ATC1657-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1657-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01802-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 22 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que accedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Herm\u00f3genes Gordillo contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, el Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Prisco, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, Consultores Santo Domingo S.A.S., el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogot\u00e1, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada, buen nombre y honra, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a i). \u00ablas entidades accionadas. Especialmente, a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y a la firma Consultores Santo Domingo S.A.S., que restituyan el inmueble, tal como se encontraba desde el inicio, esto es, antes de que predio fuera vinculado al proceso de extinci\u00f3n de dominio (enero 2001)\u00bb; ii). \u00abla Superintendencia de Notariado y Registro \u2013 Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, que proceda a cancelar la anotaci\u00f3n n\u00b0 8 obrante en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 370-228990, y en consecuencia, que libre de todo gravamen, decisi\u00f3n judicial o administrativa que restrinja el poder dispositivo del inmueble; que procedan con el levantamiento de medidas cautelares en el predio y que hagan la devoluci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble, puesto que la administraci\u00f3n est\u00e1 en cabeza de la firma Consultores Santo Domingo S.A.S\u2026. incluy\u00e9ndolo nuevamente al comercio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, pidi\u00f3 i). \u00abimponga una indemnizaci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, correspondiente a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el da\u00f1o moral y el perjuicio material (lucro cesante) causados a [su] honra, buen nombre y fuente de ingresos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 el promotor que es propietario del predio con folio inmobiliario n\u00b0 370-229023, por lo que realiz\u00f3 \u00abla venta de mejoras establecidas en 1000 metros cuadrados consistentes en sembrados de matas de caf\u00e9\u00bb, sin embargo, al tratar de registrar la venta, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, le indic\u00f3 que el inmueble \u00abestaba fuera de comercio\u00bb, raz\u00f3n por la que, en el a\u00f1o 2020 consult\u00f3 dicha matr\u00edcula inmobiliaria, encontrando que el fundo estaba inmerso en el juicio de extinci\u00f3n de dominio con radicado n\u00b0 2005-026-1, pues en la \u00abanotaci\u00f3n n\u00b0 3 de fecha 24 de enero de 2001\u2026 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 el registro de las medidas cautelares de embargo y consecuente suspensi\u00f3n del poder dispositivo del predio, quedando por fuera del comercio y a \u00f3rdenes de la extinta Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes. En acto seguido, la Anotaci\u00f3n n\u00b0 4 de marzo 29 de 2001, la misma Fiscal\u00eda por medio del Oficio n\u00b0 1341 E.D. de marzo 21 de 2001, solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la Anotaci\u00f3n n\u00b0 3, es decir, la cancelaci\u00f3n del embargo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que, al continuar estudiando el folio inmobiliario, en la \u00abanotaci\u00f3n n\u00b0 6 de fecha 10 de septiembre de 2012, se encuentra el acta 17978 de agosto 23 de 2012 expedida por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, en donde solicita se registre el embargo en proceso de Fiscal\u00eda en proceso de extinci\u00f3n de dominio; luego, en la anotaci\u00f3n n\u00b0 7 adiada el 20 de febrero de 2013 la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, solicita la cancelaci\u00f3n de la providencia judicial del embargo comunicada con el acta 17978\u00bb; empero, no obstante lo anterior, en la anotaci\u00f3n n\u00b0 8 qued\u00f3 registrada la resoluci\u00f3n 3921 de 15 de agosto de 2018, donde \u00abla Sociedad de Activos Especiales S.A.S. solicit\u00f3 el cambio de nombre de depositario provisional dejando a Consultores Santo Domingo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 que ante dichos registros present\u00f3 diversas peticiones ante las autoridades querelladas, encontrando los errores de la Fiscal\u00eda en la solicitud de la cautela, toda vez que, su predio no concuerda con las especificaciones, cabidas y linderos del fundo pretendido, el que se identifica con folio n\u00b0 370-218312, yerro que subsan\u00f3 el ente investigador al aceptar \u00abel error involuntario que orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la medida de embargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb, ordenando dicha correcci\u00f3n; que las anotaciones posteriores, sucedieron por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes ante la falta de actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n \u00abporque la Sociedad de Activos Especiales -SAE lo indic\u00f3 as\u00ed en las respuestas que [le] proporcionaron\u00bb. <\/p>\n
