AC5187-2022 (2022-03891-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5187-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03891-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Nelly Ruth Marrugo Mora. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequatur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia de la providencia \u00abfirmada el 23 de enero de 2017, librada el 25 de mayo de 2021\u00bb proferida por el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Stuttgart \u2013 Bad Cannstatt \u2013 Alemania [Archivo digital 0002]. <\/p>\n
2. En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala la demandante, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que el 31 de diciembre de 2008, contrajo con Jens Christoph Andrei, en la Parroquia Cristo Rey de Crespo, de la ciudad de Cartagena \u2013 Colombia. <\/p>\n
La solicitante indic\u00f3 que el v\u00ednculo se finiquit\u00f3 por la separaci\u00f3n de la pareja por m\u00e1s de dos a\u00f1os; asimismo destac\u00f3 que, durante el tiempo que perdur\u00f3 la uni\u00f3n no procrearon ni adoptaron hijos, tampoco adquirieron bienes. <\/p>\n
3. Manifest\u00f3 la interesada que la causal por la que se declar\u00f3 el divorcio en el extranjero se equipara a la dispuesta en la \u00abLey Primera de 1976, numeral 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, vigente en la Rep\u00fablica de Colombia, esto es, \u201cLa separaci\u00f3n de cuerpos decretada judicialmente que perdure m\u00e1s de dos a\u00f1os\u201d\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606, entre ellos, que la decisi\u00f3n for\u00e1nea cuya homologaci\u00f3n se persigue \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00ba Ibidem), exigencia que resulta insatisfecha en el caso que se examina. <\/p>\n
2. Lo anterior, por cuanto confrontadas las nociones previamente expuestas con la realidad que revela la documental obrante en el expediente, surge que la reclamante no aport\u00f3 la constancia de ejecutoria de la sentencia que pretende sea homologada, de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, valga decir, la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme, siendo criterio de la Sala que la ausencia de ese par\u00e1metro conlleva el rechazo de plano de la solicitud [CSJ AC5566-2018, 19 dic., rad.2018-02899-00, reiterado en CSJ AC1439-2019, 24 abr., rad. 2019-01134-00, CSJ AC4035-2019, 23 sep., rad. 2018-03874-00, CSJ AC215-2020, 29 ene., rad. 2020-00190-00, CSJ AC834-2020, 10 mar., rad. 2020-00599-00, CSJ AC1523-2020, 21 jul. 2020, rad. 2020-00859-00 y recientemente CSJ AC1220-2022, 28 mar., rad. 2022-00809-01]. <\/p>\n
3. Si no resultara suficiente la ausencia del referido documento para proceder al rechazo que se predica, debe destacarse que \u00e9sta desatendi\u00f3 el contenido del art\u00edculo 251 de la codificaci\u00f3n en comento, seg\u00fan el cual \u00ab[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Ello, por cuanto, si bien se ados\u00f3 la traducci\u00f3n de la sentencia a convalidar, lo cierto es que \u00e9sta no cumple el requisito legal que viene de mencionarse, pues no hay certeza de que, quien realiz\u00f3 dicha tarea cuente con el reconocimiento oficial para el efecto, calidad que debe ser demostrada con la respectiva Resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia, y la legalizaci\u00f3n de su signatura en cada uno de los instrumentos traducidos, omisiones que impiden tener por refrendada la copia del veredicto rese\u00f1ado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, que solo es int\u00e9rprete oficial quien est\u00e9 reconocido como tal por la autoridad correspondiente en Colombia y su calidad se acredita seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 3269 de 14 de junio de 2016, emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el par\u00e1grafo primero del canon 8\u00b0 prev\u00e9 que \u00abSi los documentos de que trata el presente art\u00edculo una vez apostillados requieren de una traducci\u00f3n en idioma diferente al castellano, deber\u00e1n ser traducidos por traductor oficial certificado en Colombia y la firma del traductor oficial debe ser apostillada\u00bb. <\/p>\n
4. A lo anotado se suma que los dem\u00e1s documentos otorgados en el extranjero que acompa\u00f1aron la sentencia a convalidar no cuentan con apostilla, lo que conlleva a tener por desatendida la exigencia consagrada en el inciso segundo de la misma regla rese\u00f1ada en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, tampoco se adjunt\u00f3 evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 ibidem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequatur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul., criterio reiterado en CSJ AC996-2022, 15 mar.). <\/p>\n
6. Mucho menos alleg\u00f3 el texto de las leyes en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n extranjera, en aras de acreditar la reciprocidad legislativa. Para tal fin, el precepto 177 del C\u00f3digo General del Proceso, faculta su aportaci\u00f3n en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte\u00bb, bien, previa expedici\u00f3n de \u00ab(\u2026) la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds\u00bb; tambi\u00e9n, mediante un \u00abdictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u00bb o ya, a trav\u00e9s del \u00abtestimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente\u00bb. <\/p>\n
7. Finalmente, tampoco se encuentran satisfechas las formalidades impuestas en el C\u00f3digo General del Proceso y en la Ley 2213 de 2022 en materia de notificaci\u00f3n, puntualmente, la de remitir al contendiente copia de la demanda y sus anexos. <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, suficientes resultan las razones esbozadas en precedencia para rechazar la demanda, por lo que as\u00ed se dispondr\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devolver los anexos del libelo por cuanto fueron allegados en formato digital. Arch\u00edvese la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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