AC4947-2022 (2010-00158-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05664-31-89-001-2010-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez1; Luis Carlos Hoyos Gaviria y Mauricio Zuluaga Ruiz2 para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 14 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Antioquia, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez demand\u00f3 a Luis Carlos Hoyos Gaviria y Mauricio Zuluaga Ruiz, para que se les ordenara restituirle el bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 01N-5056493 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn y, como consecuencia de ello, se les condenara a pagar los frutos naturales o civiles causados o que aquella hubiere podido percibir desde que \u00e9stos iniciaron a poseerlo, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abel reconocimiento del precio del costo de las reparaciones que hubiere sufrido el demandante por culpa del poseedor y el valor de los bienes muebles y enseres o inmuebles por adherencia que en el transcurso del proceso se demuestre que all\u00ed se encontraban al momento de entrar en posesi\u00f3n los demandados\u00bb, [archivo digital 01 C01Principal, folios 1 a 13]. <\/p>\n
2. Como resguardo de sus pedimentos indic\u00f3, que es propietaria del referido predio, el cual adquiri\u00f3 por compra que le hizo a Jaime Alejandro Tangarife Maya, mediante escritura p\u00fablica No. 1955 del 15 de abril de 2009 protocolizada en la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn. <\/p>\n
3. Se\u00f1al\u00f3 que los convocados la est\u00e1n privando de la posesi\u00f3n, acto que se materializ\u00f3 con la querella civil de polic\u00eda No. 004 que radicaron en su contra ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y Tr\u00e1nsito de San Pedro de los Milagros (Antioquia). Asegur\u00f3 que el titular de dominio que la antecedi\u00f3 \u00abde manera continua, quieta, pac\u00edfica, legalmente ostentaba la posesi\u00f3n material de dicho predio de varios a\u00f1os atr\u00e1s, disfrut\u00e1ndolo en compa\u00f1\u00eda de su familia\u00bb [ib.]. <\/p>\n
4. Tras subsanarse la postulaci\u00f3n inicial, fue admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros \u2013 Antioquia, el 17 de agosto de 2010. [archivo digital 04, C01Principal]. <\/p>\n
5. En la oposici\u00f3n, los llamados a juicio resaltaron que \u00abla adquisici\u00f3n que hizo la se\u00f1ora demandante del predio del cual pretende la reivindicaci\u00f3n, lo hizo sobre una base licita, pues el predio aparentemente lo adquiri\u00f3 de parte de su sobrino JAIME ALEJANDRO TANGARIFE MAYA, a sabiendas de que este hab\u00eda enajenado el mismo predio en favor del se\u00f1or JAVIER MONTA\u00d1A CUELLAR, mediante escritura n\u00famero 1815 de Noviembre 30 de 2004, de la Notar\u00eda Tercera de Envigado, ocurriendo que, cuando se realiz\u00f3 dicha enajenaci\u00f3n no se pudo someter a registro en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos, por encontrarse embargado por cuenta del juzgado Cuarto Civil del Circuito, dentro del proceso hipotecario instaurado por CONAVI, AHORA BANCOLOMBIA, y en contra del se\u00f1or CARLOS FRANCISCO MONTA\u00d1A CUELLAR, pero desde aquella fecha, el se\u00f1or Javier Monta\u00f1a Cuellar entro en posesi\u00f3n del mismo predio\u00bb. <\/p>\n
5.1. Informaron que, con fundamento en el actuar de la gestora de la acci\u00f3n, presentaron denuncia en contra de aquella y de su sobrino Jaime Tangarife por el delito de estafa, asunto que cursa en la Fiscal\u00eda 44 Seccional de Medell\u00edn bajo el No. 050016000206201002785. Como apoyo de su defensa plantearon la excepci\u00f3n de: \u00abMALA FE DE LA DEMANDANTE\u00bb, [archivo digital 12, C01Princial, folios 1 a 10]. <\/p>\n
5.2.1. Precisaron que, aunque dichos instrumentos no fueron registrados a causa del embargo que pesaba sobre la propiedad, s\u00ed ejercieron la posesi\u00f3n material \u00abdesde la (sic) respectivas fechas de negociaci\u00f3n conforme aparece en las escrituras se\u00f1aladas\u00bb, valga decir, \u00abposesi\u00f3n. ejercida, tanto por el se\u00f1or ROBERTO JAVIER MONTA\u00d1\u00c1 CUELLAR desde el d\u00eda 30 de Noviembre de 2004, as\u00ed como la ejercida por LIS (sic) CARLOS HOYOS GAVIRIA Y MAURICIO ZULUAG (sic) RUIZ, han sido fundada en t\u00edtulo justo y buena fe, que conlleva a que sea UNA POSESION ORDINARIA, conforme los postulados del C\u00f3digo Civil, articulo 2529, y que se ha ejercido por espacio de m\u00e1s de seis a\u00f1os, por sumatoria de ambas posesiones, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2521 del c\u00f3digo Civil\u00bb, [archivo digital 01, C02Reconvenci\u00f3n, folios 1 a 8]. <\/p>\n
6. El libelo de mutua petici\u00f3n se admiti\u00f3 el 26 de junio de 2012 [archivo digital 10, ib.] frente al cual se opuso la promotora principal, aduciendo que los enjuiciados iniciaron a desplegar actos posesorios s\u00f3lo hasta el 22 de junio de 2010 \u00abpues esta fue la fecha en que la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y Tr\u00e1nsito de San Pedro de Los Milagros les entreg\u00f3 la posesi\u00f3n material del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostuvo que ni la escritura No. 572 de 2006 y la que ense\u00f1a la aparente venta hecha por Jaime Tangarife a Roberto Monta\u00f1a, tienen validez jur\u00eddica, en la medida en que tuvieron por objeto un bien que, para el momento de la estructuraci\u00f3n de dichos actos, se encontraba sujeto a una medida cautelar. Como medios exceptivos invocaron las tituladas: \u00abIMPROCEDENCIA DE LA ACUMULACI\u00d3N DE POSESIONES\u00bb; \u00abINEXISTENCIA DE JUSTO T\u00cdTULO\u00bb; \u00abINEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ACCI\u00d3N DE PRESCRIPCI\u00d3N\u00bb, [archivo digital 12, C02Reconvenci\u00f3n, folios 1 a 23]. <\/p>\n
7. Finaliz\u00f3 la primera instancia con fallo emitido en audiencia de 6 de julio de 2021, en el que se declar\u00f3 la prosperidad de las pretensiones reivindicatoria, se desestim\u00f3 la excepci\u00f3n planteada por los llamados a juicio conden\u00e1ndolos a restituir a la gestora el bien, pagar la suma de $44.733.900 por concepto de frutos civiles y\/o naturales y las costas del proceso. Consecuencialmente, neg\u00f3 \u201clas pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n \u2014 prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva del dominio, planteada por los demandados en contra .de la demandante principal\u201d. [archivo digital 58, C01Principal]. <\/p>\n
