SC3463-2022 (2015-00292-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3463-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-31-03-003-2015-00292-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados Enelda Josefina Z\u00e1rate de Pana, Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Z\u00e1rate, frente a la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 Rosa Emperatriz Torres Fern\u00e1ndez contra los herederos de Nefer Rafael Pana Arregoc\u00e9s, entre ellos, los ahora recurrentes y tambi\u00e9n Liseth Senely, Menfis Dar\u00edo y Surelys Lineth Pana Torres, Mirladis Pana Peinado y Mar\u00eda Camila Pana Toloza. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
A trav\u00e9s de demanda judicial, la convocante Rosa Emperatriz Torres Fern\u00e1ndez pidi\u00f3 reconocer que entre ella y el se\u00f1or Nefer Rafael Pana Arregoc\u00e9s se gener\u00f3 una sociedad civil de hecho entre el 20 de febrero de 1981 y el 22 de enero de 2011, fecha de fallecimiento de aqu\u00e9l, misma que debe declararse disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, solicit\u00f3 que se declare que los predios La Luna, Los Robles y Manzanares hacen parte de dicha sociedad de hecho y, en consecuencia, rog\u00f3 que se ordene (i) su reintegro al patrimonio del causante, (ii) la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria y (iii) la condena al pago de los frutos que hubieran podido producir. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
(i) Durante el mismo lapso por el que se extendi\u00f3 la sociedad de hecho, la pareja conformada por Rosa Emperatriz Torres Fern\u00e1ndez y Nefer Rafael Pana Arregoc\u00e9s mantuvo una relaci\u00f3n sentimental y convivi\u00f3 bajo el mismo techo, desde el 20 de febrero de 1981 hasta el 22 de enero de 2011, cuando aqu\u00e9l falleci\u00f3 en la ciudad de Bucaramanga. <\/p>\n
(ii) Para ese entonces, el se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s se encontraba casado con Enelda Josefina Zarate, con quien contrajo matrimonio el d\u00eda 2 de abril de 1966 y de quien se separ\u00f3 de hecho desde el 22 de febrero de 1981. La existencia de la sociedad conyugal Pana Z\u00e1rate le impidi\u00f3 a la actora obtener reconocimiento pecuniario en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s, causa mortuoria que culmin\u00f3 con sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n de fecha 10 de julio de 2013. <\/p>\n
(iii) Para la \u00e9poca en que los socios iniciaron su relaci\u00f3n, ambos trabajaban para la misma compa\u00f1\u00eda de transporte en la ciudad de Valledupar (Cootrascolcer Ltda.) y, fruto de su esfuerzo com\u00fan, adquirieron el 1\u00ba de febrero de 1983 un inmueble en la aludida localidad, donde establecieron su residencia y nacieron sus dos primeros hijos; y posteriormente un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico que financiaron con un cr\u00e9dito hipotecario, cuyo cumplimiento garantizaron con el referido predio. <\/p>\n
(iv) Ante el nacimiento de su tercera hija en diciembre de 1985, la demandante se vio obligada a renunciar a su trabajo en Cootranscolcer, \u00e9poca a partir de la cual asumi\u00f3 no solo las labores del hogar sino tambi\u00e9n la administraci\u00f3n del automotor de servicio p\u00fablico, la gerencia de los proyectos en los que el compa\u00f1ero trabajaba y adem\u00e1s, ayudaba en la campa\u00f1a pol\u00edtica que por esa \u00e9poca impulsaba Nefer Rafael Pana, fruto de la cual fue elegido como diputado a la Asamblea Departamental del Cesar para el periodo 1986-1988. <\/p>\n
(v) En 1993 la convocante se vincul\u00f3 laboralmente con el Fondo Regional de Educaci\u00f3n y gracias a ese nuevo ingreso, junto con el salario de su compa\u00f1ero y el precio que recibieron por la venta del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico, lograron adquirir \u00abel predio rural denominado la LUNA, mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 3105 del 7 de octubre de 1993 de la Notar\u00eda Primera de Valledupar\u00bb, la cual destinaron para labores agr\u00edcolas, ganaderas y av\u00edcolas. <\/p>\n
(vi) En el a\u00f1o 1995 su compa\u00f1ero fue reelecto como diputado hasta 1996, y Rosa Emperatriz renunci\u00f3 a su trabajo en su empe\u00f1o de fortalecer la capacidad productiva de la finca La Luna; en esa \u00e9poca se estaba consolidando la producci\u00f3n agr\u00edcola, que ella organiz\u00f3 administrativa y contablemente. En el a\u00f1o 2000 la pareja enajen\u00f3 el inmueble donde ten\u00eda su vivienda para invertir el dinero en la actividad av\u00edcola y ganadera de la finca; fruto de esa empresa adquirieron su segundo predio rural, denominado Los Robles, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00b0 1626 de fecha 13 de agosto de 2001, de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Valledupar. <\/p>\n
(vii) En el a\u00f1o 2004 el se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s empez\u00f3 a presentar problemas de salud que lo obligaron a alejarse de las labores agropecuarias, debido a lo cual encarg\u00f3 el manejo de la finca La Luna a su hijo mayor, Alex Pana Zarate. Tan pronto como su condici\u00f3n m\u00e9dica mejor\u00f3, Nefer Rafael y Rosa Emperatriz se dedicaron de lleno a explotar la finca Los Robles. <\/p>\n
(viii) Una vez recuperado el compa\u00f1ero y con las utilidades que percibieron de esos dos inmuebles, adquirieron un tercer predio llamado Manzanares, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00b0 2343 del 4 de septiembre de 2006 de la Notar\u00eda Primera de Valledupar. En ese mismo a\u00f1o la demandante fungi\u00f3 como compradora de ganado para la mencionada finca, se encargaba del negocio de la leche y distribu\u00eda personalmente quesos en diferentes puntos de la ciudad de Valledupar. <\/p>\n
