ATC1632-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1632-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto de 19 de octubre de 2022, por medio del cual la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Alberth Sep\u00falveda \u00c1lzate contra el Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango (Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia) y el Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas (Director de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional -COPER). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante fallo proferido el 28 de agosto de 2008, la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (rad. 2008-00186-00) ampar\u00f3 el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna, igualdad y debido proceso de Alberth Sep\u00falveda Alzate, ordenando al Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional que, en el t\u00e9rmino de 48 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, procediera a \u00abprestarle los servicios m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, hospitalarios y farmac\u00e9uticos que requiera el ex soldado… y le realice la junta medica laboral, para que determine la lesi\u00f3n sufrida por causa y raz\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar y se le conceda la indemnizaci\u00f3n correspondiente si hubiere lugar a ella\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Alberth Sep\u00falveda Alzate, a trav\u00e9s de apoderado judicial, radic\u00f3 ante el a-quo constitucional escrito en el que indic\u00f3 que \u00aba pesar de lo ordenado\u2026 solicit\u00f3 diversas valoraciones m\u00e9dicas que se fueron dilatando en el tiempo por cancelaciones continuas de las citas\u2026\u00bb; que, ante el paso del tiempo, nuevamente solicit\u00f3 el cumplimiento recibiendo una \u00abnegativa aduciendo t\u00e9rminos de un a\u00f1o, situaci\u00f3n que sucedi\u00f3 hace ocho a\u00f1os, continuando cada d\u00eda que pasa con una ininterrumpida vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Defensa manifest\u00f3 que no es el competente para materializar todas las actuaciones de la entidad que el llamado a responder es el Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y su superior jer\u00e1rquico el Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas como Director de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional con Funciones del Comando de Personal -COPER; que requiri\u00f3 al Director de sanidad con el fin de que informara sobre el cumplimiento del fallo constitucional. <\/p>\n
5. El 3 de octubre de 2022 se dispuso tramitar el incidente conforme a lo reglado en el Decreto 2591 de 1991, contra el Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, y del Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas, como Director de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional (COPER), surtiendo el traslado de rigor, as\u00ed como la notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la solicitud de resguardo g\u00e9nesis del asunto; t\u00e9rmino que culmin\u00f3 silente. <\/p>\n
6. El Tribunal constitucional de primera instancia, con providencia de 19 de octubre de estas calendas, sancion\u00f3 por desacato al \u00abBrigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y el Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas, Director de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional (COPER)\u00bb; imponi\u00e9ndoles \u00abtres (3) d\u00edas de arresto\u2026 y multa de dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales legales\u00bb, de conformidad con los art\u00edculos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n el a quo, tras destacar las \u00f3rdenes impartidas por el juez constitucional, consider\u00f3 que \u00ab\u2026 no se justifica la mora en cumplimiento de la orden de amparo superior denunciada por el incidentante\u2026 por m\u00e1s de\u2026 14 a\u00f1os, afectaci\u00f3n causada por la dilaci\u00f3n, demora y traba desarrollada y\/o promovida por la Direcci\u00f3n de Sanidad Incidentada\u2026 dependencia administrativa que en desarrollo del proceso de calificaci\u00f3n de invalidez en reiteradas oportunidades ha cancelado la junta m\u00e9dica laboral encargada de valorar y\/o determinar el grado de incapacidad y\/o validez del actor, aseveraci\u00f3n a la se llega conforme el acervo probatorio obrante en el sub examine y el silencio guardado por las entidades que conforman la parte incidentada\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que, ante la posible incursi\u00f3n en fraude a la resoluci\u00f3n judicial \u00ab\u201cpresuntamente\u201d derivada del actuar omisivo de los funcionarios militares sancionados\u2026 compul[s\u00f3] copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, para que, en el margen de su competencia, eval\u00fae la posible conducta punible. <\/p>\n
7. El expediente se remiti\u00f3 a esta Corte para que fuera consultada la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Es menester indicar que el fallo emitido en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00ab\u2026 su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3. Con base en las anteriores premisas, para establecer si en el caso sub examine el convocado atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
4. En esa decisi\u00f3n fue ordenado a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito, como qued\u00f3 dicho, que en el t\u00e9rmino de 48 horas a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, procediera a \u00abprestarle los servicios m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, hospitalarios y farmac\u00e9uticos que requiera el ex soldado… y le realice la junta medica laboral, para que determine la lesi\u00f3n sufrida por causa y raz\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar y se le conceda la indemnizaci\u00f3n correspondiente si hubiere lugar a ella\u00bb. <\/p>\n
5. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo constitucional es que esta Corte debe cotejar si la persona destinataria de ese mandato se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta negativa, como es apenas natural deber\u00e1 accederse a la aspiraci\u00f3n de la promotora del presente incidente. <\/p>\n
En efecto, sin mayor consideraci\u00f3n frente al particular, por innecesarias, de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del incidente de desacato, se desprende que ning\u00fan pronunciamiento efectu\u00f3 el incidentado, Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con miras a controvertir lo afirmado por la incidentante, ni tampoco aport\u00f3 prueba alguna para acreditar el cumplimiento del fallo o para justificar la falta de acatamiento de las \u00f3rdenes all\u00ed dispuestas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional no ha atendido lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, pues no acredit\u00f3 haberle prestado los servicios m\u00e9dicos requeridos, ni la realizaci\u00f3n de la junta medico laboral ordenada; raz\u00f3n por la cual contin\u00faa la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales que justific\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo tutelar cuyo cumplimiento se demanda en este tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
6. No obstante lo anterior, tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, el encargado de cumplir el fallo de tutela es el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito \u2013 Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango y no su superior jer\u00e1rquico Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas, \u00faltimo que tambi\u00e9n fue sancionado, luego, como el cumplimiento de las ordenes constitucionales impartidas en la sentencia de 28 de agosto de 2008 se encuentra en cabeza del Brigadier General Rinc\u00f3n Arango, se modificar\u00e1 la decisi\u00f3n consultada a fin de mantener \u00fanicamente las imposici\u00f3n de las sanciones al referido Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, sin perjuicio del cumplimiento que la autoridad accionada debe dar la decisi\u00f3n constitucional ya descrito en esta providencia. <\/p>\n
7. Por tanto, la determinaci\u00f3n consultada habr\u00e1 de modificarse, en el sentido de revocar las sanciones, inclusive la compulsa de copias, contra el Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas, manteni\u00e9ndola \u00fanicamente, respecto del Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Modificar el prove\u00eddo de 19 de octubre de 2022, emitido dentro del asunto de la referencia, en el sentido de revocar las sanciones por desacato contra el Coronel William Alfonso Ch\u00e1vez Vargas, manteni\u00e9ndola, \u00fanicamente, respecto del Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, sin perjuicio del cumplimiento que la autoridad accionada debe dar al fallo de tutela ya descrito en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. En todo lo dem\u00e1s se confirma la determinaci\u00f3n consultada. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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