8. Apelada esta decisi\u00f3n por los extremos procesales, el Tribunal Superior de Antioquia, mediante veredicto de 14 de junio de 2022, revoc\u00f3 parcialmente el del primer grado, puntualmente \u00ablos numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva (\u2026)\u00bb y, en su lugar, desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda reivindicatoria; asimismo confirm\u00f3 la negativa de la pertenencia [archivo digital 0011, C. Segunda Instancia]. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1. El ad quem tras la rese\u00f1a previa de los antecedentes del caso, fij\u00f3 como problema jur\u00eddico \u201c(i) En cuanto a la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, se deber\u00e1 determinar si se acredit\u00f3 por los actores reconvinientes la existencia efectiva de un justo t\u00edtulo, que les permita adquirir el bien perseguido por el modo de la prescripci\u00f3n ordinaria, tal y como fue deprecado desde el libelo genitor, y posteriormente, si se ejerci\u00f3 por dicho extremo litigioso la posesi\u00f3n material con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o respecto del inmueble cuya usucapi\u00f3n se pretende por el tiempo exigido por la ley, teniendo presente que los suplicantes pretenden sumar a la posesi\u00f3n por ellos ejercida, la de su antecesor\u201d. Dej\u00f3 condicionado as\u00ed la revisi\u00f3n de la pretensi\u00f3n reivindicatoria a la soluci\u00f3n que obtuviera de los mentados interrogantes. <\/p>\n
En su desarrollo estim\u00f3 indispensable examinar la existencia o no de justo t\u00edtulo que permita a los reconvinientes beneficiarse de la prescripci\u00f3n ordinaria, frente a lo cual refiri\u00f3 la existencia del embargo hipotecario que afectaba la heredad desde el 27 de febrero de 2004, \u00absituaci\u00f3n que conforme a este tipo de medidas cautelares, sustrajo el bien del comercio y las posibles enajenaciones posteriores que al ser realizadas en vigencia de la medida, estar\u00edan viciadas por objeto il\u00edcito, como expresamente lo ense\u00f1a el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil\u00bb; en ese orden, las ventas que se instrumentaron en las \u00abescrituras p\u00fablicas 1815 del 30 de noviembre de 2004 y 572 del 21 de abril de 2006, ambas de la Notar\u00eda Tercera de Envigado (Antioquia), donde, en la primera de ellas, el se\u00f1or Jaime Alejandro Tangarife Maya (titular del derecho de dominio) enajen\u00f3 el inmueble en favor de Roberto Javier Monta\u00f1a Cuellar (fls. 7 y 8 C-2); mientras que, en el segundo acto escriturario, este \u00faltimo ciudadano, le vendi\u00f3 id\u00e9ntico bien, al se\u00f1or Luis Carlos Hoyos Gaviria, codemandado en la demanda principal\u00bb recayeron en objeto il\u00edcito y, consecuentemente los mentados t\u00edtulos \u00abexhibidos por los se\u00f1ores Hoyos Gaviria y Zuluaga Ruiz carecen de la legitimidad (o justeza) necesaria para ubicarlos en la \u00f3rbita de la prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva de dominio, como lo han pretendido tales reconvinientes\u00bb, concluyendo que no era dable a estos acudir a la prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Descartada esa posibilidad se ocup\u00f3 del reclamo referido a la posibilidad de sumar su posesi\u00f3n a la de sus antecesores, consider\u00f3 inane dicho ejercicio, \u00abdebido a que como ya se precis\u00f3, de tenerse por cierta tal posibilidad, en todo caso la pretensi\u00f3n de pertenencia est\u00e1 llamada a su fracaso, por ser un tiempo insuficiente en el escenario de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio\u00bb, porque \u00abla posesi\u00f3n del se\u00f1or Roberto Javier Monta\u00f1a Cuellar a la por ellos ejercida [quien] inici\u00f3 a poseer, de ser as\u00ed, el d\u00eda 30 de noviembre de 2004 (\u2026) no se supera el t\u00e9rmino prescriptivo necesario para usucapir [pues] desde la calenda alegada (30-11-2004) hasta la presentaci\u00f3n de la demanda principal, 28 de julio de 2010, transcurrieron \u00fanicamente 5 a\u00f1os, 7 meses y 27 d\u00edas, t\u00e9rmino insuficiente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. En la tarea de validar la concurrencia de los supuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria resalt\u00f3 que, el dominio que debe ense\u00f1ar la precursora tiene que derivar de un t\u00edtulo v\u00e1lido, justo y anterior a la posesi\u00f3n de los demandados \u00abya porque los supere por s\u00ed mismo, bien porque esa superaci\u00f3n se consiga mediante la adici\u00f3n a tal t\u00edtulo, de los t\u00edtulos de una cadena ininterrumpida de antecesores en el dominio, agregaci\u00f3n que el accionante debe invocar desde la demanda misma\u00bb pues, \u00abla adici\u00f3n mencionada no opera por decisi\u00f3n oficiosa del Juzgador, ni emerge como situaci\u00f3n que se concrete ope legis\u00bb. <\/p>\n
5. En ese orden, concluy\u00f3 que \u00absi bien la se\u00f1ora Maya Pel\u00e1ez, precis\u00f3 en el hecho quinto de su demanda que adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n material del predio el 15 de abril de 2009 de manos del propietario (\u2026) de lo evidenciado con el acervo probatorio arrimado al plenario se otea que tal situaci\u00f3n no aconteci\u00f3 f\u00e1cticamente, pues realmente lo que ocurri\u00f3 es que en tal fecha se llev\u00f3 a cabo la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 1955 que es de la misma calenda, sin que sea verdad que la suplicante en reivindicaci\u00f3n haya recibido la posesi\u00f3n de su vendedor, pues ello no pudo haber sido as\u00ed atendiendo a que el mencionado propietario, ya se hab\u00eda desprendido de la posesi\u00f3n en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, en favor del se\u00f1or Roberto Javier Monta\u00f1a Cuellar (\u2026) raz\u00f3n que imposibilita a la actora en reivindicaci\u00f3n, aunar a su t\u00edtulo, el de su predecesor a fin de lograr la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, quedando as\u00ed suficientemente ilustrado que la posesi\u00f3n de los opositores fue muy anterior al t\u00edtulo de quien pretende reivindicar, lo que de suyo impone la desestimaci\u00f3n de las pretensiones en este sentido, pues no se logra desvirtuar la presunci\u00f3n que cobija a los poseedores demandados\u00bb, [archivo digital 0011, C. Segunda Instancia]. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1. DEMANDA DE CRUZ ELENA MAYA PEL\u00c1EZ: <\/p>\n
