AC5019-2022 (2017-00312-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5019-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-006-2017-00312-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Constructora Bol\u00edvar Cali S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle, dentro del proceso adelantado por el actor contra Rigoberto Herrera Correa. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su posterior reforma, la actora como primeras pretensiones principales pidi\u00f3 que se declarara que la real intenci\u00f3n de las partes contendientes con la promesa de compraventa suscrita el 30 de marzo de 2011 y modificada el 19 de julio de 2013, as\u00ed como con la compraventa de fecha 26 de diciembre de 2013 celebrada ante el Notario Quinto del C\u00edrculo de Cali era por una parte vender y por la otra comprar el lote de terreno debidamente dotado de la infraestructura de servicios p\u00fablicos necesarios para su desarrollo urban\u00edstico; que las obras que ofreci\u00f3 el demandado consist\u00edan en la zona de amortiguaci\u00f3n con el fin de atender los acuerdos con EMCALI relativos a \u00ablas soluciones de drenaje pluvial de los predios de COMFANDI, COMFENALCO\u00bb del que es objeto este proceso. <\/p>\n
Que las obras fueron ejecutadas por Comfandi durante los a\u00f1os 2012 y 2013 y hab\u00edan sido autorizadas por Comfenalco as\u00ed como por el demandado, quien para esa \u00e9poca fung\u00eda como fideicomitente del Fideicomiso Las Vegas \u2013 Ciudad Mel\u00e9ndez \u2013 Valle del Lili Oriental, posici\u00f3n contractual que le cedi\u00f3 a la sociedad demandante el 20 de febrero de 2014. <\/p>\n
Como segundas pretensiones principales pidi\u00f3 que se declare que la real intenci\u00f3n de las partes en los actos jur\u00eddicos atr\u00e1s referidos fue que la participaci\u00f3n en plusval\u00eda que fijara en un futuro el municipio de Santiago de Cali sobre el predio prometido y posteriormente vendido a la sociedad actora fuese pagado por Rigoberto Herrera Correa y por ende se declare que este \u00faltimo est\u00e1 obligado a pagar la referida participaci\u00f3n al municipio de Cali, cuando lo determine este \u00faltimo mediante acto administrativo. En subsidio que se ordene al demandado a constituir encargo fiduciario o aval bancario por la suma de $3640.233.465 que garantice a futuro el pago. <\/p>\n
2. Como sustento de lo pedido, invoco los siguientes hechos a modo de resumen: <\/p>\n
2.1. Constructora Bol\u00edvar Cali S.A. y el se\u00f1or Rigoberto Herrera Correa celebraron el 30 de marzo de 2011 un contrato de promesa de compraventa sobre el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 370-529495, suscribi\u00e9ndose el 19 de julio de 2013 otros\u00ed y el 26 de diciembre de 2013 se suscribi\u00f3 el contrato prometido a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 3666 de la Notar\u00eda Quinta de Cali. <\/p>\n
2.2 Que el 20 de febrero de 2014 Rigoberto Herrera Correa procedi\u00f3 a ceder su posici\u00f3n contractual a favor de la sociedad demandante dentro del fideicomiso Fiduciaria Corficolombiana S.A. Fideicomiso Las Vegas \u2013 Ciudad Mel\u00e9ndez \u2013 Valle del Lili Oriental, en el que manifest\u00f3 el cedente que en ese momento \u00abse encontraba a paz y salvo con el fideicomiso\u00bb. <\/p>\n
2.3 Que dentro de las obras que se hab\u00edan acordado realizar conforme al Acta del comit\u00e9 fiduciario No. 04 de octubre 28 de 2008 fue la construcci\u00f3n del sistema pluvial que ser\u00eda asumido por los intervinientes dentro del fideicomiso, que se desarroll\u00f3 durante los a\u00f1os 2012 y 2013, sin que el aqu\u00ed demandado hubiera sufragado su valor, monto que ascend\u00eda a $566.063.841,46 que debi\u00f3 cancelar la demandante para poder hacer uso de ellas. <\/p>\n
2.4 Que en la cl\u00e1usula decimoquinta de la promesa celebrada por las partes se estipul\u00f3 que: \u00abel prometiente vendedor y la prometiente compradora acuerdan que de causarse cualquier participaci\u00f3n en Plusval\u00eda respecto de el (sic) lote prometido en venta su importe deber\u00e1 ser cancelado por el promitente vendedor\u00bb. <\/p>\n
