AC5277-2022 (2022-01300-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01300-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del proceso de expropiaci\u00f3n iniciado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca contra la sociedad ISCAT\u00c1 S.A., que se adelanta ante el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 25286-31-03-001-2011-01008-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. El litigio <\/p>\n
1. El 19 de abril de 2011, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca realiz\u00f3 oferta, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, por una extensi\u00f3n de 60.861,62 m2 del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 50N-1142412 de propiedad de ISCAT\u00c1 S.A., cuyo representante legal rechaz\u00f3 el ofrecimiento aduciendo que es inferior al aval\u00fao comercial, e incluso, catastral del fundo. <\/p>\n
2. En consecuencia, la entidad p\u00fablica promovi\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza (rad. 2011-01008), que fue admitida mediante auto de 2 de noviembre de 2011, produci\u00e9ndose la entrega provisional del lote requerido el 8 de marzo de 2012. <\/p>\n
3. En providencia de 23 de enero de 2013 se desat\u00f3 la litis, accediendo a las pretensiones de la actora y ordenando avaluar el bien, a trav\u00e9s de un perito del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para efectos de determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n a reconocer; la inscripci\u00f3n del veredicto en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares que pesaran sobre la franja de terreno respectiva. <\/p>\n
4. Inconforme, la pasiva formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que fue desatado el 28 de octubre de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que dispuso que el peritaje fuera presentado por dos expertos, uno de la entidad se\u00f1alada por el a quo y otro que se designara de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
5. El 22 de abril de 2015 fueron nombrados los encargados de elaborar el trabajo aludido, quienes no acudieron a tomar posesi\u00f3n del cargo. Por auto de 10 de junio de 2015, se reemplaz\u00f3 a uno de los profesionales por estar excluido de la lista de auxiliares del IGAC y los d\u00edas 1\u00ba de julio de 2015 y 30 de septiembre de 2016, se logr\u00f3 el anterior cometido respecto de los dos designados. <\/p>\n
6. El 17 de enero de 2017 el perito adscrito al IGAC present\u00f3, en forma individual, la experticia solicitada y el 20 de abril siguiente, el juzgador cognoscente rechaz\u00f3 el informe ordenando que fuera rendido de manera conjunta, debiendo sustituirse a uno de los nombrados por no formar parte de los auxiliares de la justicia desde el 12 de agosto de 2016. <\/p>\n
7. El 27 de julio de 2017 se alleg\u00f3 la estimaci\u00f3n de la porci\u00f3n de tierra expropiada, de cuyo contenido se corri\u00f3 traslado a las partes el 27 de octubre del mismo a\u00f1o; la demandada pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, mientras que la actora objet\u00f3 por error grave. <\/p>\n
8. La primera solicitud fue atendida el 13 de abril de 2018, empero, el fallador dispuso no tener en cuenta el memorial pertinente, por no haber sido ordenado por ese estrado, lo cual hizo en prove\u00eddo de 13 de agosto de 2018. El escrito correspondiente fue presentado el 16 siguiente por los responsables de esa labor. <\/p>\n
9. El 29 de noviembre de 2018 se inscribi\u00f3 la sentencia en el folio de matr\u00edcula del inmueble afectado. <\/p>\n
10. El 17 de septiembre de 2019, la convocada instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela por estimar que el juzgador de la causa estaba vulnerando sus prerrogativas fundamentales con la mora en la gesti\u00f3n del proceso. En la misma calenda el accionado dispuso correr traslado de las aclaraciones y complementaciones de los expertos, raz\u00f3n por la cual el amparo fue desistido. <\/p>\n
11. El 13 de diciembre posterior, fue puesta en conocimiento de la llamada a juicio la \u00abobjeci\u00f3n por error grave\u00bb enarbolada por la gestora y el 13 de enero de 2020, aquella radic\u00f3 el pronunciamiento de rigor, solicitando fijar el monto de la reparaci\u00f3n a cargo de la demandante y a su favor. <\/p>\n
12. El 5 de marzo y el 6 de noviembre de 2020, la interesada solicit\u00f3 impulsar el decurso, sin obtener respuesta, durante esa anualidad, del funcionario a cargo de las diligencias. <\/p>\n