Dos (2) cargos formul\u00f3 la demandante principal, ambos por la v\u00eda de la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial, derivados de errores de hecho y de derecho (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P.). <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denunci\u00f3 \u00abViolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho en la valoraci\u00f3n de las siguientes pruebas: Escrituras P\u00fablicas N\u00b0 240 del 20 de octubre de 1985, de la Notar\u00eda del C\u00edrculo de San Pedro \u2013 Belmira; N\u00b0 3037 del 14 de octubre de 1992, de la Notar\u00eda diecis\u00e9is (16) del C\u00edrculo de Medell\u00edn; y N\u00b0 3179 del 06 de junio de 2003, de la Notar\u00eda doce (12) del C\u00edrculo de Medell\u00edn\u00bb como consecuencia de la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 665, 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 946, 947, 950, 952, 961, 962, 963, 964 y 966 del C\u00f3digo Civil, por cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria como consecuencia de violaci\u00f3n de los arts. 164, 165, 167, 169, 173, 176, 243, 244, 248 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Inici\u00f3 su pr\u00e9dica manifestando, que el Tribunal determin\u00f3 que \u00abel t\u00edtulo de la demandante no es anterior al inicio de la posesi\u00f3n\u00bb de los demandados, desconociendo que en la contestaci\u00f3n \u00absum\u00f3 a su t\u00edtulo de propiedad, el de aquellos que la antecedieron en tal derecho, como se evidencia de la aportaci\u00f3n de las copias aut\u00e9nticas de las escrituras de compraventa del predio en litigio, hechas desde el a\u00f1o de 1985 hasta el a\u00f1o 2009\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que el tribunal no valor\u00f3 las escrituras p\u00fablicas aportadas, con contestaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n a saber: <\/p>\n
– La N\u00b0 240 del 20 de octubre de 1985, del c\u00edrculo Notarial de San Pedro – Belmira; mediante la cual, el Sr. Saulo de Jes\u00fas Tamayo Medina transfiri\u00f3 el bien inmueble objeto de litigio a favor del Sr. Carlos Francisco Monta\u00f1a Cuellar. <\/p>\n
– La N\u00b0 3037 del 14 de octubre de 1992, de la Notar\u00eda diecis\u00e9is (16) del C\u00edrculo de Medell\u00edn; mediante la cual, el Sr. Carlos Francisco Monta\u00f1a Cuellar dividi\u00f3 material y jur\u00eddicamente el bien inmueble antes indicado, originando dos lotes de terreno con dos matr\u00edculas inmobiliarias independientes. <\/p>\n
– La N\u00b0 3179 del 06 de junio de 2003, de la Notaria doce (12) del C\u00edrculo de Medell\u00edn; mediante la cual, el Sr. Carlos Francisco Monta\u00f1a Cuellar transfiri\u00f3 el bien inmueble objeto de litigio a favor del Sr. Jaime Alejandro Tangarife Maya <\/p>\n
– La N\u00b0 1955 del 15 de abril de 2009, de la Notaria veintinueve (29) del C\u00edrculo de Medell\u00edn; mediante la cual, el Sr. Jaime Alejandro Tangarife Maya transfiri\u00f3 el bien inmueble objeto de litigio a favor de la Sra. Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las mentadas pruebas fueron agregadas oportunamente indic\u00e1ndose el objeto de su incorporaci\u00f3n y decretaron en la etapa procesal correspondiente e, incluso en los alegatos de conclusi\u00f3n se hizo referencia a ellas. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la sentencia de segunda instancia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal con fundamento en que no se acredit\u00f3 la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos cuando, seg\u00fan apunt\u00f3, del contenido de la prueba se desprende que esa exigencia s\u00ed se encontraba plenamente acreditada, lo que implica que, el tribunal \u00ablas pretermiti\u00f3 y por tanto no las valor\u00f3 en la sentencia [\u2026] instancia, pues no valor\u00f3, es decir, omiti\u00f3 pronunciarse sobre los elementos de prueba antes descritos, los mismos que prueban sin lugar a dudas la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos y legitimaban a mi poderdante como propietaria con mejor derecho en la propiedad\u00bb, la providencia cuestionada nunca hizo menci\u00f3n a los referidos elementos de prueba, poniendo en evidencia el quebranto de las disposiciones del c\u00f3digo civil rese\u00f1adas. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que con la omisi\u00f3n denunciada el tribunal viol\u00f3 igualmente disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso que calific\u00f3 de sustanciales asegur\u00f3 que, fue quebrantado el canon 164, porque la decisi\u00f3n no se bas\u00f3 en las pruebas que fueron aportadas oportuna y regularmente; el 165 por omitir valorar las documentales obrantes en el infolio; el 167 al pasar por alto que acredit\u00f3 \u00abla cadena ininterrumpida de t\u00edtulos para sacar avante la pretensi\u00f3n reivindicatoria\u00bb; el 169 al no tenerse en cuenta que el dictamen pericial decretado de oficio conten\u00eda una de las escrituras p\u00fablicas no valoradas; el 173 \u00abal desconocer que las escrituras p\u00fablicas ya citadas fueron aportadas en el momento procesal oportuno, como fue en la contestaci\u00f3n a la demanda de reconvenci\u00f3n y en el dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo explic\u00f3, que se trasgredi\u00f3 el art\u00edculo 176 \u00aben tanto el juzgador de segunda instancia en ning\u00fan momento se pronunci\u00f3 sobre las escrituras p\u00fablicas antes relacionadas haciendo un ejercicio valorativo anal\u00edtico de cada una de ellas y por ello omiti\u00f3 valorarlas en conjunto con los dem\u00e1s medios de prueba; el 243 al no tener en cuenta que las escrituras son documentos p\u00fablicos; el 244 pues \u00abdesconoci\u00f3 que esas escrituras p\u00fablicas se presum\u00edan aut\u00e9nticas, en la medida en que fueron aportadas en copia autenticada\u00bb; el 248 porque no se advirti\u00f3 que fue aportado el certificado de libertad en el que se inscribieron todas las escrituras p\u00fablicas mencionadas; y, el 257 porque no tuvo por acreditada la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos que revelaban las escrituras adosadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas escrituras p\u00fablicas s\u00ed se