ATC1658-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1658-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 76111-22-13-000-2022-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 13 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Johann Alejandro Due\u00f1as Jaimes promovi\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de Palmira, y el Tercero Civil Municipal de Cali, el centro de Conciliaci\u00f3n ASOPROPAZ y la Financiera Juriscoop, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados, en el proceso de aprehensi\u00f3n y entrega de bien -Garant\u00eda mobiliaria por pago directo- con radicado 2021-00288-00, para cuyo restablecimiento solicit\u00f3, <\/p>\n
ii) \u00abOficiar al Comandante de la Polic\u00eda -Sijin Secc. Automotores y a SIA- Servicios Integrados Automotriz para ordenar la entrega material del veh\u00edculo de placas GYP 807 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
2. Como fundamento de lo pretendido, sostuvo que, solicit\u00f3 apertura del r\u00e9gimen de insolvencia de persona natural no comerciante, que fue aceptado el 28 de agosto de 2020 por el Centro de Conciliaci\u00f3n ASOPROPAZ, y dentro de las acreencias relacion\u00f3 la obligaci\u00f3n con la entidad financiera Juriscoop, por lo que el 15 de septiembre de 2020, le orden\u00f3 a la citada entidad la suspensi\u00f3n inmediata del proceso de garant\u00eda mobiliaria del veh\u00edculo de su propiedad de placas GYP 807. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como con posterioridad a la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite de insolvencia, la entidad financiera Juriscoop solicit\u00f3 hacer efectiva la garant\u00eda, demanda que fue repartida al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira, autoridad que le dio tr\u00e1mite y orden\u00f3 la aprehensi\u00f3n del automotor de su propiedad, que fue detenido y puesto a disposici\u00f3n de ese despacho judicial, pidi\u00f3 se declarara la nulidad de todo lo actuado, habida cuenta que se hab\u00eda proferido una orden de aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo a pesar de haber sido admitido en un proceso de insolvencia, petici\u00f3n que fue rechazada de plano en auto del 2 de diciembre de 2021. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, en providencia del 15 de febrero de 2022, dio apertura al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial con radicado 2021-0055, despacho que declar\u00f3 la nulidad y orden\u00f3 rehacer la actuaci\u00f3n al Centro de Conciliaci\u00f3n ASOPROPAZ, por lo que una vez adecuado el tr\u00e1mite, el Centro de Conciliaci\u00f3n en auto de 7 de julio de 2022, lo admiti\u00f3 y orden\u00f3 comunicar a los acreedores y a los Juzgados en donde cursan procesos, entre ellos, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira la suspensi\u00f3n de los tr\u00e1mites. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira en providencia de 25 de julio de 2022, resolvi\u00f3 no acceder a la suspensi\u00f3n notificada por el Centro de Conciliaci\u00f3n ASOPROPAZ, decretar la terminaci\u00f3n de la solicitud y el levantamiento de la orden de aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo de placas GYP 807, y orden\u00f3 oficiar al parqueadero para que el veh\u00edculo fuera entregado a la entidad Financiera Juriscoop. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que, en su sentir, pasa por alto los pronunciamientos de la Corte Constitucional, espec\u00edficamente la Sentencia C-447 de 2015, que se\u00f1ala que no es posible dar aplicaci\u00f3n de la ley 1676 de 2013 a los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, pues la misma solo se aplica al r\u00e9gimen de insolvencia de personas naturales comerciantes y jur\u00eddicas previsto en la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Sostuvo que, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira \u00abal resolver todas las solicitudes recursos de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, quejas y nulidades, el despacho se mantuvo en el hecho de no suspender ni nulitar el proceso de garant\u00eda mobiliaria bajo el argumento de que estos procesos por no estar enlistados en el art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso est\u00e1n excluidos del tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante por no ser un tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 por reparto a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, quien la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite ordenando la notificaci\u00f3n de los despachos y entidades accionadas. [Derivado expediente digital. Archivo 005. Auto Admite.pdf] <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, solicit\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n constitucional en relaci\u00f3n con ese despacho, en tanto que, ha decidido dos recursos de queja dentro del tr\u00e1mite de \u00abaprensi\u00f3n y entrega de veh\u00edculo\u00bb, dentro de los cuales, ha considerado bien negadas las apelaciones, en raz\u00f3n a que dicho proceso es de \u00fanica instancia. [Derivado expediente digital. Archivo 009. Juzgado 1 Civil Circuito Palmira.pdf] <\/p>\n
5. Mediante sentencia de 13 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Buga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela al considerar que \u00abla suspensi\u00f3n o nulidad \u2013por no haber suspendido- el multicitado procedimiento, a raz\u00f3n de haberse sometido a proceso de insolvencia de persona natural, actuaci\u00f3n que, como viene de exponerse, no se encuentra autorizada por la Ley, en manera alguna puede afirmarse que el JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, ha incurrido en los desafueros que habilitar\u00edan la intervenci\u00f3n de este Tribunal en sede constitucional\u00bb [Derivado expediente digital. Archivo 019. Sentencia.pdf] <\/p>\n
6. Inconforme con la decisi\u00f3n adoptada, el accionante la impugn\u00f3 bajo los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial. [Derivado expediente digital. Archivo 021. Impugnaci\u00f3n.pdf] <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como de vieja data lo ha explicado La Corte Constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 3\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00ab5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del a quo constitucional para definir en primera instancia el amparo reclamado, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, espec\u00edficamente, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira, en tanto que, el peticionario reprocha las decisiones proferidas por esa autoridad en el tr\u00e1mite de solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de bien -Garant\u00eda mobiliaria por pago directo- con radicado 2021-00288-00, promovido por la entidad Financiera Juriscoop en su contra. <\/p>\n
Por lo anterior, la convocatoria a estas diligencias del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, resulta apenas aparente, en tanto que, las pretensiones se enfilaron exclusivamente contra las providencias del Juzgado municipal aludido, siendo estas, los autos de 2 de diciembre de 2021 y 25 de julio de 2022. <\/p>\n
Ahora, si bien, el despacho categor\u00eda circuito conoci\u00f3 de 2 recursos de queja formulados en el tr\u00e1mite referido de \u00fanica instancia, lo cierto es que, dichas decisiones no fueron censuradas por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una menci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la inconformidad aqu\u00ed planteada, pues como viene de indicarse, el ataque se enfil\u00f3 concretamente frente al proceder del accionado Juzgado Cuarto Civil Municipal de Palmira, por presuntamente haber incurrido en v\u00eda de hecho en las decisiones por medio de las cuales, orden\u00f3 la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo objeto de garant\u00eda, rechaz\u00f3 la nulidad formulada y declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ordenando la entrega del veh\u00edculo a la entidad financiera Juriscoop, evidenci\u00e1ndose as\u00ed, que la vinculaci\u00f3n del referido Juzgado del Circuito, en este caso, resulta apenas aparente. <\/p>\n
Sobre lo anteriormente expuesto, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, citados en ATC813-2021). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Buga para conocer en primera instancia este amparo y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, a la oficina de reparto para que sea signado entre los Juzgados Civiles del Circuito de Palmira. <\/p>\n
Se itera, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se se\u00f1ala que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, profiera uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
4. Concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Sala se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01 y ATC1480-2022). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a la oficina de reparto para que sea signado entre los Juzgados Civiles del Circuito de Palmira, para que asuma el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por las razones expuestas en precedencia, ordenando la remisi\u00f3n de las presentes diligencias a la oficina de reparto para que sea signado entre los Juzgados Civiles del Circuito de Palmira. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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