(ix) A finales de 2008, Nefer Rafael empez\u00f3 a presentar nuevamente problemas de salud. Durante toda la enfermedad, la actora se mantuvo al lado de su pareja, dedic\u00e1ndose de manera exclusiva a su cuidado hasta el d\u00eda de su muerte. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1. Notificados de la admisi\u00f3n de la demanda, (i) los herederos indeterminados (representados a trav\u00e9s de curador ad litem), as\u00ed como Mirladis Pana Peinado y Liseth Senely, Surelys y Menfis Dar\u00edo Pana Torres, contestaron la demanda sin proponer excepciones; (ii) Enelda Josefina Z\u00e1rate de Pana, Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Z\u00e1rate alegaron \u00abcarencia absoluta de legitimidad y de requisitos para invocar que se reconozca la constituci\u00f3n de un contrato de sociedad de hecho civil\u00bb y (iii) Mar\u00eda Camila Pana Toloza excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimidad en la causa por pasiva\u00bb e \u00abimposibilidad legal de coexistencia de sociedades conyugal y de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mediante fallo de 27 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar neg\u00f3 el petitum, por encontrar pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abcarencia de requisitos para invocar que se reconozca la constituci\u00f3n de un contrato de sociedad de hecho\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 el a quo que la demandante no hab\u00eda cumplido con la carga de acreditar el prop\u00f3sito com\u00fan para establecer una sociedad de bienes, pues aquellos fueron producto del desarrollo normal de la vida en pareja y la necesidad de satisfacer obligaciones dom\u00e9sticas, m\u00e1s no de la intenci\u00f3n de crear una sociedad civil de hecho. <\/p>\n
Al resolver la alzada de la actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revoc\u00f3 lo decidido en primera instancia y, en su lugar, declar\u00f3 \u00abla existencia de una sociedad de hecho entre ROSA EMPERATRIZ TORRES FERN\u00c1NDEZ Y NEFER PANA ARREGOCES, desde el 20 de febrero de 1981 hasta el 22 de enero de 2011, y como consecuencia, en estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dispuso el reintegro al patrimonio del causante de los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad, a saber, La Luna, Los Robles y Manzanares y, por lo tanto, la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de cada bien. El ad quem neg\u00f3 la restituci\u00f3n de frutos por no encontrar prueba de aquellos. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se sintetizan: <\/p>\n
(i) Conforme al ordenamiento jur\u00eddico, es viable la creaci\u00f3n de una sociedad civil de hecho de forma paralela a una uni\u00f3n marital de hecho, siempre y cuando se verifique la concurrencia de tres elementos: \u00ab1. Aportes rec\u00edprocos de cada integrante, 2. \u00c1nimus lucrandi o participaci\u00f3n en las utilidades o beneficios y p\u00e9rdidas, y 3. \u00c1nimus o affectio societatis, esto es, intenci\u00f3n de colaborar en un proyecto o empresa com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, \u00abcuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya t\u00e1cito o \u201cimpl\u00edcito\u201d, derivado de hechos o actos inequ\u00edvocos, con el prop\u00f3sito de obtener utilidades y enjugar las p\u00e9rdidas que llegaren a sufrir y, adem\u00e1s, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho\u00bb. <\/p>\n
(ii) Contrario a lo que sostuvo el juzgador de primera instancia, el acervo probatorio recaudado da cuenta no solo de una relaci\u00f3n sentimental y comunidad de vida entre Rosa Emperatriz y Nefer Rafael, sino tambi\u00e9n del prop\u00f3sito convergente de dicha pareja de establecer una sociedad de bienes a merced de las labores conjuntas, los esfuerzos rec\u00edprocos constantes y prolongados en el tiempo, orientado a consolidar un patrimonio com\u00fan al cual la actora contribuy\u00f3 en dinero y en especie a trav\u00e9s de su trabajo en los distintos proyectos emprendidos, sus recursos monetarios y el cuidado de las labores del hogar. <\/p>\n
(iii) Fue precisamente durante su convivencia que los compa\u00f1eros adquirieron los bienes cuya repartici\u00f3n reclama la convocante, y si bien es cierto que algunos de los descendientes del se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s intervinieron en la administraci\u00f3n de los predios rurales, ninguno de ellos particip\u00f3 de su adquisici\u00f3n, \u00absiendo su actuaci\u00f3n producto de la delegaci\u00f3n efectuada por sus padres, como ellos mismos lo reconocieron en sus declaraciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) Si bien el a quo ech\u00f3 de menos la prueba de la affectio societatis, trat\u00e1ndose de una sociedad de hecho entre compa\u00f1eros permanentes la convivencia es indicio de ese \u00e1nimo, no es un elemento excluyente de la constituci\u00f3n de la sociedad de hecho, de modo que su an\u00e1lisis debe flexibilizarse dado el contexto social en el que se desarroll\u00f3 la convivencia marital, en la que sus integrantes aunaron esfuerzos para consolidar un proyecto familiar y econ\u00f3mico com\u00fan, que les permiti\u00f3 crecer en el plano patrimonial y en el familiar, y \u00abde donde surge de manera inequ\u00edvoca su \u00e1nimo de asociarse, que se gener\u00f3 de la relaci\u00f3n concubinaria que los uni\u00f3\u00bb. <\/p>\n
No es cierto, como infundadamente lo sostuvo el a quo, que el \u00e9xito de las pretensiones estuviera condicionado a que la actora lograra \u00abdesligar la relaci\u00f3n sentimental de la actividad econ\u00f3mica que pretende demarcar\u00bb, puesto que no se trata de una sociedad mercantil, sino civil entre compa\u00f1eros permanentes, y agreg\u00f3 que, \u00abel hecho de procurar con dicha sociedad una buena vida para sus hijos y su hogar no constituye un impedimento para la declaratoria de la existencia de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
(v) Al considerar el juzgador de primer grado que no hay certeza de los aportes en dinero realizados por la demandante m\u00e1s all\u00e1 de su trabajo en el hogar, \u00abdesconoci\u00f3 con su dicho que de las pruebas testimoniales y el allanamiento de los demandados a los hechos de la demanda y la falta de pronunciamiento expreso frente a los hechos, se deriva la convicci\u00f3n de que [los compa\u00f1eros], hicieron indistintamente aportes en especie y trabajo\u00bb, de manera que pas\u00f3 por alto la labor dom\u00e9stica de la actora al circunscribir sus aportes al dinero, desechando las pruebas allegadas al plenario que dan cuenta de las actividades agr\u00edcolas en las fincas y de comercializaci\u00f3n de productos. <\/p>\n
