AC5405-2022 (2022-03708-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03708-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Yopal y Primero Civil Municipal de Sogamoso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer estrado, Nelly Ram\u00edrez Zambrano demand\u00f3 a Mar\u00eda Trinidad Molano de Molano, vecina de Yopal, en procura de que se la condene a entregarle la franja faltante de un predio que le vendi\u00f3 o a devolverle la parte proporcional del precio, atribuyendo la competencia \u00ab\u2026por el domicilio de las partes, por la cuant\u00eda y por ser la ciudad en la que se realiz\u00f3 el negocio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.- La autoridad escogida rechaz\u00f3 el libelo, al estimar que lo pretendido es una \u201centrega al tradente por el adquirente\u201d y que en tal caso se tiene en cuenta la ubicaci\u00f3n del inmueble en Sogamoso (num. 7, art. 28 ibidem), pues \u201caunque existen pretensiones indemnizatorias,\u2026no son el eje central de controversia\u201d (21 jun. 2022). <\/p>\n
3. El receptor tampoco acept\u00f3 el asunto, sosteniendo que la demandante est\u00e1 ejerciendo las atribuciones que le otorgan los art\u00edculos \u201c1888 y 1889 del C.C que regulan, en las ventas por cabida, los derechos que puede ejercitar el comprador cuando quiera que resulte en campo un \u00e1rea menor que la que reposa en el t\u00edtulo; esto es, que se le entregue el \u00e1rea faltante o que se le disminuya el precio\u201d, de lo cual no emerge un derecho real, sino \u201cuna obligaci\u00f3n o derecho personal que puede ser exigido de quien se comprometi\u00f3 a ello\u201d, am\u00e9n de que, incluso si se admitiera la calificaci\u00f3n de su predecesor, tampoco tendr\u00eda la implicaci\u00f3n que le dio, por lo que corresponde atenerse a la selecci\u00f3n que la impulsora hizo. En consecuencia, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve (29 sept.). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, de suerte que en los juicios coercitivos el accionante estar\u00e1 facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso s\u00ed, deber\u00e1 concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan el par\u00e1metro seleccionado. <\/p>\n
Realizada la escogencia, el juzgador debe respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado cuestione esa elecci\u00f3n, evento en el que le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones de su disenso. Justamente, en AC1032-2019, reiterado en AC3799-2020, se memor\u00f3 la postura adoptada por la Sala frente al tema, seg\u00fan la cual, <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. Realizada la elecci\u00f3n, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n alegue falta de competencia. <\/p>\n
3.- En el caso particular, se promovi\u00f3 un proceso contencioso con fundamento en un contrato de compraventa de inmueble, de tal suerte que para efecto de fijar la competencia resultan procedentes las disposiciones atr\u00e1s citadas, conforme a las cuales es competente el juzgador del domicilio del llamado, pero tambi\u00e9n el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones objeto del convenio, a discreci\u00f3n de la accionante Nelly Ram\u00edrez Zambrano. <\/p>\n
Como la prenombrada realiz\u00f3 la selecci\u00f3n del sentenciador apoyada en el criterio general que tiene en cuenta la vecindad de la convocada, es claro que el juzgador de Yopal se equivoc\u00f3 al repeler el caso, en cuanto, de acuerdo con lo informado en el mismo escrito, en esa ciudad se materializa dicho concepto. <\/p>\n
En la medida de lo anotado, resulta de recibo la postura del juzgador de Sogamoso, en cuanto la calificaci\u00f3n que su hom\u00f3logo dio a la acci\u00f3n promovida como \u201centrega del tradente al adquirente\u201d pasa por alto que en realidad las pretensiones corresponden al ejercicio de una facultad que la ley civil otorga al comprador de un predio por cabida, cuya \u00edndole es eminentemente personal. <\/p>\n
Y aunque en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que lo promovido es un proceso de la naturaleza indicada por el juzgador primigenio, lo cierto es que el mismo no est\u00e1 enlistado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ritual ni se enmarca en el ejercicio de un derecho real. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto \u00faltimo, se recuerda lo dicho en AC5842-2021, el cuanto a que <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de asuntos como el aqu\u00ed planteado, la Sala ha dejado claro que se trata del ejercicio de una acci\u00f3n de \u00edndole personal, pues precisamente implica la aspiraci\u00f3n del adquirente para que se fuerce al tradente a hacerle la entrega material del bien objeto del contrato o negociaci\u00f3n, lo que descarta que se trate de un pleito sobre derechos reales y que, por tanto, conlleve la aplicaci\u00f3n del fuero previsto en el numeral 7\u00ba de la referida norma\u201d. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se devolver\u00e1n las diligencias al juez de Yopal para que avoque su conocimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado- <\/p>\n
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