ATC1638-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1638-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 76001-22-21-000-2022-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 11 de octubre de 2022 proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Janeth Amanda Paonessa Claros, Martha Roc\u00edo Cardona de Reyes y \u00d3scar Javier Arias Mera le instauraron al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la citada ciudad y Cauca, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en su calidad de Secretaria, Oficial Mayor y Juez del Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, respectivamente, suplicaron se ordenara a las autoridades accionadas que, \u00aben el plazo de cinco (5) d\u00edas, eliminen las barreras presupuestales y administrativas para gozar del per\u00edodo de vacaciones [al que tiene derecho Paonessa Claros], y generen el \u201ccertificado de disponibilidad presupuestal\u201d para poder designar [su] reemplazo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2.- El a quo concedi\u00f3 el amparo, tras concluir que, de conformidad con el precedente sentado por esta Sala en las providencias STC11395-2019, STC074-2020, STC2020-2020, STC01074-2020, STC7958-2020, STC11523-2020, STC272-2021, STC2682-2021, STC3694-2021, STC4325-2021 y STC4732-2021, Janeth Amanda Paonessa Claros tiene \u00ableg\u00edtimo derecho\u00bb a disfrutar de las \u00abvacaciones\u00bb, sin que le sean oponibles \u00abbarreras administrativas de orden presupuestal\u00bb, mientras que a sus compa\u00f1eros Martha Roc\u00edo Cardona de Reyes y \u00d3scar Javier Arias Mera, a disfrutar del \u00abderecho al trabajo en condiciones dignas y justas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial convocada \u00abque, dentro del lapso de diez (10) d\u00edas contados a partir de la fecha en que reciba la notificaci\u00f3n (\u2026), adelanten las gestiones a su cargo para efectos de asignar la partida requerida para proveer el reemplazo de la Secretaria (\u2026) durante su per\u00edodo vacacional y remita la constancia del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal al JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANT\u00cdAS DE CALI para lo de su competencia\u00bb y, a dicho estrado \u00abque, recibido el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, se pronuncie, dentro de un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la fecha en que reciba la notificaci\u00f3n (\u2026), sobre la solicitud de turno para vacaciones\u00bb. <\/p>\n
3.- Ese desenlace fue repelido por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De este modo, emerge palmario que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali carec\u00eda de aptitud para tramitar el presente resguardo, dado que fue interpuesto por tres empleados judiciales que pertenecen a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, concierne a la especialidad de lo contencioso administrativo, impulsar y dirimir la controversia supralegal, de acuerdo con lo reglado en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb (Subraya y resalta a Sala). <\/p>\n
Ahora, como lo que se enjuicia involucra al Consejo Seccional de la Judicatura de la aludida capital, colige esta Corporaci\u00f3n que el Tribunal Superior Administrativo de ese distrito judicial, es quien est\u00e1 llamado a desatar el auxilio en primer grado, atendiendo el car\u00e1cter \u00abfuncional\u00bb que ostenta respecto de la referida autoridad, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 6\u00ba \u00eddem: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (Resalta la Sala). <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, porque se tiene dicho que <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019). <\/p>\n
Aunado, mem\u00f3rese que bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000, la Sala, en pret\u00e9ritas oportunidades, sobre la facultad para decretar nulidades, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) [L]a Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, ATC299-2022 y ATC751-2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio expedido el 29 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Ordenar que estas diligencias sean repartidas a trav\u00e9s del Tribunal Administrativo de Cali \u2013 Valle del Cauca, para su impulso en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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