AC5503-2022 (2022-03933-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5503-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03933-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada en nombre de John Alexander Benavides Reyes, respecto de la sentencia del 9 de abril de 2018 proferida por la Corte del Circuito del Condado de Mobile, Estado de Alabama, Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 11 de noviembre de 2022, por intermedio de apoderada judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo del encabezado, por el cual se decret\u00f3 el divorcio entre el solicitante y Elexa Quintero Ascanio, proferido en Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
2. Se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentra que la providencia for\u00e1nea: \u00abno verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano\u2026\u00bb (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 606), \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb (numeral 3\u00b0 ibidem), y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (\u00eddem), so pena que deba rechazarse el pedimento desde el inicio (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607) (Negrilla propia). <\/p>\n
1.1. La primera de las exigencias reside en que el veredicto aportado no defina asuntos referentes a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, en garant\u00eda del fuero real reconocido en el Derecho Internacional Privado. <\/p>\n
La anterior regla -lex rei sitae-, tiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992, a saber: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb. <\/p>\n
Sobre este fuero, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Conviene indicar, igualmente, que el hecho de que el causante sea nacional espa\u00f1ol no excluye la jurisdicci\u00f3n colombiana, pues, como aqu\u00e9l ten\u00eda inmuebles en el pa\u00eds, acorde con la relaci\u00f3n de relictos efectuada, impera la lex rei sitae, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor, los bienes situados en los territorios, y aqu\u00e9llos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia. (AC7803, 16 de noviembre de 2016, rad. n.\u00ba 2015-03168-01). <\/p>\n
De igual forma esta Corporaci\u00f3n, en distintos pronunciamientos, ha hecho \u00e9nfasis en que las sentencias extranjeras, cuyo reconocimiento se persigue a trav\u00e9s del exequatur, no pueden contener decisiones sobre bienes ubicados en Colombia, so pena de negarles efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds: <\/p>\n
Las partes poseen la siguiente propiedad que ser\u00e1 dividida de la siguiente forma: Calle\u2026 Bogot\u00e1, Colombia, cuando esta propiedad sea vendida (para el 2020) deber\u00e1n dividir los activos de forma equitativa seg\u00fan la venta de la casa. El costo de mantener la propiedad inmobiliaria (pago de hipotecas, impuestos, seguros, prestamos de capital etc.) ser\u00e1 de la siguiente forma: Las partes deber\u00e1n dividir de forma equitativa los pagos de la hipoteca, impuestos y seguros (\u2026), lo que de suyo recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, no sometidos a una previa imposici\u00f3n extranjera, adem\u00e1s de estar relacionado sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, contrariando as\u00ed de esa forma los numerales 1 y 4 del art\u00edculo 606 [del C\u00f3digo General del Proceso] (AC2633, 13 oct. 2020, rad. n.\u00ba 2020-02504-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
En pronunciamiento an\u00e1logo se indic\u00f3: <\/p>\n
La sentencia del 17 de julio de 2009 da cuenta que los contrayentes, en vigencia de su comunidad de vida, adquirieron derechos reales sobre dos (2) inmuebles ubicados en Colombia [\u2026] los cuales se adjudicaron al se\u00f1or [\u2026] con la advertencia que las partes deb\u00edan suscribir los documentos requeridos para el efecto y, en todo caso, \u2018\u2026una copia certificada de esta sentencia y decreto o una copia certificada de la sentencia sumaria de Disposici\u00f3n de Inmuebles y la Sentencia servir\u00e1n para transferir la propiedad\u2026\u2019. Estas determinaciones ponen en evidencia que el pronunciamiento judicial afectar\u00e1 derechos reales de los c\u00f3nyuges sobre predios localizados en el territorio nacional, estableciendo deberes para su transferencia o renuncia, as\u00ed como el t\u00edtulo que servir\u00eda de base a cualquiera de estas actuaciones. Se trata, entonces, de un fallo que versa sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, lo que impone su rechazo (AC4909, 2\u00b0 ag. 2016, rad. n.\u00ba 2016-01537-00, reiterado en SC19856, 11 nov. 2017, rad. n.\u00ba 2014-01295-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
