AC5355-2022 (2022-03293-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5355-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03293-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y Doce Civil Municipal de Manizales, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva interpuesta por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. contra la Gobernaci\u00f3n de Caldas y la Secretar\u00eda de Salud de ese departamento. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJuez Civil del Circuito (sic) de Ibagu\u00e9 (Reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor, por las obligaciones contenidas en las facturas de venta derivada de la prestaci\u00f3n de servicios de salud aportadas como base del recaudo, m\u00e1s los intereses de mora correspondientes y las costas del proceso. Indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial porque \u00aben materia de t\u00edtulos ejecutivos (\u2026) el C\u00f3digo General del Proceso introdujo un valor concurrente en la competencia a elecci\u00f3n del acreedor (\u2026) derivado del lugar de cualquiera de las obligaciones (\u2026) regla tercera del art\u00edculo 28 (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, este -con prove\u00eddo del 11 de agosto de 2022- resolvi\u00f3 rechazar la demanda por falta de competencia, con sustento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a que \u00abel domicilio principal y lugar de notificaciones de las entidades demandadas [es] la ciudad de Manizales, Caldas\u20262\u00bb. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue asignado al Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales, quien -con auto del 07 de septiembre de 2022- opt\u00f3 por manifestar que no le correspond\u00eda asumir la atribuci\u00f3n. Y promovi\u00f3 el conflicto negativo de competencia que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026[la demandante] se trata de las personas jur\u00eddicas a las que alude el precitado numeral 10 del art\u00edculo 28 del C. G. del P.; por lo tanto, este resulta aplicable en virtud de lo previsto en el canon 29 ibidem, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al domicilio del demandado, como lo indica el despacho remitente (Num. 1 y 3 del art\u00edculo 28 ejusdem); pues en este caso, ese factor no atribuye la competencia al Juzgado, seg\u00fan lo visto. (\u2026) En ese orden, se tiene que, pod\u00eda perfectamente la parte demandante elegir en materia territorial entre cualquiera de los dos domicilios de las entidades, Manizales o Ibagu\u00e9; optando de manera expresa por este \u00faltimo. (\u2026) si eventualmente se pensara que por ser ambas partes entidades p\u00fablicas no es aplicable dicho factor del numeral 10 del art. 28 CGP, de igual manera, los servicios de salud que se est\u00e1n ejecutando fueron prestados en Ibagu\u00e9, Tolima, siendo all\u00ed donde la parte ejecutante decidi\u00f3 presentar la demanda ante el Juez Civil del Circuito (sic) -Reparto- de dicha ciudad bajo ese supuesto (\u2026).3 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Ibagu\u00e9 y Manizales-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00ba constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. (….)\u00bb. Empero, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, que tengan origen en un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, conforme al numeral 3\u00b0 del precepto en comento, tambi\u00e9n es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el numeral 10\u00b0 de la misma disposici\u00f3n prescribe que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
4. Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026). <\/p>\n
5. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, concierne a un proceso ejecutivo promovido por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. en contra de la Gobernaci\u00f3n de Caldas y la Secretar\u00eda de Salud de ese departamento. Por lo tanto, se advierte que la demandante y la parte demandada son personas de derecho p\u00fablico, pues, el primero es una Empresa Social del Estado -entidad p\u00fablica descentralizada del orden departamental, de categor\u00eda especial, adscrita a la direcci\u00f3n seccional de salud del Departamento del Tolima4; mientras que el extremo pasivo, est\u00e1 compuesto por un organismo administrativo en el nivel territorial departamental y una secretar\u00eda a \u00e9l adscrita5. <\/p>\n
5.1. De acuerdo con lo anterior, en principio, aplicar\u00eda el fuero privativo por el factor subjetivo que establece el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el canon 29 ibidem. Sin embargo, como cada uno de los sujetos de derecho p\u00fablico tiene su domicilio en diferentes urbes, esto es, Ibagu\u00e9 y Manizales, y el estatuto procesal civil vigente no consagra una regla para preponderar alguno de ellos, corresponde acudir a las reglas generales de competencia, y como la demandante opt\u00f3 v\u00e1lidamente por el foro del lugar del cumplimiento de las obligaciones establecido en la regla 3\u00ba del precepto 28 ejusdem, se respetar\u00e1 su elecci\u00f3n y se asignar\u00e1 la atribuci\u00f3n para conocer de la demanda ejecutiva al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9. Ello pues, de acuerdo con los instrumentos cartulares base del recaudo, los servicios de salud cuyo pago se persigue, se prestaron en esa ciudad6. <\/p>\n
5.2. En un caso de contornos similares, la Sala dijo que: <\/p>\n
En el sub-ex\u00e1mine, de los certificados de existencia y representaci\u00f3n correspondientes a demandante y demandada, se advierte que ambas son personas jur\u00eddicas de naturaleza p\u00fablica, pues, Empopasto S.A. E.S.P. es una sociedad an\u00f3nima, prestadora de servicios p\u00fablicos de naturaleza mixta del orden departamental, vinculada al Departamento de Nari\u00f1o, municipio de Pasto; mientras que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE- es una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. (\u2026) En ese orden de ideas, a este asunto aplicar\u00eda, en principio, el foro privativo del numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, pero, como cada uno de los entes p\u00fablicos tiene su domicilio en ciudades diferentes, Pasto y Bogot\u00e1, y el ordenamiento no prev\u00e9 una regla espec\u00edfica para priorizar alguno de ellos, lo pertinente es, ante una situaci\u00f3n tan especial, acudir a las reglas generales de atribuci\u00f3n de competencia, y a la vista de ellas, como la demandante opt\u00f3 v\u00e1lidamente por el foro del lugar de cumplimiento de las obligaciones (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso), ser\u00e1 el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la capital de Nari\u00f1o el competente para conocer de la acci\u00f3n ejecutiva en menci\u00f3n, ya que, de acuerdo con los documentos que son base de la reclamaci\u00f3n, los servicios p\u00fablicos cuyo impago se afirma, corresponden a un inmueble ubicado all\u00ed7. <\/p>\n
6. Por tanto, al tener la demandante y la demandada la calidad de sujetos de derecho p\u00fablico, se proceder\u00e1 a remitir el conocimiento del asunto al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, pues al concurrir el foro privativo demarcado por la ley en ambos extremos de la litis, corresponde respetar la elecci\u00f3n de la convocante y acudir a la regla contenida en el numeral 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido en esta providencia al Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 5, Archivo \u201cCR-20220920093823-11989\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 250, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201cCR-20220920093823-28123\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Ordenanza n.\u00ba 007 de 1995, de la Asamblea Departamental del Tolima. Folios 17 a 36, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 39 de la Ley 489 de 1998. https:\/\/site.caldas.gov.co <\/p>\n
6\u0002 Folios 49 a 132, Archivo \u201cCR-20220920093823-11989\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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