AC5061-2022 (2018-00242-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5061-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08 001 31 03 007 2018 00242 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Centro de Recuperaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Activos S.A.S., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de la recurrente contra Asociaci\u00f3n para la Construcci\u00f3n de Vivienda Popular \u2013 CONSTRUVISOL. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se solicit\u00f3 declarar la existencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada de pagar a la promotora la suma de $1.851.488.771, en virtud del derecho de subrogaci\u00f3n legal consagrado en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, por el pago de la indemnizaci\u00f3n que efectu\u00f3 C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales a favor del Instituto Nacional de Vivienda de Inter\u00e9s Social y de Reforma Urbana \u2013 INURBE. En consecuencia, se le condene al pago de la referida suma, actualizada al momento del pago. <\/p>\n
En sustento se expuso que el 2 de julio de 2002 Seguros C\u00f3ndor S.A. emiti\u00f3 varias p\u00f3lizas con el objeto de garantizar el buen manejo del anticipo de dineros desembolsados por el INURBE para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de los proyectos de construcci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social denominados Urbanizaci\u00f3n Brisas del R\u00edo Etapas I, III y IV, a desarrollarse en el municipio de Malambo \u2013 Atl\u00e1ntico; en el contrato de seguro figur\u00f3 como tomadora la Asociaci\u00f3n para la Construcci\u00f3n de Vivienda Popular \u2013 CONSTRUVISOL y como beneficiario el INURBE. <\/p>\n
Ante los incumplimientos de la tomadora, el beneficiario procedi\u00f3 a declarar los siniestros por el amparo de buen manejo del anticipo a los proyectos de construcci\u00f3n conferido. El 17 de marzo de 2005 la aseguradora suscribi\u00f3 un \u00abacuerdo general de pago para indemnizaci\u00f3n mediante la terminaci\u00f3n de proyectos del INURBE\u00bb, en el cual se comprometi\u00f3 a \u00absubrogarse en las obligaciones de los contratistas asegurados con el fin de dar por terminados los proyectos de construcci\u00f3n de vivienda, a fin de garantizar los amparos a favor del INURBE\u00bb <\/p>\n
No obstante, debido a su dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera C\u00f3ndor S.A. no acatar dicho acuerdo, por lo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio -subrogatario del INURBE-, inici\u00f3 proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria en su contra para obtener el pago de lo acordado, incluyendo los siniestros de Construvisol. <\/p>\n
Posteriormente, la aseguradora entr\u00f3 en cesaci\u00f3n de pagos por lo que la Superintendencia Financiera tom\u00f3 posesi\u00f3n de sus bienes y el 5 de diciembre de 2013 se inici\u00f3 proceso de liquidaci\u00f3n forzosa. Mediante Resoluci\u00f3n del 10 de marzo de 2014, el agente liquidador acept\u00f3, calific\u00f3 y gradu\u00f3 el cr\u00e9dito presentado por el Ministerio de Vivienda y el 19 de junio de 2015 se procedi\u00f3 a efectuar el pago a su favor de $1.851.488.771, por los referidos siniestros. <\/p>\n
En el mismo proceso liquidatorio, por virtud de la licitaci\u00f3n p\u00fablica para la venta de cartera de recobros, \u00e9sta fue adquirida por Centro de Recuperaci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Activos S.A.S. -CRA S.A.S.-, incluido el derecho de recobro por los mencionados pagos efectuados a favor del Ministerio de Vivienda, conforme se evidencia en la Escritura P\u00fablica 1369 de 2016. <\/p>\n
2.- Notificada del auto admisorio, la convocada se opuso y como excepciones de m\u00e9rito, aleg\u00f3: \u00abimprocedencia de la demanda por violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb; \u00abcobro de lo no debido por cumplimiento pleno de la entrega y construcci\u00f3n de las 232 casas ordenadas en los proyectos de vivienda con el Estado Nacional\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad de la acci\u00f3n de cobro por el t\u00e9rmino transcurrido\u00bb. <\/p>\n
3.- El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Barranquilla, en sentencia anticipada declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n extintiva y absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
4.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n de la demandante, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. Para decidir de ese modo, expuso: <\/p>\n