encontraban materialmente en el proceso y las mismas cumpl\u00edan los requisitos legales para su valoraci\u00f3n, por cuanto se aportaron en copia aut\u00e9ntica en la oportunidad procesal correspondiente, se decretaron por parte del juez de primera instancia y al momento de fallar, la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia no las mencion\u00f3, ni dijo por qu\u00e9 (sic) no eran aptas para probar la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos, ni hizo pronunciamiento alguno sobre ellas\u00bb, de haberlo hecho, indic\u00f3, \u00abhubiera llegado a una conclusi\u00f3n diferente, es decir, otra hubiera sido la decisi\u00f3n, puesto que al proceder a la sumatoria de los t\u00edtulos de propiedad de la demandante y quienes la precedieron en el dominio del bien inmueble objeto de discusi\u00f3n, se hubiera llegado a la conclusi\u00f3n de que deb\u00edan prosperar las pretensiones de la demandante , como en efecto lo hizo el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en el segundo motivo de casaci\u00f3n, se inculp\u00f3 a la Corporaci\u00f3n de la \u00abViolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de derecho en la apreciaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 01 N \u2013 5056493 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn – Zona Norte.\u00bb, como consecuencia de la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n [de] los art\u00edculos los art\u00edculos (sic) 665, 669, 673, 740, 742, 743, 946, 947, 950, 952, 961, 962, 963, 964 y 966 del C\u00f3digo Civil, al denegar la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb; \u00abindebida aplicaci\u00f3n de los arts. 745, 749, 756 y 762 del C\u00f3digo Civil\u00bb; \u00abfalta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 176, 248 y 256 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y, \u00abfalta de aplicaci\u00f3n del art. 2 del Decreto 1250 de 1970\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de sintetizar los razonamientos de la providencia combatida, pas\u00f3 la recurrente a reprochar que el tribunal no valorara adecuadamente el certificado de tradici\u00f3n y libertad aportado con la demanda, el que, a su juicio, da cuenta de la cadena de t\u00edtulos que anteced\u00edan el dominio de la reivindicante, de ah\u00ed que si hubiera apreciado como correspond\u00eda dicho documento, las consecuencias del fallo censurado habr\u00edan sido diferentes. <\/p>\n
Sostuvo que el ad quem err\u00f3 al inaplicar los preceptos 745 del C\u00f3digo Civil, ya que \u00abal encontrarse acreditado el modo, es decir, la tradici\u00f3n, el juzgador ha debido dar por acreditada, igualmente, la existencia del t\u00edtulo, ya que no hay modo sin t\u00edtulo, a partir de las constancias de inscripci\u00f3n registral\u00bb; 756 por no haber tenido por acreditada la tradici\u00f3n del bien aun cuando obraba el certificado de libertad; 762 porque el mencionado instrumento acreditaba la calidad de due\u00f1a que le impide a los convocados poseer el predio. <\/p>\n
En cuanto a la transgresi\u00f3n de normas probatorias atribuy\u00f3 al juez de segundo grado quebranto del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso porque \u00absi bien valor\u00f3 el certificado de libertad del bien inmueble pretendido, esa valoraci\u00f3n se hizo de forma inadecuada, en la medida en que le rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio para demostrar la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos de propiedad de la demandante, seg\u00fan lo expresado en l\u00edneas anteriores\u00bb; del 248 eiusdem, dado que no tuvo en cuenta que el certificado de tradici\u00f3n era plena prueba para tener por acreditada la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos; el 256 de la misma codificaci\u00f3n \u00aben cuanto el juzgador de segunda instancia no tuvo en cuenta que la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos estaba acreditada con el certificado de libertad y tradici\u00f3n, elemento de prueba que es demostrativo de que se encontraba suplida la solemnidad del registro de los t\u00edtulos antecedentes\u00bb. <\/p>\n
Por la misma senda endilg\u00f3 al citado fallador la transgresi\u00f3n del art. 2 del Decreto 1250 de 1970, habida cuenta que \u00abno se tuvo por acreditada, a partir de la informaci\u00f3n contenida en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble, que exist\u00edan igualmente unos t\u00edtulos de adquisici\u00f3n, los mismos que demostraban la tradici\u00f3n del dominio de propiedad desde el Sr. Carlos Francisco Monta\u00f1a Cuellar hasta la demandante, Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez\u00bb. <\/p>\n
La refriega se soporta en tres (3) cargos, siendo el primero por violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, los dem\u00e1s, sin precisar con claridad la causal invocada. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Los promotores de la demanda de reconvenci\u00f3n acusaron el fallo de segunda instancia de haber violado \u00aben su aplicaci\u00f3n\u00bb los art\u00edculos \u00ab753, 762 la posesi\u00f3n definici\u00f3n, 764 tipos de posesi\u00f3n, 765 justo t\u00edtulo, 767 validaci\u00f3n del t\u00edtulo, 768 buena fe en la posesi\u00f3n, 769 buena fe, 778 suma de posesiones, 1871 venta de cosa ajena, 2518 prescripci\u00f3n adquisitiva, 2521 suma de posesiones, 2523 interrupci\u00f3n posesi\u00f3n, 2528 prescripci\u00f3n ordinaria, 2527 clases de prescripci\u00f3n adquisitiva, 762 definici\u00f3n de la posesi\u00f3n, 1521 enajenaciones con objeto il\u00edcito, 1874 venta de cosa ajena\u00bb, por indebida interpretaci\u00f3n, al d\u00e1rseles un alcance que no tienen. <\/p>\n