13. El 12 de febrero de 2021, ISCAT\u00c1 solicit\u00f3 vigilancia judicial administrativa al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y, notificado, el sentenciador de conocimiento dispuso ordenar la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial (23 feb. 2021), con miras a decidir sobre la objeci\u00f3n presentada por la CAR. <\/p>\n
En consecuencia, la autoridad administrativa, archiv\u00f3 el expediente iniciado a solicitud de la pasiva (8 mar. 2021). <\/p>\n
14. El 9 de septiembre ulterior, los designados rindieron el concepto requerido <\/p>\n
15. Por auto de 7 de junio de 2022 el funcionario cognoscente resolvi\u00f3 \u00ababstenerse de continuar conociendo del presente asunto, por falta de competencia\u00bb y remitir las diligencias a sus hom\u00f3logos de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
16. El legajo correspondi\u00f3, por reparto, al Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, autoridad que, a la fecha no ha determinado si est\u00e1 o no facultada para continuar con el adelantamiento del decurso. <\/p>\n
B. La solicitud de cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda enjuiciada radic\u00f3 solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del referido asunto, con sustento en la \u00abdeficiencia de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos\u00bb, dada \u00abla carga y la morosidad a la que se encuentra sometido el Juzgado Civil del Circuito de Funza\u00bb, sede judicial a la cual, el adelantamiento de la causa le ha tomado m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os desde su admisi\u00f3n, dos de los cuales fueron empleados en la emisi\u00f3n de las sentencias de primer y segundo grado, tard\u00e1ndose m\u00e1s de ocho a\u00f1os la resoluci\u00f3n de lo concerniente al aval\u00fao del bien ra\u00edz materia de intervenci\u00f3n, sin lograr, a la fecha, la determinaci\u00f3n de su precio ni, por supuesto el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a su propietario. <\/p>\n
En la pr\u00e1ctica, asegur\u00f3, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita conlleva una abierta transgresi\u00f3n a su derecho constitucional a la propiedad privada, toda vez que sus terrenos ya fueron entregados a la demandante, realizadas las adecuaciones requeridas y registrada la sentencia, pero esa empresa \u00abno ha recibido un solo peso\u00bb como contraprestaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, pese a que la Corte Constitucional ha sostenido que \u00ab(\u2026) cuando un particular se ve constre\u00f1ido por el Estado a transferirle una porci\u00f3n de su patrimonio por motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnizaci\u00f3n previa, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los dem\u00e1s perjuicios que se le hubieren causado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, deprec\u00f3 acceder a asignar el asunto a los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, teniendo en cuenta que \u00ab[e]l Consejo Superior de la Judicatura ha advertido de la congesti\u00f3n en el distrito judicial de Funza y las demoras que se han presentado en la creaci\u00f3n de un segundo juzgado civil del Circuito\u00bb (Archivo digital: 02. Solicitud, cno. Corte). <\/p>\n
2. Mediante auto de 6 de mayo de 2022, se dispuso oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que emitiera el concepto a que alude el inciso 3\u00ba, numeral 8\u00ba, art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso (Archivo digital: 04, ib). <\/p>\n
3. En oficio n.\u00ba UDAEO22-907 del 2 de los cursantes mes y a\u00f1o, aquella autoridad remiti\u00f3 por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca la orden referida (Archivo digital: 12. Oficio traslada solicitud_Consejo Seccional). <\/p>\n
4. Esta \u00faltima Corporaci\u00f3n, por conducto de su presidente, emiti\u00f3 oficio CSJCUO22-1267 de 9 de junio pasado, en el que indic\u00f3 que \u00abaunque se observaron diferentes circunstancias durante el tr\u00e1mite del proceso que hicieron que este se alargar[a] en el tiempo, estos no pueden atribuirse netamente a falta de diligencia de los jueces que han ejercido en dicha c\u00e9lula judicial desde el 2 de noviembre de 2011\u00bb. Adicionalmente, destac\u00f3 que mediante auto de 7 de junio de 2022, el juez del conocimiento decidi\u00f3 declarar su incompetencia para continuar con el tr\u00e1mite de la lid, dado que \u00abel extremo activo lo conforma la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional (CAR), que es una persona jur\u00eddica de car\u00e1cter p\u00fablica, cuyo patrimonio, autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, por lo que la competencia para conocer el caso en cuesti\u00f3n recae sobre un juez en su lugar de domicilio, es decir, la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, raz\u00f3n por la cual su conclusi\u00f3n fue desfavorable a la pretensi\u00f3n de la firma demandada (Archivo digital: 17. Concepto desfavorable_Cambio de radicaci\u00f3n). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 8\u00ba del art\u00edculo 30 del nuevo estatuto procesal precept\u00faa que la Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil: <\/p>\n