4.1.- El primer problema jur\u00eddico planteado en punto al tema de la prescripci\u00f3n de los derechos derivados de la denominada acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n con la que cuenta la aseguradora despu\u00e9s de realizar el pago de la obligaci\u00f3n condicional \u00abversa en torno a las reglas por las cuales se debe regir la misma, si por las contempladas para el contrato de seguro, consagradas en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, o por las reglas propias de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual o extracontractual que tuviere el asegurado frente al causante del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa disyuntiva, la jurisprudencia y parte mayoritaria de la doctrina han aceptado que, \u00abtanto las reglas como el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n aplicable para la aseguradora, son precisamente las dispuestas para la acci\u00f3n principal, inicialmente en cabeza del asegurado beneficiario, bajo el supuesto de que esta no deviene en s\u00ed misma del contrato de seguro\u00bb, de manera que el derecho que ejerce el asegurador al amparo de la acci\u00f3n subrogataria frente al responsable del siniestro, no se deriva de la relaci\u00f3n aseguraticia \u00absino que procede de la conducta antijur\u00eddica despegada por el victimario, autor del da\u00f1o que afect\u00f3 al damnificado o asegurado, seg\u00fan el caso\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal acoge esa postura y, adicionalmente, acota que, trat\u00e1ndose de la subrogaci\u00f3n, la aseguradora una vez cumple con la obligaci\u00f3n de pago, reemplaza al asegurado beneficiario en la acci\u00f3n que \u00e9ste tuviera contra el tercero causante del da\u00f1o, en esas condiciones, la relaci\u00f3n jur\u00eddica \u00abser\u00eda la misma que existir\u00eda entre este \u00faltimo y el beneficiario de la indemnizaci\u00f3n asumida por la aseguradora\u00bb. As\u00ed las cosas, es claro que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n \u00abdebe guiarse por las reglas propias de la acci\u00f3n o el derecho reclamado por el beneficiario, y no por las derivadas del contrato de seguro, contempladas en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
4.2.- El segundo interrogante versa sobre el momento en que debe iniciarse el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, si desde que ocurre el siniestro, o a partir del pago que realiza la aseguradora. Por el fen\u00f3meno de la subrogaci\u00f3n se genera \u00abuna sustituci\u00f3n o reemplazo de uno de los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, sin que ello implique el nacimiento de un nuevo derecho; al operar la subrogaci\u00f3n personal se produce tan solo el reemplazo de un sujeto por otro; sin embargo, ello no conlleva a la variaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, la cual se mantiene intacta\u00bb. Por lo tanto, en cabeza de la aseguradora no nace un nuevo derecho, sino que, en virtud del pago, asume el lugar del asegurado beneficiario hasta ese monto y puede ejercer la acci\u00f3n que aquel ten\u00eda contra el causante del da\u00f1o. <\/p>\n
4.3.- La prescripci\u00f3n que puede alegarse en contra de la aseguradora, es la misma extintiva del derecho reclamado por el asegurado beneficiario, \u00abvalga aclarar que a la aseguradora no se le inicia un nuevo c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, dado que la relaci\u00f3n jur\u00eddica de derecho y la acci\u00f3n es la misma, tan solo se reemplaza al sujeto, al ser la misma relaci\u00f3n el t\u00e9rmino prescriptivo es el mismo\u00bb. Por lo anterior, deben aplicarse las reglas de la prescripci\u00f3n que ven\u00edan operando para el asegurado frente al tercero causante del siniestro, \u00abtanto as\u00ed que el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, le permite al tercero proponer frente a la aseguradora las mismas excepciones que pudiera proponer frente a la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
4.5.- La interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no ha operado porque si bien es cierto el cobro coactivo tiene la virtualidad de producir ese fen\u00f3meno \u00aben ejercicio de ese mecanismo no se ejerc\u00eda la acci\u00f3n contra el tercero responsable sino contra la entidad aseguradora; y si se trata de una acci\u00f3n o un derecho distinto, una vez derivar\u00eda en s\u00ed mismo del contrato de seguro en tanto que la otra deviene de una relaci\u00f3n jur\u00eddica distinta\u00bb. <\/p>\n
La segunda interrupci\u00f3n alegada se afianza en el literal g) del art\u00edculo 116 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, conforme al cual, la toma de posesi\u00f3n conlleva la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y la inoperancia de la caducidad respecto de los cr\u00e9ditos a cargo de la entidad surgidos o exigibles antes de la toma de posesi\u00f3n, como puede observarse \u00abla interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n opera frente a los cr\u00e9ditos a cargo de la entidad no con los cr\u00e9ditos a su favor\u00bb. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Frente a la sentencia del Tribunal, el gestor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n y en la debida oportunidad sustent\u00f3 seis (6) cargos, el segundo y el quinto con soporte en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y los dem\u00e1s con fundamento en el motivo segundo previsto en la misma disposici\u00f3n. <\/p>\n
