AC5279-2022 (2022-03832-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5279-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03832-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1.- De lo documentado en el infolio, se aprecia que Margarita Arroyave Gallego demand\u00f3 a V\u00edctor Manuel Lozano con el prop\u00f3sito de obtener el \u00abdivorcio del matrimonio civil\u00bb contra\u00eddo el 23 de septiembre de 1998 en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, Tolima, para lo cual aleg\u00f3 como causal del finiquito del v\u00ednculo la \u00abseparaci\u00f3n de cuerpos (\u2026) por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, contemplada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, la demandante adujo que en fallo de 25 de septiembre de 2013 la Corte del Condado de Boulder, Colorado, Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00abdecret\u00f3 el divorcio\u00bb del lazo marital aludido, dispuso a su favor una \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb y \u00abliquid\u00f3 la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, pidi\u00f3 la cesaci\u00f3n del maridaje, pues los contendientes \u00abse encuentran separados desde el 25 de septiembre de 2013, tal como se acredita con la sentencia de divorcio que se aporta\u00bb. [Archivo Digital: 0007. DEMANDA DE DIVORCIO MARGARITA ARROYAVE GALLEGO]. <\/p>\n
2.- En el libelo, la gestora indic\u00f3 que fijaba la competencia en los jueces de Ibagu\u00e9, Tolima, \u00abpor la naturaleza del asunto y el domicilio del demandado y de la demandante \u00bb. <\/p>\n
3.- La acci\u00f3n as\u00ed planteada correspondi\u00f3 por reparto al Juez Sexto de Familia de la localidad referida, quien lo rechaz\u00f3 por \u00abfalta de competencia\u00bb, tras advertir que las partes ya hab\u00edan obtenido la disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n a trav\u00e9s de una sentencia extranjera, por manera que \u00abel tr\u00e1mite a surtir por parte del abogado es el de exequ\u00e1tur frente a dicha decisi\u00f3n, con el lleno de los requisitos de ley\u00bb, as\u00ed que dispuso el env\u00edo del expediente a esta Corporaci\u00f3n. [Archivo Digital: 0012. Rechaza divorcio por falta de competencia]. <\/p>\n
Al respecto se considera: <\/p>\n
1.- En el sub lite, los hechos y las pretensiones incoadas por Margarita Arroyave Gallego van encaminadas a que se \u00abdecrete el divorcio de matrimonio civil\u00bb celebrado con V\u00edctor Manuel Lozano; toda la plataforma factual y probatoria est\u00e1 planteada bajo ese fin, obtener la culminaci\u00f3n de la atadura nupcial con base en la \u00abseparaci\u00f3n de cuerpos (\u2026) por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, no m\u00e1s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala no tiene atribuci\u00f3n para tramitar el escrito incoativo de \u00abdivorcio\u00bb, pues esa competencia est\u00e1 reservada exclusivamente en cabeza de los jueces de familia en primera instancia (numeral 1\u00ba, art\u00edculo 22 Ib\u00eddem). <\/p>\n
3.- De otra parte, no se alcanza a divisar que la intenci\u00f3n de la reclamante fuera homologar el veredicto for\u00e1neo de 25 de septiembre de 2013 para que surta efectos en Colombia, como equivocadamente lo dedujo el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, de ah\u00ed que, anduvo equivocado al remitir las diligencias a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- No obstante, si en gracia de discusi\u00f3n la Corte pudiera inferir que lo anhelado por Margarita Arroyave Gallego fue la homologaci\u00f3n del fallo de 25 de septiembre de 2013, dictado por la Corte del Condado de Boulder, Colorado, Estados Unidos de Am\u00e9rica, mediante el cual se dio por terminado el casamiento con V\u00edctor Manuel Lozano, la petici\u00f3n no satisface los requisitos contemplados en los art\u00edculos 606 y 607 de la ley adjetiva, como pasa a verse. <\/p>\n
4.1.- Para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
El numeral 3\u00ba de este \u00faltimo mandato, a su vez, se\u00f1ala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
La previsi\u00f3n anterior acompasa con el contenido del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 de la normativa citada, en cuanto previene que \u00ab[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9 en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb, y de dicha traducci\u00f3n se requiere que sea realizada por \u00abel Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb, que permita dotar de eficacia demostrativa dichas probanzas. <\/p>\n
4.2.- Sin embargo, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la solicitante no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto del exequ\u00e1tur en copia debidamente traducida y legalizada. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 de la providencia for\u00e1nea, no se encuentra apostillada y aun cuando se alleg\u00f3 su traducci\u00f3n al idioma castellano [Archivo Digital: 003. Corte_OrdenActiones], no se hizo en la forma descrita en el citado art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo, esto es, por intermedio de traductor oficial, debidamente acreditado. <\/p>\n
Es pertinente recordar, que cuando en asuntos judiciales se imponga la aportaci\u00f3n de documentos en idioma extranjero, es forzoso adjuntar su traducci\u00f3n, pero \u00e9sta debe ser realizada por \u00abun int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que, en Colombia, est\u00e9 licenciado por el Ministerio de Justicia o haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES (\u2026)\u00bb (CSJ AC2442-2021, 18 jun., rad. 2021-01595-00), todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
Adicionalmente, es necesario memorar que la prueba de la licencia para ejercer como traductor oficial en Colombia, en este caso, es la copia de la Resoluci\u00f3n que se anuncia en la antefirma del respectivo experto, tal y como en otras oportunidades lo ha recabado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY es que, sobre los m\u00faltiples int\u00e9rpretes que han intervenido: i) no se alleg\u00f3 el certificado de idoneidad 507 de 2018 expedido por la Universidad Nacional de Colombia, que acredita como traductor oficial a Santiago Quiroz Pardo, ii) no se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n 3275 de 1994 del Ministerio de Justicia donde se acredita como interprete oficial a Jos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn, y iii) no se da cuenta que Mariselle R.E. Berm\u00fadez y Elvira Villegas Selma hayan sido reconocidas como traductora oficial o que cumpla los requisitos de capacitaci\u00f3n se\u00f1alados en las normas patrias para fungir en tal calidad\u00bb (CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00) <\/p>\n
Lo que significa, que no basta con adosar los folios traducidos al castellano, sino que es perentorio que dicha traducci\u00f3n se realice por un profesional acreditado por el Estado para ello, carga que no se satisfizo. <\/p>\n
4.3.- Pero si lo anterior fuera poco, no se anex\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que se encuentra ejecutoriado de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
4.4.- Agr\u00e9guese a lo indicado, que en el documento memorado no es claro el motivo por el cual los contrayentes decidieron dar por finalizado el lazo matrimonial, presupuesto indispensable para realizar el examen de convalidaci\u00f3n en lo tocante con las disposiciones for\u00e1neas y el orden p\u00fablico patrio, el cual implica, \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb (CSJ SC. Sent. de 8 de jul. de 2013, Rad. 2008-2099-00), y \u00ab(\u2026) se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ SC. Sent. SC-17371 de 18 de dic. de 2014, Rad. 2013-02234-00). <\/p>\n
4.5.- A lo dicho se suma, que en la postulaci\u00f3n de apertura se pas\u00f3 por alto que no se adjunt\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 Ib\u00eddem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul.). <\/p>\n
5.- Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC5279-2022 (2022-03832-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5279-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03832-00 Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). 1.- De lo documentado en el infolio, se aprecia que Margarita Arroyave Gallego demand\u00f3 a V\u00edctor Manuel Lozano con el prop\u00f3sito de obtener […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68414"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68414\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}