AC5348-2022 (2019-00271-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5348-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2019-00271-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio s\u00faplica\u00bb de Fresner Bock Inversiones S.A.S. contra el auto admisorio del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Hoteles SJ S.A.S. frente a la sentencia de 4 de noviembre de 2020 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso promovido por la primera contra la recurrente extraordinaria, Nassmo S.A.S., Inversiones Bock S.A.S., Pombock S.A.S. y AML Bock S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante AC 23 sep. 2022 se admiti\u00f3 el mecanismo extraordinario. <\/p>\n
2. Contra ese prove\u00eddo, Fresner Bock Inversiones S.A.S. formul\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio s\u00faplica\u00bb con los siguientes argumentos: <\/p>\n
2.1. Las declaraciones de los representantes legales (principal y suplente) y el revisor fiscal de Hoteles SJ S.A.S. prueban que el \u00abinter\u00e9s econ\u00f3mico \u201cafectado\u201d con la sentencia\u2026 es\u2026 del orden de\u2026 $17.000.000\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.2. El dictamen pericial aportado al interponerse la casaci\u00f3n es, en realidad, un aval\u00fao, y equivale a \u00abuna prueba il\u00edcita\u00bb que deb\u00eda rechazarse \u2013 en vez de tenerse en cuenta- pues su autora no figura en el Registro Abierto de Avaluadores, requisito \u00absine qua non para la licitud de la prueba\u00bb de acuerdo con los art\u00edculos 22 y 23 de la ley 1673 de 2013. Adem\u00e1s, padece de \u00abimpertinencia, inconducencia e inutilidad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Era imperativo aplicar \u00abla doctrina probable de la CSJ sobre inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, para lo cual cit\u00f3 varias decisiones y, posteriormente, sent\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el valor del inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auto impugnado se confirmar\u00e1 porque las razones de la reposici\u00f3n no demuestran que proceda revocarlo, como a continuaci\u00f3n se sustenta. <\/p>\n
2. Si las pretensiones de la demanda son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede solamente cuando el valor del agravio causado al recurrente equivalga, al menos, 1.000 SMLMV al momento de la sentencia impugnada. <\/p>\n
En el presente asunto, adem\u00e1s de que el fracaso o \u00e9xito de las pretensiones posee consecuencias econ\u00f3micas para alguna de las partes y, por tanto, tienen indiscutible sentido pecuniario, su car\u00e1cter esencialmente cremat\u00edstico es pac\u00edfico porque ellas no lo han disputado. El recurrente ordinario no discrepa que la afectaci\u00f3n causada al recurrente es econ\u00f3mica, sino que argumenta que su valor es inferior al monto m\u00ednimo exigido, aspecto que ser\u00e1 el epicentro de la decisi\u00f3n y que procede a resolverse en el mismo orden planteado en la reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En cuanto al primer planteamiento del recurso debe afirmarse que las declaraciones de Christian Bock Pombo, Camilo Nassar Moor y H\u00e9ctor Castellanos sobre el pago de las acciones readquiridas ($17.000.000, aproximadamente) son insuficientes para probar que ese precio corresponda al inter\u00e9s afectado por la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n. Sus dichos s\u00f3lo demuestran que los declarantes afirmaron que se sufrag\u00f3 esa cantidad por la operaci\u00f3n que, a la postre, se declar\u00f3 ineficaz, pero no prueban que eso valga el agravio causado por el fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como se\u00f1al\u00f3 el Tribunal en el ac\u00e1pite del fallo tra\u00eddo a colaci\u00f3n por la reposici\u00f3n, pudo haberse readquirido las \u00abacciones a un valor inferior al que pudieron tener sus activos individualmente considerados\u00bb, lo que justifica que el precio pagado por ellas no se tenga como valor del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n y que las referidas declaraciones no sean elementos de juicio convincentes para probarlo, sobre todo cuando se contrastan con otras piezas suasorias, como la pericial que se aludir\u00e1 de inmediato. <\/p>\n
2.2. Con el recurso de casaci\u00f3n fue allegado al Tribunal un dictamen elaborado por la contadora p\u00fablica Isabel Cristina Salazar Duque con el expreso objeto de calcular el \u00abvalor contable del inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia de segunda instancia\u2026 con el fin de acreditar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir\u00bb. <\/p>\n