A juicio de la colegiatura, en este asunto es copioso el material probatorio que refleja los aportes en especie y en trabajo que la actora efectu\u00f3 en favor de la sociedad. La se\u00f1ora Torres Fern\u00e1ndez \u00abirrumpi\u00f3 productivamente en las labores agr\u00edcolas rentables, m\u00e1s all\u00e1 de la mera cohabitaci\u00f3n y realiz\u00f3 aportes en dinero, n\u00f3tese que aparece que adquiri\u00f3 el bien inmueble en el que habitan, el que posteriormente fue hipotecado\u00bb, adem\u00e1s que ejerci\u00f3 sus derechos como socia y contribuy\u00f3 a ella con trabajo diario dom\u00e9stico y con otros oficios, facilitando una comunidad de vida sustentada alrededor del patrimonio adquirido. No obstante, as\u00ed ello no se hubiera probado, la labor dom\u00e9stica de la convocante habr\u00eda sido suficiente para tener por probado el nacimiento y consolidaci\u00f3n de la sociedad, seg\u00fan lo tiene dicho la jurisprudencia. <\/p>\n
(vi) Igualmente se prob\u00f3 el presupuesto concerniente al animus lucrandi, el cual se materializ\u00f3 en la toma de decisiones econ\u00f3micas, la administraci\u00f3n del patrimonio social, la disposici\u00f3n de activos y la asunci\u00f3n de deudas; \u00ablo anterior, tambi\u00e9n se demuestra con las documentales que revelan la adquisici\u00f3n de un inmueble ubicado en la calle 9 n\u00b0 16 – 30 y su posterior hipoteca a favor de FINANCIACOOP en el a\u00f1o 1984; la compraventa de los inmuebles La Luna, Los Robles y Manzanares por el se\u00f1or Nefer Pana Arregoc\u00e9s en los a\u00f1os 1993, 2001 y 2006, respectivamente; compra de suministro de productos de ganader\u00eda, liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales de trabajadores y vacunas del ganado, con posterioridad al a\u00f1o 2011. Es decir, que con sus mutuos esfuerzos consolidaron un proyecto econ\u00f3mico, que les permiti\u00f3 crecer no solo en el plano econ\u00f3mico, sino tambi\u00e9n familiar, de donde surge de manera inequ\u00edvoca su \u00e1nimo de asociarse, que gener\u00f3 de la relaci\u00f3n marital que los uni\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al originarse los esfuerzos en el mismo concubinato, no pod\u00eda exigirse prueba que desligara la mutua colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de un patrimonio societario del contexto en el que ten\u00eda origen. <\/p>\n
(vii) Respecto a las excepciones, se\u00f1al\u00f3 que no est\u00e1n llamadas a prosperar. La relacionada con la falta de legitimaci\u00f3n en la causa porque \u00abquienes se encuentran vinculados a la litis son quienes tienen la facultad legal de perseguir el derecho reclamado, en calidad de socia, y de responder, los herederos del se\u00f1or Nefer Pana Arregoc\u00e9s, quienes deber\u00e1n reintegrar al patrimonio del causante los bienes que les fueron adjudicados en la demanda de sucesi\u00f3n adelantada ante el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de Valledupar mediante sentencia del 10 de julio de 2013\u00bb. <\/p>\n
La excepci\u00f3n de \u00abincompatibilidad de coexistencia de sociedades conyugales y sociedad de hecho\u00bb tampoco prospera porque la preexistencia de una sociedad conyugal de la que el causante fue parte no constituye \u00f3bice al nacimiento de la sociedad de hecho en estudio, pues esta no se deriva propiamente de un v\u00ednculo marital sino negocial, ni tampoco es universal sino singular, lo que implica que ambas pueden coexistir: \u00abla uni\u00f3n de hecho no matrimonial de convivencia efectiva y com\u00fan (\u2026) no constituye un impedimento para la declaratoria de existencia de la sociedad civil de hecho pretendida por la actora, pues no se trata de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990, y nada se opone a su formulaci\u00f3n, pues hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, cada una con presupuestos legales, aut\u00f3noma tanto en el plano sustantivo como procesal\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario, los convocados Enelda Josefina Z\u00e1rate de Pana y Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Z\u00e1rate formularon cuatro cargos; el inicial, con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso; el siguiente bajo el amparo de la causal tercera, y los dos \u00faltimos con apoyo en la segunda hip\u00f3tesis del referido canon. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal quinta del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los impugnantes alegaron que, al disponer la recomposici\u00f3n de un haber sucesoral ya liquidado, el Tribunal incurri\u00f3 en el supuesto de nulidad insaneable previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto \u00abrevivi\u00f3 un proceso legalmente concluido\u00bb, como lo era el mortuorio del se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s, el cual culmin\u00f3 mediante sentencia aprobatoria del 10 de julio de 2013, dictada por el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de Valledupar. <\/p>\n
Aunque no se hubiese dicho expresamente en la parte resolutiva del fallo impugnado, realmente el ad quem dej\u00f3 sin efectos la sentencia que puso fin al proceso de sucesi\u00f3n, en la medida en que orden\u00f3 \u00abel reintegro al patrimonio del causante\u00bb de los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00b0 190-12187; 190-33028 y 190-44030, los cuales fueron adjudicados a los herederos mediante fallo que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
Con tal proceder, se pas\u00f3 por alto que la convocante ten\u00eda el deber de comparecer al juicio de sucesi\u00f3n a ejercer los derechos econ\u00f3micos que aqu\u00ed dijo tener, dada \u00abla naturaleza liquidatoria del proceso de sucesi\u00f3n y las cargas procesales impuestas en el art\u00edculo 516 del C.G.P.\u00bb. En su defecto, debi\u00f3 promover la demanda de declaraci\u00f3n de sociedad civil de hecho \u00aben vigencia del proceso de sucesi\u00f3n, para que su pretensi\u00f3n patrimonial pudiera haber generado el efecto jur\u00eddico pretendido\u00bb. <\/p>\n
Comoquiera que el vicio adjetivo se configur\u00f3 con la admisi\u00f3n misma del libelo incoativo, cuyas pretensiones tercera y cuarta se encaminaron a recomponer la sucesi\u00f3n, debe declararse la nulidad de todo lo actuado, incluyendo ese prove\u00eddo inicial y proceder a rechazar de plano la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Reglas de procedencia de la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El r\u00e9gimen de nulidades procesales responde a la necesidad de plasmar en el sistema jur\u00eddico reglas de inclusi\u00f3n de sus principios y valores, y de exclusi\u00f3n de las conductas que desconocen o impiden su vigencia. El debido proceso encuentra franca protecci\u00f3n en la consagraci\u00f3n de las causales de anulabilidad de los actos procesales que lo vulneran y que, a modo de sanci\u00f3n, generan la invalidaci\u00f3n judicial del acto irregular; se trata de disposiciones que, ciertamente, materializan la m\u00e1xima garant\u00eda de quienes comparecen al juicio. <\/p>\n