2.5 Que conforme el estatuto tributario municipal de Cali la participaci\u00f3n por plusval\u00eda se genera en dos eventos: a) cuando se expida la licencia de urbanizaci\u00f3n o construcci\u00f3n o b) cuando se d\u00e9 el cambio efectivo de uso del inmueble; y si bien es cierto no se han presentado los eventos en que se hace exigible la participaci\u00f3n, si se deber\u00e1 cancelar y atendiendo el \u00e1rea \u00fatil urbanizable el monto que deber\u00e1 pagarse corresponde a $3040.233.465. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali en auto de 26 de enero de 2018 admiti\u00f3 la demanda1 y dispuso la notificaci\u00f3n del demandado, quien dentro de la oportunidad se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: inexistencia de la obligaci\u00f3n reclamada por la sociedad demandante; inexistencia de causa contractual eficiente que permita generar la obligaci\u00f3n reclamada por la sociedad demandante; pago total y completo de la porci\u00f3n del valor de las obras de urbanismo e infraestructura ejecutados por el Fideicomiso Las Vegas Ciudad Mel\u00e9ndez \u2013 Valle del Lilia Oriental y que de conformidad con el contrato de promesa de compraventa (versi\u00f3n del otro si) le correspond\u00eda pagar a Rigoberto Herrera; inexistencia de la obligaci\u00f3n reclamada por la sociedad demandante en relaci\u00f3n con la solicitud de declaraci\u00f3n de presunto pago hecha por la demandante en magnitud de $566.053.841,44. <\/p>\n
4. El a quo profiri\u00f3 sentencia el 23 de febrero de 2021 mediante la cual neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4.1 La parte actora formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, con fundamento en que el demandado es quien debe asumir el pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda, por cuanto el compr\u00f3 el lote en 2009 en la suma de $300,000,000 y cuatro a\u00f1os despu\u00e9s lo vendi\u00f3 en $15.113.755.200 y que en la cl\u00e1usula quinta se pact\u00f3 que ser\u00eda el demandado quien deb\u00eda cancelar tal emolumento; que no hubo un \u00fanico hecho generador de la plusval\u00eda, sino dos, el primero el Acuerdo 069 de 2000, que estableci\u00f3 que el suelo de expansi\u00f3n urbana del municipio de Santiago de Cali es el conformado por el corredor Cali \u2013 Jamundi y el segundo es el Decreto Municipal No. 4112.010.20.0762 de 2018; que el vendedor se oblig\u00f3 a entregar el bien sin gravamen alguno conforme se deduce de la cl\u00e1usula cuarta del contrato pero que las anotaciones No. 1 y 2 del certificado de tradici\u00f3n dan cuenta que sobre el mismo pesan una servidumbre de tr\u00e1nsito y una de energ\u00eda el\u00e9ctrica; que contrario a lo afirmado por el a quo el acta del comit\u00e9 fiduciario de 2008 si obra en el expediente, junto con la comunicaci\u00f3n de Emcali de septiembre de 2008, as\u00ed como del informe del director del fideicomiso de 7 de julio de 2014 dan cuenta que las obras se ejecutaron dentro del marco del fideicomiso.; que en el documento de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual Rigoberto Herrera manifest\u00f3 que se encontraba a paz y salvo por la ejecuci\u00f3n de las obras de alcantarillado pluvial, lo cual no result\u00f3 ser cierto. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distro Judicial de Cali mediante sentencia del 22 de marzo de 2022 resolvi\u00f3 confirmar la emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad que neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Para tal efecto, el ad quem emprendi\u00f3 el examen de la promesa de compraventa celebrada por las partes, el otro si, as\u00ed como el contrato definitivo para de all\u00ed concluir que la vigencia de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta del contrato de promesa no se extiende m\u00e1s all\u00e1 de la firma del contrato prometido, pues si el prop\u00f3sito de las partes hubiese sido que el ac\u00e1 demandado asumiera el pago de la participaci\u00f3n en la plusval\u00eda incluso despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, la cl\u00e1usula d\u00e9cima quinta del contrato preparatorio habr\u00eda sido refrendada por las partes en el contrato de compraventa habida cuenta que para la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura (26 de diciembre de 2013), a\u00fan no se hab\u00eda concretado el nacimiento de la obligaci\u00f3n tributaria lo que ocurri\u00f3 casi cinco a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
