ATC1631-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1631-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2014-00662-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime el incidente de desacato promovido por Edgar Alfonso Salinas Castro contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 10 de abril de 2014 (CSJ STC4616-2014) la Sala ampar\u00f3 el debido proceso al incidentante y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la magistratura acusada que dejara \u00absin efecto la sentencia que dict\u00f3 el 13 de noviembre de 2013 en el juicio ordinario agrario de servidumbre (\u2026) y dicte una de reemplazo que defina la imposici\u00f3n del gravamen, para lo cual deber\u00e1 pronunciarse expresamente sobre la objeci\u00f3n por error grave al dictamen pericial a la luz del material probatorio pertinente\u00bb; desenlace que no fue objeto de revisi\u00f3n por el \u00f3rgano l\u00edmite (T4387482 25 jun. 2014). <\/p>\n
2. Edgar Alfonso Salinas Castro instaur\u00f3 incidente de desacato para que \u00abse dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta lo ordenado en la mencionada sentencia de la corte. As\u00ed mismo se disponga no continuar con la construcci\u00f3n de la servidumbre hasta tanto se tengan los respectivos conceptos de car\u00e1cter ambiental, en contrav\u00eda de lo dispuesto por la ley 2811 de 1978 y la ley 99 de 1993, C\u00f3digo Nacional de los Recursos Naturales\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, se requiri\u00f3 previamente a la autoridad censurada para que informara si satisfizo el mandato superior y acreditara su afirmaci\u00f3n con los soportes correspondientes (21 sep.). Una vez informada la magistratura acusada refiri\u00f3 que \u00abse dio pronto cumplimiento a la motivaci\u00f3n de la misma, incluyendo entre otros, la decisi\u00f3n de declarar infundada la objeci\u00f3n por error grave formulada por la parte actora, por lo que se considera cumplida la orden\u00bb (26 sep.); no obstante, el inconforme insisti\u00f3 en el impulso del presente tramite, ante lo cual se abri\u00f3 el incidente de desacato (6 oct.), corri\u00e9ndosele traslado del mismo y se decretaron las pruebas estimadas pertinentes (13 oct.). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desacato se instituy\u00f3 como un instrumento jur\u00eddico complementario a la tutela, dirigido al particular objetivo de sancionar a quien no acate lo resuelto en aqu\u00e9l; como quiera que constituye un acicate que contribuye a la ejecuci\u00f3n de la sentencia, redundando as\u00ed en la completa y efectiva operatividad de las garant\u00edas esenciales del agraviado. <\/p>\n
Por ello, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3 que: <\/p>\n
[l]a persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. (\u2026) La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para la Sala es claro que en este asunto no est\u00e1n dados los presupuestos para aplicar sanci\u00f3n alguna, esencialmente porque la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 30 de abril de 2014, en obedecimiento a las directrices entonces se\u00f1aladas por esta Corte en el fallo constitucional del 10 de abril de 2014 (STC3937-2021), donde se corrigi\u00f3 el yerro consistente en haber proferido el veredicto de segundo grado, por \u00abfalta de una adecuada y suficiente fundamentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de modificar, con base en el dictamen pericial presentado, el trazado fijado en la sentencia de primera instancia, pues, omiti\u00f3 completamente desatar la objeci\u00f3n por error grave a que la parte actora someti\u00f3 el concepto t\u00e9cnico, limit\u00e1ndose a formular algunas consideraciones que distan mucho de dar soluci\u00f3n a la controversia planteada\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas pautas la magistratura acusada procedi\u00f3 en acatamiento a dictar el veredicto de remplazo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con el material probatorio recaudado, sobresale m\u00e9rito suficiente para concluir que en efecto el predio La Vega del Carare se encuentra enclavo e incomunicado con el camino p\u00fablico. Presupuesto \u00e9ste suficiente para atender las peticiones del demandante en reconvenci\u00f3n. Su petici\u00f3n se plantea enfocada a que se imponga la servidumbre de tr\u00e1nsito y as\u00ed se constituya mediante providencia judicial, el derecho real de servidumbre, dado que el que alega el demandado reconvenido solo es un derecho aparente, que es precisamente con base en esa situaci\u00f3n de hecho, que se busca constituir formalmente, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 905 del C\u00f3digo Civil (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed al ocuparse de la objeci\u00f3n por error grave relacionado con el dictamen pericial se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Plantea el objetante que dentro del dictamen pericial se observa como error grave, el hecho que el se\u00f1or perito consigna en la respuesta primera del cuestionario, unos linderos que no corresponden a la realidad, dado que dice no ser cierto que el predio linde por el costado norte con el predio de herederos de la familia Pinilla, por cuanto es el Rio Padilla o Pe\u00f1as su lindero natural por ese costado, y de ese modo, la alinderaci\u00f3n descrita es err\u00f3nea, pues seg\u00fan el plano que anexa, con la br\u00fajula que aparece en la margen izquierda, el norte no apunta, no se\u00f1ala el predio de los herederos de la familia Pinilla como se afirma en el dictamen, si la br\u00fajula se orienta correctamente y el norte apunta al predio de los se\u00f1ores Pinilla o al Rio Padilla, f\u00e1cilmente se comprueba el error; adem\u00e1s que con el mapa del municipio de Tinjaca, se aprecia, que el Rio Funza est\u00e1 ubicado al norte del predio La Heredad como tambi\u00e9n La Vega de! Carare. <\/p>\n