1.- En el inicial, por la v\u00eda indirecta, acus\u00f3 violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 19, 20 (num.10 y 15), 22 y 1096 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n, y los c\u00e1nones 1666, 1667 y 1668 del C\u00f3digo Civil por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal interpret\u00f3 de manera equivocada la demanda, su contestaci\u00f3n y omiti\u00f3 apreciar pruebas obrantes en el expediente, como son las p\u00f3lizas de seguro y el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la demandada. De esas piezas procesales se deduce \u201cque nos encontramos en la reivindicaci\u00f3n de un derecho crediticio cuya prestaci\u00f3n est\u00e1 reglada expresamente por el derecho mercantil y por cuenta del desarrollo de una actividad mercantil, de all\u00ed lo impropio de haber hecho elucubraciones al derecho civil en contrav\u00eda de la naturaleza especial que deb\u00eda regir este asunto\u00bb. <\/p>\n
La indebida interpretaci\u00f3n del ad quem desvi\u00f3 tambi\u00e9n la determinaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y su contabilizaci\u00f3n \u00abbajo los par\u00e1metros de la legislaci\u00f3n civil\u00bb, desconociendo que, trat\u00e1ndose de una controversia mercantil sus derroteros normativos y efectos est\u00e1n regulados en esa especialidad, de ese modo transgredi\u00f3 las fuentes del derecho comercial \u00aben lo que ata\u00f1e a las normas que rigen los asuntos de los comerciantes\u00bb, en especial la prescripci\u00f3n que sobre la materia debatida contempla el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, y aplic\u00f3 indebidamente a la definici\u00f3n de la controversia los art\u00edculos 1666, 1667 y 1668 del C\u00f3digo Civil, pues no eran las llamadas a gobernarla. <\/p>\n
El ad quem desconoci\u00f3 que el derecho consagrado en el citado art\u00edculo 1096 no es una mera \u00absubrogaci\u00f3n\u00bb que pueda interpretarse conforme a la legislaci\u00f3n civil \u00abcomo la sustituci\u00f3n de un sujeto por otro en una relaci\u00f3n jur\u00eddica, siendo el derecho de la aseguradora un derecho derivado, pues el legislador mercantil lo contempl\u00f3 como el mecanismo aut\u00f3nomo para garantizar que el seguro de da\u00f1os no sea fuente de enriquecimiento ni para el asegurado o beneficiario ni el responsable del siniestro, cuyo riesgo fue amparado por dicho contrato\u00bb. <\/p>\n
2.- En el segundo, de conformidad con el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acus\u00f3 afrenta directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1\u00b0, 822, 1037, 1088 y 1055 y aplicaci\u00f3n indebida del canon 1096, del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n ofrecida por el juzgador de segunda instancia al art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio viola la ley de forma directa, al concebir un alcance o contenido que dicha norma no contempla, en desconocimiento del precepto 822 del mismo estatuto, norma especial conforme a la cual, los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos, contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos de que la ley establezca otra cosa, de lo contrario, a voces del art\u00edculo 1\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio, se deber\u00e1 ce\u00f1ir la resoluci\u00f3n de la controversia al derecho comercial y a la analog\u00eda. <\/p>\n
El art\u00edculo 1096 de C\u00f3digo de Comercio consagra la existencia de un derecho en cabeza de la aseguradora aut\u00f3nomo e independiente de aquel del beneficiario del pago de la indemnizaci\u00f3n, en concreto, el de cualquier asegurador de repetir o recobrar las sumas que ha pagado por cuenta de una indemnizaci\u00f3n, hasta el importe de lo pagado, contra las personas responsables del siniestro. La misma disposici\u00f3n contempla que dicha obligaci\u00f3n nacer\u00e1 a la vida jur\u00eddica, \u00aben el momento en que se compruebe el pago efectivo por parte de la aseguradora, no antes, no despu\u00e9s, siendo un aspecto central de la obligaci\u00f3n, esto es, su nacimiento y no meramente un aspecto de legitimaci\u00f3n para ejercer el \u201cderecho derivado\u201d como lo interpret\u00f3 el Tribunal\u00bb, si esa regulaci\u00f3n re\u00fane todos los aspectos medulares de la acci\u00f3n de recobro y de la obligaci\u00f3n legal contemplada en contra del responsable del siniestro, resulta impropio que se pretenda definir su alcance \u00abcon sustento en la subrogaci\u00f3n por pago consagrada en la legislaci\u00f3n civil y mucho m\u00e1s que se pretenda desconocer la especialidad de tal disposici\u00f3n con sustento en la regulaci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se desconoce que el prop\u00f3sito del referido canon 1096 mercantil, ata\u00f1e a consagrar un mecanismo id\u00f3neo que garantice la vigencia del principio que proh\u00edbe que alguien pueda enriquecerse sin justa causa a expensas de otro en materia de seguros de da\u00f1os, por tal raz\u00f3n, los juicios de valor expuestos por el Tribunal desconocieron los art\u00edculos 1037, 1055 y 1088 ibidem, que debieron marcar la soluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