1.2. El segundo requisito propende porque \u00fanicamente se reconozcan sentencias sobre las que se tenga certeza sobre su car\u00e1cter definitivo, con el fin de garantizar que la misma sea inmutable y no se vea afectada por decisiones posteriores que lo revoquen, aclaren, modifiquen o adicionen. <\/p>\n
No en vano se ha se\u00f1alado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03175-00). <\/p>\n
1.3. El tercer elemento -legalizaci\u00f3n- aboga por que la sentencia a reconocer, como documento emanado de una autoridad extranjera, est\u00e9 provisto de las constancias que den seguridad sobre la calidad y cargo de quien suscribe la providencia for\u00e1nea. <\/p>\n
Y es que la legalizaci\u00f3n consiste en \u00abDar estado o forma legal… para fe y cr\u00e9dito de un documento o de una firma\u00bb1, que trat\u00e1ndose de pa\u00edses suscriptores del Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado el 5 de octubre de 1961 en la Haya, se satisface con la apostilla. <\/p>\n
As\u00ed lo reafirma el inciso segundo del art\u00edculo 251 ibidem: \u00abLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2. Visto lo anterior procede anticipar que, en el sub lite, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto: (I) la sentencia versa sobre el derecho real de propiedad de un inmueble ubicado en Colombia, (II) no se alleg\u00f3 la providencia extranjera en debida forma y (III) no se aport\u00f3 la constancia de ejecutoria. <\/p>\n
2.1. Para explicar conviene se\u00f1alar que, junto a la solicitud, se arrim\u00f3 en idioma original y con traducci\u00f3n al castellano la decisi\u00f3n del 9 de abril de 2018 emitida por la Corte del Circuito del Condado de Mobile, Estado de Alabama, Estados Unidos de Am\u00e9rica, fruto de la acci\u00f3n civil identificada con el radicado n.\u00b0 \u00ab02-DR-2017-901013.00\u00bb. <\/p>\n
En la parte resolutiva de la sentencia, m\u00e1s precisamente, en el ordinal \u00ab26\u00bb, se incluy\u00f3 la siguiente determinaci\u00f3n: \u00ab[a]l Demandado se le adjudica el condominio de las partes ubicado en Bogot\u00e1 Colombia, en tarifa simple. A cambio, el Demandado pagar\u00e1 al Demandante $ 16,000.00 que representan su patrimonio en el mismo dentro de los 180 d\u00edas posteriores a la Sentencia de Divorcio\u00bb (Folio 22 archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
Es decir, en la providencia se incluyeron determinaciones sobre bines ra\u00edces situados en territorio colombiano, lo que ri\u00f1e con el fuero real, por lo que un fallo for\u00e1neo que pretenda regular esta materia, est\u00e1 llamado a no producir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
2.2. Falt\u00f3 aportar la apostilla exigida como condici\u00f3n para la legalizaci\u00f3n de la sentencia extranjera aportada, raz\u00f3n para rehusarle efectos jur\u00eddicos probatorios. <\/p>\n
En efecto, como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, conforme al art\u00edculo 3\u00b0 es menester aportar la apostilla del instrumento para certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb. <\/p>\n
Es cierto que se aport\u00f3 una apostilla, pero \u00e9sta es relativa al documento denominado \u00abCertificate of divorce\u00bb, que fuera suscrito por \u00abNicole Henderson Rushing\u00bb en calidad de \u00abState Register of Vital Statistics\u00bb; luego, la sentencia emitida por la Corte del Condado de Mobile (Folios 26 al 32 del archivo digital 01. Demanda y anexos) carece de tal certificaci\u00f3n, en concreto, de \u00abJojo Schwarzauer\u00bb, quien funge como \u00abClerk\u00bb de esa c\u00e9lula judicial for\u00e1nea. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de la anterior carga, por fuerza del art\u00edculo 251 del C.G.P., impide tener por allegado el documento, de all\u00ed que la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n realizada por John Alexander Benavides Reyes carezca de su espina dorsal, motivo para rechazar el tr\u00e1mite in limine. <\/p>\n
As\u00ed ha procedido esta Corporaci\u00f3n en casos equivalentes: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 19612, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo precedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 idem. (CSJ, 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
