AC4811-2022 (2018-00669-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4811-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-017-2018-00669-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n de Julio \u00c1ngel y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, dentro del proceso declarativo de Juliana Pineda L\u00f3pez y Julio Alexander Pineda Villa contra aquellos, Humberto Pineda Giraldo y los herederos indeterminados de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes pretendieron de manera principal la simulaci\u00f3n relativa de la compraventa de varios inmuebles plasmada en la escritura p\u00fablica 267 de 5 de diciembre de 1994 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn porque el fallecido Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo fue el verdadero comprador, en vez de Humberto Pineda Giraldo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pidieron declarar que el real comprador adquiri\u00f3 la propiedad de varios apartamentos distinguidos con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 001-574689, 001-574702, 001-574692, 001-575691, 001-574670, 001-574757, 001-574663 y 001-574690 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Medell\u00edn, cancelar su anotaci\u00f3n tercera y la correspondiente a la mencionada escritura p\u00fablica e inscribir, en su lugar, los bienes a nombre de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo. <\/p>\n
Narraron que Humberto Pineda Giraldo y Constructora Galaxia LTDA fingieron comprar y vender esos bienes mediante escritura p\u00fablica 267 de 5 de diciembre de 1994 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn, t\u00edtulo que fue inscrito. Sin embargo, el verdadero adquirente era Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, quien decidi\u00f3 no figurar como comprador por razones financieras, fiscales y tributarias, para lo cual cedi\u00f3 a su hermano Humberto (con aquiescencia y conocimiento de la promitente vendedora) la posici\u00f3n contractual en la promesa que hab\u00eda celebrado con Constructora Galaxia LTDA. <\/p>\n
Relataron que Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo le orden\u00f3 a Humberto Pineda Giraldo transferir los bienes al hijo del primero (Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo), lo cual se efectu\u00f3 sin contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por medio de instrumento n.\u00ba 137 de 7 de febrero de 2006 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn, con el verdadero prop\u00f3sito de encubrir una donaci\u00f3n viciada de nulidad absoluta por ausencia de insinuaci\u00f3n en lo que exceda 50 SMLMV, pues la enajenaci\u00f3n se hizo por $686.000.000. <\/p>\n
Contaron que Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo falleci\u00f3 el 27 de marzo de 2012 en la Rep\u00fablica de Guatemala, hecho que motiv\u00f3 a sus hijos Julio Alexander Pineda Villa y Juliana Pineda L\u00f3pez a tramitar la sucesi\u00f3n donde aspiran incluir esos bienes. <\/p>\n
2. Los demandados excepcionaron \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u2026\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, \u00abinexistencia de donaci\u00f3n y existencia de contrato oneroso\u00bb, \u00absolvencia econ\u00f3mica del demandado\u00bb, \u00abcarencia de prueba\u00bb y la defensa \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
3. El 15 de abril de 2021 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn neg\u00f3 las defensas de los convocados, declar\u00f3 la simulaci\u00f3n relativa de los contratos de compraventa documentados en las escrituras p\u00fablicas 267 de 5 de diciembre de 1994 y 137 de 7 de febrero de 2006 de la Notar\u00eda 27 de Medell\u00edn, orden\u00f3 comunicar su decisi\u00f3n a esa Notar\u00eda y a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos con el fin de cancelar las anotaciones de los folios de matr\u00edcula 001-574757 (anotaciones 3 y 11), 001-574689, 001-574702, 001-574692, 001-575691, 001-574663 y 001-574690 y 001-574670 (anotaciones 3 y 8), levant\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda y conden\u00f3 a los demandados a pagar costas y agencias en derecho. <\/p>\n