Es en ese contexto que debi\u00f3 ser interpretado el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio y no como una mera repetici\u00f3n de lo ya estatuido en el C\u00f3digo Civil en sus art\u00edculos 1666 al 1668, \u00abpues el prop\u00f3sito del derecho de recobro en cabeza de la aseguradora, no tiene el fin en s\u00ed de \u201ctransferirle\u201d los derechos del beneficiario del pago de la indemnizaci\u00f3n, sino de garantizar la vigencia del principio de no enriquecimiento una vez producido el pago, lo que lo denota de un instrumento aut\u00f3nomo e independiente para lograr tal fin\u00bb. <\/p>\n
Para el juzgador no hab\u00eda diferencia alguna entre la subrogaci\u00f3n legal instituida en la legislaci\u00f3n civil, fruto del pago, con la contemplada en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, que reglamenta el derecho de recobro en materia de seguros, lo que constituye un error manifiesto. <\/p>\n
Aceptar esta tesis, comportar\u00eda la inutilidad absoluta del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, pues bastar\u00eda con la reglamentaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil para que la aseguradora se subrogara en los derechos y privilegios del beneficiario del seguro frente al victimario. As\u00ed, la citada norma del estatuto mercantil ser\u00eda in\u00fatil y repetitiva, pues, conforme el criterio del Tribunal y de la doctrina mayoritaria, lo que ya contemplan los art\u00edculos 1666, 1667, 1668 y 1670 del C\u00f3digo Civil, ser\u00eda aplicable a los contratos de seguros por cuenta del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Cuando el art\u00edculo 1096 contempla que el responsable del siniestro podr\u00e1 proponer las mismas excepciones que hubiese podido alegar contra el damnificado, m\u00e1s all\u00e1 de confirmar la supuesta sustituci\u00f3n del asegurador en el lugar del damnificado, reiterando la tesis del derecho derivado, lo que consagra es el r\u00e9gimen de excepciones que el legislador mercantil acepta en el ejercicio de dicha acci\u00f3n de recobro, sin que por ello esta pierda su independencia. En suma, el simple hecho de que el responsable del siniestro pueda enervar las mismas excepciones que contra aquel que afect\u00f3, no implica que el derecho de recobro de la aseguradora se derive del derecho del damnificado, pues estas situaciones no son m\u00e1s que la instrumentalizaci\u00f3n que el legislador en materia de excepciones consagra para atacar la validez del pago recobrado o la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por pasiva o por activa. <\/p>\n
Esta circunstancia tuvo incidencia directa en la sentencia impugnada, pues el debate gir\u00f3 en torno a la determinaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que aplicaba a la acci\u00f3n de recobro impetrada por CRA S.A.S. y en la identificaci\u00f3n del momento desde el cual se deb\u00eda contabilizar dicho t\u00e9rmino. <\/p>\n
En concreto, se desconoci\u00f3 la autonom\u00eda propia de la obligaci\u00f3n y la oportunidad para ejercer la acci\u00f3n, lo que conllev\u00f3 a la errada contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino, al ser el derecho de recobro un derecho aut\u00f3nomo reglado especialmente por la legislaci\u00f3n mercantil, mal pod\u00eda tomarse como inicio del c\u00f3mputo el momento de la ocurrencia del siniestro, pues la acci\u00f3n de la aseguradora no es la misma del beneficiario del pago, sino una independiente y aut\u00f3noma nacida con el pago de la respectiva indemnizaci\u00f3n; por lo que, el c\u00e1lculo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe iniciarse desde el d\u00eda siguiente al pago y no en momentos pret\u00e9ritos donde el derecho en ciernes no ha nacido ni se ha originado y donde cualquier intento de recobro previo a tal hecho, generar\u00eda el cobro de lo no debido. <\/p>\n
En el tercer cargo se invoc\u00f3 la causal segunda de casaci\u00f3n, acusando la sentencia de segunda instancia de violar indirectamente los art\u00edculos 6\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 3\u00b0 de 1991 que regulan el subsidio de vivienda familiar otorgado por el INURBE, con el fin de garantizar soluciones de vivienda a los postulantes en forma individual o colectiva; los art\u00edculos 2\u00b0, 13, 47, 59 y 63 del Decreto 2620 de 2000, que reglamentan la destinaci\u00f3n y desembolso de los subsidios de vivienda, la garant\u00eda para su debida ejecuci\u00f3n y la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n en eventos de incumplimiento, y los art\u00edculos 2\u00b0 del Decreto 1585 de 2001, 5\u00b0 del Decreto 2488 de 2002, 1\u00b0 del Decreto 603 de 2004 y 42 del Decreto 975 de 2004, que ampliaron la vigencia de los subsidios otorgados por el INURBE en el a\u00f1o 2001. <\/p>\n
