ATC1661-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1661-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-004-2022-00233-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 30 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Denis Mar\u00eda Larios Rivera contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar y el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, por lo que viene. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, trabajo, salud e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que funge \u00abcomo secretaria del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas Ambulante de Valledupar\u00bb. (se resalta). <\/p>\n
2.1. Que solicit\u00f3 al juzgado accionado que le \u00abconcediera las vacaciones a que [tiene] derecho por haber laborado ininterrumpidamente desde el 15 de julio del 2020 al 15 de julio del 2021, para empezar a disfrutarlas a partir del 01 de julio de 2022\u00bb. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que, con la finalidad de darle tr\u00e1mite a su requerimiento, con oficio del 13 de mayo de 2022, dirigido a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de la seccional Cesar, pidi\u00f3 \u00abla disponibilidad presupuestal, atendiendo que no existe en el despacho persona alguna que pueda ejercer en encargo a Ad Hoc, toda vez que la planta de personal del mismo, solo la componen el juez y un secretario\u00bb. <\/p>\n
2.2. No obstante, lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00abmediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 003 de primero de julio de 2022, la titular del despacho, suspende las vacaciones que [le] fueron concedidas mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 002 de 13 de mayo de 2022, a partir del 1\u00b0 de julio de expedici\u00f3n del CDP\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que el 25 de mayo del a\u00f1o en curso, \u00abmediante oficio DESAJVA022-681, manifiesta entre otros apartes que la expedici\u00f3n, e informa que contra la presente decisi\u00f3n proceden el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los cuales deber\u00e1n interponerse dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su notificaci\u00f3n\u00bb. Frente a ello, sostuvo que el 1\u00ba de junio de siguiente, interpuso \u00abel respectivo recurso de apelaci\u00f3n ante la autoridad que emita la resoluci\u00f3n para que le diera curso ante el superior, pero a la fecha nunca se dio respuesta al mismo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que \u00ablos periodos de vacaciones anteriores fueron concedidos por el Juez Titular del despacho en ese entonces y que los gastos del pago de dichas vacaciones a la persona encargada fueron asumidos por la titular del despacho y por mi ante la negativa de la Direcci\u00f3n de emitir el respectivo CDP\u00bb. Por tanto, anot\u00f3 que \u00abcon esa negativa por parte del director administrativo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar, que conlleva al se\u00f1or juez a no concederme mis vacaciones, se [le] est\u00e1n vulnerando derechos fundamentales como: trabajo digno, igualdad, descanso y salud, teniendo en cuenta que son derechos de obligatoria protecci\u00f3n por parte del estado, toda vez que son de rango constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene iniciar \u00ablas acciones pertinentes en aras de garantizar la provisi\u00f3n de los recursos y proceda a expedir los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal que se requieren para que el se\u00f1or Juez Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante de Valledupar, tambi\u00e9n proceda a concederme el disfrute de los veinti\u00fan d\u00edas de vacaciones al que tengo derecho y que se encuentran causadas\u2026\u00bb. Adem\u00e1s, que se le \u00abordene al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Cesar- \u00f2 quien haga sus veces, que omita tener como fundamento para la expedici\u00f3n del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el recurso de apelaci\u00f3n impetrado \u00aba\u00fan est\u00e1 siendo tramitado ante la Divisi\u00f3n de Asuntos Laborales de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, sin que se conozca la resoluci\u00f3n del mismo, torn\u00e1ndose prematuro acudir ante el Juez constitucional tendiente al restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
5. Impugnada la sentencia, las diligencias se remitieron a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2. La regla de competencia establecida en el inciso segundo del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, establece que \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
2.1. Al respecto, en un caso similar al estudiado, esta Sala sostuvo que <\/p>\n
\u2026el Tribunal Superior de Pereira carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abfuncionario\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab (\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. Significa, entonces, que como el accionante es un empleado judicial que pertenece a \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, la queja de la referencia compete a los Juzgados Administrativos de Pereira\u00bb (ATC420-2022). <\/p>\n
2.2. En igual sentido, en auto ATC1097 del 27 de julio de 2022, se reafirm\u00f3 dicha postura, en el sentido de que \u00ab\u2026toda acci\u00f3n de tutela que impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ibidem -funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria- sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala advierte que, como en el caso en concreto la accionante funge como empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la competencia para conocer del amparo correspond\u00eda al Tribunal Administrativo del Cesar, de acuerdo con lo reglado por el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. Por lo tanto, lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar se debe invalidar por falta de competencia funcional, conforme lo estipulado en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los juicios de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, se ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01)\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve, <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 30 de septiembre de 2022, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida con antelaci\u00f3n a esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Ordenar a la Secretar\u00eda de la Sala remitir el expediente a la oficina de reparto del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
Tercero. Comunicar esta providencia de la forma m\u00e1s expedita, a la Corporaci\u00f3n de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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