El precedente invariable de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la causal quinta de casaci\u00f3n solo se abre paso cuando se ha configurado una irregularidad procesal cierta y comprobable, que est\u00e9 taxativamente consagrada como supuesto de anulabilidad y, en caso de ser saneable, que no haya sido convalidada por la parte legitimada para proponerla1. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, el r\u00e9gimen de invalidaci\u00f3n en el procedimiento civil est\u00e1 orientado por unos principios rectores entre los que se encuentra el de especificidad, conforme al cual solo ser\u00e1n anulables los eventos expresamente se\u00f1alados por el legislador2, lo que, aplicado a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, exige en la formulaci\u00f3n del cargo la demostraci\u00f3n de una verdadera correspondencia entre los motivos alegados por el censor y la causal de nulidad invocada, no siendo suficiente que aqu\u00e9l estructure su ataque bajo el amparo nominal de determinado motivo de invalidaci\u00f3n, sino que los hechos en los que funda su reclamo deben encajar realmente con la causal alegada, para de esa manera tipificarla3. <\/p>\n
2. La nulidad derivada de la actuaci\u00f3n judicial que revive un proceso legalmente concluido. <\/p>\n
Esta causal de anulabilidad est\u00e1 expresamente consagrada como insaneable (art. 136, par\u00e1grafo, ib\u00eddem), debido al alto grado de lesi\u00f3n que supondr\u00eda el desconocimiento de las decisiones en firme tomadas previamente en el mismo proceso, el cual, en virtud de su terminaci\u00f3n, ha resuelto definitivamente la controversia suscitada entre las partes. <\/p>\n
Esta irregularidad se presenta en aquellos casos en los que, a pesar de que el proceso ya ha terminado, el funcionario prosigue la actuaci\u00f3n, modificando o desconociendo las situaciones jur\u00eddicas previamente definidas, motivo por el cual es indispensable que el vicio se presente al interior del mismo proceso en el que se alega. En tal virtud, no se configura la causal cuando la sentencia judicial pueda afectar otras decisiones tomadas en procesos diferentes, pues en esos casos los mecanismos de protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales se encuentran al interior mismo del nuevo tr\u00e1mite. <\/p>\n
Este es el entendimiento que de forma constante ha dado la Corte a este motivo de anulabilidad: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan se infiere de la naturaleza y estructura de los motivos de nulidad a que se refiere el precepto anterior, s\u00f3lo cabe considerar los vicios procesales que dimanen del mismo proceso o actuaci\u00f3n procesal en curso; o, lo que es igual, no incluye, para que se configure alguno de ellos, los tr\u00e1mites o las providencias judiciales surtidos y dictadas en otros procesos preexistentes a aqu\u00e9l en que se alegan, por significativa que pueda ser la relaci\u00f3n o conexidad entre unos y otros. <\/p>\n
Esa restricci\u00f3n sucede del modo comentado, ya que, por fuera de que la norma en cuesti\u00f3n no da cabida a la posibilidad de traer situaciones extra\u00f1as al proceso mismo, existen otros caminos o v\u00edas procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicci\u00f3n; por ejemplo, la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De otro lado, se observa patente que si el vicio procesal radica en que el juez \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, ello \u00fanicamente tendr\u00e1 lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso anulable a pesar de haber terminado el mismo por sentencia o providencia en firme. <\/p>\n
El entendimiento de lo acabado de decir, se hace m\u00e1s claro a\u00fan si se tiene en cuenta que la reforma introducida por el citado decreto 2282 de 1989, elimin\u00f3 la expresi\u00f3n de que el juez \u00abrevive procesos legalmente concluidos\u00bb, en plural, y la sustituy\u00f3 por la f\u00f3rmula singular de revivir \u00abun proceso legalmente concluido\u00bb, con lo cual se despeja cualquier incertidumbre sobre el particular y dejase radicado el motivo de nulidad respecto de que se reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro\u00bb. (CSJ, SC de 2 dic. 1999, exp. 5292). <\/p>\n
Posteriormente, la Sala reiter\u00f3 esta postura, considerando que cualquiera que sea la irregularidad que pueda dar lugar a considerar que se est\u00e1 reviviendo un proceso legalmente concluido, aquella ha debido presentarse, necesariamente, al interior del proceso en el que se alega dicho vicio y se persigue su invalidaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abVale decir, que el precepto en cita [decreto 2282 de 1989] dej\u00f3 sin cabida la posibilidad de traer situaciones extra\u00f1as al proceso mismo, pues para ello existen otros caminos o v\u00edas procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicci\u00f3n, por v\u00eda de ejemplo, la excepci\u00f3n de cosa juzgada, caso en el cual, trat\u00e1ndose del recurso de casaci\u00f3n, su acusaci\u00f3n deber\u00e1 ser trazada por la causal primera denunciando la infracci\u00f3n de la ley sustancial. Ya se dijo sobre este tema de la controversia, que, en el evento en que la cosa juzgada se forma en proceso distinto de aquel donde se quiere hacer valer, se faculta a quienes han sido partes en el proceso anterior para proponer la excepci\u00f3n respectiva, pues \u201cel desconocimiento de la instituci\u00f3n referida, implica violaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial que la consagra (art. 332, C. de P. C.) denunciable en casaci\u00f3n, al tenor del numeral 1 del art\u00edculo 368 ib\u00eddem\u201d, y que s\u00f3lo \u201ccuando la cosa juzgada se estructura en el mismo proceso y no obstante el juez revive el proceso, se genera un error in procedendo, un \u201cdesacato del juez a una norma regulativa u ordenativa de su actividad (art. 140, num. 3 ib) denunciable al tenor del numeral 5 del art\u00edculo 368 ejusdem\u201d (CCXVI, p\u00e1g. 596, reiterada el 14 de febrero de 2001, exp. 6446)\u00bb. (CSJ, SC de 31 may. 2006, exp. 1997-10152, reiterada en SC6958-2014, 4 jun. Resaltado propio). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la causal de anulabilidad consistente en haber revivido el juez un proceso legalmente concluido, \u00fanicamente se configura cuando la afrenta al debido proceso en la modalidad de desconocimiento de la cosa juzgada tiene lugar al interior del mismo tr\u00e1mite, a causa de actuaciones efectuadas con posterioridad a su finalizaci\u00f3n y con las cuales se desconocen las situaciones jur\u00eddicas previamente definidas por el fallador. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del Cargo. <\/p>\n
