AC5048-2022 (2018-00230-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5048-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-014-2018-00230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda, con la cual la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n, que interpuso contra la sentencia del 17 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que en su contra instaur\u00f3 la Cl\u00ednica Jaller S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
La Cl\u00ednica Jaller S.A.S. pidi\u00f3 que se declare que prest\u00f3 los servicios de atenci\u00f3n m\u00e9dica, quir\u00fargica, farmac\u00e9utica y hospitalaria, a prop\u00f3sito de los da\u00f1os corporales causados a personas en accidentes de tr\u00e1nsito amparados por p\u00f3lizas de SOAT, \u00abexpedidas por la Cooperativa de Desarrollo Integral COOSALUD\u00bb y relacionadas en las facturas que se aportan. Por ello, que la demandada tiene la obligaci\u00f3n de pagar las sumas de \u00abMIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.251.734,00)\u00bb y de \u00abTRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.857.656.645). As\u00ed como de \u00ablos intereses moratorios correspondientes al inter\u00e9s bancario corriente incrementado un 50%, que se hayan causado desde la fecha que se hicieron exigibles hasta el d\u00eda del pago de las facturas\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho. <\/p>\n
Adujo que la demandante ha prestado servicios de atenci\u00f3n m\u00e9dica, quir\u00fargica, farmac\u00e9utica y hospitalaria por da\u00f1os corporales causados a personas en accidentes de tr\u00e1nsito amparados por p\u00f3lizas de SOAT, los cuales se encontraban afiliados a la Cooperativa de Desarrollo Integral COOSALUD. Asever\u00f3 que las \u00abcuentas de atenci\u00f3n de los servicios m\u00e9dico-quir\u00fargicos en el caso de los accidentes de tr\u00e1nsito, una vez sobrepasen la cobertura del seguro, ser\u00e1n asumidos por la Entidad Promotora de Salud del r\u00e9gimen contributivo o del r\u00e9gimen subsidiado\u00bb. En atenci\u00f3n a ello, radic\u00f3 en las instalaciones de la demandada facturas correspondientes a los servicios prestados. Y que sobrepasan la cobertura del seguro. Sin embargo, \u00aba pesar de ello y de encontrarse recibidas por ella, no las ha cancelado en su totalidad, reflejando saldos pendientes de pago los cuales son el resultado de aplicar los pagos parciales realizados por la demandada en la forma estipulada en el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil, es decir, primero a los intereses causados hasta la fecha del abono y luego a capital en caso de que los pagos parciales cubrieran la totalidad de los intereses hasta la fecha del mismo\u00bb. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que ha intentado radicar en la sede de la pasiva otro grupo de facturas, \u00abpero no ha sido posible debido a la negativa de la demandada para recibirlas, tal como consta en las certificaciones expedidas por la empresa DISTRIENVIOS, las cuales se encuentran acompa\u00f1ando cada una de las facturas que se han negado a recibir\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el apoderado de la demandada indic\u00f3 que, de las 94 facturas cuyo pago se exige, \u00abunas est\u00e1n canceladas en su totalidad, algunas presentan glosas sin conciliar, otras fueron legalmente devueltas, otras no han sido radicadas y otras est\u00e1n pendientes por pagar\u00bb. En consecuencia, plante\u00f3 las siguientes excepciones de m\u00e9rito: \u00abpago total de facturas\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb; \u00abinexistencia de obligaci\u00f3n o cobro de lo no debido\u00bb; \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb. Y \u00abmala fe\u00bb. <\/p>\n
