ATC1734-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1734-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-01027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luis Armin Mosquera Moreno contra el Fiscal General de la Naci\u00f3n, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Mosquera Moreno en la acci\u00f3n propuesta pidi\u00f3 ordenar a la autoridad accionada, (i) invalidar los actos administrativos del 15 de marzo y 12 de abril de 2021, a trav\u00e9s de los cuales, dispuso su ubicaci\u00f3n como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Circuito Especializado de la Direcci\u00f3n Seccional Atl\u00e1ntico a la Direcci\u00f3n Seccional de Putumayo, y, en la segunda, mantuvo esa determinaci\u00f3n al resolver la reposici\u00f3n; (ii) que se pronuncie y resuelva lo pertinente acerca de la revocatoria directa solicitada, (iii) que le advierta a \u00absus dirigidos\u00bb, que deben suspender \u00abtoda acci\u00f3n constitutiva de acoso laboral que este asociado al traslado irregular\u00bb en su contra y, (iv) \u00abaplicar las normas que regulan los traslados que se dieron, como consecuencia de los riesgos extraordinarios que h[a] sufrido y, en consecuencia, que suspenda toda actuaci\u00f3n con relaci\u00f3n a los [mismos]\u00bb. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3, que debido a que se desempe\u00f1a como Fiscal Especializado, se ha visto obligado a desplazarse de su domicilio m\u00e1s de dos veces, ocasion\u00e1ndole perjuicios al igual que a su esposa e hijo de 10 a\u00f1os, y, con el \u00faltimo de ellos, result\u00f3 trasladado del departamento del Atl\u00e1ntico al de Putumayo, mediante resoluciones que, si bien \u00abcontienen una motivaci\u00f3n aparente e inducen en error a la opini\u00f3n p\u00fablica y a los jueces\u00bb, lo cierto es que no es as\u00ed, puesto que, no han sido realmente adoptadas por la necesidad del servicio, m\u00e1xime cuando tampoco se realiz\u00f3 un estudio de riesgo como era necesario, pues en la \u00faltima ciudad en la que se encontraba laborando, lleg\u00f3 como respuesta a una medida de protecci\u00f3n que tuvo que solicitar. <\/p>\n
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo al considerar incumplido el presupuesto general de la subsidiariedad. <\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por el accionante, las diligencias se remitieron a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del Fiscal General de la Naci\u00f3n -lo que la habilitar\u00eda para conocer del amparo en las condiciones en que lo hizo-, al margen que en la demanda inicial se hubiere accionado directamente a dicho funcionario, pues lo cierto es que la presunta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales recae en la Directora Ejecutiva de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por haber proferido las Resoluciones 0001135 de 15 de marzo de 2021 y 0001626 de 21 de abril de 2021, funcionaria en quien el Fiscal General de la Naci\u00f3n deleg\u00f3 la facultad de expedir los actos administrativos relativos a la reubicaci\u00f3n de personal adscrito a esa entidad, de acuerdo con el art\u00edculo 2\u00ba de la Resoluci\u00f3n 0-0181 de 13 de febrero de 2020 (modificada por la Resoluci\u00f3n 0-0188 de 2 de febrero de 2021). <\/p>\n
2. Bajo esa perspectiva, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional se radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. (Resalta la Sala). <\/p>\n
3. En consecuencia, se impone declarar la nulidad por falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual por ser funcional, de conformidad con el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 ej\u00fasdem, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, que implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, y se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente a la oficina de reparto de los juzgados de familia de Bogot\u00e1 para que se asuma su conocimiento en primera instancia, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. (ver entre otros ATC1486-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, dispone, <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados de Familia de Bogot\u00e1, para lo de su cargo. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese este pronunciamiento de la manera m\u00e1s expedita, a la Corporaci\u00f3n de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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