Agregando que la refrendaci\u00f3n de la cl\u00e1usula resultaba imprescindible en el contrato definitivo pues el sujeto pasivo del tributo es el due\u00f1o o poseedor del inmueble condici\u00f3n que ostentaba el demandado al momento de suscribir la promesa y el otro s\u00ed, pero que vari\u00f3 al momento de la firma de la escritura p\u00fablica, y a partir de ese momento la obligaci\u00f3n se radic\u00f3 en cabeza de la sociedad demandante. <\/p>\n
As\u00ed mismo indic\u00f3 que el pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda solo resulta exigible cuando la liquidaci\u00f3n de ese tributo se inscribe en el folio de matr\u00edcula lo que s\u00f3lo ocurri\u00f3 hasta el 3 de agosto de 2020, esto es, casi siete a\u00f1os despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n del contrato de compraventa. Tampoco puede decirse que lo atinente al pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda es un aspecto que qued\u00f3 sistematizado en el contrato preliminar, pues la redacci\u00f3n de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta se hizo en t\u00e9rminos bastante escuetos y sin hacer referencia alguna a si dicha situaci\u00f3n se mantendr\u00eda despu\u00e9s de celebrarse el contrato definitivo, ni mucho menos se determin\u00f3 la forma y condiciones en que deb\u00eda efectuarse el pago y si bien es cierto como lo alega el recurrente que el hecho generador requiere del acto administrativo, lo cierto es que la obligaci\u00f3n de pagar la participaci\u00f3n naci\u00f3 con la adopci\u00f3n del plan parcial, y ello ocurri\u00f3 con posterioridad a la firma de la escritura p\u00fablica, cuando la propietaria del predio ya era la Constructora Bol\u00edvar. <\/p>\n
Respecto a la cancelaci\u00f3n de las servidumbres que pesan sobre el inmueble es claro que ninguna orden cabe darle al demandado, pues si bien en la cl\u00e1usula segunda de la promesa suscrita en 2011 acordaron que el prometiente vendedor cancelar\u00eda las servidumbres, tal estipulaci\u00f3n fue sustituida \u00edntegramente en el otro si firmado y se elimin\u00f3 la obligaci\u00f3n del promitente vendedor de cancelar esos grav\u00e1menes. <\/p>\n
En cuanto al pago de las obras de amortiguaci\u00f3n ning\u00fan compromiso asumi\u00f3 el demandado en la promesa, tampoco en el otro si, ni mucho menos en el contrato definitivo, pues el objeto del contrato de compraventa fue un lote, y no un predio dotado de servicios p\u00fablicos como lo pretende hacer ver la sociedad adquirente. <\/p>\n
Finalmente acerca del pago del impuesto predial estim\u00f3 el ad quem que ninguna cl\u00e1usula del contrato de compraventa hace referencia a la obligaci\u00f3n de pago del impuesto predial y en el ac\u00e1pite de comprobantes fiscales se dej\u00f3 constancia que el vendedor present\u00f3 el certificado de pago de impuesto predial que daban cuenta el bien estaba paz y salvo por concepto de dicho impuesto hasta el 31 de diciembre de 2013, y la entidad actora cancel\u00f3 los montos cobrados sin llamar a su vendedor para que ejerciera las acciones atinentes al paz y salvo expedido. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda se fund\u00f3 en cuatro cargos, que se enmarcan en violaciones por la v\u00eda directa y por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
El primer cargo lo sustenta la inconforme en que se vulneraron por la v\u00eda directa los art\u00edculos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011, ya que si hubiese aplicado dichas normas hubiese concluido que era obligatorio para la demandante cancelar los impuestos de los a\u00f1os 2011 a 2013 y pedir su reembolso a la persona que para ese entonces estaba obligado a pagarlos, y que no pod\u00eda se\u00f1alar que estaba prescrita la obligaci\u00f3n tributaria o mucho menos desconocer que el municipio de Cali estaba legitimado para exigir el pago del impuesto predial porque para ese momento no exist\u00eda providencia judicial que declarara la nulidad del acto administrativo de fijaci\u00f3n del impuesto predial unificado. <\/p>\n
