AC5458-2022 (2018-00093-01)<\/p>\n
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AC5458-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-31-03-001-2018-00093-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide lo pertinente en relaci\u00f3n con un impedimento para intervenir como ponente en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado por Constructora Colpatria S.A. frente a la sentencia que el 11 de noviembre de 2021 dict\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso verbal que en su contra promovi\u00f3 UNIREP S.A. <\/p>\n
1.ANTECEDENTES <\/p>\n
El Magistrado Luis Alonso Rico Puerta se declar\u00f3 impedido para intervenir en este asunto, con base en la causal prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, rese\u00f1\u00f3 que la casacionista confiri\u00f3 poder a la firma Ariel Salazar Abogados Asociados S.A.S., de la que es representante legal y socio \u00fanico el Dr. Ariel Salazar Ram\u00edrez, quien no solo particip\u00f3 en su elecci\u00f3n para el cargo que actualmente ocupa en esta Corporaci\u00f3n sino que con \u00e9l mantiene una \u00abrelaci\u00f3n de cercan\u00eda y amistad, tras compartir el ejercicio de la judicatura\u2026y coincidir en varios eventos sociales y acad\u00e9micos\u00bb. Agreg\u00f3 que si bien el precitado sustituy\u00f3 el poder a otro profesional que present\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, \u00ab\u2026el mandato ejercido por dicho bufete y la existencia del lazo de amistad manifestado podr\u00eda poner en entredicho la absoluta imparcialidad que debe distinguir a quien ejerce la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
2.CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como una manifestaci\u00f3n de los principios de imparcialidad e independencia que caracterizan la labor judicial, el estatuto adjetivo permite que el funcionario encargado de resolver un pleito, ya se trate de juez singular o plural, sea retirado de su conocimiento en caso de que existan circunstancias que los afecten. <\/p>\n
La Corte Constitucional en T319A-2012, al abordar esta tem\u00e1tica, expuso, <\/p>\n
A la luz de esas normas constitucionales y de la jurisprudencia del sistema interamericano que reconoce en las disposiciones sobre independencia judicial un mandato imperativo orientado a la protecci\u00f3n del debido proceso, la Corte ha destacado el papel que cumple el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones como una de las herramientas jur\u00eddicas id\u00f3neas para asegurar que el juez, al dirigir y resolver el proceso sometido a su consideraci\u00f3n, haga efectivo el principio de igualdad de trato jur\u00eddico que el art\u00edculo 13 consagra a favor de todos los ciudadanos. Todo esto, sobre el supuesto de que \u201cla honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos\u201d1. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Otro punto destacable de la jurisprudencia sobre la materia es el que vincula los impedimentos y las recusaciones con la efectividad de la imparcialidad judicial en sus dimensiones objetiva y subjetiva, distinci\u00f3n que ha sido estructurada en la perspectiva planteada, de nuevo, por los precedentes del sistema interamericano. <\/p>\n
El aspecto objetivo de la imparcialidad judicial busca que los asuntos conocidos por el juez le sean ajenos, al punto de que no tenga inter\u00e9s alguno en el proceso, ni directo ni indirecto. De lo que se trata es de evitar que el juez haya tenido un contacto anterior con el asunto para que, desde el punto de vista funcional y org\u00e1nico, se excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. <\/p>\n
El aspecto subjetivo de la imparcialidad judicial es distinto, pues tiene que ver con la convicci\u00f3n personal que puede tener el juez frente a un caso concreto. La Corte ha definido tal dimensi\u00f3n de la imparcialidad judicial haciendo referencia a \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d2 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Otro tema abordado por la Corte es el que concierne a las situaciones que configuran las causales de impedimentos y recusaciones aplicables en las diferentes jurisdicciones. La corporaci\u00f3n ha explicado que las mismas pueden darse por cuestiones de inter\u00e9s directo o indirecto, material, intelectual o moral, razones econ\u00f3micas, de afecto, de animadversi\u00f3n o amor propio3. <\/p>\n
Pero eso no implica que puedan alegarse ante cualquier circunstancia que, subjetivamente, conduzca a sospechar de la parcialidad del juez. La jurisprudencia ha reiterado que las mismas no operan en un \u00e1mbito indefinido, sino, por el contrario, en uno estrictamente delimitado por las causales que consagra el r\u00e9gimen procesal vigente para cada disciplina jur\u00eddica de forma taxativa. <\/p>\n