La perita conceptu\u00f3 que la compraventa celebrada por Hoteles SJ SAS recay\u00f3 sobre 15.718 acciones que eran propiedad de Reduit Etablissement Pour Fiances y 2.873 de Nassmo SAS; se\u00f1al\u00f3 con base en \u00ablos estados financieros auditados de Hoteles SJ SAS a 31 de diciembre de 2018, comparativos con el 31 de diciembre de 2017\u00bb, los activos, pasivos y patrimonio de la compa\u00f1\u00eda; calcul\u00f3 el \u00abvalor intr\u00ednseco de [esas] acciones\u00bb en $1.625.167.795; sostuvo que seg\u00fan \u00abel \u00faltimo corte contable \u2026 del 31 diciembre de 2019, esas acciones tiene[n] valor intr\u00ednseco de $1.681.244.980\u00bb; destac\u00f3 que, como consecuencia de la ineficacia reconocida en la decisi\u00f3n impugnada mediante casaci\u00f3n, \u00abHoteles SJ SAS deber\u00e1 restituir a Reduit Etablissement Pour Fiances y Nassmo SAS sus acciones\u00bb; finalmente, concluy\u00f3 que el inter\u00e9s afectado por el fallo es el mencionado valor intr\u00ednseco de los t\u00edtulos. <\/p>\n
2.2.1. A diferencia de lo argumentado por el recurrente en reposici\u00f3n, la experticia es \u00fatil porque versa sobre el valor del inter\u00e9s afectado por el fallo, es decir, un hecho susceptible de demostraci\u00f3n con ese mecanismo; tambi\u00e9n es conducente porque el mismo art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso admite probar el inter\u00e9s afectado con ese medio de convicci\u00f3n; finalmente, es pertinente porque recae sobre el inter\u00e9s afectado, y no sobre otro tema diferente que carezca de relaci\u00f3n con el objeto de prueba. <\/p>\n
2.2.2. El trabajo pericial tambi\u00e9n es una prueba l\u00edcita, a diferencia de lo que pretendi\u00f3 sostener el recurrente extraordinario cuando aludi\u00f3 a que su autora no hace parte del Registro Nacional de Avaluadores. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que la ausencia de algunos requisitos de la experticia posiblemente relacionados con aspectos como la imparcialidad o idoneidad del perito, como sucede con los exigidos \u00abcomo m\u00ednimo\u00bb por el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, no afecta el medio probatorio, ni justifica su rechazo, porque resulta imperativo apreciarlo al resolver: <\/p>\n
[E]l administrador de justicia no puede rehusarse a recibir la informaci\u00f3n probatoria que los extremos procesales suministren dentro de las oportunidades previstas en el ordenamiento, salvo cuando expresamente alguna norma se lo permita, como quiera que lo contrario significar\u00eda violar el derecho fundamental a la prueba. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
[E]l fallador apreciar\u00e1 el dictamen en su sentencia; labor que emprender\u00e1 de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y en la que evaluar\u00e1 la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, as\u00ed como las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso (art. 232). Es este el momento, entonces, en el que se deber\u00e1 examinar con rigor el trabajo pericial en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa. Dicho de otra manera, \u2026 aqu\u00ed \u2026se escudri\u00f1a la imparcialidad e idoneidad del experto, as\u00ed como la fundamentaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y sus conclusiones. No antes. <\/p>\n
De modo que el an\u00e1lisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el citado precepto 226 corresponde a una actividad propia del momento en que se dirime la controversia, raz\u00f3n por la cual la ausencia de los mismos no da lugar al rechazo autom\u00e1tico de dicho medio de convicci\u00f3n. Esto es, a que se impida su ingreso al proceso, puesto que los \u00fanicos motivos que llevan a esa determinaci\u00f3n son los referidos en el art\u00edculo 168 \u00eddem,\u2026 Y no existe disposici\u00f3n especial en materia de experticia que autorice excluir la prueba por esa raz\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En definitiva, a pesar de que la credibilidad de la pericia depende de la solidez de sus conclusiones, de la imparcialidad e idoneidad del perito, el juez no est\u00e1 facultado para sacar autom\u00e1ticamente del acervo el informe arrimado con defectos en tales presupuestos porque las falencias o carencias del dictamen no son motivos suficientes para impedir su recaudo, pues ese an\u00e1lisis est\u00e1 reservado para la sentencia, donde deber\u00e1 motivarse de qu\u00e9 manera esas omisiones disminuyeron la verosimilitud del informe (STC2066, 3 mar. 2021, rad. n.\u00ba 2020-00402 \u2013 se destaca-). <\/p>\n
La posici\u00f3n jurisprudencial de la Sala est\u00e1 orientada a que solamente podr\u00e1n rechazarse (sin apreciarse) aquellas pruebas sobre las que se configure alg\u00fan motivo expresamente autorizado legalmente para hacerlas a un lado, como ocurre con las \u00abnotoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb, seg\u00fan el precepto 168 ibidem – destac\u00e1ndose los vocablos notoria y manifiestamente, para se\u00f1alar que tales deficiencias deben refulgir (o sea, no ser discutibles)- o como sucede con las il\u00edcitas. <\/p>\n