El segundo cargo se sustenta en la infracci\u00f3n por la v\u00eda indirecta como consecuencia del error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de las pruebas, refiriendo que los yerros cometidos consisten en dar por demostrado, sin estarlo, que la fiduciaria certific\u00f3 que Rigoberto Herrera estaba a paz y salvo con el Fideicomiso; no dar por demostrado, est\u00e1ndolo que COMFANDI, COMFENALCO y Rigoberto Herrera acordaron realizar obras de infraestructura pluvial para urbanizar los predios conforme lo dispuesto en el fideicomiso; no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que Rigoberto Herrera se oblig\u00f3 con COMFANDI a cancelar en forma proporcional dichas obras \u00abporque eran necesarias e indispensables para la urbanizaci\u00f3n del lote que le vender\u00eda con posterioridad a Constructora Bol\u00edvar Cali; dar por demostrado sin estarlo que la demandante deb\u00eda asumir como consecuencia de la cesi\u00f3n de derechos las obligaciones que hab\u00eda adquirido Rigoberto Herrera con Comfandi. <\/p>\n
El tercer cargo se soporta en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por un error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n de la demanda y en las pruebas, al dar por demostrado, sin estarlo, que la causaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de plusval\u00eda ocurri\u00f3 al momento de ser aprobado el Plan Parcial Las Vegas del Lili; no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la causaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de la plusval\u00eda ocurri\u00f3 al momento de incorporar el lote de terreno en la zona de expansi\u00f3n del municipio de Santiago de Cali; dar por demostrado, sin estarlo, que al no plantearse el tema de la participaci\u00f3n de la plusval\u00eda en el contrato de compraventa esta obligaci\u00f3n del vendedor se extingui\u00f3; no dar por demostrado est\u00e1ndolo, que en el contrato de compraventa solamente se acord\u00f3 los temas de impuestos de predial y complementarios y la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n, pero se guard\u00f3 silencio en la participaci\u00f3n en plusval\u00eda que es un tributo que tiene origen y naturaleza completa y totalmente diferente a los otros impuestos.. <\/p>\n
El cuarto cargo se sustent\u00f3 en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por un error de hecho al dar por probado que la obligaci\u00f3n de extinguir servidumbres deb\u00eda estar consignada expresamente en el contrato de compraventa para poder obligar al vendedor; no dar por probado, est\u00e1ndolo, que en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de compraventa el vendedor declar\u00f3 que no exist\u00edan servidumbres y si estas existen, qued\u00f3 obligado a extinguirlas. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso de casaci\u00f3n se caracteriza por su naturaleza extraordinaria, de modo que no toda inconformidad con la decisi\u00f3n atacada permite a la Corte pasar a su estudio \u00absino que es requerido que la censura este soportada en las causales taxativamente previstas en la ley\u00bb (CSJ SC AC3495 de 2014); as\u00ed mismo tiene un car\u00e1cter limitado, \u00abporque, en consideraci\u00f3n a su fin \u00faltimo, veda todo lo que puede ser extra\u00f1o a su consecuencia y sea ajeno al verdadero fin perseguido\u00bb1, que implica, entre otras cosas, que s\u00f3lo est\u00e1 consagrado respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 334 del c\u00f3digo de ritos, en las hip\u00f3tesis previstas en el precepto en cita, concordado con el art\u00edculo 338 ibidem. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso en comento s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar ante la existencia de alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ibidem.\u202f\u202f <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
Se\u00f1ala la norma que esta demanda, am\u00e9n de reunir la especificaci\u00f3n del proceso con los detalles relacionados en el numeral 1\u00ba el art\u00edculo 344 ut supra, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o ha orientado: <\/p>\n