El juzgador no apreci\u00f3 en debida forma la demanda, ni su contestaci\u00f3n; adem\u00e1s, pretermiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de la totalidad de los medios de prueba acerca del derecho originario del INURBE a cargo de la demandada y en el cual se subrog\u00f3 C\u00f3ndor S.A. por cuenta del pago de la indemnizaci\u00f3n reclamada por el Ministerio de Vivienda, como subrogataria legal del INURBE. <\/p>\n
4.- En el cuarto, tambi\u00e9n con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 afrenta indirecta de los art\u00edculos 820 del C\u00f3digo de Comercio, que consagra la solidaridad en materia mercantil, 1568, 1569, 1571 y 1572 del C\u00f3digo Civil que regulan la naturaleza y efectos jur\u00eddicos de las obligaciones solidarias y las prerrogativas del acreedor en dichos eventos; 1127, 1128, 1131 y 1133 del C\u00f3digo de Comercio, 203 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y 4\u00b0 de la Ley 389 de 1997, que regulan los seguros de responsabilidad y las prerrogativas que tiene el beneficiario de dichos contratos. <\/p>\n
Se incurri\u00f3 en un error de hecho manifiesto al no apreciar en debida forma la demanda y su contestaci\u00f3n y al pretermitir la apreciaci\u00f3n de la totalidad de los medios de prueba, al considerar que la obligaci\u00f3n del INURBE frente a Construvisol y la que detentaba contra C\u00f3ndor S.A., no estaban correlacionados, pues en realidad se trataba de una sola obligaci\u00f3n, de car\u00e1cter solidario. <\/p>\n
Las pruebas obrantes en el expediente daban cuenta de la naturaleza de la obligaci\u00f3n a favor del INURBE, de la cual eran deudores tanto Construvisol como C\u00f3ndor S.A., la primera como responsable directa de aquella y la otra como garante. De esa forma, a la hora de resolver sobre la prescripci\u00f3n, se omiti\u00f3 establecer con claridad cu\u00e1l era el derecho que trasfiri\u00f3 la subrogaci\u00f3n o que ubic\u00f3 como acreedor a la aseguradora, los elementos derivados de la obligaci\u00f3n o prestaci\u00f3n que de este emanaba y la naturaleza de la obligaci\u00f3n del INURBE, lo que afecta la legalidad de la sentencia, pues no pod\u00eda desestimar la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n alegada por CRA S.A.S. en su apelaci\u00f3n, sin determinar la misma. <\/p>\n
5.- El quinto cargo, tambi\u00e9n con soporte en la causal segunda de casaci\u00f3n, atribuy\u00f3 violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2517, 2512, 2535, 2536, 2539 y 2540 del C\u00f3digo Civil y el 94 del C\u00f3digo General del Proceso, por error de hecho manifiesto al no apreciar la totalidad de los medios de prueba, que daban cuenta de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n que ten\u00eda el INURBE contra Construvisol, en la que se subrog\u00f3 C\u00f3ndor S.A. <\/p>\n
El ad quem dej\u00f3 de apreciar: i) Oficio SGPI-273 del 13 de enero de 2005 suscrito por el INURBE; ii) Acuerdo general de pago de indemnizaciones suscrito entre el INURBE y C\u00f3ndor S.A.; iii) mandamiento de pago del 29 de octubre de 2009, proferido por el Ministerio de Vivienda dentro del proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva OAJ-001-2009 adelantado contra C\u00f3ndor S.A. por cuenta del acuerdo de indemnizaciones del 17 de marzo de 2005; y iv) la Resoluci\u00f3n 173 del 16 de marzo de 2015, expedida por el agente liquidador de C\u00f3ndor S.A. <\/p>\n
6.- En el sexto reproche, al tamiz de la causal primera de casaci\u00f3n, se adujo que la sentencia censurada vulnera directamente los art\u00edculos 825 del C\u00f3digo de Comercio; 63 del Decreto 2620 del 2000; 1569, 1571, 1572, 2517, 2512, 2535, 2536, 2539 y 2540 del C\u00f3digo Civil y 94 del C\u00f3digo General del Proceso, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal fue muy precario al definir que la acci\u00f3n originaria del INURBE contra Construvisol, no se interrumpi\u00f3 por cuenta del acuerdo suscrito entre el primero y C\u00f3ndor S.A., ni por el proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva, ni mucho menos por el tr\u00e1mite liquidatorio de aquella entidad, sin se\u00f1alar las normas que lo llevaron a esa conclusi\u00f3n; dada la falta de motivaci\u00f3n o su deficiencia, incurri\u00f3 en el yerro que se aduce. <\/p>\n
Se dejaron de aplicar las citadas disposiciones desconociendo que la obligaci\u00f3n exigible a Construvisol era de car\u00e1cter solidario, raz\u00f3n por la cual, exigirla a aquella o la aseguradora, era opci\u00f3n del INURBE como acreedor, sin que su selecci\u00f3n \u00abimplicara liberar a la no demandada o que por el simple hecho de tal elecci\u00f3n, la prescripci\u00f3n frente al deudor no demandado o no reclamado seguir\u00eda trascurriendo\u00bb. <\/p>\n
La demandante al presentar esta demanda el 28 de septiembre de 2018, lo hizo de forma oportuna, pues el derecho en que se subrog\u00f3 sigui\u00f3 interrumpido incluso despu\u00e9s del pago de la indemnizaci\u00f3n del 19 de junio de 2015, dado que la liquidaci\u00f3n de C\u00f3ndor culmin\u00f3 en abril de 2016; en consecuencia, al no existir un t\u00e9rmino especial para la acci\u00f3n que ten\u00eda el INURBE contra Construvisol, esta se reg\u00eda por los 10 a\u00f1os previstos en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, el cual a\u00fan no se ha cumplido. <\/p>\n
