraciones en punto a que las normas aplicables eran las de la agencia comercial, pues siendo precisamente ese el eje de la controversia jur\u00eddica, un posible yerro de juzgamiento estar\u00eda en los argumentos que condujeron a la conclusi\u00f3n y solo a partir de su demostraci\u00f3n podr\u00eda hallar eco la discusi\u00f3n acerca de un error juris relacionado con la selecci\u00f3n o alcance de los preceptos normativos empleados por el juzgador para resolver la litis. <\/p>\n
Sobre la exigencia que se echa de menos, la Sala en CSJ AC2537-2017, precis\u00f3 que la actividad del recurrente, \u00abtiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01)\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, es claro que la discusi\u00f3n propuesta en los cargos 1\u00b0 y 2\u00b0 respecto a si el contrato de suministro corresponde o no a una forma de intermediaci\u00f3n, es a todas luces insuficiente para combatir los fundamentos del fallo impugnado, pues, se insiste, aquel est\u00e1 soportado en un razonamiento m\u00e1s complejo que el recurrente no controvirti\u00f3 por esta senda; y en cuanto a la falta de aplicaci\u00f3n de las normas del contrato de compraventa que sustenta el tercer ataque, basta se\u00f1alar que la referencia de los juzgadores de instancia a que en la relaci\u00f3n de los litigantes ac\u00e1 involucrados subyac\u00eda una \u00abventa para la reventa\u00bb, de ninguna manera comporta que el caso tuviera que resolverse por el r\u00e9gimen de la compraventa, por cuanto el tema de decisi\u00f3n no versaba sobre esa modalidad contractual. <\/p>\n
3.2.- Los cargos cuarto y quinto fincados en la causal segunda de casaci\u00f3n por error evidente y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n como medio de prueba, son incompletos por no cuestionar todos los pilares argumentativos del fallo, y adem\u00e1s, no satisfacen una de las exigencias basilares del motivo invocado como es la trascendencia, pues como lo expuso la Sala en CSJ AC7388-2017, solo son admisibles en casaci\u00f3n \u00ablos cargos que tienen la idoneidad de derruir la sentencia opugnada, por develar dislates que llevar\u00edan a modificar el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, debe tratarse de yerros que, de no haber ocurrido, conducir\u00edan a un fallo diferente. Por el contrario, si a\u00fan de admitirse la prosperidad del ataque, la resoluci\u00f3n jurisdiccional ser\u00eda id\u00e9ntica, resulta inocuo acceder a su estudio, en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal\u00bb <\/p>\n
Ambos reproches se orientaron a atacar la apreciaci\u00f3n de la prueba de confesi\u00f3n del representante legal de la demandante, pues, en ese labor\u00edo para el recurrente, el tribunal incurri\u00f3 en yerro de facto, toda vez que, si el elemento \u00abindependencia\u00bb es com\u00fan a los contratos de suministro y agencia comercial, era \u00ababsurdo pretender que, faltando para uno, s\u00ed exista para el otro\u00bb (cargo 4), y, por otra parte, adujo que cualquier imprecisi\u00f3n en la narraci\u00f3n de los hechos de la demanda se debi\u00f3 a la ambig\u00fcedad del tipo contractual previsto en el art\u00edculo 1330 del C\u00f3digo de Comercio y a la contradicci\u00f3n que emana de los art\u00edculos 1317 y 1321 del mismo compendio (cargo 5\u00b0). <\/p>\n
Estos reparos, comparados con la ya rese\u00f1ada l\u00ednea argumentativa del fallo, solo apuntan a cuestionar la inferencia relacionada con la falta de prueba de la independencia que se exige a quien alega la calidad de agente comercial, extra\u00edda de la confesi\u00f3n por apoderado judicial conforme a lo plasmado en el sustrato f\u00e1ctico de la demanda, aunado a los hechos admitidos por el representante legal de la promotora al rendir interrogatorio, concretamente, al alcance que el tribunal le confiri\u00f3 a ese medio para deducir la inexistencia de uno de los requisitos necesarios para que se estructure el contrato de agencia mercantil. <\/p>\n