2.4. Asever\u00f3 que dicho registro le genera un perjuicio irremediable a su nombre y a su propiedad, relievando que, es \u00abuna persona honorable que jam\u00e1s conoci[\u00f3] a las personas que fueron investigadas, ni al narcotraficante Helmer Herrera Buitrago \u201cPacho Herrera\u201d; que en honor a la verdad, nunca tuv[o] negocio con esas personas ni en esos predios objeto de extinci\u00f3n del derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
2.5. Destac\u00f3 que revisadas las piezas procesales del proceso de extinci\u00f3n, su predio nunca fue mencionado en los fallos judiciales, pues la exclusi\u00f3n se dio en el tr\u00e1mite investigativo, por lo que el juicio se adelant\u00f3 frente a otros fundos; sin embargo, pese a la cancelaci\u00f3n de las medidas que en su momento hizo la Fiscal\u00eda, la SAE registr\u00f3 un depositario temporal. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el resguardo al considerar que, si bien el predio con folio inmobiliario n\u00b0 370-229023 tuvo cautelas por cuenta de la investigaci\u00f3n preliminar del juicio de extinci\u00f3n de dominio, las mismas fueron canceladas en esa etapa, por lo que, en las sentencias del proceso no figur\u00f3 el referido fundo, lo cierto es que, consultado el certificado de tradici\u00f3n del citado inmueble, se evidencian las irregularidades indicadas por el gestor, estando en entredicho la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio, pues en una de las respuestas que la SAE le otorg\u00f3 al actor, fue que no ha sido notificada de alguna decisi\u00f3n que refiera la devoluci\u00f3n de inmueble, por lo que a\u00fan tiene su administraci\u00f3n. Bajo ese presupuesto, orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026al Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Bogot\u00e1, el cual, en la actualidad tiene asignado el proceso n.\u00b0 2005-026-1 antes 671 E.D.- que, dentro de las cuarenta y ocho [48] horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, inicie el tr\u00e1mite correspondiente para determinar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble con matr\u00edcula n\u00b0 370-229023. Diligencia que no puede superar los dos [2] meses, conforme con lo expuesto en la parte motiva y en el p\u00e1rrafo 33 de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a la queja dirigida contra la Resoluci\u00f3n n\u00b0 505 de 17 de junio de 2022, modificada por la n\u00b0 783 de 6 de septiembre de 2022 emitidas por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, que suprimi\u00f3 el citado folio inmobiliario y traslad\u00f3 las anotaciones al folio n\u00b0 370-228990, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que contra la misma, el quejoso cuenta con los recursos de ley, incluso, las respectivas acciones ante el contencioso administrativo. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 el referido fallo, manifestando que el a quo constitucional ninguna consideraci\u00f3n mencion\u00f3 en punto al reparo econ\u00f3mico pretendido por los perjuicios ocasionados, los cuales pretendi\u00f3 conforme el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991; adem\u00e1s, porque, en su sentir, las consideraciones que llevaron a la procedencia del resguardo, era suficientes para que se ordenara de forma directa la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares y no trasladarle dicha gesti\u00f3n al juzgado, quien, entre otras, no ten\u00eda competencia porque su predio no fue nombrado en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, por lo que, lo procedente era ordenar directamente la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n n\u00b0 8, esto es, donde la SAE cambia de depositario, designando a Consultores Santo Domingo, pese a que no existe ninguna cautela vigente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la queja constitucional no fue encaminada contra el tr\u00e1mite administrativo adelantado por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, en punto a la duplicidad de los folios inmobiliarios, sino referente a la anotaci\u00f3n n\u00b0 8 de la matr\u00edcula inmobiliaria, esto es, que la SAE dispuso el cambio de depositario provisional a Consultores Santo