ATC1709-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1709-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00298-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n incoada por Bernardo Ezequiel Mart\u00ednez Jim\u00e9nez, como apoderado judicial de Claudia G\u00f3mez, Edilmira G\u00f3mez de Menguan, Obdulio, Luis Ismael, Isidro, Teresa, Miguel \u00c1ngel y Floresmiro G\u00f3mez Miranda, frente al fallo dictado el 20 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; si no fuera porque en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, en nombre de sus representados, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso de \u00e9stos, presuntamente conculcado por el estrado encausado en el juicio divisorio fustigado. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado convocado \u00abdecretar la ilegalidad de la sentencia\u2026 del 22 de abril del 2019\u2026, a partir del traslado del trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio divisorio que contra los accionantes inco\u00f3 Mar\u00eda Gloria G\u00f3mez Miranda, respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 370-227864, surtidas las etapas de rigor, con sentencia del 22 de abril de 2019 el Juzgado acusado decret\u00f3 \u00abla divisi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb del inmueble entre las partes. <\/p>\n
2.2. Frente a esa decisi\u00f3n, los quejosos incoaron recurso de apelaci\u00f3n, el que, concedido por el Juzgado, el 9 de septiembre de 2019 declar\u00f3 inadmisible la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
2.3. Luego, con autos de 10 de febrero de 2020 y 10 de junio de 2022, en su orden, el a-quo corrigi\u00f3 y aclar\u00f3 aquella sentencia; adem\u00e1s, en ese \u00faltimo prove\u00eddo, rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad planteada por los tutelantes. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, cuestionaron los reclamantes que al emitir la sentencia el Juzgado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y procedimental, en lo medular, al \u00abotorgarle un alcance indebido\u00bb al trabajo de partici\u00f3n arrimado por el auxiliar de la justicia designado para su elaboraci\u00f3n, estableciendo una cabida distinta y errada para el bien objeto del juicio, situaci\u00f3n misma que impon\u00eda el buen suceso de su petici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Tambi\u00e9n criticaron que el Tribunal ad-quem, \u00aba pesar de que ley\u00f3 la sentencia para decir que no era procedente el recurso, tampoco avizor\u00f3 ese error que ten\u00eda\u2026 y que bien pod\u00eda sanearla o decretar la nulidad oficiosamente, pero solo se limit\u00f3 a revisar la procedencia o no del recurso\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n por insatisfacer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; lo primero, porque \u00abla\u2026 tutela se present\u00f3 el\u2026 6 de octubre de 2022 y la providencia cuestionada\u2026 se profiri\u00f3 por el Juzgado\u2026 el\u2026 22 de abril de 2019\u2026, luego[,] la parte actora tard\u00f3 m\u00e1s de tres [a\u00f1os] y medio para acudir a este amparo\u00bb; mientras que, lo segundo, en punto al auto del pasado 10 de junio -mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad-, porque los actores, a pesar de su procedencia, omitieron recurrirlo en reposici\u00f3n (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso) y apelaci\u00f3n (numeral 6\u00ba del canon 321 ib\u00eddem). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en la prosperidad de su ruego. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo, en correlaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n surtida, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali para decidir este asunto en primera instancia y, por ende, la carencia de la misma por parte de esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n propuesta, porque el auxilio supralegal le resulta extensivo a aqu\u00e9lla, en tanto que se le critic\u00f3, expresamente, que en el juicio divisorio fustigado, \u00aba pesar de que ley\u00f3 la sentencia para decir que no era procedente el recurso, tampoco avizor\u00f3 ese error que ten\u00eda\u2026 y que bien pod\u00eda sanearla o decretar la nulidad oficiosamente, pero solo se limit\u00f3 a revisar la procedencia o no del recurso\u00bb. <\/p>\n
2. En esa medida, del ruego tutelar del ep\u00edgrafe debe conocer, en primera instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, conforme a lo previsto en los numerales 5\u00ba y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), los cuales, en lo que aqu\u00ed interesa y en su orden, ense\u00f1an que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los\u2026 Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; y que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n de la regla 4\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo considerado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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