El embate de los casacionistas se dirige a demostrar que con las decisiones tomadas por el ad quem, relacionadas con el reintegro de tres inmuebles sociales al patrimonio del causante y la consecuente cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en sus folios de matr\u00edcula, se ha revivido el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Nefer Pana Arregoc\u00e9s, legalmente concluido a trav\u00e9s de sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n del 10 de julio de 2013. <\/p>\n
Para sustentar el cargo, alegan que la actora ten\u00eda la carga procesal de acudir a la sucesi\u00f3n y de iniciar la presente acci\u00f3n durante la vigencia de dicha causa liquidatoria, para que la partici\u00f3n hubiera podido ser suspendida a la espera de las resultas del proceso declarativo de sociedad de hecho. Al no haber procedido as\u00ed, el proceso sucesoral sigui\u00f3 su curso y finaliz\u00f3 con sentencia, a pesar de lo cual ahora es \u201crevivido\u201d por el fallo impugnado, que, en su decir, deja sin efectos la partici\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed como los censores denuncian una usurpaci\u00f3n de competencia del Tribunal y pretenden que a trav\u00e9s del recurso extraordinario se anule todo lo actuado en el proceso civil desde el mismo auto admisorio de la demanda, y en su lugar, se disponga el rechazo del libelo introductor por perseguir el desconocimiento de la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, es evidente que la nulidad alegada no se relaciona con actuaciones surtidas en este tr\u00e1mite declarativo, toda vez que el que se considera \u201crevivido\u201d es el liquidatorio a trav\u00e9s del cual se finiquit\u00f3 la sucesi\u00f3n del causante, de donde emerge di\u00e1fano que lo denunciado no se refiere a un vicio existente al interior de este proceso, sino a las posibles incidencias del fallo impugnado en un asunto judicial diferente, supuesto que no tiene la virtualidad de estructurar la causal de nulidad invocada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para que se genere el vicio que da lugar a este motivo de anulabilidad, \u00abes indispensable que se trate de una actuaci\u00f3n end\u00f3gena a la actuaci\u00f3n procesal, lo que significa que debe tener origen en el mismo asunto, a pesar de que guarde estrecha relaci\u00f3n con otro tr\u00e1mite judicial ya finalizado\u00bb4. <\/p>\n
Por otra parte, debe relievarse que los opugnantes extienden su reproche al incumplimiento de la supuesta carga que ten\u00eda la actora de comparecer al proceso de sucesi\u00f3n -cuando no ten\u00eda la calidad de heredera ni de c\u00f3nyuge-; o de iniciar el tr\u00e1mite declarativo durante la vigencia de dicho proceso liquidatorio, argumentaci\u00f3n que no tiene ninguna relaci\u00f3n con la causal de invalidez alegada y que adem\u00e1s, se funda en una exigencia no contemplada en las normas que regulan la materia, pues el art\u00edculo 1388 del C\u00f3digo Civil establece que las controversias sobre propiedad de bienes que no deban entrar en la masa sucesoral ser\u00e1n decididas por la justicia ordinaria, \u00aby no se retardar\u00e1 la partici\u00f3n por ellas\u00bb, de modo que la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n en esos casos es potestativa, no obligatoria5. <\/p>\n
Ahora bien, apart\u00e1ndose de las finalidades del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, los impugnantes pretenden que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el auto admisorio de la demanda, por perseguir aquella el desconocimiento de la sentencia que puso fin al proceso de sucesi\u00f3n de Nefer Pana Arregoc\u00e9s. <\/p>\n
Sobre el particular debe relievarse que si bien pudo haberse dado una irregularidad en la acumulaci\u00f3n de pretensiones de la demanda6, esta situaci\u00f3n no fue advertida ni combatida por los recurrentes en las distintas oportunidades procesales, pues no elevaron ning\u00fan reproche contra el auto admisorio ni propusieron las posibles excepciones previas de falta de competencia o de indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones7. <\/p>\n
Tampoco se propusieron excepciones de fondo dirigidas a cuestionar un posible reintegro de los bienes sociales al patrimonio del causante o a exponer los motivos que hoy se esgrimen en defensa de la cosa juzgada, pues los censores enfilaron su contestaci\u00f3n a oponerse a la declaratoria de la sociedad de hecho, pero nada dijeron frente a las pretensiones dirigidas a la reconstituci\u00f3n del patrimonio de Pana Arregoc\u00e9s, expuestas sin ambages desde el mismo libelo introductor. <\/p>\n
En tal virtud, fue con anuencia de la parte demandada que se continu\u00f3 el tr\u00e1mite, pues a pesar de la claridad de las pretensiones los recurrentes guardaron silencio frente a la forma c\u00f3mo fueron acumuladas, dando su t\u00e1cita aquiescencia para la continuidad del proceso y habilitando al juzgador para pronunciarse sin reparo sobre aquellas. Dado que no se trata de situaciones que comporten una nulidad insaneable, las posibles anomal\u00edas fueron convalidadas por el actuar pasivo de los censores, que, se insiste, no atacaron la admisi\u00f3n de la demanda, la competencia del juez ni la acumulaci\u00f3n de las s\u00faplicas formuladas por la convocante. <\/p>\n
