AC5495-2022 (2022-03650-00)<\/p>\n
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AC5495-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03650-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Luis Guillermo Coy Prieto, frente al auto de 25 de julio de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quind\u00edo), deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia emitida el 19 de mayo de 2022, dentro proceso verbal radicado con el n\u00ba. 63130-31-12-001-2013-00065-01, promovido por Elizabeth Larrota Meza, en nombre propio y en representaci\u00f3n de las menores Yelitza Yonaira y Ashlye Johanna Ort\u00edz Larrota, contra Hernando Tangarife G\u00f3mez y otros. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La parte actora present\u00f3 demanda con el fin de que se declarara que los convocados son civil y solidariamente responsables, por los perjuicios \u00abmorales, materiales y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb, causados por el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 7 de mayo de 2010, en el que falleci\u00f3 Bohrman Ort\u00edz Murcia1. <\/p>\n
2.- En fallo del 22 de julio de 2021, el Juzgado Civil Laboral de Calarc\u00e1 (Quind\u00edo) accedi\u00f3 a las pretensiones, en el sentido de declarar la responsabilidad civil de Hernando Tangarife G\u00f3mez, Luis Guillermo Coy y la Sociedad Transportadora de Duitama S.A.S. y, en consecuencia, los conden\u00f3 al pago de perjuicios materiales y morales en favor de las demandantes2. <\/p>\n
3.- Inconformes con la decisi\u00f3n, el se\u00f1or Coy Prieto y la transportadora interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Teniendo en cuenta que, en sentencia de 19 de mayo de 2022, el Tribunal confirm\u00f3 la providencia del a quo3, Luis Guillermo Coy Prieto y la transportadora formularon recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- El pasado 25 de julio, el ad quem deneg\u00f3 su concesi\u00f3n, argumentando que no se acredit\u00f3 el inter\u00e9s para recurrir, \u00abpues el agravio (\u2026) lo constituye el valor de las condenas impuestas en primer grado, las cuales fueron confirmadas en esta instancia y sumadas arrojan un valor de (\u2026) (356.449.574.oo), cifra que resulta ser inferior a la requerida\u00bb4. <\/p>\n
6.- Contra este \u00faltimo auto, \u00fanicamente el demandado Coy Prieto interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, en el que se\u00f1al\u00f3: i) las pretensiones en este asunto no fueron exclusivamente econ\u00f3micas sino tambi\u00e9n declarativas, al perseguir la declaratoria de una responsabilidad civil extracontractual; ii) con la sentencia atacada se causan graves perjuicios y se lesiona injustificadamente su patrimonio, a pesar de que se trata de una acci\u00f3n prescrita; iii) debe garantizarse el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia para conceder el recurso, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que las condenas impuestas superan con creces el l\u00edmite establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso; iv) el fallo adolece de una indebida valoraci\u00f3n probatoria y hermen\u00e9utica en lo referente al fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n5. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la reposici\u00f3n, estuvo ajustado a la ley o no. <\/p>\n
2.- Debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, este medio solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00ablas acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 \u00eddem). Y,en los asuntos relacionados con el estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo, los fallos de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcada por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 ibidem, determinado por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante. <\/p>\n
Frente a dicho inter\u00e9s, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo, aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n (CSJ CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1852-2021) (resaltado intencional). <\/p>\n
Lo anterior conlleva la necesidad de establecer el aludido monto para recurrir en casaci\u00f3n, a partir del perjuicio que la decisi\u00f3n impugnada le cause al recurrente, atendiendo las singularidades de cada caso en concreto. As\u00ed lo ha sostenido uniformemente la Sala al indicar: <\/p>\n
(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
3.- Al tratarse de asuntos patrimoniales, el art\u00edculo 339 \u00eddem consagra que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, disposici\u00f3n que contiene una carga para el recurrente, cual es la de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
4.- En el presente asunto, conforme se anot\u00f3, las demandantes promovieron el juicio verbal, con el fin de que se declarara que los convocados son civil y solidariamente responsables por los perjuicios causados con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 7 de mayo de 2010. <\/p>\n