\u00abDe las peticiones de cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro. <\/p>\n
El cambio de radicaci\u00f3n se podr\u00e1 disponer excepcionalmente cuando en el lugar donde se est\u00e9 adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. A la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n se adjuntar\u00e1n las pruebas que se pretenda hacer valer y se resolver\u00e1 de plano por auto que no admite recursos. La solicitud de cambio de radicaci\u00f3n no suspende el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, podr\u00e1 ordenarse el cambio de radicaci\u00f3n cuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. De la transcripci\u00f3n de la norma surge evidente que la procedencia de esta medida es de car\u00e1cter excepcional, en tanto est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los motivos expresamente se\u00f1alados en la norma, valga decir: <\/p>\n
i) \u201cCuando en el lugar en donde se est\u00e9 adelantando el proceso existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u201d. <\/p>\n
Tal evento hace relaci\u00f3n a la presencia de situaciones extremas que alteren la convivencia pac\u00edfica y la seguridad de la comunidad, tales como: actos organizados de violencia, subversi\u00f3n o terrorismo que generen perturbaci\u00f3n o estado de inseguridad manifiesta. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso, a un punto en que cualquier actuaci\u00f3n o determinaci\u00f3n contraria a los intereses de esas organizaciones criminales pueda poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos, no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administraci\u00f3n de justicia pueden resultar lesionadas. <\/p>\n
En el mismo sentido, es factible que episodios de esa misma \u00edndole tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas como, por ejemplo, cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaraci\u00f3n, se obstruye la aportaci\u00f3n de documentos, o se interfiere en la realizaci\u00f3n de una inspecci\u00f3n judicial, situaciones que tienen la virtualidad de afectar las garant\u00edas procesales, entorpecer el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso espec\u00edfico, haciendo necesario el traslado de la sede del litigio como salida efectiva a la posible vulneraci\u00f3n de los principios de imparcialidad e independencia de la justicia. <\/p>\n
Eso s\u00ed, quien pretenda beneficiarse con el cambio de sede judicial bajo las circunstancias ex\u00f3genas capaces de afectar la \u00abimparcialidad e independencia de la justicia\u00bb, est\u00e1 en el deber de \u00abadosar con su petici\u00f3n elementos demostrativos que permitan establecer la injerencia e intromisi\u00f3n de agentes externos con la capacidad suficiente de afectar el desarrollo normal del proceso e influir en el juicio del administrador judicial; sin que con ello, se pueda sustituir las figuras de los impedimentos y recusaciones que tienen su tr\u00e1mite especial y por sus circunstancias particulares no dan lugar a la aplicaci\u00f3n del mecanismo que se analiza\u00bb. (Subraya la Corte AC822-2022, 4 mar.). <\/p>\n
ii.) \u201cCuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad en los procesos\u201d. <\/p>\n
Al invocar esta hip\u00f3tesis, lo primero que debe tener en cuenta el peticionario es que la misma no se habilita frente a discusiones relativas al contenido de las providencias o el fondo del asunto, sino en circunstancias en que sea evidente la insuficiencia en el impulso o la marcha del proceso. <\/p>\n
Las dilaciones en el diligenciamiento de la actuaci\u00f3n pueden tener origen en complicaciones estructurales o coyunturales relacionadas con la congesti\u00f3n de un despacho, o de las sedes judiciales de una zona determinada, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad. <\/p>\n
Dichos motivos no solo deben invocarse, pues la norma es precisa en se\u00f1alar que se deben acreditar esas circunstancias, funci\u00f3n donde cumple un rol trascendente el concepto emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