Sostuvieron, respecto del art\u00edculo 1521 eiusdem, \u00abel fallo del tribunal al ocuparse del an\u00e1lisis de la prohibici\u00f3n del art\u00edculo 1521 del c\u00f3digo civil, le dio un alcance diferente al que se ha entendido por parte de los jueces y la Corte Suprema de justicia, y por tal raz\u00f3n alcanza a pronunciarse en el sentido que, por tratarse de un bien embargado, no puede surgir el justo t\u00edtulo que se aduce en la demanda de casaci\u00f3n, y que se demostr\u00f3 con las escrituras que menciona el mismo fallo\u00bb; agregando que el tribunal ha confundido \u00ablas escritura por medio del cual se adquiri\u00f3 el predio, con lo que, en verdad constituye un justo t\u00edtulo, pues m\u00edrese como el sustento del fallo es el que se califica dicha escritura de ilegal y de ah\u00ed, la consecuencia de un NO JUSTO TITULO\u00bb \u00abconfunde lo que es un verdadero t\u00edtulo justo, en su significado jur\u00eddico, con lo que es el documento que contiene el contrato de compraventa, pues ha de saberse, como en efecto ocurre, el documento no es el acto jur\u00eddico, contendr\u00e1 y ser\u00e1 la prueba del acto jur\u00eddico acordado por las partes, pero no es el contrato\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que \u00ab[E]ntendida la postura del tribunal en la forma que decide la apelaci\u00f3n es claro que, conforme al contenido del art\u00edculo 1521 del c\u00f3digo civil, del cual nunca se deriva la posibilidad de caracterizar un t\u00edtulo adquisitivo de dominio, como il\u00edcito, y obviamente que se aparta de la interpretaci\u00f3n que ha dado la corte suprema, en innumerables pronunciamientos al respecto, y seg\u00fan los cuales, el s\u00f3lo embargo de los bienes no los sustrae del comercio, y por ende, las negociaciones que surgen durante la medida cautelar, tendr\u00e1n su validez hasta tanto se disponga otra cosa, mediante la voluntad de las partes del contrato, o por decisi\u00f3n judicial. Con esta interpretaci\u00f3n dl tribunal, viola la norma se\u00f1alada en forma directa\u00bb <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Titularon la segunda cr\u00edtica como: \u00abDEL EMBARGO DEL BIEN Y EL SALIR DEL COMERCIO\u00bb, la cual fundaron en la equivocada apreciaci\u00f3n del precepto 1521 de la codificaci\u00f3n privada, por haber concluido que no pod\u00eda constituirse justo t\u00edtulo al estar el predio fuera del comercio. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Este embate lo denominaron \u00abSUMATORIA DE POSESIONES\u00bb y con \u00e9l se culp\u00f3 al fallo de \u00abvulnerar el r\u00e9gimen legal, en especial el c\u00f3digo civil, en su art\u00edculo 2521, que regula el asunto de la suma de posesiones\u00bb, porque si bien est\u00e1 demostrado que la posesi\u00f3n de los antecesores y la suya super\u00f3 los cinco (5) a\u00f1os, el tribunal consider\u00f3 \u00abque no reconocido el justo t\u00edtulo para acreditar la posesi\u00f3n alegada, pues se presenta innecesario abordar el tema\u00bb, lo que juzga desacertado, puesto que \u00abal no estudiarlo y decidirlo, como que hac\u00eda parte del recurso de apelaci\u00f3n, pues, reitero, al no tomarlo en estudio el fallo del tribunal, da a entender, por lo menos es mi interpretaci\u00f3n forzada, el tribunal da por confirmado el fallo de primera instancia, incluyendo el tema de la sumatoria\u00bb. <\/p>\n
A partir de dicha apreciaci\u00f3n asegur\u00f3, que \u00abla postura del se\u00f1or juez de primera instancia, confirmada por parte del fallo del tribunal, vulnera la normatividad de los art\u00edculos 778 y 2521, como que adicionan un presupuesto o requisito a fin de que se pueda admitir la sumatoria de posesiones, es decir, le dan un alcance distinto a dichas normas, pues en ellas, ni en ninguna otra norma sobre la materia, exige al actual poseedor que pretenda sumar la posesi\u00f3n del anterior due\u00f1o, poseedor, demostrar o probar los actos de se\u00f1or y due\u00f1o que aquel halla (sic) realizado en dicho predio\u00bb. <\/p>\n
Mas adelante expuso, que \u00abconforme la prueba documental que se anexo al proceso principal, que el se\u00f1or JAIME ALEJANDRO MAYA TANGARIFE, vendi\u00f3 al se\u00f1or JAVIER MONTA\u00d1A CUELLAR, conforme la escritura 1815 de 30 de noviembre de 2004, y que este , mientras estuvo en poder de la finca que le fue entregada en forma inmediata por el vendedor, ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n, en momento alguno le fue disputada, y la mantuvo hasta que enajeno la finca a mi nombre conforme la escritura que se arrim\u00f3 al proceso, hizo entrega material de predio, ingresando a la misma de inmediato y comenzando el ejercicio de la posesi\u00f3n por cuenta m\u00eda y del se\u00f1or Mauricio Zuluaga Ru\u00edz. Se presenta como imposible que el suscrito y el se\u00f1or Mauricio Zuluaga Ru\u00edz, como poseedores del inmueble a partir de la entrega que nos hizo el se\u00f1or Monta\u00f1a Cuellar, estemos enterados de que actos de se\u00f1or y due\u00f1o realiz\u00f3 el mismo en dicho predio para el tiempo que la tuvo en su poder, s\u00f3lo el se\u00f1or Melchor Gonz\u00e1lez, testigo citado por la parte demandante dentro de la demanda principal, se refiri\u00f3 al este se\u00f1or manifestando que, cuando ingres\u00f3 a la finca luego de la venta que realizara a su favor el se\u00f1or Jaime Alejandro Maya, le manifest\u00f3 que iba a vender todo el ganado. Ello por s\u00ed solo, da muestra de que estaba actuando como se\u00f1or y due\u00f1o del predio, y de los productos del mismo\u00bb [archivo digital 09, C. Corte]. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, siendo enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
2. As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en la decisi\u00f3n censurada, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
3. Adicionalmente, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, planteando los argumentos que los soportan con claridad, precisi\u00f3n y completitud, exponiendo sus reproches de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la soportan, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
4. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb3 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
4.1. La infracci\u00f3n directa ocurre cuando el funcionario no aplica la norma sustancial relativa al caso controvertido, y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se direccione por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, sin que le sea dable sumergirse en los aspectos probatorios de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.2. En trat\u00e1ndose de la causal segunda el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 darse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
4.2.1. Respecto del yerro de hecho se ha puntualizado que tiene lugar: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ag.1999, rad. 4979, reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
4.2.2. Mientras que el error de derecho presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia del medio demostrativo y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
5. Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete a la recurrente indicar las normas sustanciales que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
5.1. Ata\u00f1edero a la naturaleza de norma material esta colegiatura ha precisado que <\/p>\n
\u00aben cuanto a las caracter\u00edsticas o naturaleza de la norma sustancial, la jurisprudencia ha expuesto, de manera constante y reiterada, que son aquellas que \u201c\u2018en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n \u2026\u2019, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se \u2018limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019\u201d (autos, entre otros m\u00e1s, de 18 de diciembre de 2007; Exp. 2000 00172 01; 13 de mayo de 2009, Exp. 2003 00501 01; 9 de junio de 2011, Exp. 2004 00227 01; y, de 18 de diciembre de 2012, Exp. 2009 00083 01)\u00bb. (CSJ AC 10 abr. 2013, Rad. 00123 01, criterio reiterado en AC6229-2017 de 22 de sept. Rad. 2005-00166-01). <\/p>\n
6.Confrontados los embates planteados por los contendientes con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que no satisfacen los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
6.1. DEMANDA DE CRUZ ELENA MAYA PEL\u00c1EZ <\/p>\n
6.1.1. Se\u00f1al\u00f3 la impugnante, que la decisi\u00f3n cuestionada revela transgresi\u00f3n indirecta de los c\u00e1nones 665, 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 946, 947, 950, 952, 961, 962, 963, 964 y 966 del C\u00f3digo Civil y 164, 165, 167, 169, 173, 176, 243, 244, 248 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de su \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb en la valoraci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas aportadas como prueba de su dicho. <\/p>\n
Lo primero que ha de se\u00f1alarse sobre aquella arremetida es que, pas\u00f3 por alto la proponente que, tal como se estableci\u00f3 en precedencia, cuando se acude a la causal segunda de casaci\u00f3n, es imperativo que adem\u00e1s que las normas que se aducen quebrantadas sean de tipo sustancial, estas deben constituir el pilar de la decisi\u00f3n confutada o, por lo menos, debieron serlo y lo pas\u00f3 por alto el fallador; pues muy a pesar de que ya no es exigencia formal la formulaci\u00f3n de una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, ello no quiere decir que al recurrente le baste realizar una relaci\u00f3n indiscriminada de disposiciones para tener por satisfecho dicho supuesto o anotando simplemente que se dejaron de aplicar o fueron indebidamente aplicadas, como aqu\u00ed se hizo, olvidando que la carga argumentativa se extiende a demostrar c\u00f3mo a consecuencia de yerro que se endilga al sentenciador las disposiciones de linaje sustancial resultaron infringidas. <\/p>\n
Ello, por cuanto la censora, en su exposici\u00f3n, luego de indicar el contenido de cada uno de los preceptos, de manera general las consider\u00f3 inaplicadas por el sentenciador, al no reconocer su derecho de dominio, pero no explic\u00f3 de manera detallada como la presunta inobservancia de las escrituras por ella rese\u00f1adas condujo a la infracci\u00f3n de estas y su trascendencia en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Ciertamente, soslayando la insustancialidad predominante en las pregonadas reglas, se advierte que la censora desatendi\u00f3 la exigencia tendiente a poner en evidencia la forma en que los preceptos que se identificaron en l\u00edneas precedentes fueron quebrantados por el fallador de segunda instancia y, su v\u00ednculo directo con la equivocaci\u00f3n que se le endilga en la apreciaci\u00f3n de los Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
A lo anotado se suma que. pese a que se direccion\u00f3 el cargo por el error de hecho, la gestora entremezcla aspectos propios del error de derecho, puesto que pregona la preterici\u00f3n de algunas pruebas, como son las escrituras p\u00fablicas que enuncia al no reconocer su existencia en el plenario y simult\u00e1neamente refuta trasgresi\u00f3n de normas de disciplina probatoria, que las pruebas no se hubieran valorado de forma conjunta, o haber errado en la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica al pasar por alto su condici\u00f3n de documento p\u00fablico, siendo estos aspectos propios del error de derecho. <\/p>\n
Falencias que no son susceptibles de superar por la Corte, haciendo uso de la facultad que le confiere el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, de escindir los cargos para su estudio, dada la narraci\u00f3n tan intrincada que de los fundamentos del cargo se hace. <\/p>\n
6.1.3. Aun de pasarse por alto lo anterior, el cargo igualmente deviene inadmisible, como quiera que resulta incompleto, toda vez que aun de aceptar como cierta la omisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n que achac\u00f3 la casacionista a la providencia, no atac\u00f3 como correspond\u00eda la eficacia demostrativa que le dio el tribunal a otras probanzas para sostener el argumento central de su decisi\u00f3n, referido a que no era pasible pregonar de su parte una posesi\u00f3n anterior, debido a que mediante Escritura P\u00fablica 572 de 21 de abril de 2006, el entonces propietario -y tradente suyo- se desprendi\u00f3 de la posesi\u00f3n para entregarla al se\u00f1or Roberto Javier Monta\u00f1a Cuellar y este a su vez la cedi\u00f3 a los demandados y se ratific\u00f3 con la prueba testimonial, sin que ninguno de estos elementos de convicci\u00f3n merecieran reproche, bastando para que aun ante la omisi\u00f3n pregonada se mantenga indemne la decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed se pronunci\u00f3 el tribunal <\/p>\n