4.- Primera instancia. <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla en sentencia del 23 de agosto de 2019, por la cual accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, conden\u00f3 a la demandada al pago de $4.891.456.892 junto con sus intereses moratorios liquidados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles las facturas. Por otro lado, declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n respecto de las facturas no. 16601, 17403, 17975, 19019, 25959, 27819, 35340, 101647, 102288, 10291, 102295, 102887 y 102992. <\/p>\n
5.- Segunda instancia. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte pasiva contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 17 de febrero de 2020-. All\u00ed confirm\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por dejar sentado que las deficiencias en las facturas presentadas para la conformaci\u00f3n de un t\u00edtulo valor \u00abno son \u00f3bice para que se valoren respecto de los servicios m\u00e9dicos prestados, aunado a que no fueron tachados de falso en su oportunidad\u00bb. Y ello es as\u00ed porque este se trata de un proceso declarativo en la que la demandante aspira que se le reconozca la existencia de una deuda, por lo que \u00abes admisible cualquier medio probatorio\u00bb. Como consecuencia de ello, y a la luz de la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia, \u00abno pueden atenderse cualquier cuestionamiento que se plantee sobre las razones por las que la Cl\u00ednica Jaller no acudi\u00f3 a un proceso ejecutivo para el cobro de las facturas pues ello es ajeno al presente proceso que es declarativo. Adem\u00e1s, es un argumento que en nada desvirt\u00faa lo pretendido por esta senda, cuando la demandada, en la contestaci\u00f3n del hecho tercero de la demanda, indic\u00f3: \u201ces cierto el hecho de que la entidad demandante ha prestado los servicios de salud a personas afiliadas a esta entidad\u201d visto a folio 67 del Cuaderno Principal o en su escrito de apelaci\u00f3n tambi\u00e9n manifest\u00f3 \u201cAhora bien, aunque se admita que la entidad demandante prest\u00f3 los servicios de salud en urgencias a pacientes ingresados por el SOAT\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en torno al reparo atinente a que la demandante omiti\u00f3 notificar a la EPS sobre el agotamiento de los recursos de la p\u00f3liza SOAT conforme al art\u00edculo 8 del Decreto 3990 del 2007, Circular 015 del 27 de octubre de 2016 de la Superintendencia de Salud y el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 9 del Decreto 56 del 2015, estim\u00f3 que \u00abanalizado el material probatorio fueron recepcionadas las declaraciones de Dilia Salazar Fuentes y Gladys Ramos Cueto, en su calidad de m\u00e9dica y enfermera auditora respectivamente, quienes depusieron sobre el ingreso de los pacientes afiliados a la demandada al servicio de urgencias m\u00e9dicas de la actora con ocasi\u00f3n de los accidentes de tr\u00e1nsito y con cargo a dichas p\u00f3lizas\u00bb. Destac\u00f3 que las declaraciones provienen de \u00abla profesional en la medicina designada por Coosalud a trav\u00e9s de su contratista, Apisalud, encargada de verificar la presencia del paciente o de los pacientes en las instalaciones de la demandante y si los servicios m\u00e9dicos reportados eran los efectivamente prestados\u00bb, quienes claramente manifestaron \u00abel conocimiento que ten\u00eda la enjuiciada en el ingreso de los pacientes\u00bb. Por lo tanto, la Sala no admiti\u00f3 el argumento seg\u00fan el cual el agotamiento de los recursos del SOAT no fue comunicado. <\/p>\n
Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n de dichos testimonios y los obst\u00e1culos para realizar la auditor\u00eda \u00abse tiene que si bien, esas mismas deponentes se refirieron a ello en forma general, al pregunt\u00e1rsele a Dilia Salazar Fuentes: \u201csi no tiene acceso a la informaci\u00f3n, \u00bfc\u00f3mo usted manifiesta de que s\u00ed se hac\u00edan glosas?\u201d Respondi\u00f3: \u201cporque no pod\u00edamos confirmar que lo que ellos nos informaban era cierto\u201d. M\u00e1s adelante dijo: \u201csi yo no tengo acceso a la historia cl\u00ednica, los servicios para m\u00ed son de dudoso cobro\u201d. Y a su turno, Gladys Cueto manifest\u00f3: \u201cyo tengo que glosar los servicios porque yo no tengo acceso a la historia cl\u00ednica\u201d\u00bb. Medios de prueba de los cuales se colige que, en efecto, \u00abhab\u00eda un procedimiento de glosa que se segu\u00eda por la demandada. Pero, puntualmente, las \u00fanicas facturas que fueron enlistadas por ella misma como glosada fueron las no. 34586, 97609 y 98712. Y aunque se alegaron otras, como la 98810 y la 96391 fueron devueltas, ello no fue demostrado a trav\u00e9s de medio probatorio alguno. Debido a que, a pesar de enunciarse como tal en los anexos 70 y 71 de la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) lo cierto es que dichos documentos carecen de constancia de recibido y\/o radicaci\u00f3n ante la cl\u00ednica Jaller\u00bb. <\/p>\n
Respecto del dictamen pericial, examinada la sentencia de primera instancia, encontr\u00f3 que el a quo descart\u00f3 el dictamen por las inconsistencias en su elaboraci\u00f3n. Por lo tanto, respecto de los argumentos y cuestionamientos que se enfilan contra el perito, \u00abconsidera la Sala que, si el a quo lo descart\u00f3, no tiene raz\u00f3n de ser la cr\u00edtica realizada en tal sentido\u00bb. En cuanto a la desestimaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de pago de la obligaci\u00f3n, el ad quem dictamin\u00f3 que, si bien se anex\u00f3 un documento denominado \u00abconciliaci\u00f3n de cartera circular 030 del 2013 a corte 30 de junio de 2016\u00bb suscrita entre las partes, lo cierto es que se ech\u00f3 de menos el acta de conciliaci\u00f3n \u00aby adicionalmente, aquel solo est\u00e1 suscrito por el gerente de Coosalud. De igual forma, a pesar de observarse comunicaci\u00f3n recibida por la demandada el 25 de agosto del 2016 en Bogot\u00e1, en ella \u00fanicamente se hace referencia a una conciliaci\u00f3n de cartera entre ambas partes correspondiente a facturas a 31 de diciembre del 2015, en las que no se precisa a qu\u00e9 facturas se refiere dentro del concepto: \u201cfacturas pagadas\u201d\u00bb. En ese sentido, no se posible atribuir a dicho documento las consecuencias que la apelante busca. Y si bien \u00abse expresa aportar con su escrito de apelaci\u00f3n el documento echado de menos, es extempor\u00e1neo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que concierne a haberse tenido en cuenta facturas enviadas por correo certificado, \u00abesa pr\u00e1ctica es permitida por el art\u00edculo 56 de la Ley 1438 de 2011\u00bb. Adem\u00e1s, a pesar de que se aduce que no le da constancia a la empresa Distrienv\u00edos porque no puede desprenderse cu\u00e1les fueron las facturas enviadas, \u00abello no es cierto. Cada uno de dichos documentos s\u00ed consigna el n\u00famero de la factura que estaba siendo remitida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon nueve cargos, de los cuales ser\u00e1 inadmitido el noveno, por no cumplir con los requisitos formales impuestos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. Los otros embates ser\u00e1n admitidos. <\/p>\n
NOVENO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal tercera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de no estar en consonancia con las excepciones que el Tribunal ha debido reconocer de oficio, al estar acreditados los hechos que las fundan. Indic\u00f3 que \u00abla actora pidi\u00f3 se declare (i) que prest\u00f3 servicios farmac\u00e9uticos, m\u00e9dicos, hospitalarios y quir\u00fargicos en urgencias a afiliados a la accionada que en accidente de tr\u00e1nsito pudieron sufrir da\u00f1os corporales y (ii) la obligaci\u00f3n de \u00e9sta de pagarle las sumas dichas en su libelo por esos servicios\u00bb. En consecuencia y de conformidad con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, correspond\u00eda a la actora la carga de la prueba. No obstante, considera el casacionista que \u00aben el proceso no obra ni una sola prueba, es