ATC1706-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1706-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02289-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C, diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Granjero Acacire\u00f1o Ltda. contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia, conformado para dirimir la controversia entre Pryser S.A. y la entidad accionante, la Corte advierte que el fallador de primera instancia incurri\u00f3 en un yerro que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que contiene el canon 4.\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. En efecto, n\u00f3tese que, en este asunto, la sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por el citado tribunal arbitral, con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 4 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la petici\u00f3n de embargo y secuestro del predio involucrado en la causa, formulada por Pryser S.A., a la vez que se orden\u00f3 (i) el registro del laudo y su posterior decisi\u00f3n aclaratoria en el FMI n.\u00ba 236-69879 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013 Meta, as\u00ed como la consecuente (ii) cancelaci\u00f3n de las anotaciones de transferencia de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuadas despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Inconforme, Granjero Acacire\u00f1o Ltda. \u2013aqu\u00ed libelista\u2013 solicit\u00f3 la nulidad de esa \u00faltima determinaci\u00f3n, entre otros aspectos, porque el auto cuestionado se habr\u00eda dictado despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n de funciones del tribunal y su contenido habr\u00eda modificado el laudo, el cual se encontraba debidamente ejecutoriado; pero, el 11 de octubre de 2022, el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia le notific\u00f3 la respuesta, como si se tratase de una \u00abpetici\u00f3n\u00bb, indic\u00e1ndole que \u00abno existe causal v\u00e1lida para decretarla [la nulidad] porque se profiri\u00f3 conforme al art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso; por lo anterior, no es procedente oficiar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y respecto de los oficios, reitera que ya se hicieron\u00bb; actuaciones que, en su conjunto, considera irregulares, porque no se tramit\u00f3 en debida forma esa defensa y porque ese documento carece de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio: (i) \u00abdeclarar la ilegalidad del Auto No. 13 de fecha mayo 4 de 2021, proferido dentro del Laudo Arbitral No. 2019-001\u00bb; (ii) \u00abdar cumplimiento al numeral sexto de la sentencia de fecha abril 13 de 2021, esto es cancelar la medida cautelar, dejando inc\u00f3lume las anotaciones, ventas y grav\u00e1menes que se registraron mientras estuvo inscrita la demanda\u00bb y (iii) \u00abordenar al Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad Gran Colombia resolver conforme derecho la solicitud de nulidad por ilegalidad del Auto No. 13 fechado mayo 4 de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 conocimiento de las diligencias y, en sentencia del pasado 2 de noviembre de 2022, neg\u00f3 el amparo, toda vez que, \u00abentre la fecha en que el Tribunal de Arbitramento emiti\u00f3 el auto del que ahora se duele la accionante (4 de mayo de 2021) y la radicaci\u00f3n de la presente demanda de tutela (18 de octubre de 2022), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, sin que se hubiera justificado id\u00f3neamente la tardanza en acudir a este reclamo constitucional, circunstancia que disminuye la eficacia de la tutela como medio para salvaguardar derechos de raigambre fundamental\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, refiri\u00f3 que \u00abel escrito radicado en septiembre de 2022 (en el que se pidi\u00f3 la nulidad del auto en menci\u00f3n), no tiene la virtualidad para enervar la ausencia del citado requisito ni para interrumpir el lapso que jurisprudencialmente se ha se\u00f1alado como prudente para promover un reclamo constitucional de este tipo, habida cuenta que el menoscabo aducido en este escenario habr\u00eda tenido ocurrencia en el instante concreto en que se emiti\u00f3 la providencia hoy cuestionada\u00bb. <\/p>\n
4. El precitado fallo fue impugnado por la apoderada de la sociedad convocante, quien insisti\u00f3 en sus argumentos primigenios y resalt\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n constitucional incoada, nace desde el mismo momento en que el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad Gran Colombia decide resolver una solicitud de NULIDAD, como si fuera un oficio cualquiera, sin las formalidades de ley, desobedeciendo el art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso y vulnerando el derecho al debido proceso, en conexidad con el Derecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, el art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, toda vez que impide ejercer el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. A partir de lo anterior, advierte la Corte que en este asunto resulta necesaria la vinculaci\u00f3n: (i) del \u00e1rbitro \u2013\u00fanico\u2013 Fernando Eli\u00e9cer Bernal Pardo; (ii) de la secretaria, \u00c1ngela Sheila Bonilla Lancheros; (iii) de la sociedad demandante, Pryser S.A.; y (iv) de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013 Meta; ninguno de los cuales fue debidamente enterado de esta actuaci\u00f3n, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, pues ni siquiera fueron individualizados. <\/p>\n
Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que, aun cuando la queja se dirige expresamente contra lo dispuesto en el tr\u00e1mite arbitral \u2013en especial, la presunta falta de resoluci\u00f3n de una nulidad y la expedici\u00f3n de \u00f3rdenes de cancelaci\u00f3n de varias anotaciones luego de la inscripci\u00f3n del libelo inicial, con posterioridad al laudo y su aclaraci\u00f3n\u2013, no se evidencia en el expediente la notificaci\u00f3n de quienes integraron ese tribunal \u2013aspecto que no se suple con la comunicaci\u00f3n al Centro de Conciliaci\u00f3n, en tanto que quien compareci\u00f3 fue \u00fanicamente la directora y no aport\u00f3 certificaci\u00f3n sobre el particular\u2013, ni de quienes intervinieron en el proceso, mucho menos de la Oficina de Registro referida supra, entidad que tiene a su cargo las gestiones administrativas que involucran directamente el bien en disputa. <\/p>\n
6. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 ibidem, consagra que el fallo proferido en el resguardo \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5.\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, se precis\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
7. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2.\u00ba y 3.\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, se invalidar\u00e1 la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s sucesos procesales previos y del acervo probatorio en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la corporaci\u00f3n a quo notificar en debida forma: (i) al \u00e1rbitro \u2013\u00fanico\u2013, Fernando Eli\u00e9cer Bernal Pardo; (ii) a la secretaria, \u00c1ngela Sheila Bonilla Lancheros; (iii) a la sociedad demandante, Pryser S.A.; y (iv) a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013 Meta; para que, si a bien lo tienen, ejerzan sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n frente a la presente querella constitucional; y, una vez cumplida esa actuaci\u00f3n, emita nuevo pronunciamiento que defina la instancia a su cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, a fin de que se corrija la irregularidad advertida. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver el expediente al tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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