\u00aben el sub-lite se avizora que la se\u00f1ora Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez efectiviz\u00f3 su t\u00edtulo traslaticio del dominio (modo), con la inscripci\u00f3n del mismo en la anotaci\u00f3n Nro. 11 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 01N-5056493 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte, el d\u00eda 21 de abril de 2009, como se evidencia a fl. 13 del C-1. En contraste, con ello, se atisba que la posesi\u00f3n de los se\u00f1ores Luis Carlos Hoyos Gaviria y Mauricio Zuluaga Ruiz, emerge de fecha anterior a la antes mencionada, como se ha evidenciado en el tr\u00e1mite procesal, incluso haciendo alusi\u00f3n \u00fanicamente a la prueba documental adosada al plenario, como lo es la Escritura P\u00fablica 572 del 21 de abril de 2006 de la Notar\u00eda Tercera de Envigado (fl. 7 C-2), de donde emerge con mediana claridad que el propietario del bien para el 30 de noviembre de 2004, se\u00f1or Jaime Alejandro Tangarife Maya, se desprendi\u00f3 de la posesi\u00f3n del inmueble, en favor del se\u00f1or Roberto Javier Monta\u00f1a Cuellar, (ver numeral tercero del acto escriturario) quien a su vez, en calenda 21 de abril de 2006, entreg\u00f3 la posesi\u00f3n material que sobre el bien ejerc\u00eda hasta dicha fecha, en favor del aqu\u00ed codemandado Luis Carlos Hoyos Gaviria, tal como se colige de lo expresado en el numeral segundo del mencionado acto escriturario, el que cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un documento p\u00fablico y que adem\u00e1s no fue tachado de falso en el sub lite, debi\u00e9ndose estar a lo all\u00ed estatuido. A m\u00e1s de lo anterior, procede destacar que la posesi\u00f3n de los demandados desde abril de 2006 fue ratificada con la prueba testimonial, tal y como lo evidenci\u00f3 el A quo en su momento\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, deviene irrefutable que lo realmente existente es la disconformidad con la conclusi\u00f3n adoptada en dicho prove\u00eddo, desconcierto que no puede servirle para insistir en sus alegaciones iniciales, como si de una tercera instancia se tratara, actitud que desconoce el verdadero prop\u00f3sito de este medio extraordinario que, como se vaticin\u00f3, no es otro distinto al de hacer visibles las falencias de la determinaci\u00f3n que se discute. <\/p>\n
A ese respecto ha dicho la Sala que, \u00abpara que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P. C.)\u00bb, (CSJ AC 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01, reiterada en CSJ AC 11 may. 2010, rad. 2004-00623-01, CSJ AC791-2020, 6 mar., rad.2014-00033-01 y AC4145-2022, 4 oct., rad. 2010-00090). <\/p>\n
6.1.2. El segundo de los ataques lo fund\u00f3 en el quebranto indirecto de los mismos preceptos, por falta de aplicaci\u00f3n de unos e indebida utilizaci\u00f3n de otros, pero esta vez, \u00abpor error de derecho en la apreciaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 01 N \u2013 5056493 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn – Zona Norte\u00bb. <\/p>\n
Del solo planteamiento del embiste fluye su inadmisi\u00f3n, porque su lectura cristaliza el hibridismo en que incurri\u00f3 la opugnante al disentir, por esta senda, de la valoraci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al predio que dio lugar a la disputa, cuando dicha falta debe ser recriminada como yerro de facto. <\/p>\n
Esto por cuanto, seg\u00fan qued\u00f3 visto, el error de hecho parte del supuesto que se desatiende el contenido material de la prueba, mientras que el de derecho es consecuencia de la indebida contemplaci\u00f3n jur\u00eddica, al infringir las normas que regulan su producci\u00f3n o eficacia y lo que realmente confuta la actora es que el tribunal no hubiera valorado el certificado de tradici\u00f3n del predio para extraer de all\u00ed la cadena interrumpida de t\u00edtulos para tener por acreditada su posesi\u00f3n anterior a la de los convocados al pleito, lo cual caer\u00eda en el escenario de una preterici\u00f3n de la prueba, se insiste, cuestionable a trav\u00e9s del error de hecho. <\/p>\n
Si bien se detuvo a explicar la raz\u00f3n por la cual consider\u00f3 quebrantados a causa de un \u00aberror de derecho\u00bb los c\u00e1nones 745, 756 y 762 de la codificaci\u00f3n privada, lo cierto es que, de un lado, aquellos no ostentan el car\u00e1cter requerido para servir de fundamento a la imputaci\u00f3n, pues no son de naturaleza sustancial (CSJ AC2437-2022, 8 jul., rad. 2016-00074-01; AC5019-2019, 26 nov., rad. 2012-00015-01 y AC2891-2019, 23 jul., rad. 2011-00417-01, respectivamente); y, del otro, la argumentaci\u00f3n que los soporta alude a fallas en la valoraci\u00f3n probatoria, aspecto que hace nuevamente visible la falta de t\u00e9cnica por entremezclamiento. <\/p>\n
No mejora el panorama con la aludida infracci\u00f3n del art\u00edculo 2 del Decreto 1250 de 1970, presuntamente, porque \u00abno se tuvo por acreditada, a partir de la informaci\u00f3n contenida en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble, que exist\u00edan igualmente unos t\u00edtulos de adquisici\u00f3n, los mismos que demostraban la tradici\u00f3n del dominio de propiedad desde el Sr. Carlos Francisco Monta\u00f1a Cuellar hasta la demandante, Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez\u00bb, habida cuenta que nuevamente la acusadora deja de lado el abatimiento de los pilares esenciales del veredicto, como lo fue la existencia de otros medios demostrativos que dieron cuenta del desprendimiento de la posesi\u00f3n por parte de su antecesor en beneficio de un tercero que, finalmente, la trasmiti\u00f3 a los demandados. <\/p>\n
Bajo ese entendido, no queda remedio distinto que inadmitir la demanda con la cual pretendi\u00f3 Cruz Elena Maya Pel\u00e1ez dar sustento al recurso extraordinario planteado. <\/p>\n
6.2. DEMANDA DE LU\u00cdS CARLOS HOYOS Y MAURICIO ZULUAGA RU\u00cdZ <\/p>\n
6.2.1. Los demandantes en pertenencia acusaron la decisi\u00f3n del ad quem de violar recta v\u00eda los art\u00edculos \u00ab753, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 778, 1521, 1871, 1874, 2518, 2521, 2523, 2527, 2528 del c\u00f3digo civil\u00bb, por interpretarlos indebidamente y darles un alcance que no tienen; sin embargo, incurrieron en la misma pifia de su contrincante, habida cuenta que, s\u00f3lo el canon 778 del c\u00f3digo civil es de naturaleza sustancial (AC5862-2021, 15 dic., rad. 2017-00217-01) y, sobre \u00e9ste, no se realiz\u00f3 ning\u00fan despliegue argumentativo que haga visible su infracci\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase en el libelo que, aunque los impugnantes enlistaron las razones que, a su juicio, constitu\u00edan el quebranto de la mayor\u00eda de las reglas que sirvieron de soporte al embiste, sobre la citada solo se enunci\u00f3 su contenido, sin exponer razonadamente cu\u00e1l es el verdadero alcance que tiene la norma denuncia. <\/p>\n