La licitud de las pruebas est\u00e1 relacionada con la cl\u00e1usula de nulidad \u00abde pleno derecho\u00bb prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica respecto de aquellas que se obtengan con violaci\u00f3n del debido proceso o de cualquier otro derecho o garant\u00eda fundamental1. Esto quiere decir que es il\u00edcita la prueba que vulnera prerrogativas fundamentales y, por tanto, debe ser excluida del proceso sin tenerse en cuenta; por el contrario, esta noci\u00f3n es inaplicable a las probanzas hu\u00e9rfanas de requisitos que, aunque est\u00e1n previstos legamente, no transgreden derechos o garant\u00edas fundamentales, pues la relevancia de tal exigencia debe ser apreciada al momento de su valoraci\u00f3n, pues de lo contrario arriesgar\u00eda el derecho subjetivo a probar. <\/p>\n
Los art\u00edculos 22 y 23 de la ley 1673 de 2013 establecen que cuando el dictamen comprenda cuestiones t\u00e9cnicas de valuaci\u00f3n, se encomendar\u00e1 a un perito inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores y que quienes desarrollen esa actividad tienen el deber de inscribirse en ese listado, so pena de aplicar las sanciones respectivas. Sin embargo, tales disposiciones no autorizan a rechazar la experticia elaborada por alg\u00fan auxiliar de la justicia que no haga parte del mencionado registro. Esto se traduce en que el juez carece de benepl\u00e1cito legal para desechar la prueba que adolece de tal requisito. <\/p>\n
Adem\u00e1s, integrar una lista o registro carece de efectos sobre la licitud de la prueba porque no se trata de un requisito dirigido a proteger derechos fundamentales. Considerar lo contrario resultar\u00eda contradictorio con el rumbo que pretendi\u00f3 tomar el C\u00f3digo General del Proceso al eliminar, precisamente, los listados periciales que carec\u00edan de eficacia sobre la idoneidad de los peritos, permitiendo tanto al juez como a las partes acudir libremente a instituciones o personas que consideren capacitados para que rindan conceptos sobre materias t\u00e9cnicas, cient\u00edficas o art\u00edsticas (art. 48 # 2 CGP). <\/p>\n
A lo expuesto debe agregarse que concluir que solo son admisibles aquellos dict\u00e1menes que hagan parte de un listado en particular equivaldr\u00eda a consagrar una regla objetiva e injustificada sobre la credibilidad del perito, a pesar de que la ley solamente autoriza negarle efectos a la prueba en presencia de \u00abcircunstancias que afecten gravemente su credibilidad\u00bb, las cuales debe apreciar ampliamente el fallador y dentro de las que no se encuentra el conformar un listado o registro (art. 235 CGP). <\/p>\n
Los art\u00edculos 22 y 23 de la ley 1673 de 2013 no pueden interpretarse en el sentido que consagran un requisito de licitud del dictamen cuya omisi\u00f3n impone rechazar la prueba pericial, porque esa hermen\u00e9utica transgrede el mandato previsto en la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en que \u00abEl juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. En efecto, comoquiera que el juez debe apreciar la \u00absolidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia\u00bb, la integraci\u00f3n de una lista es una formalidad innecesaria que no tiene que ver con la idoneidad del perito. En todo caso, el recurrente no apunt\u00f3 un solo argumento dirigido a sostener que la falta de pertenencia del perito al registro de avaluadores afect\u00f3 su idoneidad o le rest\u00f3 credibilidad al medio de prueba. <\/p>\n
2.2.3. Por otro lado, resulta improcedente aplicar la jurisprudencia de esta Sala sobre la concesi\u00f3n prematura del recurso de casaci\u00f3n, como pidi\u00f3 el recurrente en reposici\u00f3n, porque esa noci\u00f3n es viable cuando el Tribunal deja de evaluar aspectos que, de haberse tenido en cuenta, lo hubieran llevado a negar la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n por improcedente, aspecto que no se present\u00f3 en el caso de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Finalmente, comoquiera que la s\u00faplica contra el auto que admite el recurso de casaci\u00f3n es improcedente, habr\u00e1 de negarse su concesi\u00f3n, puesto que fue confirmado el auto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Confirmar el auto recurrido. <\/p>\n
2. Negar la s\u00faplica interpuesta de manera subsidiaria. <\/p>\n
3. Por secretar\u00eda de la Sala, controlar el t\u00e9rmino concedido en la providencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El concepto de prueba il\u00edcita y su tratamiento en el proceso penal, Editorial Ubijus, M\u00e9xico, 2013, p. 73 <\/p>\n
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AC5348-2022 (2019-00271-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC5348-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2019-00271-01 Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio s\u00faplica\u00bb de Fresner Bock Inversiones S.A.S. contra el auto admisorio del recurso de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68430\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}