3. En el asunto sometido a la consideraci\u00f3n de la Corte, la interesada funda su reclamo en \u00abla deficiencia en la gesti\u00f3n y celeridad del proceso\u00bb, originada en la \u00abcongesti\u00f3n judicial a la que se encuentra sometido el despacho\u00bb donde cursa la actuaci\u00f3n, circunstancia que, reliev\u00f3, fue admitida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca cuando, al desatar la vigilancia especial por ella promovida, sostuvo no desconocer \u00abla carga laboral que maneja el \u00fanico Juzgado Civil del Circuito de Funza, raz\u00f3n por la que se ha solicitado desde esta instancia a la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, la creaci\u00f3n de un Juzgado Civil del Circuito adicional para Funza con planta de servidores completa, as\u00ed como medidas de descongesti\u00f3n para el Despacho existente: apoyo que no ha sido posible materializar, en tanto fue fortalecida recientemente la jurisdicci\u00f3n ordinaria para dicho circuito judicial, en el \u00e1rea penal y laboral \u00fanicamente\u00bb. <\/p>\n
De tal situaci\u00f3n, enfatiz\u00f3, tambi\u00e9n dio cuenta la otrora titular del estrado de conocimiento, quien inform\u00f3 a dicho \u00f3rgano administrativo que la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en todo el pa\u00eds y las restricciones de acceso a los despachos judiciales a ra\u00edz de la pandemia por la covid-19, impidi\u00f3 evacuar los expedientes con celeridad, \u00abempeorando la consabida congesti\u00f3n que desde a\u00f1os atr\u00e1s padece\u00bb dicha oficina. <\/p>\n
Para la petente, \u00ablos tiempos tan prolongados que le toma al Despacho el tomar decisiones tan sencillas como la de correr los traslados que ordena la ley\u00bb, reflejan la incidencia negativa que ha tenido la \u00abcongesti\u00f3n sistem\u00e1tica que reconocen tanto el Consejo como la titular del despacho\u00bb en el desarrollo de su pleito, siendo viable que \u00e9ste se finiquite en Bogot\u00e1 \u00abpues la CAR tiene su sede principal\u00bb en esta capital. <\/p>\n
4. De una cuidadosa revisi\u00f3n al expediente digital remitido a esta Corporaci\u00f3n, se pudo corroborar sin dificultad alguna que asiste raz\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda llamada a juicio, en torno a la morosidad con que se viene desenvolviendo la expropiaci\u00f3n iniciada desde el a\u00f1o 2011 por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3nomo Regional de Cundinamarca, pues no se compadece con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal que un expediente tan a\u00f1ejo, cuyas sentencias de primera y segunda instancia se dictaron en el a\u00f1o 2013 (23 en. y 28 oct., respectivamente), quedando pendiente la determinaci\u00f3n del justiprecio de la franja de terreno requerida para efectos de ordenar la respectiva indemnizaci\u00f3n, permanezca a\u00fan sin soluci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese c\u00f3mo la segunda instancia fue dirimida el 28 de octubre de 2013, providencia en donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dispuso designar a los peritos que avaluaran la propiedad a afectar, mandato que cumpli\u00f3 el fallador a quo, un a\u00f1o y medio despu\u00e9s (22 abr. 2015) y solo el 30 de septiembre de 2016, es decir, luego de diecisiete meses, se logr\u00f3 la posesi\u00f3n de los nominados, debiendo reemplazar posteriormente a uno de ellos (20 abr. 17); habi\u00e9ndose recepcionado el concepto encomendado el 27 de julio siguiente, se corri\u00f3 traslado tres meses despu\u00e9s a los concernidos (27 oct. 2017) y cerca de un a\u00f1o m\u00e1s tarde volvi\u00f3 a pronunciarse el fallador sobre la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n y la objeci\u00f3n por error grave, propuestas por los sujetos procesales (13 ag. 2018). <\/p>\n
Allegado el correspondiente informe adicional por los expertos (16 ag. 2018), fue necesaria la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela para que el despacho a cargo del asunto procediera a ponerlo a disposici\u00f3n de los intervinientes (13 dic. 2019), labor que le tom\u00f3 un (1) a\u00f1o y cuatro (4) meses. Y aunque la pasiva esgrimi\u00f3 su postura de cara a la \u00abobjeci\u00f3n por error grave\u00bb postulada por su contraparte, en memorial de 13 de enero de 2020, ninguna actuaci\u00f3n se produjo durante ese periodo, sin parar mientes en los requerimientos que los d\u00edas 5 de marzo y 6 de noviembre elevara ISCAT\u00c1 S.A. <\/p>\n
