ATC1693-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1693-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02058-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jhovani Antonio Guerra Hern\u00e1ndez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, si no fuera porque no se integr\u00f3 debidamente el contradictorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que \u00ablas providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, pauta que ratifica el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 306 de 1992, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con el art\u00edculo16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
El juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Por ello, tanto la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica como esta Corte, han hecho \u00e9nfasis \u00aben la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026)\u00bb negrilla adrede, C.C. A-018 de 2005, citado entre otros, ATC208-2021 y ATC915-2022. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicha Corporaci\u00f3n ha precisado que la debida integraci\u00f3n del contradictorio \u00abes un presupuesto esencial para la garant\u00eda del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de la defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que, <\/p>\n
es deber del juez, desde la primera instancia, integrar[lo], de manera que garantice el pleno ejercicio de sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n desde el inicio del proceso; si no lo hace, corresponde al de segunda instancia adoptar el remedio procesal y, si la falencia persiste, necesariamente deber\u00e1 procederse a ello en sede de revisi\u00f3n, evento \u00e9ste que es excepcional y responde a criterios espec\u00edficos, que buscan ponderar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales del afectado en el caso concreto y la protecci\u00f3n del debido proceso de la parte vinculada (C.C. A583-2015). <\/p>\n
En ese sentido, este debe conformarse <\/p>\n
\u00abno s\u00f3lo (\u2026) en el caso en que el accionante haya omitido vincular a quien est\u00e9 real o aparentemente involucrado en los hechos, sino tambi\u00e9n en el caso que \u201caparezca demandado otro ente que, por su actividad, su funci\u00f3n o sus actos, ha debido serlo, en otros t\u00e9rminos, cuando no se ha integrado debidamente el contradictorio, el juez de tutela, seg\u00fan el an\u00e1lisis de los hechos y de la relaci\u00f3n entre las funciones que se cumplen o las actividades que se desarrollan y la invocada vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales (nexo causal), est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de conformar el leg\u00edtimo contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acci\u00f3n de tutela\u201d (destaco deliberado, C.C. A546-2018). <\/p>\n
2. En el sub lite, aunque el Magistrado sustanciador acusado al rendir el respectivo informe advirti\u00f3 que la demora en la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n ilustrada por el gestor obedece al \u00abgrado de congesti\u00f3n que enfrenta el despacho a [su] cargo\u00bb, ya que tiene \u00ab204 procesos registrados\u00bb, situaci\u00f3n que puso en conocimiento no solo de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia (21 oct. 2019), sino de la \u00abpresidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura en respuesta a la Circular PCSJC21-16 del 26 de agosto de 2021\u00bb, para que con su colaboraci\u00f3n se lograra superar dicho escenario, requerimiento que reiter\u00f3 a la primera de las citadas entidades el pasado 22 de junio en virtud de la exhortaci\u00f3n que se le hiciera en la sentencia STP6186 del 15 de marzo de 2022 (rad. 122581), \u00absin que hasta la fecha se hubiese logrado alguna soluci\u00f3n\u00bb, el a quo no dispuso la citaci\u00f3n de \u00e9stas, siendo evidente y necesaria su participaci\u00f3n, ya que, por las funciones que cumplen conforme con los art\u00edculos 4\u00b0 del Acuerdo n\u00b0 PSAA12- 9260 de 2012 y 63 de la Ley 270 de 1996, respectivamente, les asiste responsabilidad en la problem\u00e1tica que envuelve la presente queja. <\/p>\n
Luego, como no se revela la vinculaci\u00f3n de las prenombradas autoridades, cuando ten\u00edan que ser debidamente avisadas e integradas a este instrumento especial\u00edsimo, a fin de que se pronunciaran sobre los supuestos de hecho y pet\u00edtum, es ineludible que se rehaga el rito. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, dado el particular \u00abinter\u00e9s\u00bb que concurre a los se\u00f1alados entes como responsables de proponer y autorizar medidas de descongesti\u00f3n en los despachos judiciales, se impone invalidar lo diligenciado, para que la Sala de origen restablezca sus prerrogativas y dicte una nueva decisi\u00f3n con su llamamiento. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u2018se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u2019 (Corte Constitucional. Auto 257 de 1996), ATC4548-2018, citada en ATC975-2021 y ATC069-2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo rituado en el auxilio de la referencia, a fin de vincular a las Salas Administrativas del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y Consejo Superior de la Judicatura y, se adelanten las diligencias encaminadas a su efectiva notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 renovarse con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que adopte las medidas que estime necesarias a fin de rehacer el procedimiento. <\/p>\n
Tercero: Ent\u00e9rese de lo resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1693-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente ATC1693-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02058-01 Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68521","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68521\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}