Y es que, para justificar su reprimenda, se restringieron los inconformes a mostrar su desapego con la conclusi\u00f3n del fallador de segundo grado, en lo relativo al papel obstructivo en la constituci\u00f3n del justo t\u00edtulo que jug\u00f3 la medida cautelar vigente para el momento de la pretensa venta de la heredad, desconcierto que pretendieron hacer visible, aduciendo que la Colegiatura confundi\u00f3 \u00ablo que es un verdadero t\u00edtulo justo, en su significado jur\u00eddico, con lo que es el documento que contiene el contrato de compraventa\u00bb, pasando por alto la carga que les asist\u00eda de exhibir la trascendencia que la posible configuraci\u00f3n de ese error hubiera podido tener en la decisi\u00f3n final, de cara a los dem\u00e1s argumentos que le sirvieron de soporte, principalmente los relativos al objeto il\u00edcito y el incumplimiento del requisito temporal para adquirir el bien por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, aunque quisieron derrocar los citados opositores el razonamiento que sobre el primer t\u00f3pico hizo el Tribunal, arguyendo que los contratantes actuaron de buena fe y que esa Corporaci\u00f3n le dio a la definici\u00f3n de \u201cjusto t\u00edtulo\u201d un alcance distinto al que ha entendido esta Corte, contrariando as\u00ed el canon 1521, lo cierto es que, aquella imputaci\u00f3n escasea de simetr\u00eda, al partir de un supuesto equivocado fundado en la propia interpretaci\u00f3n que del precedente jurisprudencial citado hicieron los disidentes, que no, sobre las conclusiones adoptadas por la providencia atacada, respecto de la cual, no se\u00f1al\u00f3 consideraci\u00f3n concreta que contrar\u00ede alguna regla de \u00edndole sustancial, cristalizando igualmente una falla por inexistencia de relaci\u00f3n directa entre el error y la resoluci\u00f3n proferida. <\/p>\n
En este punto es necesario esclarecer que el pronunciamiento de esta Sala con el que busca sacar avante su reclamo (rad. 1999-01248-01) alude a la posibilidad de usucapir un bien embargado, que no, a la de enajenarlo para derivar de ese acto un justo t\u00edtulo como sustento de una pretensi\u00f3n prescriptiva porque, para ello, como de hecho se otea del aparte transcrito, debe mediar autorizaci\u00f3n del acreedor, de ah\u00ed que la alegaci\u00f3n as\u00ed enfilada, a m\u00e1s de constituir un medio nuevo por no haber sido expuesta en las instancias, deviene errada, por lo que, sumada a las mencionadas l\u00edneas atr\u00e1s, hacen inadmisible el cargo. <\/p>\n
6.2.2. El segundo y tercer embate no requieren mayor an\u00e1lisis para descartar su admisi\u00f3n pues, de entrada, se advierte que los mismos carecen de claridad y precisi\u00f3n, en la medida en que ni siquiera indicaron la causal de casaci\u00f3n en que se fincan los ataques, su titulaci\u00f3n perfila lo que pudiera ser un alegato de instancia, que sirvi\u00f3 a los recurrentes para insistir en la presencia de un justo t\u00edtulo y la viabilidad de sumar las posesiones desplegadas por sus antecesores, se\u00f1alamientos expresados sin ninguna rigurosidad t\u00e9cnica pues, integra varios reparos frente a la providencia reprendida, sin hacer di\u00e1fanos los defectos que exige cualquiera de las hip\u00f3tesis contempladas en el art\u00edculo 336 del nuevo estatuto de procedimiento civil, trasgrediendo flagrantemente las exigencias formales del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, de se\u00f1alar la precisa causal que soporta el cargo. <\/p>\n
No puede olvidarse que el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 gobernado entre otros principios por el de taxatividad, que impone que las acusaciones que se formulen deben estar soportadas en algunas de las precisas causales que numerus clausus ha fijado el ordenamiento, sin que el acusador se pueda sustraer de la carga de su enunciaci\u00f3n, dadas la autonom\u00eda de estas, las precisas caracter\u00edsticas que las distinguen y que resultan determinantes al momento de la sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Aun si en gracia de discusi\u00f3n se adentrara la Sala en las manifestaciones que componen las arremetidas, la misma suerte anunciada correr\u00edan, como quiera que, se insiste en la acreditaci\u00f3n del tiempo indispensable para usucapir, sin derruir el pilar fundamental referido a que esta no alterar\u00eda la determinaci\u00f3n dada la ausencia de un justo t\u00edtulo, como presupuesto indispensable cuando se pretende acogerse a la prescripci\u00f3n ordinaria, a m\u00e1s que de considerarse para efecto de una prescripci\u00f3n extraordinaria ser\u00eda insuficiente por escasamente se superar\u00edan los cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Justamente sobre dicha tem\u00e1tica resalt\u00f3 el fallador de segundo grado, que \u00abaun teniendo en cuenta el tiempo que se pretende adherir a la posesi\u00f3n directamente ejercida por los reclamantes, no se supera el t\u00e9rmino prescriptivo necesario para usucapir; obs\u00e9rvese que desde la calenda alegada (30-11-2004) hasta la presentaci\u00f3n de la demanda principal, 28 de julio de 2010, transcurrieron \u00fanicamente 5 a\u00f1os, 7 meses y 27 d\u00edas, t\u00e9rmino insuficiente para adquirir por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, m\u00e1xime teniendo presente lo dicho en precedencia frente al tr\u00e1nsito legislativo de la Ley 791 de 2002\u00bb. <\/p>\n
Siendo entonces, que las mentadas acusaciones no se ajustaron a los par\u00e1metros que el ordenamiento impone para impulsar la s\u00faplica extraordinaria deviene consecuencial su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, es del caso se\u00f1alar, que tampoco concurren los requisitos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
8. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones planteadas y, consecuentemente, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR las demandas presentadas para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Demandante principal. <\/p>\n
2\u0002 Demandante en reconvenci\u00f3n <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC4947-2022 (2010-00158-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 05664-31-89-001-2010-00158-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por Cruz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68319","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68319"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68319\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}