para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (CSJ, sentencia No. 009 exp. 5149 del 26\/03\/1999. Reiterado, entre otras, en SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, AC4034, 13 sep. 2021 y AC828 DE 2022). <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la protesta extraordinaria, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designaci\u00f3n de las partes. ii) La s\u00edntesis del proceso. iii) La exposici\u00f3n de los sustentos de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y concisa\u00bb. iv) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb.\u202f <\/p>\n
Respecto al numeral iii referido en el p\u00e1rrafo precedente se exige que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando se formulan los cargos consagrados en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil debe invocarse la violaci\u00f3n de una norma sustancial, efecto para el cual la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser antojadiza \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (AC2386-2019, reiterada en AC2194 de 2021). <\/p>\n
2.2 Conforme lo reglado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es causal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00abLa violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, la que atendiendo lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 ibidem deber\u00e1 circunscribirse \u00ab(\u2026) a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
Ocurre la violaci\u00f3n directa de una norma sustancial cuando el juzgador incurre en alguno de estos supuestos: a) cuando no tuvo en cuenta los preceptos que regulan el caso; b) aplica una norma ajena al caso, o c) a pesar de haber acertado en la selecci\u00f3n no le dio el alcance que ten\u00eda. <\/p>\n
Sobre el tema en estudio, la Corporaci\u00f3n ha dejado sentado: <\/p>\n
Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u2019. (CSJ SC de 17 nov. 2005, rad. 7567, reiterada CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2008-00322) (SC5297, 6 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2007-00217-01). <\/p>\n
2.3 La violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta puede ser de hecho o derecho, la primera hip\u00f3tesis ocurre cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio de prueba o cuando realiza la interpretaci\u00f3n de manera equivocada de las pruebas existentes; la segunda posibilidad, de derecho, ocurre cuando el ad quem apreci\u00f3 objetivamente la prueba, pero le da un alcance que la ley le niega, o no le concede el que la ley le reconoce. <\/p>\n
3. La demanda de casaci\u00f3n no cumple, en este caso, con las anteriores exigencias t\u00e9cnicas como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En l\u00edneas generales los cargos primero y tercero fueron formulados en contravenci\u00f3n de la completitud, porque no refuta todos los fundamentos de la decisi\u00f3n objeto del recurso. En efecto, el Tribunal construy\u00f3 la sentencia en lo referente al impuesto predial del que el demandado no fue informado por la Constructora que se estaban cobrando los impuestos de los a\u00f1os 2011, 2012 y 2013 para que este hubiera podido aportar \u00ablos paz y salvos expedidos para la firma de la escritura p\u00fablica y alegando, de ser del caso, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro respecto a dichos saldos\u00bb sin que este argumento hubiese sido objeto de ataque; en lo que refiere a la pretensi\u00f3n de participaci\u00f3n en plusval\u00eda el ad quem la neg\u00f3 con fundamento en cuatro aspectos: <\/p>\n
En definitiva, la pretensi\u00f3n de pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda no puede ser atendida por la Sala, por cuanto (i) la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta del contrato preliminar, no fue refrendada en el contrato definitivo; (ii) para la fecha en que se realiz\u00f3 la trasferencia de lote, el plan parcial a\u00fan no se hab\u00eda aprobado y por ende, no hab\u00eda nacido la obligaci\u00f3n tributaria; (iii) el pago de la participaci\u00f3n en plusval\u00eda se hace exigible con la inscripci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del predio, y para la fecha en que se firm\u00f3 el contrato de compraventa ello a\u00fan no hab\u00eda ocurrido y (iv) el sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n tributaria es el poseedor o propietario del predio, y para la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n, quien ostentaba la titularidad del dominio del predio era la Constructora Bol\u00edvar y no el aqu\u00ed demandado <\/p>\n