4. Al resolver la alzada de Julio \u00c1ngel y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo, el 14 de diciembre de 2021 el Tribunal reform\u00f3 el fallo apelado. Precis\u00f3 que \u00ablos inmuebles objeto de litigio, as\u00ed como su posesi\u00f3n, hacen parte de la masa sucesoral de\u2026 Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo\u00bb y que \u00e9sta le adeuda a Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo $686.000.000, suma que se actualizar\u00e1 con el IPC al consumidor desde el 7 de febrero de 2006 hasta el pago. Adem\u00e1s, revoc\u00f3 la condena en costas. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Descart\u00f3 incongruencia del fallo apelado. La parte resolutiva de su versi\u00f3n oral refiri\u00f3 la \u00abnulidad relativa\u00bb, pero en realidad el a quo declar\u00f3 la \u00absimulaci\u00f3n relativa del acto\u00bb. Esto obedeci\u00f3 a una equivocaci\u00f3n involuntaria e intrascendente de la primera instancia pues \u00abla sentencia es una sola y\u2026 la parte resolutiva es inescindible de la motiva\u2026, concluy\u00e9ndose que motivaci\u00f3n y decisi\u00f3n hacen un solo cuerpo\u00bb. Adem\u00e1s, \u00aben ning\u00fan momento se accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n segunda principal como erradamente lo sostiene el recurrente\u2026 y\u2026 por esa misma raz\u00f3n\u2026 en la aclaraci\u00f3n [de la sentencia del juzgado] se indic\u00f3 que no hubo donaci\u00f3n\u00bb, am\u00e9n de que \u00abel acta refleja la realidad de lo decidido\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Consider\u00f3 que la inoponibilidad se deriva del principio de relatividad de los contratos, en virtud del cual \u00absolo aprovechan o afectan a quienes hicieron parte de su celebraci\u00f3n\u00bb y algunos terceros que \u00abpueden ver comprometidos sus intereses, es decir, que le son oponibles\u00bb. <\/p>\n
La declaratoria de simulaci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico es inoponible a los terceros que, luego del fingimiento, adquirieron de buena fe el bien del falso propietario, a menos que hayan conocido el artificio al momento de celebrar el contrato. En ese caso \u00ablos efectos de la simulaci\u00f3n le son oponibles y no puede[n] valerse de la apariencia del primer acto; siendo esa una excepci\u00f3n al principio de relatividad de los contratos\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en medios suasorios como los interrogatorios de parte de los demandados, el testimonio de Pedro Posada Mar\u00edn, el registro civil de nacimiento de Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo o la declaraci\u00f3n extraprocesal de Ernst Friederich Bell Langguth, estableci\u00f3 que Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo sab\u00eda que su padre Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo era \u00abreal propietario de los bienes en disputa\u00bb y, para salvarlos, accedi\u00f3 no s\u00f3lo a pagar la deuda hipotecaria del \u00faltimo con Ernst Friederich Bell Langguth que formalmente \u00abaparec\u00eda a nombre de su t\u00edo Humberto por ser\u2026 quien figuraba en registro como propietario\u00bb, sino tambi\u00e9n otros pasivos exigidos por Humberto para firmar la escritura p\u00fablica de venta. <\/p>\n
En consecuencia, Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo es \u00abtercero adquirente de mala fe\u00bb y \u00abla declaratoria de simulaci\u00f3n\u00bb le es oponible por haber adquirido los predios a sabiendas de que el vendedor (su t\u00edo Humberto) no era el real due\u00f1o, sino su padre Julio; de ah\u00ed que haya suscrito la escritura 137 de 2006 \u00abpara favorecerse\u00bb y \u00abdesmedr[ar] los intereses de sus hermanos\u00bb. <\/p>\n
La compraventa celebrada mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 136 de 7 de febrero de 2006 decay\u00f3 por la declaratoria de simulaci\u00f3n relativa de \u00abla primigenia escritura 267 de 5 de diciembre de 1994\u00bb y, comoquiera que los inmuebles deben retornar a la \u00abmasa sucesoria de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, como ello se deriva de la conducta de\u2026 Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo de cara a salvar el patrimonio familiar, lo que este pag\u00f3 por el bien le debe ser reconocido y constituye una acreencia [a] su favor y a cargo de tal herencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, los bienes no retornan a la tradente Construcciones Galaxia LTDA, sino que la posesi\u00f3n y propiedad es de la sucesi\u00f3n del causante Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, aspecto que est\u00e1 \u00edntimamente relacionado con la decisi\u00f3n de primera instancia y, por tanto, pod\u00eda proveerse en la segunda. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene cinco cargos que ser\u00e1n inadmitidos por contravenir las exigencias m\u00ednimas. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Al amparo del inicial motivo de casaci\u00f3n tildaron el fallo de vulnerar de manera directa los art\u00edculos 6, 16, 1741, 1743 y 1766 del C\u00f3digo Civil (por aplicaci\u00f3n indebida), 822, 899 y 900 del C\u00f3digo de Comercio (por falta de aplicaci\u00f3n), 901 ibidem (por aplicaci\u00f3n indebida) y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (por falta de aplicaci\u00f3n). <\/p>\n
2. Luego de referir argumentos y de citar normas relacionadas con la presunci\u00f3n de validez de los negocios jur\u00eddicos, procedencia gen\u00e9rica de sanciones, clases de invalidez, falta de consagraci\u00f3n de la \u00abinoponibilidad como una sanci\u00f3n espec\u00edfica [de]l negocio jur\u00eddico civil\u00bb, imposibilidad de aplicarla con fundamento en la legislaci\u00f3n comercial, el concepto de principio de legalidad seg\u00fan el cual solo proceden \u00absanciones\u2026 expresamente contempladas en la ley\u00bb -y no por \u00abanalog\u00eda[,] extensi\u00f3n o de oficio\u00bb-, sustentaron que los negocios jur\u00eddicos civiles s\u00f3lo deben ser juzgados de acuerdo con el \u00ababanico de sanciones\u00bb del C\u00f3digo Civil, donde \u00abse puede hablar de oponibilidad e inoponibilidad en t\u00e9rminos gramaticales\u2026 pero de ninguna manera\u2026 como una sanci\u00f3n al negocio jur\u00eddico civil, para suprimirle los efectos, pues ello implicar\u00eda un claro quebranto del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n y de los art\u00edculos 6 y 1741 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
3. Sostuvieron que el Tribunal \u00abdeclar[\u00f3] la oponibilidad que no hab\u00eda sido reclamada por la parte demandante, que impetr\u00f3 \u00fanicamente la nulidad relativa del acto de donaci\u00f3n en lo que superaba los 50 SMLMV\u00bb, lo cual los sorprendi\u00f3 porque \u00abno se pidi\u00f3 y\u2026 no es procedente de acuerdo con nuestro sistema jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Con fundamento en la segunda causal del mecanismo extraordinario, imputaron desconocimiento indirecto de los art\u00edculos 1602, 1603, 1604 y 1849 del C\u00f3digo Civil, 835, 863, 871, 905 y 920 del C\u00f3digo de Comercio y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (por falta de aplicaci\u00f3n), y 1766 del C\u00f3digo Civil (por uso indebido), a ra\u00edz de yerros f\u00e1cticos consistentes en que el Tribunal \u00absup[uso] unas pruebas y apreci[\u00f3] equivocadamente otras\u00bb. <\/p>\n
2. Se\u00f1alaron que la suposici\u00f3n probatoria se present\u00f3 sobre los siguientes hechos: <\/p>\n
(I) Mala fe de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo. Transcribieron las declaraciones de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo y Pedro Posada con el fin de sustentar que el \u00abreal y verdadero alcance de\u00bb esos medios de convicci\u00f3n no demostraban conocimiento de los negocios de su padre y su t\u00edo, como estim\u00f3 el Tribunal; <\/p>\n
(II) Posesi\u00f3n de la sucesi\u00f3n. Refirieron la escritura p\u00fablica de 2006 para argumentar que la masa de bienes jam\u00e1s ha pose\u00eddo los apartamentos objeto del litigio, pues el poseedor inicial era Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo y -luego de su fallecimiento- su familia, esposa e hijos; adem\u00e1s, Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo \u00abposee desde\u2026 2006\u00bb; <\/p>\n
(III) Suposici\u00f3n de la simulaci\u00f3n de la compraventa donde adquiri\u00f3 Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo. Trasuntaron el ac\u00e1pite respectivo de la sentencia para sostener que, sin pruebas para hacerlo, el Tribunal conjetur\u00f3 mala fe del adquirente porque conoc\u00eda el acuerdo oculto de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 267 de 1994. <\/p>\n
3. Precisaron que las siguientes pruebas fueron apreciadas de manera indebida: <\/p>\n
(I) Interrogatorio de Humberto Pineda Giraldo; no fue sopesado en su integridad, result\u00f3 cercenado, segmentado, dejando de apreciar aspectos fundamentales como la intenci\u00f3n real del causante; <\/p>\n