m\u00e1s, ni un solo indicio, que demuestre que efectivamente ella, la actora ejecut\u00f3 cada uno de los servicios que denuncia en el libelo; y digo que cada uno de los servicios, porque como la reclamaci\u00f3n es con relaci\u00f3n al supuesto servicio que ella dice prest\u00f3 a cada uno de las m\u00e1s de 400 personas afiliadas a la accionada que en accidente de tr\u00e1nsito sufrieron da\u00f1os corporales; y esto el Tribunal, estando obligado a verlo, a reconocerlo y declararlo, no lo hizo; dej\u00f3 de ver (i) no solo que el proceso carece de prueba que establece esas efectivas ejecuciones de los distintos servicios, (ii) sino la prueba demostrativa de que tales servicios definitivamente no fueron prestados\u00bb. En cambio, adujo que s\u00ed \u00abhay prueba conteste de que ella, como lo dice la respuesta al hecho 8 del libelo, acostumbraba en acto de mala fe impedir a los auditores m\u00e9dicos de la accionada realizar la auditoria m\u00e9dica concurrente a fin de verificar el estado del paciente, la atenci\u00f3n brindada y el suministro de material de osteos\u00edntesis u otros, con esta pr\u00e1ctica era imposible la emisi\u00f3n de una autorizaci\u00f3n; as\u00ed, lejos de realizar ella lo que por ley le correspond\u00eda, lo que hac\u00eda era impedir la verificaci\u00f3n del paciente, como lo muestro enseguida\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, explic\u00f3 que los testimonios de Dilia Estela Salazar y Gladys Maritza Ramos dan cuenta de c\u00f3mo \u00abla actora nunca les permiti\u00f3 el acceso a las instalaciones de su cl\u00ednica, por lo mismo menos el acceso a ninguno de los pacientes y much\u00edsimo menos acceso a la historia cl\u00ednica de cada uno de los pacientes, ellas no pudieron hacer, ninguna de ellas pudo realizar, la auditoria m\u00e9dica en ninguno de los pacientes post-SOAT afiliados a la accionada, de donde por lo mismo jam\u00e1s supieron que la actora hubiera prestado los servicios afirmados en la demanda\u00bb. Aunado a ello, critic\u00f3 que el ad quem hubiera dejado de apreciar los documentos que integran el anexo 80 y el requerimiento del 24 de agosto del 2015, realizado por la demandada a la demandante. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el tema de la ejecuci\u00f3n de los servicios por la actora no lo trat\u00f3 el Tribunal, aun cuando era su obligaci\u00f3n reconocerlo \u00aben orden a emitir una sentencia congruente con los hechos relativos a la no ejecuci\u00f3n de ninguno de los servicios relacionados con ninguno de las casi 400 personas que la actora relaciona en su libelo; insisto, se sustrajo de reconocer que el caso NO tiene ni una sola prueba que muestre, irrefragablemente, la prestaci\u00f3n de los servicios aducidos en la pieza inicial del proceso, y s\u00ed hay, en cambio, prueba de que las auditoras quisieron constatarlo, y no lo pudieron hacer porque la IPS se los impidi\u00f3; y esto \u00faltimo NO lo vio el Tribunal\u00bb. Explic\u00f3 que la prueba de la ejecuci\u00f3n del servicio empieza por la auditor\u00eda concurrente, la cual debe contar con la previa solicitud de autorizaci\u00f3n. Por ende, si la demandada nunca pudo llevar a cabo tal auditor\u00eda \u00abella es justamente el canal que permite saber, a ciencia cierta, qu\u00e9 ejecuciones pudo haber realizado la actora alrededor de cada paciente, al no haber el menor rastro de tal auditor\u00eda concurrente, por las razones ya expresadas, sencillamente la conclusi\u00f3n es la falta de demostraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de los servicios aducidos en la demanda\u00bb. Asever\u00f3 que todos los documentos presentados por la demandante fueron de su propia creaci\u00f3n, y en ninguno figura la expresa voluntad de la demandada. As\u00ed pues, \u00abresulta as\u00ed ella fabricando su propia prueba, de donde por tanto no demuestran y de ning\u00fan modo pueden demostrar (i) ni la existencia de la relaci\u00f3n causal (ii) y ni menos la