N\u00f3tese que, si bien se atacan los primeros tres argumentos, el \u00faltimo atinente a quien era el obligado al pago de la participaci\u00f3n de la plusval\u00eda no fue objeto de reparo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los cargos deben atacar todos los fundamentos aducidos por el ad quem, so pena de ser incompletos, puesto que la acusaci\u00f3n: <\/p>\n
Por lo que aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el fallador colegiado incurri\u00f3 en los yerros a \u00e9l endilgados, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda puesto que en lo que respecto al pago de los impuestos prediales nada se dijo sobre el no llamado al vendedor para que este se defendiera ante el Municipio de Cali sobre los supuestos pagos no realizados, y respecto del pago de la participaci\u00f3n de la plusval\u00eda no se refut\u00f3 lo afirmado por el ad quem sobre a cargo de quien estaba esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 Ya en lo que tiene que ver con el cargo primero seg\u00fan el recurrente el ad quem vulner\u00f3 los art\u00edculos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
<\/p>\n
a. Para que resulte viable emprender el estudio de la acusaci\u00f3n por esta v\u00eda, el primer tamiz que debe superar es el de ostentar la calidad de sustancial, para lo cual se efectuar\u00e1n las siguientes precisiones: <\/p>\n
Para que un canon pueda catalogarse como sustancial, no basta con que se encuentre plasmado dentro un c\u00f3digo sustantivo como, por ejemplo, el Civil, o incluso dentro de la misma Constituci\u00f3n, sino que resulta imperioso que tenga incidencia directa en determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica para declararla, generarla o alterarla; por tal raz\u00f3n, la acepci\u00f3n de aquel concepto ha sido decantada por la Corte as\u00ed: <\/p>\n
Son de este tipo las disposiciones que, \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella[s] contempla[n], declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] derechos subjetivos o impone[n] obligaciones\u00bb, estirpe de la cual carecen las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb (SC4794, 27 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00488-01, citada en AC706 de 2022) <\/p>\n
<\/p>\n
b. Ahora, los art\u00edculos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011, no son sustanciales, la primera regula la firmeza de los actos administrativos; el art\u00edculo 88 consagra la presunci\u00f3n de legalidad del acto administrativo; el art\u00edculo 89 prev\u00e9 el car\u00e1cter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades; el articulo 90 prev\u00e9 la ejecuci\u00f3n en caso de renuencia; el articulo 91 consagra la p\u00e9rdida de ejecutoriedad del acto administrativo y el art\u00edculo 92 consagra la excepci\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoriedad, sin que ninguna de estas disposiciones generen, modifiquen o alteren derechos, obligaciones o relaciones subjetivas. <\/p>\n
Igualmente, el cargo es impreciso porque no expresa las razones por las que los art\u00edculos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley 1437 de 2011 deb\u00edan conducir al ad quem a concluir que el demandado si estaba obligado a reembolsar el monto pagado por la actora por concepto del impuesto predial. <\/p>\n
3.3.1. En lo que corresponde al cargo segundo, en el que se invoca la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho se aduce como vulnerados los art\u00edculos 250, 241 y 275 del C\u00f3digo General del Proceso y los art\u00edculos 1602, 1630 y 1631 del C\u00f3digo Civil, advi\u00e9rtase respecto de los preceptos del c\u00f3digo procesal que est\u00e1n llamados a regular temas de car\u00e1cter probatorio a saber: la conducta de las partes como indicio, la indivisibilidad y alcance probatorio del documento y la procedencia de la prueba por informe, no gozan de las caracter\u00edsticas necesarias para ser consideradas sustanciales por regular temas de car\u00e1cter procedimental. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