El inconformismo generador de la objeci\u00f3n, recae en la equivocaci\u00f3n que comete el auxiliar, al marcar los puntos cardinales sobre el plano que dibuja los predios implicados en la litis, pero que de todos modos, en nada incide para lograr identificar las colindancias y posici\u00f3n de los predios sobre el terreno, situaci\u00f3n que no amerita, llevar a declarar como grave el error hallado en la experticia, tal como lo refiere el objetante; tal equivocaci\u00f3n no comporta una raz\u00f3n de peso para estimar fundada la objeci\u00f3n invocada , al avizorarse que el yerro se centra en plasmar el perito el costado sur, cuando en realidad es el norte, existiendo precisi\u00f3n en cuanto a la descripci\u00f3n de los costados oriental y occidental; adem\u00e1s que con los dem\u00e1s medios de prueba, termina por subsanado el mentado yerro, apoyo que para ello, lo muestran con claridad el plano que anexa el reconviniente en su escrito introductorio (fl.1 cd.2) y el que obra a folio 49 del cuaderno principal, aportado por el demandante SALINAS CASTRO, pues con claridad, se halla que el error notado por el objetante, solo se centra en el dibujar el perito sobre el plano el punto norte, cuando debi\u00f3 ser el sur, lo que termina subsanado en s\u00ed con la informaci\u00f3n que se relaciona en la documental anexa por el demandante, esto es, el plano de ubicaci\u00f3n de los predios identificados con sus colindantes (fl. 49 cd.1), que permita aclarar que en efecto, el R\u00edo Padilla se encuentra al Norte del predio La Heredad, y que colinda por el oriente con la carretera que de Tinjaca conduce a San Miguel de Sema y el occidente con la quebrada La Veloza, como acertadamente lo dijo el perito en su informe en el literal A. al resolver el interrogante primero del cuestionario impuesto (fl.50 cd.3), y lo relaciona tambi\u00e9n la gr\u00e1fica allegada por MARIA LEONILDE SAZA MENDIETA con el escrito de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea argumentativa concluir que: <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos y como lo dispusiera el Juez Constitucional, se da respuesta en este punto en que se fund\u00f3 el error grave alegado, para restarle efectos probatorios al dictamen pericial, concluyendo en su desestimaci\u00f3n por lo que se tendr\u00e1 como soporte para la decisi\u00f3n a adoptar. <\/p>\n
En este orden de ideas, el hecho de que la determinaci\u00f3n final no satisfaga los intereses del promotor, no se traduce, necesariamente, en una conducta remisa y reprochable frente al fallo, el cual fue acatado en la forma all\u00ed se\u00f1alada, esto es, haciendo pronunciamiento concreto respecto de la objeci\u00f3n al dictamen, lo que qued\u00f3 tambi\u00e9n reflejado en el numeral primero de la resolutiva, cuando confirm\u00f3 los ordinales primero, tercero y cuarto a s\u00e9ptimo de la sentencia de 6 de octubre de 2011, apelada. <\/p>\n
Ahora en cuanto a que \u00abse disponga no continuar con la construcci\u00f3n de la servidumbre hasta tanto se tengan los respectivos conceptos de car\u00e1cter ambiental, en contrav\u00eda de lo dispuesto por la ley 2811 de1978 y la ley 99 de 1993, C\u00f3digo Nacional de los Recursos Naturales\u00bb, tales pretensiones resultas ajenas al tr\u00e1mite incidental, por lo que deber\u00e1n ser expuestas ante la autoridad pertinente al momento de materializarse la orden judicial. <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, se reitera, lo que se observa es que Salinas Castro de manera equ\u00edvoca le otorga la naturaleza de v\u00eda adicional a este tr\u00e1mite incidental formulado frente a la orden impartida en sede constitucional, por tanto la Sala se abstendr\u00e1 de pronunciarse en ese especifico punto, en tanto, se observa que la decisi\u00f3n por medio de la cual se le ampar\u00f3 el derecho al debido proceso fue acatada, al expedirse el pronunciamiento que viene de rese\u00f1arse (30 abr. 2014) y al no observarse desobedecimiento o rebeld\u00eda de la autoridad reprochada, resulta improcedente imponer castigo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrar que el fallo de esta Sala de 10 de abril de 2014 fue efectivamente acatado. En consecuencia, se ordena la terminaci\u00f3n y archivo de las presentes diligencias. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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