ATC1703-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1703-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00495-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 11 de octubre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Jessica Patricia Ruiz Ospino, Sara Esther Aguilar Sara, Maritza \u00c1lvarez Ar\u00e9valo, Juan Camilo Ter\u00e1n Silgado y Otoniel Enrique Escobar Pinto contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la nacionalidad, debido proceso y personalidad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifestaron que por ser \u00abhijos e hijas de madre o padre colombiano debidamente identificado como tal y en cumplimiento de los dem\u00e1s requisitos de ley, procedi[eron] a realizar la inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea de [sus] nacimientos\u00bb. Se\u00f1alaron que dicho tr\u00e1mite \u00abconcluy\u00f3 con la expedici\u00f3n de [sus] registros civiles de nacimiento colombiano por parte de la Registradur\u00eda Nacional y del Estado Civil [\u2026] y la correspondiente c\u00e9dula de ciudadan\u00eda al ser mayores de edad\u00bb. Procedimiento, frente al que mencionaron que \u00ab[\u2026] para la fecha en que se produjo las referenciadas inscripciones se encontraba vigente la medida adoptada por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil por razones humanitarias y para facilitar la inscripci\u00f3n de hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela, esta es la Circular 121 de 2016 por las Circulares 216 de 2016; 025 de 2017 y 064 de 2017, mediante las cuales estableci\u00f3 un procedimiento excepcional que permit\u00eda tramitar el registro civil a hijos de colombianos nacidos en el exterior subsanando la exigencia de la apostilla con la declaraci\u00f3n de dos testigos\u00bb. <\/p>\n
2.1. Anotaron que el 27 de julio de 2021, el Registrador Nacional del Estado Civil \u00abprofiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 7300 de 2021, \u201cpor la cual se establece el procedimiento conjunto de anulaci\u00f3n de registros civiles de nacimiento por las causales formales de que trata el art\u00edculo 104 del Decreto 1260 de 1970 y la consecuente cancelaci\u00f3n de c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda por falsa identidad\u201d. Seg\u00fan el numeral 2 del art\u00edculo ib\u00eddem, el procedimiento se\u00f1alado en la resoluci\u00f3n se aplicar\u00e1 en los casos en los que la actuaci\u00f3n administrativa resuelva la anulaci\u00f3n de un registro civil de nacimiento que sirvi\u00f3 de documento base para la expedici\u00f3n de una c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y que, a su turno, se configure la falsa identidad respecto de este \u00faltimo documento\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indicaron que el \u00abart\u00edculo 7 del cap\u00edtulo II de la resoluci\u00f3n contempla que los directores de Registro Civil y de Identificaci\u00f3n, conjuntamente, expedir\u00e1n un acto de tr\u00e1mite por medio del cual se inicia la actuaci\u00f3n administrativa, el cual deber\u00e1 notificarse al inscrito en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, concedi\u00e9ndole a este 10 d\u00edas h\u00e1biles para que ejerza su derecho de defensa, aporte o solicite pruebas y, en general, participe dentro de la actuaci\u00f3n con miras a garantizar el debido proceso. El procedimiento establecido consagrada una etapa probatoria, de manera que, una vez vencido el t\u00e9rmino concedido al inscrito, el funcionario expedir\u00e1 un acto administrativo resolviendo sobre las pruebas solicitadas o podr\u00e1 decretar de oficio las que considere \u00fatiles, pertinentes y conducentes, ordenando o negando su pr\u00e1ctica. Dicho auto, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Resoluci\u00f3n, se notificar\u00e1 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Y, adem\u00e1s refirieron, frente al cuerpo normativo referido que \u00aben su art\u00edculo 9 [\u2026] deber\u00e1 decidirse en derecho y el acto administrativo, de ser el caso, indicar\u00e1 qu\u00e9 registro del estado civil se anula y, consecuentemente, se ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de las c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda asignadas al inscrito con base en el serial declarado como nulo. Al respecto, el inciso 2 del mismo art\u00edculo prev\u00e9 que \u201cesta decisi\u00f3n ser\u00e1 notificada personalmente al interesado de conformidad a (sic) lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y dem\u00e1s normas aplicables al caso\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.2. Al margen del procedimiento expuesto, se\u00f1alaron que \u00abla Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil tom\u00f3 la decisi\u00f3n de cancelar arbitrariamente alrededor de 43.000 c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda de personas venezolanas que fueron tramitadas en Colombia luego de la inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea del nacimiento. Al respecto, el [\u2026] Registrador Nacional del Estado Civil, sostuvo que las c\u00e9dulas de personas colombo-venezolanas fueron anuladas por el plan de depuraci\u00f3n del censo electoral. De acuerdo con el funcionario, \u201cse revisaron un poco m\u00e1s de 300 mil registros civiles, con su respectiva c\u00e9dula, de venezolanos que ingresaron desde el 2014 a la fecha a Colombia aduciendo que ten\u00edan padres colombianos, para la nacionalidad\u201d, encontrando supuestas falsedades, adulteraciones y falsedad de testigos\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, anotaron que la Registradur\u00eda Nacional \u00abprocedi\u00f3 con la cancelaci\u00f3n de las c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda colombianas de personas venezolanas de un tajo, pasando por alto incluso el procedimiento que ella misma hab\u00eda adoptado para llevar a cabo este tipo de acciones\u00bb. Adem\u00e1s, resaltan que dicha entidad no los \u00abnotific\u00f3 de la apertura de actuaci\u00f3n administrativa alguna y procedi\u00f3, discrecionalmente, a la anulaci\u00f3n de [sus] registros civiles de nacimiento y consecuentemente de las c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda, impidiendo[les] ejercer [su] derecho a la defensa. Hoy las consecuencias se reflejan en detenciones arbitrarias por parte de la Polic\u00eda Nacional en la v\u00eda p\u00fablica, restricci\u00f3n de solicitar aperturas de cuentas bancarias, inconvenientes para continuar formaci\u00f3n acad\u00e9mica con instituciones educativas de educaci\u00f3n superior, tal como el Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013 SENA \u2013 e imposibilidad de ejercer el derecho al sufragio\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicitaron que se ordene a la autoridad querellada que \u00abrevoque los actos administrativos contenidos en las [\u2026] resoluciones [n\u00famero 15163 14631. 