no tienen la calidad de norma sustancial las que (\u2026) van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta (CSJ AC003, 14 ene. 2020, rad. 2011-00832-01; CSJ AC2828, 26 oct. 2020, rad. 203-00891-01). <\/p>\n
Respecto a los art\u00edculos del C\u00f3digo Civil an\u00f3tese que el art\u00edculo 1602 no es una norma de estirpe sustancial, pues como se ha se\u00f1alado \u00ab(\u2026) el 1602 consagra un principio general en torno a la fuerza que tiene la voluntad dispositiva, pacta sunt servanda (CSJ AC8772019 y AC2117-2020, entre otros), por lo que tales disposiciones jur\u00eddicas resultan insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb (CSJ AC6075-2021, 16 dic.). <\/p>\n
En cuanto a los art\u00edculos 1630 y 1631 del estatuto civil, que regulan el pago de terceros y el pago contra la voluntad del deudor, no resultan suficientes para derruir los argumentos expuestos por el ad quem para negar el reembolso de lo pagado por la sociedad demandante, pues \u00e9ste se sustent\u00f3 en el principio del respeto del acto propio y en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n por parte del aqu\u00ed demandado sin que la aplicaci\u00f3n de las referidas disposiciones tengan la virtualidad de modificar tales argumentos. <\/p>\n
3.3.2 Respecto al cargo tercero, donde se invoca la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho se encuentra hu\u00e9rfano de disposici\u00f3n vulnerada, ya que el recurrente se limita a indicar cuales en su concepto fueron los errores de valoraci\u00f3n probatoria en que incurri\u00f3 el ad quem, y esas precisas circunstancias la acusaci\u00f3n se qued\u00f3 corta en la medida en que no se podr\u00eda de manera oficiosa determinar cu\u00e1les disposiciones fueron objeto de quebranto. Sobre el tema en estudio resulta suficiente recordar que el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, exige que \u00abCuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquier disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la tem\u00e1tica en estudio la Sala ha dicho que: <\/p>\n
en el marco de dicho motivo casacional\u2026 es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas \u2013 cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho \u2013, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado. (CSJ AC de 7 dic. 2001, Rad. 1999-0482, reiterado en AC5593-2018 de 19 de dic. de 2018, Rad. 2015-00067-01 y AC1764 de 12 de mayo de 2021). <\/p>\n
3.3.3. Frente al cargo cuarto se refieren vulnerados los art\u00edculos 879, 1602, 1088 y 1089 del C\u00f3digo Civil, los dos primeros no ostentan el car\u00e1cter de norma sustancial, dado que el primero se limita a definir la servidumbre predial y la segunda, como atr\u00e1s se indic\u00f3 no ostenta tal car\u00e1cter. Respecto de las \u00faltimas dos disposiciones referidas que reglan temas relacionados con el testamento, al rompe se advierte que no tienen que ver con el tema debatido, esto es, la servidumbre y quien tiene la obligaci\u00f3n de cancelarla, de lo que se deduce que no gobiernan el tema debatido. <\/p>\n
4. En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resta decir que esta Sala no encuentra razones suficientes para seleccionar la sentencia acusada, toda vez que al actor se le garantizaron sus derechos superiores y se le resolvi\u00f3 su proceso en debida forma, sin que se advierta una afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico o de la legalidad, o se requiera rectificar un punto en derecho para fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, ni se ve comprometido ning\u00fan derecho de orden constitucional. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Constructora Bol\u00edvar Cali S.A. interpuso frente a la sentencia de 23 de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso adelantado contra Rigoberto Herrera Correa. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital, fl 7. <\/p>\n
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AC5019-2022 (2017-00312-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC5019-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-006-2017-00312-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}