Como puede observarse, la combatida fue solo una de las premisas que edificaron la decisi\u00f3n de segunda instancia, de manera que, aun si en gracia de discusi\u00f3n llegare a concluirse que el ad quem se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n de esos medios para derivar la confesi\u00f3n, ese dislate ser\u00eda inocuo porque de todas maneras el fallo se seguir\u00eda sosteniendo en los dem\u00e1s argumentos que no fueron controvertidos, espec\u00edficamente, los relacionados con que, aunque nada se opon\u00eda a que el actuar por cuenta propia hubiera mutado en la ejecuci\u00f3n del contrato de agencia de hecho, para que sobreviniera el encargo a riesgo de Castrol, no se alleg\u00f3 prueba de ello y a que la intervenci\u00f3n de la demandada fue m\u00e1s all\u00e1 de las simples instrucciones, porque ten\u00eda una injerencia completa en la actividad incluso en el pago de salarios de determinados empleados, que llevaron al juzgador a concluir que las actividades de la promotora fueron bajo su riesgo y estaban condicionadas por las pol\u00edticas de la demandada, a m\u00e1s de que, lo relativo a que la remuneraci\u00f3n del agente dependa de los negocios celebrados, tambi\u00e9n estar\u00eda en entredicho, por cuanto los beneficios que recib\u00eda la accionante estaban relacionados con las ventas propias de lubricantes. <\/p>\n
En esas circunstancias, el reproche por ese aspecto deviene intrascendente e incompleto, en la medida que no tiene la potencialidad de cambiar el sentido de la sentencia confutada. <\/p>\n
3.3.- El segmento del cargo quinto que acusa error de hecho manifiesto y trascendente por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, por su vaguedad, grado de confusi\u00f3n e indefinici\u00f3n, no puede abrirse paso. <\/p>\n
Ciertamente, el recurrente no precisa en qu\u00e9 consisti\u00f3 estrictamente el error endilgado, limit\u00e1ndose a sostener en forma muy abstracta que, \u00abno corresponde a una interpretaci\u00f3n correcta e integral de la misma, vulnerando el derecho sustancial que se encuentra en la causa petendi y el petitum de la demanda, pues la sentencia es contraevidente\u00bb y concluir que para remediar tal equivocaci\u00f3n \u00abla demanda debe apreciarse de manera integral, como un todo, y resolverla a la luz del acervo probatorio en su conjunto, debiendo prevalecer el derecho sustancial conforme al art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, esa falta de claridad e indefinici\u00f3n, en \u00faltimas, desconocen la exigencia prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 343 del C\u00f3digo General del Proceso, referente a que la exposici\u00f3n de los fundamentos de la acusaci\u00f3n debe realizarse en forma clara, precisa y completa. Tal omisi\u00f3n, cercena cualquier intento de an\u00e1lisis de cu\u00e1l pudo haber sido el desafuero en que incurri\u00f3 el sentenciador a ese respecto, siendo esa una falencia que no puede ser suplida oficiosamente, por cuanto la Corte debe moverse dentro de los l\u00edmites que la censura le demarca. En ese sentido en AC4142-2017, se memor\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, el tema propuesto en punto a lo que el recurrente califica como una contradicci\u00f3n entre los deberes del agente y del agenciado previstos en los art\u00edculos 1317 y 1321 del C\u00f3digo de Comercio que exig\u00eda dar prevalencia a la norma posterior, no se enmarca en la hermen\u00e9utica de la demanda, y m\u00e1s bien podr\u00eda aludir a un posible error de iure por deficiencias de aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n normativa, cuestionable por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa, por lo mismo, ajena a la discusi\u00f3n por la indirecta. <\/p>\n
3.3.- El cargo sexto no refiere ninguna norma de car\u00e1cter sustancial que pudiera resultar vulnerada como consecuencia del error de derecho invocado por desatenci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, desconociendo el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem, conforme al cual, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
Ese defecto es suficiente para cerrar el paso a la impugnaci\u00f3n extraordinaria por virtud de esta causal, pues el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, faculta al recurrente para invocar la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u00bb, entre otros eventos por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb, evento en el cual, de modo indefectible, se debe enunciar tanto la norma de estirpe material aplicable a la definici\u00f3n del caso que result\u00f3 vulnerada, como aquella de naturaleza probatoria que al mismo tiempo fue desconocida. <\/p>\n