El protuberante error jur\u00eddico de la sentencia atacada, se present\u00f3 al concluir que el derecho subrogado se encontraba prescrito, cuando, a la luz de las normas que gobiernan el asunto, la acci\u00f3n para reclamarlo se interrumpi\u00f3 en legal forma. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Si se invoca la causal segunda, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho por desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
3.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n de todos los cargos esgrimidos presenta graves defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1.- La primera acusaci\u00f3n resulta desenfocada, por cuanto deja de lado el cuestionamiento de los verdaderos motivos esgrimidos por el Tribunal para resolver el caso en la forma que lo hizo, y entra a plantear aspectos que no constituyen su sustento, adicionalmente, la exposici\u00f3n del impugnante no da cuenta de la precisi\u00f3n y claridad que exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, mientras el juzgador de segundo grado desde el inicio de su prove\u00eddo dej\u00f3 sentado que los problemas jur\u00eddicos que se propon\u00eda resolver consist\u00edan en: i) determinar si se encontraban estructurados los presupuestos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos para declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, y, ii) si el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe efectuarse a partir del momento en que la aseguradora efectu\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n, o desde la ocurrencia de siniestro, y, iii) dentro de la estructura de su fallo, se\u00f1al\u00f3 que para dar respuesta al segundo interrogante era menester \u00abhacer claridad acerca de la figura de la subrogaci\u00f3n y la forma en la que se ha consagrado \u00e9sta en la legislaci\u00f3n comercial, de forma particular para el contrato de seguro\u00bb, en orden a la cual, incluy\u00f3 un ac\u00e1pite denominado \u00abnoci\u00f3n de subrogaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Revisada la sentencia confutada, se echa de menos cualquier referencia a los art\u00edculos 1666, 1667 y 1668 del C\u00f3digo Civil, de donde el reproche de \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb, es a todas luces ajeno al cuestionamiento que propone la censura. Y lo mismo acontece con lo que califica como \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los c\u00e1nones 1\u00b0, 2\u00b0, 19, 20 (nums.10 y 15), 22 y 1096 del C\u00f3digo de Comercio, pues, en lo medular, en la resoluci\u00f3n del recurso de alzada el tribunal tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la normativa mercantil especialmente la referente a la subrogaci\u00f3n alegada, cuyo sustento no era otro que el art\u00edculo 1096 del citado estatuto. <\/p>\n
Por otra parte, la censura es confusa dado que se formula de manera muy general al aludir indistintamente a los tres aspectos que dan lugar a la afrenta indirecta de normas sustanciales, esto es, la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o ciertos medios de prueba con la magnitud de yerro evidente y trascendente, pero no se especifica en cu\u00e1l de las tres infracciones se inscribe el reproche. <\/p>\n
Acerca del defecto advertido, en AC4142-2017, se memor\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, adem\u00e1s, que la omisi\u00f3n de la valoraci\u00f3n de algunos medios documentales como p\u00f3lizas de seguro, solo se adujo con miras a sustentar el aserto relacionado con que el caso debi\u00f3 regirse por \u00abel derecho mercantil y por cuenta del desarrollo de una actividad mercantil, de all\u00ed lo impropio de haber hecho elucubraciones al derecho civil en contrav\u00eda de la naturaleza especial que deb\u00eda regir este asunto\u00bb, circunstancia que de haber constituido un yerro de iure estar\u00eda estrechamente relacionado con el marco normativo llamado a disciplinar la litis, y no con aspectos de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3.2.- El segundo cargo igualmente luce asim\u00e9trico e incompleto, toda vez que la inconforme insiste en soportar su descontento frente a recursos argumentativos que el tribunal no utiliz\u00f3, al tiempo que deja por fuera de discusi\u00f3n aspectos que s\u00ed constituyen pilares del fallo. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, se duele de que el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio no debi\u00f3 ser mirado como \u00abuna mera repetici\u00f3n de lo estatuido en el C\u00f3digo Civil en sus art\u00edculos 1666 al 1668\u00bb, pese a que el ad quem nada dijo a ese respecto; y en la misma direcci\u00f3n, sostuvo que el juzgador de segunda instancia consider\u00f3 que no hab\u00eda diferencia alguna entre la subrogaci\u00f3n legal instituida en los art\u00edculos 1666, 1667, 1668 y 1670 del C\u00f3digo Civil, fruto del pago, con la contemplada en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, que reglamenta el derecho de recobro en materia de seguros, y que aceptar esta tesis, comportar\u00eda la \u00abinutilidad absoluta del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; inferencias que pueden ser producto de la comprensi\u00f3n que del fallo realiz\u00f3 el opugnante, pero como al respecto nada dijo el sentenciador colegiado, lo que resultan es desfigurando su contenido al alejarse por completo del raciocinio que all\u00ed efectivamente qued\u00f3 plasmado. <\/p>\n