Domingo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n opugn\u00f3 el fallo, al considerar que el predio con folio inmobiliario n\u00b0 370-229023 no fue incluido en el juicio, raz\u00f3n por la que la Fiscal\u00eda no pidi\u00f3 su extinci\u00f3n de dominio, de ah\u00ed que \u00abno pue[de] pronunciarse sobre la situaci\u00f3n del mismo, ya que el juicio se limita a los bienes sobre los que se pide la extinci\u00f3n de dominio, y proceder en contrario implicar\u00eda desconocer el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste a los propietarios respecto de sus bienes\u00bb; reliev\u00f3 que, el hecho de que la Fiscal\u00eda hubiese cometido un error al ordenar la cautela, que despu\u00e9s corrigi\u00f3, \u00abno implica que este Juzgado deba hoy en d\u00eda \u201ciniciar un tr\u00e1mite\u201d para determinar la situaci\u00f3n jur\u00eddica en que actualmente se encuentra, pues en realidad nunca estuvo vinculado al juicio de extinci\u00f3n y por ello sobre el mismo nunca se adopt\u00f3 ninguna determinaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que no tiene competencia para tramitar la orden constitucional, por lo que pidi\u00f3 revocar el fallo disponiendo su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que si bien el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra las sedes judiciales, lo cierto es que tal vinculaci\u00f3n se tornaba aparente, pues tal como lo afirm\u00f3 el gestor, el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicaci\u00f3n n\u00b0 2005-026-1 no recay\u00f3 contra el predio con folio inmobiliario 370-229023, el que, entre otras cosas, qued\u00f3 excluido desde la etapa investigativa, tal como se evidencia en dicha matr\u00edcula inmobiliaria, por lo que, su queja se centra, exclusivamente, en la disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales SAE, que realiz\u00f3 el cambio del nombre de depositario, seg\u00fan la anotaci\u00f3n n\u00b0 8, pese a que no existe ninguna cautela vigente, ni el predio fue sometido a juicio. <\/p>\n
Entonces, se insiste, que la situaci\u00f3n descrita no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n pasiva de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, en tanto que es \u00abaparente\u00bb la misma. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
3. En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la convocada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Jueces Penales del Circuito de Cali, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
Esta Sala, en un caso de contornos similares, dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
(\u2026)[E]l supuesto agravio deriva de una actuaci\u00f3n endilgada \u2013\u00fanica y exclusivamente- a la \u00abSociedad de Activos Especiales S.A.S., (SAE)\u00bb, entidad contra la que se orient\u00f3 la pretensi\u00f3n superlativa, por lo que es claro que la facultad para conocer de esta senda \u2013en primera instancia- est\u00e1 asignada a los jueces con categor\u00eda del Circuito\u2026, al as\u00ed preverlo el Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.1.2.1, n\u00fam. 5\u00ba, modificado por el art. 1\u00ba, del Precepto 1983 de 2017, n\u00fam. 2\u00ba, a cuyo tenor \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda.\u00bb. <\/p>\n
Tal circunstancia no var\u00eda por el hecho de haberse vinculado a los \u00abJuzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio, ambos de Bogot\u00e1\u00bb, as\u00ed como a la \u00abSala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial\u00bb en rigor, porque su convocatoria fue simplemente aparente, pues del sustrato factual sobre el que se afinc\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n no se desprende que esos estrados hayan incurrido en la infracci\u00f3n supralegal aducida, cual fue atribuida solamente a la \u00abSociedad de Activos Especiales S.A.S., (SAE)\u00bb por ser la que emiti\u00f3 la directiva (orden de desalojo) sobre la que versa la inconformidad del impulsor, lo que indica que la potestad para arbitrar la queja estaba radicada por ley en los \u00abJuzgados\u2026 del Circuito\u2026\u00bb y no en la Colegiatura que la asumi\u00f3\u2026 (CSJ ATC843-2019, 29 may. 2019, rad. 2019-00690-01, reiterada en ATC1175, 1\u00ba ag. 2019, rad. 2019-01107-01). <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado 22 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a los Juzgados Penales del Circuito de Cali, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se le imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1657-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1657-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01802-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}