ATC1704-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1704-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00901-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nerio Alexander Bastidas Padilla contra el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander acept\u00f3 un recurso de insistencia1 (rad. n.\u00ba 2021-000202), a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 a la titular del estrado denunciado entregar las documentales solicitadas por el gestor mediante derecho de petici\u00f3n. Sin embargo, a la fecha de interponer el amparo, no ha recibido la respuesta acorde a sus pedimentos, por lo que la vulneraci\u00f3n endilgada persiste. <\/p>\n
2. En primera instancia, con decisi\u00f3n de 19 de septiembre 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el resguardo, porque \u00abvisto que la titular del JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE C\u00daCUTA no acredit\u00f3 haber efectuado ninguna acci\u00f3n material para atender lo ordenado en la providencia del 26 de agosto de 2021 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, sin que para este momento medie raz\u00f3n justificativa alguna, y teniendo en cuenta que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa id\u00f3neo para el efecto, refulge la vulneraci\u00f3n los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a una tutela judicial efectiva del se\u00f1or NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA\u00bb. <\/p>\n
3. Con posterioridad, Jennifer Zuleima Ram\u00edrez Bitar, en calidad de empleada del despacho accionado, requiri\u00f3 la nulidad de lo actuado por su falta de vinculaci\u00f3n, pese a que en este tr\u00e1mite se discutieron aspectos que la relacionan directamente \u2013como la expedici\u00f3n de copias de las calificaciones de desempe\u00f1o, que hacen parte de su hoja de vida judicial\u2013; solicitud que fue coadyuvada por Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Cabrera Mata. No obstante, el tribunal a quo declar\u00f3 \u00abinfundada la nulidad\u00bb, mediante prove\u00eddo de 12 de octubre hoga\u00f1o. <\/p>\n
4. Seguidamente, concedi\u00f3 las impugnaciones interpuestas contra la rese\u00f1ada sentencia de primer grado, tanto por la titular del Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta \u2013quien, adem\u00e1s, recrimin\u00f3 la falta de competencia\u2013, como por las ciudadanas Sandra Milena Soto Molina y Jennifer Zuleima Ram\u00edrez Bitar; defensas que se concedieron con auto de 24 de octubre de 2022, por lo que las diligencias fueron remitidas a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC, A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1.\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o la calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4.\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en el sub-lite. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, encuentra la Corte que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n de tutela, comoquiera que los cuestionamientos del libelista se dirigen, exclusivamente, contra el Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, pero en el marco de una actuaci\u00f3n administrativa, como es la presunta falta de respuesta a una petici\u00f3n que aquel formul\u00f3 \u2013y que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander aval\u00f3, al desatar la insistencia2\u2013, bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), sin que, adem\u00e1s, se evidencie ninguna relaci\u00f3n o v\u00ednculo con la ciudad de Bogot\u00e1, de tal forma que el citado tribunal se hubiese arrogado v\u00e1lidamente la atribuci\u00f3n para definir esta causa. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, teniendo en consideraci\u00f3n el factor antes mencionado, seg\u00fan lo dispone el numeral 1 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021 (\u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb), norma aplicable en el sub-lite \u2013pues, se insiste, para estos efectos el estrado denunciado act\u00faa como un ente administrativo, y ninguna incidencia tiene la distinci\u00f3n propuesta por la pasiva sobre la calidad del gestor3, ya que ha sido empleado tanto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, como de la contenciosa administrativa4\u2013, el primer grado del asunto corresponde a los Jueces Civiles con categor\u00eda Municipal de la localidad de C\u00facuta. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, deviene di\u00e1fano que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda adelantarlo al referido Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, sino a los Jueces Civiles Municipales de C\u00facuta (reparto), por las razones que anteceden. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para asumir en primera instancia la tramitaci\u00f3n de este amparo; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Jueces Civiles Municipales de C\u00facuta. <\/p>\n
De esa forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que, al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el resguardo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (v. gr., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo5, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19926\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 19 de septiembre de 2022, as\u00ed como las actuaciones que de ella se desprendan, en el marco del proceso de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Civiles Municipales de C\u00facuta, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), art\u00edculo 26: \u00ab Si la persona interesada insistiere en su petici\u00f3n de informaci\u00f3n o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponder\u00e1 al Tribunal Administrativo con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogot\u00e1, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en \u00fanica instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petici\u00f3n formulada\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abAceptar el recurso de insistencia interpuesto por el se\u00f1or Nerio Alexander Bastidas Padilla, en contra de la Juez Segunda (2\u00b0) de Familia Oral de C\u00facuta\u00bb y \u00aben consecuencia se ORDENA (\u2026), que proceda en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas contados a partir de la comunicaci\u00f3n de la presente providencia, a hacerle entrega al se\u00f1or Nerio Alexander Bastidas Padilla, expedir copia de los documentos solicitados por el en la petici\u00f3n del 10 de mayo del 2021\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver: archivo \u00ab17PronunciamientoNulidadJ2FamiliaC\u00facuta\u00bb, en el que sostuvo: \u00abdebe tenerse en cuenta que el accionante fue empleado del Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, por lo tanto, la norma pertinente para definir la competencia es el inciso segundo del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 333 de 2021, que a la letra dice: \u201cCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Sobre el tema, ver: archivo \u00abAccionanteDescorreTrasladoNulidadEImpugnaci\u00f3n\u00bb, f. 5, en el que consta que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta certific\u00f3 lo pertinente. <\/p>\n
5\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
6\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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