(II) Interrogatorio de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo; permite arribar a \u00abconclusiones muy diferentes a las que se llegaron con la sentencia\u00bb pues se desprende conocimiento del negocio entre la constructora y Humberto, la intenci\u00f3n de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo de salvar el patrimonio familiar, pagar deudas de su padre y no convertirse en due\u00f1o; <\/p>\n
(III) Testimonio de Pedro Posada Mar\u00edn; no se desprende que Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo haya conocido el negocio plasmado en la escritura p\u00fablica 267 de 1994; <\/p>\n
(IV) Interrogatorio de Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo; no se colige mala fe porque, adem\u00e1s de que ten\u00eda un a\u00f1o de edad cuando se suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica 267 de 1994, de la creencia que los bienes eran de su padre no se desprende que supiera la simulaci\u00f3n; y <\/p>\n
(V) Escritura p\u00fablica n.\u00ba 137 de 7 de febrero de 2006; probaba los requisitos de la venta y su cumplimiento, as\u00ed como la presunci\u00f3n de validez del negocio. <\/p>\n
4. Indicaron que, de no haberse incurrido en equivocaciones f\u00e1cticas, la decisi\u00f3n les hubiera resultado favorable. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Amparados en la causal segunda, denunciaron la violaci\u00f3n mediata de los art\u00edculos 1602, 1603, 1604 y 1849 del C\u00f3digo Civil, 835, 863 y 871 del C\u00f3digo de Comercio y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (por falta de aplicaci\u00f3n), y 1766 del C\u00f3digo Civil (por uso indebido), por falta de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas que exige el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso; de no haberse cometido ese error de derecho, indicaron que se hubiera probado la buena fe de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo al suscribir la escritura p\u00fablica n.\u00ba 137 de 7 de febrero de 2006 as\u00ed como la inoponibilidad de la simulaci\u00f3n del instrumento n.\u00ba 267 de 5 de diciembre de 1994. <\/p>\n
2. Identificaron como \u00abprueba[s] no valorada[s]\u00bb los interrogatorios de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo y Humberto Pineda Giraldo, el testimonio de Pedro Posada Mar\u00edn y la escritura n.\u00ba 137 de 7 de febrero de 2006 que, de haberse tenido en cuenta, hubieran persuadido al Tribunal de reputar \u00absimula[do el] contrato de compraventa donde adqui[ri\u00f3]\u2026 Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo\u00bb y \u00abla posesi\u00f3n de los inmuebles a nombre de la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
1. Bajo la causal tercera del recurso, acusaron la sentencia de incongruente por \u00abaparta[rse] de la pretensi\u00f3n segunda, tanto la principal como las consecuenciales\u2026 y de los reparos contenidos en la apelaci\u00f3n\u2026 en contra de la sentencia de primera instancia, configur\u00e1ndose\u2026 un fallo extra petita\u00bb. <\/p>\n
2. Sostuvieron que el Tribunal cambi\u00f3 los pedimentos para reconocer no s\u00f3lo la oponibilidad que no fue pretendida, sino tambi\u00e9n la posesi\u00f3n de los bienes a favor de la sucesi\u00f3n de Julio Roberto Pineda Giraldo, aspectos que no fueron deprecados ni mencionados en el libelo y, por tanto, estaban excluidos del debate. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal quinta, acusaron que el proceso estaba viciado de nulidad porque el Tribunal sobrepas\u00f3 \u00ablos l\u00edmites a la competencia\u2026 como juez de segunda instancia\u00bb previstos en los preceptos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los reparos y la sustentaci\u00f3n de la alzada no versaron sobre \u00abla oponibilidad del negocio de compraventa celebrado en la escritura p\u00fablica 267 de 1994 frente aquel plasmado en la escritura p\u00fablica 137 de 2006\u00bb, ni la posesi\u00f3n de los fundos a favor de la sucesi\u00f3n de Julio Roberto Pineda Giraldo, temas sobre los que \u00abla sentencia se torna creativa\u00bb y \u00abse rebela contra los l\u00edmites a su competencia\u00bb, todo lo cual \u00abvicia la actuaci\u00f3n procesal, la torna espuria y transgrede el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Argumentaron que la invalidez procesal es la