A ese respecto, cumple memorar que el Tribunal no puso en duda que la acci\u00f3n subrogataria promovida por la accionante era la consagrada en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, y consider\u00f3 que \u00aben cabeza de la aseguradora no nace un nuevo derecho, sino que \u00e9sta en virtud del pago asume el lugar que ten\u00eda el asegurado beneficiario hasta el monto de lo cancelado, de tal forma que puede ejercer la acci\u00f3n que aquel tuviera frente al causante del siniestro\u00bb, razonamiento que a simple vista no se advierte como vulneratorio por falta de aplicaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n indebida de las normas invocadas por el recurrente. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, la acusaci\u00f3n deviene incompleta comoquiera que el finiquito del caso se debi\u00f3 a que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, para lo cual se indic\u00f3 que \u00e9sta \u00abdeb\u00eda guiarse por las reglas propias de la acci\u00f3n o el derecho reclamado por el beneficiario y no por las derivadas del contrato de seguro, contempladas en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, sin embargo, la censura se centr\u00f3 en el hecho a partir del cual, desde el punto de vista del inconforme, debi\u00f3 el tribunal cuantificar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, sin cuestionar la aplicaci\u00f3n en s\u00ed de las disposiciones generales que rigen el fenecimiento de la acci\u00f3n como fundamento jur\u00eddico del fallo, de manera que permanece en firme lo decidido sobre esa materia que, a la postre, fue lo que trunc\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de las aspiraciones de la ahora recurrente. <\/p>\n
Sobre los defectos advertidos, en AC6897-2017 se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
La Sala ha manifestado: [E]l censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que \u201c\u2026los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u201d (AC, 29 oct. 2013, rad. n\u00b0 2008-00576-01) <\/p>\n
4.- El recurrente se\u00f1al\u00f3 que los cargos 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0, los propon\u00eda en forma \u00absubsidiaria y aut\u00f3noma\u00bb, al respecto, es pertinente se\u00f1alar que seg\u00fan se memor\u00f3 en AC 14 ene. 2005. Exp. 2000-0259-01, en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n es improcedente plantear cargos de manera subsidiaria, por cuanto la Corte solo queda relevada de estudiarlos todos, \u00aben el evento de que prospere alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casaci\u00f3n total de las resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de ninguna condici\u00f3n como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera subsidiaria en la demanda, pues la \u00fanica limitaci\u00f3n que tiene la Corte, es la establecida por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que impone que los cargos sean resueltos en el orden l\u00f3gico (cas. civ. 30 de noviembre de 2001, Exp. 5980)\u00bb. <\/p>\n
Puntualizado lo anterior, se advierte que ninguno de estos reproches satisface a cabalidad los requerimientos de t\u00e9cnica, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1.- Los que sustentan los cargos tercero y cuarto, incurren en el mismo defecto advertido en precedencia, en punto a la imprecisi\u00f3n, pues, igualmente, se refieren de manera indiscriminada los tres aspectos que dan lugar a la afrenta indirecta de normas sustanciales -indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o ciertos medios de prueba- sin concretar de qu\u00e9 manera el juzgador incurri\u00f3 en un defecto de esa \u00edndole con un alcance de yerro evidente y trascendente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, emergen como desenfocados pues su alegaci\u00f3n se centra en puntos relacionados con la pol\u00edtica de subsidios de vivienda de inter\u00e9s social otorgados por el INURBE (cargo 3\u00b0) y a las obligaciones solidarias con las prerrogativas de los acreedores (cargo 4\u00b0), aspectos de orden jur\u00eddico que resultan ajenos a lo que fue objeto de pronunciamiento del tribunal al desatar el recurso de alzada; es m\u00e1s, aquellos ni siquiera hac\u00edan parte del thema decidendum, entendido como el binomio conformado por la pretensi\u00f3n y la excepci\u00f3n, pues la demanda se edific\u00f3 en la acci\u00f3n subrogataria prevista en el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio y el medio de defensa analizado en la sentencia fue la prescripci\u00f3n extintiva, siendo sobre esos elementos que vers\u00f3 todo el an\u00e1lisis del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