4.1.- En la sentencia proferida por el a quo el 22 de julio de 2021, confirmada en su integridad por el Tribunal el pasado 19 de mayo, se accedi\u00f3 al petitum declarativo y, en consecuencia, se impusieron las siguientes condenas a cargo de Hernando Tangarife G\u00f3mez, Luis Guillermo Coy Prieto y la Sociedad Transportadora de Duitama S.A.S.: <\/p>\n
A favor de Elizabeth Larrota Meza: <\/p>\n
– Lucro cesante consolidado: $64\u00b4800.569. <\/p>\n
– Lucro cesante futuro: $52\u00b4296.990. <\/p>\n
– Perjuicios morales: $55\u00b4426.300. <\/p>\n
– Da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n: $20\u00b4000.000. <\/p>\n
A favor de Ashlye Johanna Ort\u00edz Larrota: <\/p>\n
– Lucro cesante pasado consolidado: $32\u00b4400.380. <\/p>\n
– Lucro cesante futuro: $24\u00b4531.840. <\/p>\n
– Perjuicios morales: $27\u00b4255.780. <\/p>\n
A favor de Yelitza Yonaira Ortiz Larrota: <\/p>\n
– Lucro cesante pasado consolidado: $31\u00b4412.356. <\/p>\n
– Perjuicios morales: $27\u00b4255.780. <\/p>\n
Costas en primera instancia: <\/p>\n
– $14\u00b4981.903. <\/p>\n
Lo anterior significa que, al sumar todos los valores de condena, el saldo global que deber\u00e1 pagarse a las demandantes asciende a $350\u00b4361.898, cifra que est\u00e1 demasiado lejos del monto m\u00ednimo que se requiere para acudir en casaci\u00f3n bajo las premisas del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se encuentra establecido en 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; en otras palabras [tra\u00eddos a la fecha actual], a mil millones de pesos ($1.000\u00b4000.000). <\/p>\n
Entonces, resulta evidente que ni siquiera consolidando la totalidad de las condenas podr\u00eda tenerse por satisfecho el inter\u00e9s pecuniario del se\u00f1or Coy Prieto, ya que su inter\u00e9s qued\u00f3 supeditado stricto sensu a lo ordenado en el fallo atacado, tal como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si quien recurre es el convocado al juicio, su inter\u00e9s se hallar\u00e1 conformado por el monto efectivo de las condenas a \u00e9l impuestas en el fallo\u00bb (CSJ AC 5833-2016). <\/p>\n
4.2. En ese orden, se concluye que el demandado no logr\u00f3 acreditar su inter\u00e9s para recurrir, pues el agravio patrimonial que se desprende de la sentencia del Tribunal no supera, ni por asomo, los 1.000 s.m.l.m.v.; luego la queja no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, mucho menos si se repara en que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento (art. 13 ejusdem). <\/p>\n
4.3.- En este punto, resulta imperioso destacar que los eventuales perjuicios que pudieran causarse al se\u00f1or Coy Prieto con la imposici\u00f3n y pago de las condenas, no se erigen como un argumento v\u00e1lido para acrecentar su inter\u00e9s para recurrir, puesto que, como ya se explic\u00f3, solo puede predicarse de los montos fijados en la providencia, m\u00e1s no de factores externos o adicionales. <\/p>\n
4.4. Ahora, como el recurrente alega que debe garantizarse el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso, se aclara que al examinar el diligenciamiento no se avizora su vulneraci\u00f3n, en la medida en que se respet\u00f3 el tr\u00e1mite de ambas instancias y se dictaron las sentencias correspondientes en cada una de ellas para decidir el asunto de fondo. <\/p>\n
4.6.- Finalmente, como el impugnante argument\u00f3 que las pretensiones no fueron exclusivamente econ\u00f3micas sino tambi\u00e9n declarativas, resulta pertinente advertir que ese hecho no lo relevaba de acreditar su inter\u00e9s para recurrir, toda vez que al estar involucrado un petitum de contenido patrimonial, se encontraba compelido a satisfacer el requisito consagrado en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, como en efecto no sucedi\u00f3. <\/p>\n
5.- De conformidad con lo anotado no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Guillermo Coy Prieto, contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2022, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso verbal de la referencia. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Carpetas \u2013 01 Primera Instancia \u2013 001 Cuaderno Principal. Archivo: \u00ab004Demanda.pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Carpetas \u2013 01 Primera Instancia \u2013 001 Cuaderno Principal. Archivo: \u00ab244 ActayEnlaceVideoAudienciaArt373Reanudaci\u00f3n201300065.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Carpetas \u2013 02 Segunda Instancia \u2013 C03Apelaci\u00f3nSentencia. Archivo: \u00ab18Sentencia.pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Carpetas \u2013 02 Segunda Instancia \u2013 C03Apelaci\u00f3nSentencia. Archivo: \u00ab20AutoNiegaCasaci\u00f3n.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Carpetas \u2013 02 Segunda Instancia \u2013 C03Apelaci\u00f3nSentencia. Archivo: \u00ab21Reposici\u00f3nQuejaConstancia.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Carpetas \u2013 02 Segunda Instancia \u2013 C03Apelaci\u00f3nSentencia. Archivo: \u00ab22AutoResuelveReposici\u00f3nConcedeQueja.pdf\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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