\u00danicamente el 23 de febrero de 2021, en respuesta a una solicitud de vigilancia administrativa presentada por la sociedad afectada, se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de un peritaje adicional con miras a desatar la objeci\u00f3n de la CAR, el cual fue rendido el 9 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, sin que, hasta la fecha, se hubiere corrido traslado de ella a las partes; por el contrario, en auto de junio 7 de 2022, el Juzgado Civil del Circuito de Funza declar\u00f3 su falta de competencia para continuar conociendo el litigio, dada la naturaleza p\u00fablica de la entidad demandante, cuyo domicilio principal yace en esta ciudad. <\/p>\n
Es palpable, entonces, que se ha dilatado exageradamente la cuantificaci\u00f3n y determinaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que aspira a recibir ISCAT\u00c1 S.A. por la franja de terreno que le fue expropiada y cuyo goce no ostenta desde el 8 de marzo de 2012, cuando se llev\u00f3 a cabo la entrega provisional de esa tierra a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido enf\u00e1tica la jurisprudencia de la Sala al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) (CSJ STC10790-2022, 18 ag., rad. 2022-00646-01). <\/p>\n
5. La Corte no puede pasar inadvertido el hecho de que la c\u00e9lula judicial compelida haya decidido separarse del conocimiento del infolio en el mes de junio del a\u00f1o en curso, no solo porque, para ese momento ya se encontraba ad portas de culminar con los tr\u00e1mites necesarios para finiquitar la controversia suscitada en torno al aval\u00fao pericial, sino porque el env\u00edo del proceso a los jueces Civiles del Circuito de esta capital solo retardar\u00e1, a\u00fan m\u00e1s y sin raz\u00f3n v\u00e1lida alguna, la conclusi\u00f3n del juicio. <\/p>\n
Ello, porque la jurisprudencia de esta Sala ha sido clara y pac\u00edfica al sostener que con miras a \u00abfijar la competencia para tramitar el litigio, debe tenerse en cuenta \u00abla legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva (\u2026)\u00bb -se destaca- (inc. final, art. 624 del C.G.P.), por cuanto, a voces del numeral 8\u00ba del 625 \u00eddem, \u00ab[l]as reglas sobre competencia previstas en este c\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda (\u2026)\u00bb (CSJ AC5023-2021, 27 oct., rad. 2021-03642-00, reiterada en CSJ AC4133-2022, 14 sep., rad. 2022-02891-00). <\/p>\n
En otra oportunidad se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abpara la aplicaci\u00f3n de tal directriz prevalente, ha de tenerse en cuenta el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la vocaci\u00f3n legal \u201cse regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u201d, que complementa el numeral 8\u00b0 del canon 625 del mismo compendio, al disponer que \u201creglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u201d. <\/p>\n
Lo que, dicho de otra manera, significa que. si el escrito inaugural fue radicado en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, bajo esas pautas de asignaci\u00f3n continuar\u00e1 regido, a menos que la autoridad cognoscente sea suprimida por ministerio de la ley\u00bb. (CSJ AC901-2022, 9 mar., rad. 2022-00550-00). <\/p>\n
Igualmente, al desatar otra colisi\u00f3n de competencia semejante, se adver\u00f3: <\/p>\n
\u00abla controversia bajo estudio no puede zanjarse con fundamento en dicha hermen\u00e9utica, por cuanto la demanda de expropiaci\u00f3n con que tuvo su inicio este litigio se radic\u00f3 el 3 de diciembre de 2015, es decir, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, de manera que las reglas de competencia que aqu\u00ed resultan aplicables son las previstas en ese cuerpo normativo. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone, en forma expresa, el art\u00edculo 624 C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la \u00abcompetencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u00bb y en la misma direcci\u00f3n el numeral 8 del canon 625 de la codificaci\u00f3n en cita dispone que las \u00abreglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u00bb (CSJ AC2415-2022, 13 jun., rad. 2022-01835-00). <\/p>\n
Y, de manera m\u00e1s reciente, la Corporaci\u00f3n ratific\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla pol\u00e9mica planteada no puede dirimirse con fundamento en dicha hermen\u00e9utica, toda vez que la demanda de expropiaci\u00f3n que dio inicio a este litigio se radic\u00f3 en el a\u00f1o 2015, es decir, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil2, de manera que las reglas de competencia que aqu\u00ed resultan aplicables son las previstas en ese cuerpo normativo, como ya en otra ocasi\u00f3n la Sala tuvo la oportunidad de resolver sobre una situaci\u00f3n similar (AC5061-2021). <\/p>\n