4.2.- Tambi\u00e9n resulta asim\u00e9trico el cargo quinto que acusa violaci\u00f3n indirecta de la ley por error de hecho manifiesto por falta de apreciaci\u00f3n de la totalidad de los medios de prueba, que, en el criterio del censor, daban cuenta de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n que ten\u00eda el INURBE contra Construvisol en la que se subrog\u00f3 C\u00f3ndor S.A.; mismo defecto que se predica del sexto que alega afrenta directa, por falta de aplicaci\u00f3n de disposiciones de car\u00e1cter material. Ello, por cuanto no combaten los verdaderos motivos por los que el ad quem desestim\u00f3 los argumentos del apelante para sustentar la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Al efecto, debe tenerse en cuenta que el inconforme al sustentar su recurso de alzada, esgrimi\u00f3 que en este caso se presentaron dos circunstancias con la idoneidad de interrumpir civilmente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n intentada, a saber2: el mandamiento de pago proferido en el proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva por el Ministerio de Vivienda en contra de C\u00f3ndor S.A. en octubre de 2009; y la orden de toma de posesi\u00f3n con fines de liquidaci\u00f3n de esa aseguradora por orden de la Superintendencia Financiera el 5 de agosto de 2013, conforme a los efectos previstos en el art\u00edculo 116 literal f del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero. <\/p>\n
Tales alegaciones no fueron acogidas por el Tribunal, en orden a lo cual, adujo: i) si bien es cierto el cobro coactivo tiene la virtualidad de producir ese fen\u00f3meno \u00aben ejercicio de ese mecanismo no se ejerc\u00eda la acci\u00f3n contra el tercero responsable sino contra la entidad aseguradora; y si se trata de una acci\u00f3n o un derecho distinto, una vez derivar\u00eda en s\u00ed mismo del contrato de seguro en tanto que la otra deviene de una relaci\u00f3n jur\u00eddica distinta\u00bb; ii) la segunda interrupci\u00f3n alegada se afianza en el literal del art\u00edculo 116 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, conforme al cual, la toma de posesi\u00f3n conlleva la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y la inoperancia de la caducidad respecto de los cr\u00e9ditos a cargo de la entidad surgidos o exigibles antes de la toma de posesi\u00f3n, como puede observarse \u00abla interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n opera frente a los cr\u00e9ditos a cargo de la entidad no con los cr\u00e9ditos a su favor\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, cualquier desacuerdo de la recurrente frente a la desestimaci\u00f3n de su tesis de la interrupci\u00f3n civil del fen\u00f3meno extintivo, debi\u00f3 orientarse a socavar las inferencias del sentenciador sobre ese particular. De ah\u00ed que, si no debati\u00f3 los verdaderos fundamentos de la decisi\u00f3n, sino que propendi\u00f3 por alegar elementos extra\u00f1os a la disertaci\u00f3n, ello comporta que la sentencia se torne inmodificable en esa materia. <\/p>\n
Por otra parte, el sexto cargo introduce como aspecto novedoso el tema de las obligaciones solidarias, reclamando que las normas del C\u00f3digo Civil que las regulan no hayan sido aplicadas en la resoluci\u00f3n del caso (art. 1569, 1571, 1572), todo ello con miras a soportar la configuraci\u00f3n de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. Se plantean as\u00ed situaciones de hecho y de derecho que no fueron invocadas en las instancias ordinarias del juicio para cuestionar la procedencia de la prescripci\u00f3n o sustentar la ocurrencia de su interrupci\u00f3n, situaci\u00f3n que habilita la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- En suma, como los ataques no re\u00fanen satisfactoriamente los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, y toda vez que no se aprecian razones que justifiquen darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso al no advertirse que el fallo impugnado comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, de conformidad con el art\u00edculo 346 ibidem, la demanda se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por la parte actora para sustentar el recurso de casaci\u00f3n formulado frente a la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2019, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
2\u0002 Audiencia de segunda instancia. Minuto 9.05 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC5061-2022 (2018-00242-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC5061-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08 001 31 03 007 2018 00242 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se decide sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}