En ese sentido, la sentencia C-881 de 2011 insisti\u00f3, recientemente, en el car\u00e1cter excepcional de los impedimentos, y sobre c\u00f3mo, para evitar que se conviertan en una v\u00eda para limitar de forma excesiva el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201cla jurisprudencia coincidente y consolidada de los \u00f3rganos de cierre de cada jurisdicci\u00f3n ha determinado que los impedimentos tienen un car\u00e1cter taxativo y que su interpretaci\u00f3n debe efectuarse de forma restringida\u201d. <\/p>\n
Lo anterior supone que, al verificar si est\u00e1 incurso en una causal de impedimento, el juez deber\u00e1 atenerse a lo previsto, sobre el particular, en las normas procesales aplicables para el caso sometido a su consideraci\u00f3n, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se entiende que en cuesti\u00f3n de impedimentos y recusaciones, no hay espacio para las remisiones normativas ni para las interpretaciones anal\u00f3gicas. (Subraya intencional). <\/p>\n
2.- Entre las causales de recusaci\u00f3n y, por extensi\u00f3n, de impedimento, se\u00f1aladas en el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, el numeral 9\u00b0 contempla existir \u00abamistad \u00edntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado\u00bb. <\/p>\n
Ahora, como el inciso segundo del art\u00edculo 75 \u00eddem autoriza otorgar \u00abpoder a una persona jur\u00eddica cuyo objeto social principal sea la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos\u00bb, y en la medida que \u00ab[l]a sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formar\u00e1 una persona jur\u00eddica distinta de sus accionistas\u00bb (art. 2\u00ba, Ley 1258 de 2008), previsi\u00f3n que cobija las de car\u00e1cter unipersonal que la misma normatividad regula, resulta necesario concluir que la mentada causal de impedimento no se extiende a sus socios. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, no se configura el motivo de alejamiento del proceso que adujo el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, pues se bas\u00f3 en que la recurrente extraordinaria otorg\u00f3 mandato judicial al ente moral Ariel Salazar Abogados Asociados S.A.S., del cual es representante legal y socio \u00fanico el Dr. Ariel Salazar Ram\u00edrez, con quien aquel afirma que sostiene una relaci\u00f3n de cercan\u00eda y amistad. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que el impedimento se puede configurar en relaci\u00f3n con los socios o representantes de los entes morales autorizados por la ley procedimental para ejercer apoderamiento en los litigios, lo cierto es que en el presente evento no se encuentra acreditada ninguna de esas calidades. <\/p>\n
En efecto, como el principio de necesidad de la prueba impone que \u00ab[t]oda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u00bb (art. 164 C.G.P.), en el sub lite tendr\u00eda que estar demostrado que el Dr. Ariel Salazar Ram\u00edrez es representante legal y socio \u00fanico de la empresa de prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos a la que Constructora Colpatria S.A. confiri\u00f3 el mandato que sustituy\u00f3 a favor del profesional que a la postre present\u00f3 la demanda con la que se pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, no obstante afirmarse en los respectivos documentos de apoderamiento que el susodicho exmagistrado obra como representante legal de Ariel Salazar Abogados Asociados S.A.S., lo cierto es que revisado minuciosamente el respectivo certificado anexo de matr\u00edcula de sociedad por acciones simplificada, expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, no se desprende esa circunstancia de la que el Ponente hizo pender la configuraci\u00f3n de la causal. <\/p>\n
3.- Bajo ese entendido, el Despacho considera que el sustento que proporciona el Dr. Luis Alonso Rico Puerta no es suficiente para aceptar su alejamiento del caso. Por ende, se declarar\u00e1 infundado el impedimento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: No aceptar el impedimento manifestado por el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta dentro de este proceso, por no configurarse la causal prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: En firme esta providencia, vuelva el expediente al despacho del citado Magistrado, para lo pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Sentencia C-600 de 2011. M.P. Mar\u00eda Victoria Calle. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencia T-515 de 1992, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez y Auto 069 de 2003, M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis. <\/p>\n
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