v\u00eda propicia para denunciar el desconocimiento de los l\u00edmites de la competencia del fallador de la apelaci\u00f3n, por cobijar \u00abnulidades, incluyendo las que tienen asiento en la Constituci\u00f3n Nacional, conocidas como nulidades constitucionales, con fundamento en el art\u00edculo 29 de la Carta\u2026 y en el\u2026 4\u00bb, pues resultar\u00eda \u00ab[i]l\u00f3gico, que una usurpaci\u00f3n de la competencia del Tribunal\u2026 quedase por fuera del control del recurso de casaci\u00f3n, aduciendo, que la causal no encuadra en las causales de nulidad que establece el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, razonamiento que convertir\u00eda a la acci\u00f3n de tutela en instrumento principal y relegar\u00eda la casaci\u00f3n a un segundo plano, a pesar de que este \u00faltimo ostenta la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica de proteger disposiciones legales y constitucionales desconocidas por el Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El epicentro del primer cuestionamiento sustenta que el Tribunal lesion\u00f3 de manera recta las disposiciones citadas por haber sancionado a Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo con la oponibilidad del reconocimiento de la simulaci\u00f3n relativa de la venta celebrada en 1994 donde el real adquirente fue su padre (y no su t\u00edo Humberto), en raz\u00f3n a que el primero actu\u00f3 de mala fe y a sabiendas del fingimiento cuando Humberto le enajen\u00f3 los inmuebles en 2006, lo que -desde ese punto de vista- signific\u00f3 aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica, extensiva, oficiosa e improcedente de una pena prevista en las normas comerciales, pero no en las civiles que regulaban la convenci\u00f3n. <\/p>\n
Tal forma de combatir la sentencia de segundo grado incumple el requisito previsto en el # 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso por incompleta e inadmisible. <\/p>\n
Para que resultara viable admitir el primer cargo era necesario que -adem\u00e1s de ser claro y preciso- tambi\u00e9n resultara completo, es decir, integrado por todos los razonamientos jur\u00eddicos indispensables para derribar por completo las consideraciones de la sentencia impugnada. No obstante, esa exigencia est\u00e1 ausente porque los recurrentes partieron de la base que la oponibilidad de la simulaci\u00f3n del negocio de 1994 era un castigo, sin demostrar que, en realidad, esa decisi\u00f3n era una pena. <\/p>\n
Basta revisar la sustentaci\u00f3n del embate para advertir que est\u00e1 hu\u00e9rfano de al menos una consideraci\u00f3n orientada a mostrar que la decisi\u00f3n del Tribunal en punto a la oponibilidad fue una sanci\u00f3n, lo cual era necesario para que el cargo pudiera admitirse. <\/p>\n
De la decisi\u00f3n de segundo grado tampoco se deriva que la oponibilidad de la declaratoria de fingimiento de la venta celebrada en 1996 frente a Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo fuera una sanci\u00f3n, sino una consecuencia de la decisi\u00f3n judicial que la reconoci\u00f3. El Tribunal argument\u00f3 desde la p\u00e1gina 30 de su sentencia que la oponibilidad de los actos jur\u00eddicos se deriva del principio de relatividad de los contratos y que s\u00f3lo \u00abaprovechan o afectan a quienes hicieron parte\u00bb de \u00e9l, as\u00ed como a los \u00abterceros que\u2026 dejan de ser extra\u00f1os, porque pueden ver afectados sus intereses\u00bb, para lo cual trajo a colaci\u00f3n el precepto 1766 del C\u00f3digo Civil y decisiones de esta Sala como las sentencias CSJ SC3644, rad. 2015-00638, 25 ag. 2021, as\u00ed como CSJ SC 16669, rad. 2005-00668, 18 nov. 2016 con el objetivo de concluir que \u00aben principio la simulaci\u00f3n declarada respecto de un negocio jur\u00eddico no le es oponible a los terceros que con posterioridad al acto simulado adquirieron el bien del fingido propietario\u00bb, a menos que hubieran sabido del \u00abpacto privado de los anteriores contratantes, no necesariamente para el momento del negocio fingido, sino que tal conocimiento exist\u00eda para cuando celebr\u00f3 su propio contrato\u00bb caso en que \u00ablos efectos de la simulaci\u00f3n le son oponibles, y no puede valerse de la apariencia del primer acto\u00bb. <\/p>\n