Al punto, es imperioso anotar que para la aplicaci\u00f3n de tales directrices, en primer lugar, se debe tener en cuenta el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la competencia para tramitar el proceso \u00abse regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u00bb, que complementa el numeral 8\u00b0 del canon 625 del mismo compendio, al disponer que \u00abreglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u00bb (CSJ AC3652-2022, 17 ag., rad. 2022-02384-00). <\/p>\n
Luego, resulta inoficioso aguardar al pronunciamiento del Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en torno a la asignaci\u00f3n por reparto que se le hiciera en virtud de la incompetencia declarada por su hom\u00f3logo de Funza, en tanto, por disposici\u00f3n de los ya mencionados c\u00e1nones 624 y 625 del Estatuto Procesal vigente, la atribuci\u00f3n para conocer la demanda de expropiaci\u00f3n radicada por la CAR bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (2011), no vari\u00f3 por las reglas fijadas en el nuevo ordenamiento adjetivo, siendo los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del predio perseguido, los llamados a decidir tal cuesti\u00f3n (num. 10, art. 23 del C.P.C.). <\/p>\n
Esperar a que esa sede judicial manifieste su carencia de facultad para dirimir la lid y que esta Sala, en uso de la potestad conferida por los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, desate la respectiva colisi\u00f3n, \u00fanicamente contribuir\u00eda a retardar m\u00e1s, la decisi\u00f3n que ISCAT\u00c1 S.A. requiere de la administraci\u00f3n de justicia desde el a\u00f1o 2013, cuando se acogieron las pretensiones de su contraparte, circunstancia del todo contraria a los fines del proceso y a las directrices que regulan el quehacer judicial. <\/p>\n
6. En ese orden de ideas, habida cuenta de la \u00abdeficiencia de gesti\u00f3n y celeridad\u00bb evidenciados en la actuaci\u00f3n materia de reproche, la Corte estima prudente y necesario el cambio de radicaci\u00f3n incoado y as\u00ed se dispondr\u00e1. En consecuencia, se ordenar\u00e1 asignar el conocimiento de este expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, debi\u00e9ndose practicar un nuevo reparto en cumplimiento de lo aqu\u00ed decidido, para que la autoridad a quien sea adjudicado proceda a resolver, sin m\u00e1s demora, lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
Para el efecto, se ordenar\u00e1 al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, enviar la actuaci\u00f3n que le fue remitida por su hom\u00f3logo de Funza a la oficina de reparto respectiva. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del proceso de expropiaci\u00f3n iniciado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca contra ISCAT\u00c1 S.A., ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca. <\/p>\n
SEGUNDO. ADJUDICAR el expediente a los jueces civiles del circuito de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, sin m\u00e1s tr\u00e1mite y de manera INMEDIATA, remita el diligenciamiento a la oficina de reparto de esos despachos, para lo de su cargo. <\/p>\n
QUINTO. COMUN\u00cdQUESE esta decisi\u00f3n a los Juzgados Civil del Circuito de Funza y Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a las partes involucradas en este decurso, adjuntando copia de la misma. <\/p>\n
SEXTO. Cumplido lo anterior arch\u00edvense las presentes diligencias. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir \u00edntegramente en todo el pa\u00eds solo a partir del 1 enero de 2016. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir \u00edntegramente en todo el pa\u00eds solo a partir del 1 enero de 2016. <\/p>\n
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AC5277-2022 (2022-01300-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5277-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01300-00 Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del proceso de expropiaci\u00f3n iniciado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca contra la sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68412","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68412"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68412\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}