cuant\u00eda de unas supuestas obligaciones dinerarias que de la misma se derivan\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la presunta confesi\u00f3n sobre la prestaci\u00f3n de los servicios deducida de la contestaci\u00f3n de la demanda y del escrito de apelaci\u00f3n, \u00abcabe acotar que el contexto de las mismas es universal y no referido a ciertos y determinados servicios, a los cuales se refieren los documentos comunes aportados y enlistados en los hechos de la demanda\u00bb. Por lo tanto, tales confesiones \u00abno resultan ser prueba conducente en aras de demostrar la prestaci\u00f3n de los servicios de los cuales se deprec\u00f3 su declaratoria en el proceso que concluy\u00f3 con la sentencia acusada, toda vez que no se refieren exclusivamente a los pacientes determinados en la demandada, ni a los servicios relacionados en ella\u00bb. Tambi\u00e9n explic\u00f3 que el cargo no recae sobre apreciaciones probatorias \u00abporque precisamente los aspectos referidos de dichas pruebas o la ausencia de pruebas, no fueron apreciadas por el Tribunal\u00bb. As\u00ed las cosas, al no estar acreditada la prestaci\u00f3n de los servicios \u00aby por el contrario est\u00e1 acreditado por las testigos que la misma no se pudo constatar, y adem\u00e1s por no obrar en el expediente prueba id\u00f3nea de la prestaci\u00f3n alegada, surge un hecho exceptivo, el cual, a pesar de no haber sido propuesto, queda demostrado, por estar descartada la acreditaci\u00f3n de su ocurrencia en el proceso, es decir, queda demostrada su no ocurrencia, contrario sensu\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo transcrito adolece de defectos t\u00e9cnicos que ameritan su inadmisi\u00f3n. Fue fincado en la causal tercera de casaci\u00f3n. Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal omiti\u00f3 declarar de oficio la excepci\u00f3n de \u00abfalta de acreditaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. Por lo que incurri\u00f3 en incongruencia. <\/p>\n
2. Ciertamente, cuando se invoca el aludido motivo de casaci\u00f3n, es imperativo que el casacionista confronte el fallo con lo pretendido en la demanda, con la argumentaci\u00f3n asumida por la parte pasiva en su defensa. O con las cuestiones que forzosamente han debido ser reconocidas de oficio por el fallador. Al respecto, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel alegato debe encaminarse a demostrar una grave alteraci\u00f3n entre lo narrado y exigido en el libelo, en conjunto con el comportamiento asumido por el oponente en sus defensas, frente a lo consignado en el fallo, de tal manera que sea evidente una decisi\u00f3n ajena al debate\u00bb (CSJ, AC4125-2015). Lo que se observa es que, a modo de alegato de instancia, se insiste en la falta de acreditaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos cuyo pago reclama el demandante. Adem\u00e1s, se hace hincapi\u00e9 en la falta de valoraci\u00f3n de ciertos medios de prueba -testimonios y documentales-, que acreditan \u00abque tales servicios definitivamente no fueron prestados\u00bb. Tales planteamientos son propios del error de hecho de la causal segunda de casaci\u00f3n. Esto es, por un lado, se reprocha que el ad quem haya supuesto la prueba de la prestaci\u00f3n de un servicio que, a su juicio, no fue prestado. Y, por el otro, se critica la pretermisi\u00f3n de varios medios suasorios que demuestran lo contrario. En tal sentido, pese a la aclaraci\u00f3n efectuada, el argumento s\u00ed se estructur\u00f3 en apreciaciones probatorias. En una palabra, se incurri\u00f3 en la prohibici\u00f3n contemplada en el numeral b) del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, se inadmitir\u00e1 el cargo noveno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE el cargo noveno, formulado por Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud contra la sentencia del 17 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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