ATC1640-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1640-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb formulada por la accionante Ana Karina Su\u00e1rez Fern\u00e1ndez, respecto del fallo STC13723-2022, proferido el pasado 12 de octubre. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante acci\u00f3n de tutela, la actora pretend\u00eda que se ordenara al Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, \u00abdecretar las medidas cautelares coercitivas de embargo y secuestro sobre los bienes inmuebles del demandado\u00bb, aduciendo que sin ellas no era factible \u00abgarantizar el pago de los alimentos provisionales\u00bb fijados a cargo del abuelo paterno y a favor de su menor hija, desde la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. El fallador de primera instancia neg\u00f3 el auxilio al estimar que, en prove\u00eddo del 10 de junio de 2022, el juzgado expuso razonablemente los motivos para mantener su decisi\u00f3n de no gravar los bienes del demandado, y que de tal proceder \u00abno se observa transgresi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de la menor\u00bb, y, adem\u00e1s, que el accionado \u00abpuede adoptar las medidas para garantizar los alimentos hasta la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante la sentencia que es objeto de la actual solicitud, la Corte confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo, al advertir que la actuaci\u00f3n judicial criticada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
4. En sentir de la quejosa, el fallo requiere \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb, porque \u00abel motivo de [su] inconformidad no es el MONTO de la tasaci\u00f3n de los alimentos provisionales que realizo el \u201ca quo\u201d\u00bb, y que \u00abno solicito que se decretaran medidas cautelares sobre toda la universalidad de bienes del demandado, lo cual a todas luces resultar\u00eda desproporcionado, [tampoco] que se aumentaran los alimentos provisionales fijados por el \u201ca quo\u201d, sino que se decretaran medidas cautelares para garantizar su pago, como atinadamente se plante\u00f3 en el problema jur\u00eddico\u00bb, frente a lo cual, la sentencia \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb pese a que \u00abes de vital importancia para los derechos fundamentales de la menor con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la aclaraci\u00f3n de providencias. <\/p>\n
Conforme a lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a este asunto por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, las providencias proferidas en estas acciones son susceptibles de aclaraci\u00f3n, cuando contengan \u00abconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva (\u2026) o influyan en ella\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
De acuerdo con esta norma procesal, la aclaraci\u00f3n resulta procedente cuando lo resolutivo de una providencia, o su motivaci\u00f3n fundamental, son ambiguas, confusas o insondables, de modo tal que obstaculicen la cabal comprensi\u00f3n de los alcances de la decisi\u00f3n judicial, o de los argumentos que soportan esa resoluci\u00f3n, seg\u00fan el caso. Sobre el particular, se ha insistido en que: <\/p>\n
\u00ab(…) la aclaraci\u00f3n (…) procede cuando se incluyan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, bien porque se encuentren en la parte resolutiva, ora porque influyan en ella, aserci\u00f3n que pone en evidencia la necesidad de verificar la presencia de algunos requisitos (…): (i) petici\u00f3n o pronunciamiento de oficio en el t\u00e9rmino de ejecutoria; (ii) presencia de conceptos o frases equ\u00edvocas; y (iii) ambig\u00fcedad en la resoluci\u00f3n o que el equ\u00edvoco se determine desde la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
La figura supone la intenci\u00f3n del legislador de conjurar la imposibilidad de cumplimiento de una providencia por ininteligibilidad de lo que ella dispone, e implica que tan s\u00f3lo sucede cuando la frase o el concepto, tomados en conjunto con el cuerpo del fallo, puedan interpretarse en sentidos diversos o generen \u201cverdadero motivo de duda\u201d, seg\u00fan textualmente expresa la norma\u00bb (CSJ AC4594-2018, 22 oct., citado en ATC982-2022, 6 jul., rad. 00236-01, entre otros). <\/p>\n
Establecido el alcance y contenido del mecanismo de aclaraci\u00f3n, de las alegaciones en las que hizo consistir la gestora su solicitud, resulta evidente que las mismas no se adec\u00faan a ninguno de los supuestos f\u00e1cticos se\u00f1alados por la referida disposici\u00f3n adjetiva. <\/p>\n
Lo anterior, porque en la providencia a trav\u00e9s de la cual esta Corporaci\u00f3n desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n, no se observa que hubiera dejado de proveer acerca de las variables del asunto sometido a su escrutinio, ni tampoco que dicho fallo contenga frases ambiguas o dudosas que figuren en su parte resolutiva o que influyan en ella. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que planteado el problema jur\u00eddico como la posibilidad de que se produjera la alegada vulneraci\u00f3n \u00abal tasar alimentos provisionales dentro del litigio radicado bajo el n\u00b0 2021-00503, absteni\u00e9ndose de decretas medidas cautelares para garantizar su pago\u00bb, a ello procedi\u00f3 la Sala, refiriendo inicialmente el auto del 28 de abril de 2022 en el que se fij\u00f3 la cuota alimentaria provisional, contexto necesario para abordar la cuestionada negativa del juzgado a decretar medidas cautelares. <\/p>\n
Por tanto, si bien lo atinente al \u00abmonto\u00bb de los alimentos no fue alegado en sede de tutela, tal aspecto fue aludido por la Sala por corresponder a uno de los reparos definidos en el mismo prove\u00eddo del 10 de junio de 2022, donde el juzgado dej\u00f3 inc\u00f3lume la abstenci\u00f3n de decretar cautelas de cara al pago de la mesada provisional, precisando que dicha actuaci\u00f3n \u00abno desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por la demandante, no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, al indicarse que la alegada tardanza en la efectividad del pago de los alimentos no era imputable al juzgado, la Corte acot\u00f3 que con observancia en los art\u00edculos 129 y 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, durante el curso del proceso -que hasta ahora iniciaba-, el estrado acusado estaba facultado para aplicar las \u00abmedidas necesarias\u00bb que considera pertinentes, sin perjuicio de que la actora promoviera la respectiva ejecuci\u00f3n \u00abque el ordenamiento jur\u00eddico autoriza adelantar sobre el mismo expediente\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, las manifestaciones de la reclamante, por s\u00ed mismas, no se ajustan a ninguno de los presupuestos contemplados en el canon 285 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que, no se advierte la existencia de \u00abconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda\u00bb y, tambi\u00e9n se descarta su correcci\u00f3n o adici\u00f3n (art\u00edculos 286 y 287 ibidem), pues no se avizora \u00aberror\u00bb ni dej\u00f3 de resolverse \u00absobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, recu\u00e9rdese que siendo improcedente reabrir el debate concluido en las instancias respectivas, s\u00f3lo resta la posibilidad de tramitar la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, en la oportunidad y con las formalidades que prev\u00e9 el Decreto 2591 de 1991 y el respectivo reglamento. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se negar\u00e1 por improcedente la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada por la accionante, puesto que no se vislumbra circunstancia legal alguna que amerite aclarar el fallo de segunda instancia proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, NIEGA la solicitud de aclaraci\u00f3n formulada por la demandante, en torno al fallo STC13723-2022 del 12 de octubre de 2022. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, comun\u00edquese a trav\u00e9s de un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a la peticionaria, indic\u00e1ndole que contra esta determinaci\u00f3n no procede recurso alguno; asimismo, contin\u00faese con el tr\u00e1mite que corresponda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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