Con base en ese marco argumentativo, el ad quem examin\u00f3 las declaraciones de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, su t\u00edo Humberto Pineda Giraldo, el testigo Pedro Posada Mar\u00edn, los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles involucrados, el registro civil de nacimiento del primero y sus declaraciones de renta para concluir que Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo \u00abera consciente y sabedor de que el real propietario de los inmuebles en disputa, era su padre Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo\u00bb, lo cual lo convierte \u00aben tercero adquirente de mala fe, frente al cual surte efectos [-l\u00e9ase, le es oponible-] la declaratoria de simulaci\u00f3n de\u00bb la compraventa contenida en la escritura 267 de 5 de diciembre de 1994. <\/p>\n
Tal forma de razonar del Tribunal no equivale a justificar una sanci\u00f3n, con lo que se mantiene inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que protege los fallos de \u00faltima instancia. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, los argumentos relacionados con la sorpresa que, seg\u00fan los demandados, les caus\u00f3 la oponibilidad de la simulaci\u00f3n declarada por el Tribunal, resultan inadecuados para erigir el desconocimiento directo de normas sustanciales porque, de haberse presentado alguna falencia al respecto, ser\u00edan propios de un error procedimental, en vez de desconocimiento de normas sustanciales que fue la v\u00eda escogida en el primer cargo. <\/p>\n
En tal orden de ideas, comoquiera que el embate inicial parti\u00f3 de la base que la inoponibilidad de la simulaci\u00f3n supuestamente signific\u00f3 imponer una sanci\u00f3n (sin demostrar ese presupuesto necesario) resulta incompleto y, por tanto, inadmisible. <\/p>\n
2. El segundo embiste pretendi\u00f3 arg\u00fcir el desconocimiento mediato de disposiciones sustanciales por supuestos errores de hecho. Sin embargo, el cuestionamiento result\u00f3 incompleto porque no sustent\u00f3 la existencia de yerros f\u00e1cticos respecto de todas las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para decidir la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el embate pas\u00f3 por alto completamente la declaraci\u00f3n extraprocesal de Ernst Friederich Bell Langguth (referido tambi\u00e9n en la sentencia como Ernesto Bell), que fue tenida en cuenta para probar hechos relevantes de la controversia como, por ejemplo, la existencia del mutuo garantizado con hipoteca celebrado por Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, el juicio ejecutivo contra su hermano Humberto, las medidas cautelares decretadas a su favor, la autorizaci\u00f3n de registrar la escritura de venta n.\u00ba 137 de 2006, la asunci\u00f3n de deuda por Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, entre otros, sobre los que guardaron silencio los recurrentes extraordinarios. Sabido y pac\u00edfico resulta que el error de hecho solamente es admisible cuando denote supresi\u00f3n o adici\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, para lo cual resulta indispensable contrastar la valoraci\u00f3n de todas las pruebas realizada en la sentencia con aquello que se desprende de ellas, ejercicio necesario que, sin embargo, fue omitido en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se incumpli\u00f3 el requisito previsto en la parte final del literal a del # 2\u00ba del precepto 344 ibidem, consistente en demostrar el error atribuido al Tribunal, pues, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n, los recurrentes transcribieron apartes de algunos medios de convicci\u00f3n con el fin de sostener que de ellos no se derivaban las conclusiones extra\u00eddas por el Tribunal, sino otras, sin demostrar que, en realidad, los medios de convicci\u00f3n fueron suprimidos o adicionados en su contenido objetivo que es, en \u00faltimas, en lo que consiste el yerro f\u00e1ctico. <\/p>\n
Sirva de ejemplo de la falta de demostraci\u00f3n del yerro de hecho la alusi\u00f3n a que Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo \u00abten\u00eda un a\u00f1o de edad cuando ocurri\u00f3 la \u2026 escritura p\u00fablica 267 de 1994\u00bb lo que, a juicio de los recurrentes, descarta mala fe y conocimiento de la simulaci\u00f3n. Ese planteamiento, adem\u00e1s de no demostrar cercenamiento o adici\u00f3n probatoria, deja de demostrar el error por resultar desenfocado, en raz\u00f3n a que el Tribunal no estableci\u00f3 la conciencia del fingimiento de la venta de 1994 al momento de su celebraci\u00f3n, sino en un instante posterior, como se refiri\u00f3 al sustentar la inadmisi\u00f3n del embate inicial <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por desatender los mencionados requisitos legales debe inadmitirse el cargo segundo. <\/p>\n