Significa lo anterior que, adem\u00e1s de la falta de configuraci\u00f3n de la causal de nulidad alegada, los pedimentos de los censores son inadmisibles en casaci\u00f3n al constituir medios nuevos, toda vez que plantean en sede extraordinaria cuestiones de hecho y de derecho no invocadas en las instancias, situaci\u00f3n que comporta una vulneraci\u00f3n al derecho de defensa de la contraparte, que resulta sorprendida con argumentos que no pudo combatir al interior del proceso, y que incluso se torna desleal con la administraci\u00f3n de justicia, pues los juzgadores no pudieron resolver dentro de las oportunidades correspondientes, las alegaciones que el censor enarbola \u00fanicamente en sede extraordinaria. <\/p>\n
Sobre los hechos nuevos en casaci\u00f3n, ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u00abla sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u00bb (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108, reiterada en AC2067-2022, 17 jun.). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como los motivos esgrimidos no constituyen la causal de nulidad insaneable alegada por los casacionistas, el cargo no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Invocando la causal tercera del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes tildaron de incongruente la sentencia del Tribunal, por no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Afirman los censores que el colegiado \u00abfall\u00f3 extra petita\u00bb, puesto que anul\u00f3 impl\u00edcitamente la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, sin pretensi\u00f3n o norma habilitante que lo permitiera y sin referirse siquiera a la existencia y contenido de ese fallo. El perjuicio que tal determinaci\u00f3n ocasion\u00f3 a los recurrentes es evidente, puesto que deja sin efecto la adjudicaci\u00f3n de los bienes que en su favor se hab\u00eda dispuesto en el juicio de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostienen que la recomposici\u00f3n del acervo hereditario no corresponde a alguna de las cuestiones que, de oficio, pod\u00eda conocer la magistratura, pues la suerte de esos activos solo pod\u00eda ser definida por el juez de familia, que efectivamente lo hizo en el proceso sucesoral sin que la convocante hubiera reclamado ante ese mismo fallador la anulaci\u00f3n o rescisi\u00f3n de su sentencia, conforme a las previsiones de los art\u00edculos 1405 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por lo anterior, no cabe asumir que se trata de una \u00abresoluci\u00f3n sobre peticiones impl\u00edcitas\u00bb, puesto que la invalidaci\u00f3n de una sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n requiere de pretensi\u00f3n expresa en ese sentido, lo cual en este caso se obvi\u00f3 \u00abcon la simple cancelaci\u00f3n de las anotaciones en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb, con lo cual la colegiatura dej\u00f3 sin efectos la sentencia de 2013, de forma \u00absoterrada y oculta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La regla de la consonancia. <\/p>\n
El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece: \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Esta disposici\u00f3n contiene un claro mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes, a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que las partes sean sorprendidas con decisiones inesperadas que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. <\/p>\n
De anta\u00f1o ha se\u00f1alado la Corte que el rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en las modalidades de ultra, extra o m\u00ednima petita8. <\/p>\n
Sobre la mencionada desviaci\u00f3n del procedimiento, y sus distintas expresiones, la Sala ha se\u00f1alado que, al dictar la sentencia, el juez debe \u00abrespetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez\u00bb9, pues a eso se contrae la congruencia de la sentencia, que impide al juzgador desconocer el marco de referencia trazado por las partes al dirimir el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, cuando se alega la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda procesal de la congruencia en sede extraordinaria, debe acreditarse una evidente desviaci\u00f3n del objeto de la litis, misma que, se insiste, entra\u00f1a el desconocimiento de las oportunidades de contradicci\u00f3n de las partes, al ser sorprendidas con hechos o pretensiones no alegados y sobre los que no tuvieron posibilidad de confutaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, el recurrente extraordinario tiene la carga de realizar una efectiva labor de confrontaci\u00f3n entre lo decidido y lo pedido o lo exceptuado, pues como ha se\u00f1alado la Sala, \u00abpara establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario\u00bb10. <\/p>\n
La necesaria labor de cotejo debe tender a evidenciar, exclusivamente, un vicio de actividad del juzgador, que abandonando los contornos del litigio quebranta las reglas procedimentales, sin que sea permitido enarbolar por v\u00eda de esta causal alegaciones que denuncien un error de juicio, una discrepancia con la motivaci\u00f3n de la sentencia, un inadecuado ejercicio probatorio o la falta de aplicaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial, pues en ese caso se tocar\u00eda con el fondo del asunto y el embate tendr\u00eda que enfilarse por las causales primera o segunda de casaci\u00f3n, que son las v\u00edas procesales establecidas para atacar los errores in iudicando en sede extraordinaria. <\/p>\n
Recordando el precedente de esta Corporaci\u00f3n, autorizada doctrina ha se\u00f1alado que \u00abfuera de la falta de consonancia entre lo demandado y lo sentenciado (\u2026), todo lo dem\u00e1s relacionado con el fondo mismo de la cuesti\u00f3n controvertida, las acusaciones que conduzcan a calificar legalmente los fundamentos o motivaci\u00f3n judicial del fallo, como es la de haberse otorgado lo pedido por un concepto de derecho diferente al que ha servicio de apoyo al demandante, son materia exclusiva de los motivos del art\u00edculo (hoy 368), que engloba las diversas maneras de violaci\u00f3n de la ley sustantiva (G.J., 1977)\u00bb11 <\/p>\n
2. An\u00e1lisis del Cargo. <\/p>\n
Los recurrentes sostienen que el juzgador de segundo grado fall\u00f3 extra petita, pues con su decisi\u00f3n dej\u00f3 sin efectos la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n que puso fin a la sucesi\u00f3n de Nefer Pana Arregoc\u00e9s, sin tener competencia para ello en la medida en que tal anulaci\u00f3n no fue solicitada en la demanda y tampoco hace parte de las peticiones que pod\u00eda resolver impl\u00edcitamente el fallador, m\u00e1s a\u00fan cuando dicha partici\u00f3n tiene efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
