ATC1656-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1656-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el pasado 18 de octubre por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Rafael Antonio Banda P\u00e9rez contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de Sahag\u00fan, la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de ese lugar, Angelica Mar\u00eda Jarava de la Ossa, Alberto Jos\u00e9 Sierra Uparela, y Laureano Emiro Sierra Munive, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el promotor acude a esta herramienta buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. <\/p>\n
Su reclamo, en s\u00edntesis, gravita en torno a la supuesta lesi\u00f3n de las aludidas prerrogativas superiores ocasionada por el actuar de la Secretaria de Tr\u00e1nsito y Transporte de Sahag\u00fan al llevar a cabo la diligencia de secuestro del veh\u00edculo de placa UCK469, para lo cual fue comisionada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese lugar, en desarrollo del ejecutivo n\u00ba 2020-00204-00, promovido por el aqu\u00ed accionante contra Luis Emiro Sierra Uparela. <\/p>\n
Manifiesta, que la cautela solicitada respecto del precitado veh\u00edculo fue decretada el 26 de noviembre de 2020 y menciona que Alberto Jos\u00e9 Sierra Uparela pidi\u00f3 al juez de conocimiento el levantamiento de la misma, no obstante, fue rechazada por improcedente, decisi\u00f3n apelada por el interesado, recurso que fuere desatado por el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, quien orden\u00f3 al a quo el 20 de abril de 2022 resolver el incidente propuesto. <\/p>\n
Precisa, que la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Sahag\u00fan fij\u00f3 para el 20 de septiembre hoga\u00f1o a las 3:00 pm la realizaci\u00f3n de la prenombrada diligencia, sin embargo, sostiene que a las 8:15 am de esa data su apoderado judicial radic\u00f3 memorial en el que solicitaba el aplazamiento, lo cual fue resuelto desfavorablemente. <\/p>\n
Advierte, que frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n \u2013 a las 3:06 pm-, y reprocha que estos no fueron resueltos. <\/p>\n
Informa, que en la diligencia de secuestro se present\u00f3 oposici\u00f3n y que actualmente, el automotor se encuentra en posesi\u00f3n de Alberto Jos\u00e9 Sierra Uparela. Advierte que la accionada omiti\u00f3 \u00abdescorrer el traslado a las partes\u00bb, por lo que considera que debe declararse la nulidad del proceso. <\/p>\n
Sostiene, que en repetidas ocasiones solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Sahag\u00fan \u00abque le enviara la diligencia de secuestro y \u00e9sta siempre se neg\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Pretende, que (i) \u00abse decrete la NULIDAD de la diligencia de secuestro llevada a cabo por entidad accionada SECRETARIA DE TRASIT (sic) Y TRASNPORTE DE SAHAG\u00daN C\u00d3RDOBA y se realice nuevamente respetando el debido proceso\u00bb; (ii) \u00abse revoque la entrega en dep\u00f3sito del veh\u00edculo de la referencia al opositor y se coloque nuevamente a disposici\u00f3n de la secretar\u00eda de Transito (sic) y Transporte de Sahag\u00fan C\u00f3rdoba\u00bb y (iii) \u00abse revoque la entrega en dep\u00f3sito al opositor hasta tanto no se resuelva debidamente la oposici\u00f3n corri\u00e9ndole traslado a las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo el 18 de octubre hoga\u00f1o. <\/p>\n
3. El fallo fue impugnado por el promotor, sin exponer argumentos adicionales. <\/p>\n
4. El asunto fue asignado por reparto a esta Corporaci\u00f3n, el 26 de octubre anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el Decreto 333 de 2021 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda para resolver, en primera instancia, la presente acci\u00f3n comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente del Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, con vista en el estatuto legal que la hab\u00eda facultado para conocer el resguardo en las condiciones que lo hizo. <\/p>\n
Ciertamente cuando la tutela se dirige contra autoridades judiciales, las reglas de reparto contenidas en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan que \u00ab(\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunque el gestor en su demanda hace menci\u00f3n al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, precisando que dicha autoridad desat\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada por Alberto Jos\u00e9 Sierra Uparela frente a la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 por improcedente la solicitud de levantamiento de la cautela decretada en el ejecutivo n 2020-00204-00, lo cierto es que <\/p>\n
ninguna lesi\u00f3n le atribuye, pues el resguardo se enfila de manera espec\u00edfica, a cuestionar el actuar de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de ese municipio en desarrollo de la diligencia de secuestro del veh\u00edculo de placa UCK469, para lo cual fue comisionada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese lugar, en desarrollo del plurimencionado litigio. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a dicho estrado judicial, es claro que la demanda constitucional no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya pues, se itera, el ataque apunt\u00f3 concretamente a la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa que estima lesionadas en desarrollo de la diligencia de secuestro realizada el 20 de septiembre de 2022, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan en este caso result\u00f3 apenas aparente pues sustancialmente se requiere que se les impute vulneraci\u00f3n y ello, se itera, no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en un Juzgado Civil del Circuito dado que se dirige contra un promiscuo municipal y una autoridad comisionada para llevar a cabo una diligencia de secuestro, en este caso la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Sahag\u00fan, de conformidad con la regla 5\u00aa del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En complemento de lo anterior, como el referido numeral 5 dispone que la competencia para conocer de acciones de tutela dirigidas contra los jueces se encuentra asignada \u00abal respectivo superior funcional\u00bb, el asunto ser\u00e1 remitido a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Sahag\u00fan. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, declarar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se reitera, a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Sahag\u00fan, conforme lo dicho precedentemente. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuenta a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
6. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, \u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Antonio Banda P\u00e9rez, inclusive, desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial de los Juzgados de Sahag\u00fan, a efectos de que, previo reparto, el asunto sea asignado a un despacho Civil con categor\u00eda de circuito. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto al tribunal a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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