3. El tercer embiste fue encausado por la infracci\u00f3n inmediata de disposiciones judiciales causada por supuesto error de derecho consistente en la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas. <\/p>\n
Este planteamiento resulta inadmisible porque no se demostr\u00f3 el yerro, pues los casacionistas se limitaron a transcribir y referir de manera individual el contenido de algunas pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para se\u00f1alar que, de haberse valorado de manera aunada y seg\u00fan su perspectiva, la decisi\u00f3n hubiera sido favorable. Sin embargo, para demostrar ese defecto jur\u00eddico probatorio era indispensable sustentar qu\u00e9 se derivaba de la mirada conjunta de los medios de convicci\u00f3n, en oposici\u00f3n a su examen aislado o individual, ejercicio que no fue realizado al sustentar el cargo, lo cual impone repelerla. <\/p>\n
En efecto, la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario refiri\u00f3 las declaraciones de Julio \u00c1ngel Pineda Ocampo, Pedro Posada Mar\u00edn, Humberto Pineda Giraldo y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo, enfatizando en el contenido individual de cada una de ellas para sustentar que, desde la perspectiva de los impugnantes, deb\u00edan valorarse de manera diversa a como fueron sopesadas por el Tribunal. Tal forma de discrepar est\u00e1 lejos de mostrar que las probanzas no fueron apreciadas en conjunto, lo que se traduce en que el cuestionamiento resulta inadmisible por haberse dejado de probar el error de derecho. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que los recurrentes sustentaron un verdadero defecto de derecho (a pesar de que no lo hicieron), de todas maneras el cuestionamiento resulta incompleto y, por tanto, inadmisible por una raz\u00f3n adicional, pues omiti\u00f3 referir la declaraci\u00f3n de Ernst Friederich Bell Langguth (referido tambi\u00e9n en la sentencia como Ernesto Bell), que sirvi\u00f3 como base suasoria expresa para fallar. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, por las deficiencias se\u00f1aladas, resulta inadmisible el referido embate. <\/p>\n
4. En el cuarto cuestionamiento se reproch\u00f3 la congruencia de las decisiones en punto a la oponibilidad de la simulaci\u00f3n de la venta celebrada en 1994 y la posesi\u00f3n de los bienes a favor de la sucesi\u00f3n de Julio Roberto Pineda Giraldo, por rebasar la segunda pretensi\u00f3n principal y los reparos de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, este cargo resulta inadmisible porque omiti\u00f3 demostrar la inconsonancia del fallo haciendo el debido contraste entre los pedimentos o la sustentaci\u00f3n de la alzada (seg\u00fan corresponda) y la parte resolutiva de la decisi\u00f3n, metodolog\u00eda necesaria para sustentar ese yerro in procedendo. <\/p>\n
De todas maneras, si se hiciera a un lado ese defecto en la sustentaci\u00f3n del cargo, el mismo resulta inadmisible porque del contenido del fallo se observa congruencia. En efecto, la sentencia del Tribunal se\u00f1ala expresamente -al pronunciarse sobre la oponibilidad y los efectos de la simulaci\u00f3n declarada frente a la venta de 1994- que se estaban resolviendo \u00ab\u2026los reparos contenidos en los puntos \u201cA\u201d, \u201cB\u201d, \u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cG\u201d de la impugnaci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 37), conclusi\u00f3n que reiter\u00f3 m\u00e1s adelante al \u00abdespacha[r] desfavorablemente el reparo anunciado como \u201cH\u201d\u00bb (p\u00e1g. 44). Esto denota que la sentencia impugnada fue presentando, uno a uno, el reparo sobre el que se iba pronunciando, lo que descarta la inconsonancia de la decisi\u00f3n de la alzada por acompasarse con la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al justificar que la posesi\u00f3n y los bienes quedaban en cabeza de la sucesi\u00f3n de Julio Rub\u00e9n Pineda Giraldo, se trataba de una precisi\u00f3n \u00ab\u00edntimamente relacionad[a] con la soluci\u00f3n del conflicto ciudadano en estudio de la jurisdicci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 48), el Tribunal emple\u00f3 una consideraci\u00f3n que no fue censurada ni combatida en la demanda de casaci\u00f3n, aspecto insoslayable que permite mantener intacta la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que resguarda la sentencia de \u00faltima instancia. <\/p>\n