Lo primero que debe decirse es que la labor de cotejo entre lo pretendido en la demanda y lo concedido por la colegiatura no evidencia desafuero o inconsonancia alguna, debido a que la decisi\u00f3n atacada en casaci\u00f3n (numeral tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado) guarda absoluta correspondencia con lo solicitado en la pretensi\u00f3n cuarta esgrimida en el libelo introductor. <\/p>\n
El referido numeral tercero de la sentencia de segundo grado dispuso: <\/p>\n
\u00abORDENAR el reintegro al patrimonio del causante NEFER PANA ARREGOC\u00c9S los siguientes bienes inmuebles adquiridos durante la sociedad constituida con la se\u00f1ora ROSA EMPERATRIZ TORRES FERN\u00c1NDEZ denominados: La Luna, Los Robles y Manzanares y por lo tanto, la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria correspondientes 190-12187, 190-33028 y 190-44030\u00bb <\/p>\n
Mientras que la pretensi\u00f3n cuarta de la demanda fue formulada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abQue como consecuencia de la pretensi\u00f3n anterior [declarar que los bienes hacen parte de la sociedad de hecho] se ordene el reintegro de los bienes descritos al patrimonio del causante se\u00f1or NEFER RAFAEL PANA ARREGOC\u00c9S, y la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en las matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 190-12187; 190-33028 y 190-44030\u00bb. <\/p>\n
Si bien la simple confrontaci\u00f3n muestra la conformidad entre lo pedido y lo concedido, el embate se centra en los efectos \u00abimpl\u00edcitos\u00bb de la decisi\u00f3n judicial, pues a juicio de los recurrentes, la sentencia impugnada anul\u00f3 la partici\u00f3n aprobada dentro de la causa mortuoria de Pana Arregoc\u00e9s, de una forma \u00absoterrada y oculta\u00bb. Sin embargo, la lectura de la parte resolutiva del fallo cuestionado muestra que la colegiatura no tom\u00f3 ninguna determinaci\u00f3n respecto a la ineficacia de la partici\u00f3n y que cada una de sus decisiones guarda sim\u00e9trica correspondencia con las pretensiones de la demanda, de modo que no puede afirmarse que los casacionistas fueron sorprendidos con declaraciones ajenas a las pretensiones y sobre las que no tuvieron las debidas oportunidades de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
La constataci\u00f3n de que la parte resolutiva de la sentencia impugnada corresponde cabalmente con las pretensiones esgrimidas y que no contiene ninguna determinaci\u00f3n que ordene la anulaci\u00f3n o la recisi\u00f3n de la partici\u00f3n, es suficiente para descartar el error de procedimiento denunciado. <\/p>\n
Ahora bien, la argumentaci\u00f3n tendiente a denunciar una posible declaratoria impl\u00edcita de ineficacia de la partici\u00f3n12 corresponder\u00eda a un t\u00edpico error de juicio, pues los recurrentes descienden al fondo del asunto asegurando que el Tribunal no pod\u00eda emitir la orden cuestionada sin declarar primero la nulidad o la recisi\u00f3n de la partici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si a juicio de los censores el reproche deviene de la falta de aplicaci\u00f3n de las normas civiles que disponen las formas de ineficacia de la partici\u00f3n, el mismo debi\u00f3 estructurarse como un error in iudicando al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n; o incluso de la causal segunda si lo que se advert\u00eda era alg\u00fan desafuero en la interpretaci\u00f3n de la demanda en virtud del cual el juzgador defini\u00f3 una petici\u00f3n que no le hab\u00eda sido formulada13. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la alegaci\u00f3n de los censores no evidencia un error in procedendo, pues lo decidido en la sentencia guarda di\u00e1fana correspondencia con lo pretendido en la demanda y se enmarca en un proceso en el que la pasiva no combati\u00f3 en modo alguno la competencia del juez para resolver la totalidad de las pretensiones, su procedencia ni su forma de acumulaci\u00f3n, como qued\u00f3 se\u00f1alado al estudiar el embate anterior. <\/p>\n
Por lo anterior, el cargo no prospera. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con apego a la causal segunda de casaci\u00f3n, los impugnantes denuncian la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n por parte del juzgador, al haber dado por probado, sin estarlo, \u00abel \u00e1nimo de asociarse entre el causante y la se\u00f1ora Rosa Emperatriz Torres\u00bb. <\/p>\n
En sustento del cargo, los casacionistas sostienen que, al dar por acreditado el referido presupuesto, el Tribunal dej\u00f3 de valorar los registros civiles de nacimiento de Mirladis Pana Peinado (nacida el 29 de abril de 1985) y Mar\u00eda Camila Pana Toloza (23 de marzo de 1996), as\u00ed como las declaraciones de parte de la primera de ellas y de los tambi\u00e9n demandados Mayedsy Pana Zarate, Alex Pana Zarate y Enelda Zarate, elementos de juicio con los cuales qued\u00f3 suficientemente acreditada \u00abla existencia de otras relaciones de pareja paralelas del causante NEFER PANA ARREGOCES, iniciadas con posterioridad al 20 de febrero de 1981\u00bb y, con ello, la ausencia de una voluntad asociativa por parte del occiso. <\/p>\n
En ese contexto, no puede sostenerse v\u00e1lidamente que el v\u00ednculo entre la actora y el causante involucr\u00f3 realmente una comunidad de vida permanente e ininterrumpida, como lo ha exigido la jurisprudencia para la conformaci\u00f3n de una sociedad civil de hecho. De haberse valorado en forma adecuada las referidas probanzas, necesariamente se habr\u00eda tenido que confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia, ante la ausencia de uno de los presupuestos concurrentes de la sociedad civil de hecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n de ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio como consecuencia de yerros f\u00e1cticos o de derecho probatorio que estructuran la causal segunda de casaci\u00f3n, es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida14. <\/p>\n
La violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial ocasionada por un yerro f\u00e1ctico se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas15, y es deber del recurrente se\u00f1alar en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, los medios de convicci\u00f3n sobre los que recae el desacierto en la actividad del juzgador16; asimismo, deber\u00e1 demostrar que las conclusiones cuestionadas son abiertamente contrarias al contenido objetivo de aquellos. <\/p>\n