14660 y 14638 del 25 de noviembre de 2021], por las cuales se anularon nuestros registros civiles de nacimiento y se procedi\u00f3 a la consecuente cancelaci\u00f3n de las c\u00e9dulas indicadas en cada acto administrativo por supuesta falsa identidad\u00bb. Asimismo, se \u00abrestablezca la vigencia de [sus] c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda de forma permanente y sin condicionamiento, de manera que [puedan] seguir haciendo uso de ellas como documento de identificaci\u00f3n\u00bb. Por \u00faltimo, se advierta a \u00abla Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil que, de tener inter\u00e9s en retomar la apertura de actuaciones administrativas tendientes a anular los efectos de la inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento colombiano, acoja plenamente las garant\u00edas legales, constitucionales y convencionales que les asisten a las ciudadanos y habitantes del territorio. Lo anterior, a fin de prevenir la toma de decisiones arbitrarias que comprometan el ejercicio adecuado del derecho al debido procedimiento administrativo\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, con sustento en lo aportado por la Registradur\u00eda Nacional, consider\u00f3 que \u00abse emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 27003 del 4 de octubre de 2022, a trav\u00e9s de la cual autoriz\u00f3 una nueva inscripci\u00f3n de registro civil de nacimiento de los accionantes Jesica Patricia Ruiz Ospino, Sara Esther Aguilar Sara, Juan Camilo Ter\u00e1n Silgado y Otoniel Enrique Escobar Pinto otorg\u00e1ndoles un t\u00e9rmino de dos (02) meses, contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n dicho acto administrativo, conservando en la inscripci\u00f3n los N\u00fameros \u00danico de identificaci\u00f3n Personal No. 1102885290,1051362753, 1235047183 y 1142949349\u00bb. Por tanto, estim\u00f3 que la \u00abRegistradur\u00eda Nacional del Estado Civil realiz\u00f3 la actuaci\u00f3n perseguida por los accionantes con la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela por lo que, en lo que a ello respecta, se advierte un hecho superado y en tal sentido existe una carencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por los actores. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
2. La regla de competencia consagrada en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00ba del Decreto 333 de 2021, establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso en concreto, la Sala advierte que los cuestionamientos se dirigen, particularmente, contra la Direcci\u00f3n Nacional del Registro Civil y la Direcci\u00f3n Nacional de Identificaci\u00f3n de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, pues al expedir las Resoluciones 15163, 14631, 14660 y 14638 del 2021 del 25 de noviembre de 20211, presuntamente se vulneraron los derechos fundamentales aducidos. As\u00ed las cosas, se observa que no hab\u00eda lugar a aplicar el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 20212, en la medida que, como se evidenci\u00f3, las quejas elevadas no comprometen, de manera directa, las funciones del Registrador Nacional, sino m\u00e1s bien a la instituci\u00f3n3. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares, la Sala sostuvo que: <\/p>\n
ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe involucra, exclusivamente, actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, organismo que, seg\u00fan los promotores, vulner\u00f3 sus garant\u00edas esenciales al anular sus c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda, sin convocarlos debidamente al tr\u00e1mite administrativo y, adem\u00e1s, porque no los notific\u00f3 de las resoluciones a trav\u00e9s de las cuales se dispuso tal anulaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, se vislumbra, que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021), conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del\u2026 Registrador Nacional del Estado Civil\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb; comoquiera que es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de la investidura del funcionario mencionado a espacio, esto es, del Registrador Nacional del Estado Civil, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01), sino m\u00e1s bien a la instituci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado, como una entidad del orden nacional, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer, en primera instancia, en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, al que le fue repartida inicialmente, acorde con la citada regla contenida en numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (CSJ ATC434-2022). <\/p>\n
4. Por lo tanto, lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se debe invalidar por falta de competencia funcional, conforme lo estipulado en el inciso 1 del art\u00edculo 138 del C.G.P., aplicable a los juicios de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Corte que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01)\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida por la Colegiatura. Y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, comoquiera que previamente fue repartida y rechazada por competencia por esta sede judicial4, la cual resulta competente para resolver el reclamo implorado. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve, <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 11 de octubre de 2022, conservando validez y eficacia las pruebas aportadas. <\/p>\n
Segundo. Ordenar a la Secretar\u00eda de la Sala remitir el expediente al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
Tercero. Comunicar esta providencia a la Corporaci\u00f3n de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional a trav\u00e9s del medio mas expedito posible. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 69 a 168 del expediente de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del\u2026 Registrador Nacional del Estado Civil\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb; <\/p>\n
3\u0002 ATC862-2018. <\/p>\n
4\u0002 Folios 169 a 170 del expediente de tutela. <\/p>\n
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ATC1703-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente ATC1703-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00495-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}