AC5459-2022 (2022-03907-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5459-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03907-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 y Primero Promiscuo de Familia de Ipiales, Nari\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 31 de agosto de 2022, luego de haberse expedido la Resoluci\u00f3n No. 0027, en la que se declar\u00f3 al menor Juan Esteban Ib\u00e1\u00f1ez en situaci\u00f3n de adoptabilidad, la Defensora de Familia asignada al Centro Especializado Revivir de la Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dispuso el env\u00edo de las diligencias a los jueces de familia de esta ciudad, como quiera que, \u00ab[l]a familia manifiesta expresamente y por escrito No estar de acuerdo con la adopci\u00f3n y solicitaron remitir el proceso al juzgado, porque ellos consideran que han realizado todo el proceso legal (\u2026)\u00bb, (archivo digital 001, folios 3 y 4). <\/p>\n
2. Asignadas por reparto las actuaciones al Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, en auto del 26 de septiembre de 2022 se neg\u00f3 a asumir su conocimiento y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Ipiales \u2013 Nari\u00f1o, con respaldo en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia en concordancia con el 28, n\u00fam. 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que la decisi\u00f3n que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad al menor fue proferida por el Centro Zonal de ese lugar, el que, adem\u00e1s, corresponde al de residencia de aquel (archivo digital 05). <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de dicha urbe igualmente se rehus\u00f3 a continuar con el tr\u00e1mite pertinente, al considerar que el menor \u00abactualmente ya tiene su domicilio o residencia en la Ciudad de Bogot\u00e1, y el conocimiento de su historia de atenci\u00f3n fue asumida la abogada MARISOL NI\u00d1O CENDALES en su calidad de Defensora de Familia asignada al Centro Especializado Revivir de la Regional Bogot\u00e1 del ICBF\u00bb, (archivo digital 10). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto planteado involucra a dos juzgados de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el conflicto. As\u00ed se desprende de los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso (inciso quinto) y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, \u00abser\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
3. Confrontado el asunto que se examina con el aparte normativo que acaba de referirse, deviene que no existe duda en cuanto a que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdonde se encuentre\u00bb el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente objeto de las medidas. <\/p>\n
\u00abLa claridad de la referida disposici\u00f3n no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se \u00abencuentre\u00bb el menor, aludiendo as\u00ed simple y llanamente a su ubicaci\u00f3n f\u00edsica y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicaci\u00f3n en concreto pudieran generar duda. <\/p>\n
Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, compendiados en el concepto de \u00abm\u00ednimo esfuerzo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, acorde con el cual se aspira a que el tr\u00e1mite se desarrolle lo m\u00e1s cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protecci\u00f3n del menor. <\/p>\n
Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que, en aras de la prevalencia del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclin\u00e1ndose por la localizaci\u00f3n de \u00e9ste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado\u00bb (CSJ AC1828-2019, 21 may., rad. 2019-01258-00, reiterada en CSJ AC4442-2019, 11 oct., rad. 2019-03275-00 y AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355). <\/p>\n
4. El prenombrado precepto busca tambi\u00e9n atender el fin del art\u00edculo 96 ibidem, que ordena el seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n o de restablecimiento adoptadas, habida cuenta que, deviene apenas l\u00f3gico que la autoridad que deba cumplir dicha tarea sea la que tenga mayor facilidad para ello, que no puede ser otra distinta a la del lugar de habitaci\u00f3n del menor, quien, de acuerdo al art\u00edculo 26 de la normativa en cita, tiene derecho a ser escuchado \u00aby sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta\u00bb. <\/p>\n
5. Y no se diga que por el hecho de haberse expedido la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad al infante por la defensora de Ipiales, debe ser el funcionario judicial de ese territorio quien contin\u00fae con las actuaciones subsiguientes pues, ha dicho esta Corte que \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC3122-2020, 23 nov., rad. 2020-02837-00 reiterado en CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00). <\/p>\n
6. En el caso bajo estudio, es claro que el proceso administrativo inici\u00f3 ante la regional del ICBF ubicada en Ipiales (Nari\u00f1o), por ser ese el lugar donde resid\u00eda el menor para el momento de los hechos denunciados \u00abVereda la Verbena\u00bb; sin embargo, tambi\u00e9n lo es, que aquel fue remitido, en virtud de una medida de protecci\u00f3n, a la \u00abInstituci\u00f3n Casa de la Madre y el Ni\u00f1o\u00bb ubicada en Bogot\u00e1 (folio 1248, archivo digital 004), circunstancia que, de cara a las citas jurisprudenciales y normativas antes referidas, impone a la autoridad de este lugar la competencia para continuar con el tr\u00e1mite de restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
Sobre el punto se pronunci\u00f3 el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y esta Corte acogi\u00f3 tal criterio, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
(…) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (…) Siguiendo la regla establecida en el art\u00edculo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la ni\u00f1a traer\u00eda entonces dos consecuencias impl\u00edcitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inici\u00f3 el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto (CE 2 mar. 2012, rad. 2012-00010-00 y CSJ AC4442-2019, 11 oct., rad. 2019-03275-00). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia para seguir conociendo del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos del menor al Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al ICBF Centro Zonal Ipiales, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma localidad y a los dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Ipiales, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma localidad y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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