2.3.1. La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ, AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2.3.2. En el presente caso, el veredicto del sentenciador del condado de Mobile vino acompa\u00f1ado del documento denominado \u00abCertificado de Divorcio\u00bb, expedido por el centro de estad\u00edsticas para la salud del Estado de Alabama, Estados Unidos de Am\u00e9rica. Este documento trae los datos de las partes, sus nombres, identificaciones, cu\u00e1ntos hijos tienen, entre otras, as\u00ed como algunos datos del proceso, entre ellos, la casilla \u00ab34\u00bb trae como t\u00edtulo \u00abfecha decreto final\u00bb, la cual se establece el 9 de abril de 2018; en embargo, esta fecha no brinda claridad sobre su definitividad, en tanto corresponde a la misma data en que se expidi\u00f3 la sentencia (Folios 16, 17, 23, 25, 26 y 32 del archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto en el fallo se previ\u00f3 que el juzgador for\u00e1neo conservaba potestades para hacer modificaciones posteriores, como emitir \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de salarios, \u00abrespecto a todos y cada uno de los asuntos permitidos por la ley de Alabama\u00bb, y la de otorgar una pensi\u00f3n alimenticia (Folios 16, 18, 21 y 23 archivo digital 01. Demanda y anexos), lo que desvela la naturaleza temporal de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, ante la ausencia de perspicuidad sobre la firmeza del veredicto, no puede abrirse paso el tr\u00e1mite judicial, como expresamente lo previene el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n para proceder a su rechazo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese los precedentes de la Corte en este punto: <\/p>\n
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3\u2026 la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026 Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del tr\u00e1mite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ AC1956, 7 abr. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00644-00. En el mismo sentido AC-237, 25 ene. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00067-00, AC, 20 feb. 2015, rad. n.\u00b0 2015-00254-00). <\/p>\n
2.4. Las falencias mencionadas en precedencia llevan a repeler de plano el tr\u00e1mite, por fuerza del citado art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado3, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, no se allegaron pruebas que el prove\u00eddo extranjero guarda armon\u00eda con las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. En concreto, respecto a la causal de divorcio que sirvi\u00f3 para la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial en el extranjero, en tanto en el juicio for\u00e1neo se identific\u00f3 como motivo del divorcio la \u00abincompatibilidad\u00bb, circunstancia que no encuentra equivalente en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.4. No se arrib\u00f3 el registro civil de nacimiento del solicitante y su consorte. <\/p>\n
Tampoco se arrim\u00f3 el registro civil de nacimiento de los hijos comunes de la pareja, documento indispensable para establecer su edad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se trajo una copia del registro civil de matrimonio sin fecha de expedici\u00f3n, por lo que no puede verificarse la existencia de anotaciones. <\/p>\n
3.5. En el escrito de solicitud debe identificarse con precisi\u00f3n las partes del tr\u00e1mite de exequatur, pues en la traducci\u00f3n, al solicitante se le identifica como \u00abJuan A Benavides\u00bb, mientras que en el resto del escrito y los anexos aparece como John Alexander Benavides Reyes. <\/p>\n
3.6. No se trae la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, ni f\u00edsica, de notificaciones del solicitante John Alexander Benavides Reyes. <\/p>\n
3.7. No se alleg\u00f3 prueba de la remisi\u00f3n de la demanda y sus anexos al correo de Elexa Quintero Ascanio, por ende, no se cumple con lo reglado en el precepto 6\u00ba de la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4. Finalmente, no se reconocer\u00e1 reconoce personer\u00eda jur\u00eddica a Gloria Dilma Quintero Ram\u00edrez, profesional en derecho con tarjeta vigente seg\u00fan el Registro Nacional de Abogados, pues el asunto para el cual se confiri\u00f3 la representaci\u00f3n no se encuentra determinado como lo exige el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aben los poderes especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente identificados\u00bb. Pues en el acto de apoderamiento se indica que se busca el reconocimiento del fallo de la Corte de Alabama que se \u00abrefiere al contra\u00eddo el ocho de enero de 2005\u00bb, sin que la providencia mencione el prove\u00eddo en concreto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por John Alexander Benavides Reyes, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: No reconocer personer\u00eda a la abogada Gloria Dilma Quintero Ram\u00edrez, como apoderada judicial del solicitante, para los fines previstos en el poder conferido. <\/p>\n
Tercero: Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jur\u00eddico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., 1993. <\/p>\n