Lo anterior es relevante porque la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n no se esforz\u00f3 en demostrar desconocimiento de los l\u00edmites de la competencia del Tribunal al resolver la apelaci\u00f3n ni incongruencia, pues no apunt\u00f3 argumento alguno orientado a comparar la sentencia de segundo grado con los argumentos de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Finalmente, en el cargo quinto se invoc\u00f3 la invalidez procesal por supuesto desconocimiento de los l\u00edmites de la competencia del Tribunal del fallador de segunda instancia. Sin embargo, el embate es inadmisible por haberse omitido indicar y demostrar la causal de nulidad que se estructur\u00f3. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que, seg\u00fan el principio de taxatividad, s\u00f3lo invalidan el tr\u00e1mite aquellos vicios tildados expresamente por el legislador como nulidades. Por esa raz\u00f3n, el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso exige a la parte \u00abexpresar la causal invocada\u00bb y, adem\u00e1s, impone a los falladores rechazar \u00abla solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas\u00bb en ley. <\/p>\n
Los recurrentes extraordinarios se desconocieron esa exigencia porque, en primer lugar, se limitaron a referir que en el asunto de la radicaci\u00f3n se configuraron \u00abnulidades constitucionales, con fundamento en el art\u00edculo 29 de la Carta\u2026 y en el art\u00edculo 4\u00bb por \u00abusurpaci\u00f3n de competencia\u00bb para resolver la alzada, sin encuadrar el defecto en alguno de los motivos de invalidaci\u00f3n previstos de manera expresa por la ley, ni mucho menos desarrollar esa alegaci\u00f3n inacabada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el cargo de nulidad no se dirigi\u00f3 a mostrar cu\u00e1l fue la causal que en el caso concreto se present\u00f3, ni en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto espec\u00edfico invocado, resulta imperativo inadmitirlo. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n llegara a pensarse que el yerro referido someramente por los recurrentes da pie a \u00abnulidades constitucionales\u00bb (aspecto que no se presenta en el sub-lite ni mucho menos fue desarrollado), de todas maneras, debe inadmitirse el cuestionamiento porque los impugnantes s\u00f3lo mencionaron que el Tribunal sobrepas\u00f3 los l\u00edmites de su competencia fijados en la sustentaci\u00f3n de la alzada, sin demostrar que ello sucedi\u00f3, como era indispensable. En efecto, para probar que ese defecto de procedimiento, en realidad, se present\u00f3, resultaba necesario demostrar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n imped\u00eda que los \u00e1rbitros se pronunciaron sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n, ejercicio argumentativo que no se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, ninguna referencia se hizo sobre la consideraci\u00f3n del fallo en punto a que se decid\u00edan \u00absobre los reparos contenidos en los puntos \u201cA\u201d, \u201cB\u201d, \u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cG\u201d de la impugnaci\u00f3n\u00bb (p\u00e1g. 37), y se \u00abdespacha[ba] desfavorablemente el reparo anunciado como \u201cH\u201d\u00bb (p\u00e1g. 44), lo cual era necesario, sobre todo cuando la decisi\u00f3n impugnada se presume acertada y legal, deducci\u00f3n que debe ser desvirtuada por los recurrentes, lo cual no se realiz\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por Julio \u00c1ngel y Julio Rub\u00e9n Pineda Ocampo en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4811-2022 (2018-00669-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC4811-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-017-2018-00669-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022). Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n de Julio \u00c1ngel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68316","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68316\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}