Al respecto, la Sala en AC6809-2017, reiterada, entre otras, en AC1471 de 2019, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) cuando se invoca la causal segunda, el interesado tiene la carga de se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n \u00abde derecho sustancial\u2026 que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deber\u00e1 se\u00f1alar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen v\u00ednculos jur\u00eddicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Tal ha sido la l\u00ednea jurisprudencial consolidada sobre la materia (\u2026), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como \u00f3rgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a trav\u00e9s de la unificaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n de los mandatos que son citados como sustento de la acusaci\u00f3n, sin convertirse en una nueva instancia a trav\u00e9s del reexamen del caso. <\/p>\n
3.4.- La \u00faltima censura resulta desenfocada y corresponde m\u00e1s a un alegato de instancia que a un reproche de iure, toda vez que el inconforme, alej\u00e1ndose de los motivos que expl\u00edcitamente precis\u00f3 el juzgador de segunda instancia para no incursionar en el an\u00e1lisis de cada uno de los medios de convicci\u00f3n allegados al plenario, le endilga falta de apreciaci\u00f3n de pruebas documentales doli\u00e9ndose de que, de lo contrario, habr\u00eda concluido la existencia de la agencia comercial de hecho. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en el fallo censurado, tras referir el texto del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que esa labor de valoraci\u00f3n \u00edntegra se tornaba inoficiosa en este asunto, por cuanto no estaban acreditados todos los elementos constitutivos del contrato de agencia comercial necesarios para la prosperidad de la acci\u00f3n, pues ante la ausencia de uno de ellos las pretensiones fracasan; a\u00f1adiendo que, como el a quo no hall\u00f3 acreditados los requisitos de obrar por cuenta ajena y contraprestaci\u00f3n al presunto agente, \u00abresultaba vano que desplegara un examen de la totalidad de las pruebas, situaci\u00f3n que igualmente adopta el Tribunal para resolver el recurso de apelaci\u00f3n en estudio\u00bb (Subraya intencional). <\/p>\n
Y, m\u00e1s adelante, acot\u00f3 que el obst\u00e1culo para la viabilidad de las pretensiones, no se superaba con las declaraciones de los testigos, ni con el resto de pruebas que reposan en el expediente, pues a \u00e9stos no podr\u00eda constarles el elemento intencional respecto a la forma como se ejecut\u00f3 el contrato, esto es, el factor volitivo que la misma parte demandante reconoci\u00f3 ejecutar en la actuaci\u00f3n -venta para reventa-, circunstancia que, en principio, no podr\u00eda remediarse con el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s elementos de juicio. <\/p>\n
En esa medida, resulta palmario que la decisi\u00f3n del sentenciador de no referirse de manera individual y pormenorizada a todos los elementos suasorios, lejos de constituir una omisi\u00f3n de ese deber legal, se erige como un actuar consiente y motivado, de manera que cualquier desacuerdo sobre el particular solo pod\u00eda expresarse atacando los motivos que lo llevaron a obrar de ese modo y no de manera general y dando cuenta de una visi\u00f3n particular de esas probanzas como se plantea en el cargo en estudio. <\/p>\n
Sobre la advertida deficiencia, en AC6897-2017, se memor\u00f3 que, \u00abEl recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u201d (AC, 29 oct. 2013, rad. n\u00b0 2008-00576-01). <\/p>\n
En lo concerniente a la s\u00faplica eventual de declarar el enriquecimiento sin justa causa, basta se\u00f1alar que el argumento medular del tribunal para denegarla ata\u00f1e al \u00abcar\u00e1cter subsidiario que reviste este tipo de acci\u00f3n\u00bb, dado que ese raciocinio no amerit\u00f3 ning\u00fan reproche de la opugnante, lo decidido a ese respecto permanece enhiesto. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, como los ataques no re\u00fanen satisfactoriamente los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, y toda vez que no se aprecian razones que justifiquen darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso al no advertirse que el fallo impugnado comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, de conformidad con el art\u00edculo 346 ib\u00eddem, la demanda se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 80-117 c. 1 digitalizado <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folios 149-195 c. 1 digitalizado <\/p>\n
3\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
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AC4718-2022 (2009-00647-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC4718-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 011 2009 00647 01 (Aprobado en Sala de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Maquinagro S.A., para sustentar el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}