Este tipo de embate exige manifestar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desacierto, esto es, debe evidenciarse que hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n de los medios de prueba, o alteraci\u00f3n de su contenido material por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Los censores dirigen su ataque a demostrar que los errores cometidos por el ad quem lo llevaron a tener por probado, sin estarlo, el \u00e1nimo de asociarse de los se\u00f1ores Nefer Rafael Pana Arregoc\u00e9s y Rosa Emperatriz Torres, el cual queda desvirtuado, aducen, con la acreditada pluralidad de relaciones sentimentales del causante. <\/p>\n
El cargo no puede abrirse paso por varias razones: <\/p>\n
(i) En primer t\u00e9rmino, los casacionistas no cumplen con la formalidad de indicar al menos una norma sustancial en la estructuraci\u00f3n de su cargo, exigencia contenida en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo, conforme al cual, cuando el recurso se finque en la trasgresi\u00f3n de normas de esa naturaleza, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de ese linaje que, \u00abconstituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo\u00bb, haya sido infringido por la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
En contrav\u00eda de esa carga, los inconformes no invocaron ninguna norma que revistiera la aludida naturaleza -de hecho, no mencionaron ning\u00fan precepto normativo en la exposici\u00f3n del embate-, lo que impide determinar de qu\u00e9 manera se habr\u00eda trasgredido la ley sustancial, labor que no puede emprender la Sala de oficio dado el car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario. <\/p>\n
(ii) Adicionalmente, la acusaci\u00f3n contiene en si misma una seria contradicci\u00f3n: por un lado, los opugnantes denuncian la falta de apreciaci\u00f3n de ciertas declaraciones y documentos, afirmando que \u00abNO fueron valorados por el Ad Quem las pruebas que evidencian la existencia de otras relaciones de pareja paralelas (\u2026) y que se demuestran con pruebas que hacen parte del acervo probatorio del proceso (\u2026). Estas pruebas obran dentro del proceso y NO fueron consideradas por el Ad quem (\u2026)\u00bb, lo que constituye un t\u00edpico error por omisi\u00f3n o pretermisi\u00f3n de la prueba; sin embargo, al hacer la confrontaci\u00f3n entre las conclusiones del colegiado y el contenido objetivo de las pruebas supuestamente omitidas, los mismos impugnantes exponen cu\u00e1les fueron las inferencias que de aquellos medios de convicci\u00f3n extrajo el colegiado, y a cu\u00e1les otras inferencias podr\u00eda haber llegado con base en las mismas probanzas18; es decir, la exposici\u00f3n de los recurrentes muestra que el juzgador si tuvo en cuenta los medios de prueba que se denuncian como preteridos, solo que, a juicio de aquellos, exist\u00eda otra interpretaci\u00f3n factible, que debi\u00f3 privilegiarse. <\/p>\n
Sobre este particular, tiene dicho la jurisprudencia que, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, el casacionista est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de acreditarlo cabalmente, present\u00e1ndolo como la \u00fanica alternativa de valoraci\u00f3n posible y no como una mera opini\u00f3n divergente en la apreciaci\u00f3n probatoria, toda vez que la estructuraci\u00f3n de los cargos por esta causal no puede limitarse a la simple alegaci\u00f3n de la falta de raz\u00f3n del juzgador, sino que exige la concreci\u00f3n de los espec\u00edficos errores que se habr\u00edan cometido al valorar las probanzas, exponiendo, adem\u00e1s, de qu\u00e9 forma tales yerros influyeron en la decisi\u00f3n cuestionada19. <\/p>\n
Como ello no se cumple en este caso, encuentra la Sala que el embate no pasa de ser una exposici\u00f3n de una valoraci\u00f3n alternativa de los medios de prueba, propia de los alegatos de instancia, que desconoce la reconocida autonom\u00eda de los juzgadores en ese ejercicio y las exigencias t\u00e9cnicas del recurso extraordinario20. <\/p>\n
En ese sentido, las pruebas denunciadas como pretermitidas en realidad si fueron valoradas por la magistratura, lo que ocurre es que las conclusiones que de ellas extrajo son adversas a la tesis de los recurrentes, quienes no lograron acreditar en este ataque que tales inferencias probatorias comportaran un apartamiento abierto y trascendente de las normas que regulan la materia sometida al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n, ni que la tesis expuesta por ellos era la \u00fanica admisible. <\/p>\n
(iii) Por otro lado, reluce el desenfoque del cargo, puesto que los argumentos basilares de la decisi\u00f3n reprochada se fundan en la probada convivencia entre los se\u00f1ores Pana Arregoc\u00e9s y Torres Fern\u00e1ndez, que conllev\u00f3 su \u00e1nimo de asociarse en pro de un proyecto familiar y econ\u00f3mico en el que ambos hicieron continuados y mutuos esfuerzos, en la intenci\u00f3n de compartir ganancias y p\u00e9rdidas y en los aportes que los socios hicieron en dinero, en especie y en trabajo, durante su comunidad de vida de casi treinta a\u00f1os. <\/p>\n
Lejos de derruir esos cimientos, los censores aducen que al haber sostenido el causante relaciones sentimentales con otras mujeres, se demuestra contundentemente la ausencia de voluntad asociativa o affectio societatis del se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s, cuando la sentencia no se basa en modo alguno en lo que podr\u00eda constituir la singularidad de una uni\u00f3n marital, pues lo que fund\u00f3 el fallo fue la constataci\u00f3n de los elementos propios de la sociedad de hecho entre concubinos, entre los cuales se encuentra la intenci\u00f3n de asociarse, derivada de la probada convivencia y comunidad de vida de los compa\u00f1eros y el desarrollo de esfuerzos conjuntos y sostenidos en el tiempo para lograr su patrimonio com\u00fan. <\/p>\n
Pero incluso si la sentencia hubiese tenido en cuenta el referido requisito de la singularidad -que no analiz\u00f3 al no ser necesario en trat\u00e1ndose de una sociedad civil de hecho-, el ataque ser\u00eda intrascendente en la medida en que, conforme al precedente de la Sala, la infidelidad, per se, no desvirt\u00faa la existencia de la comunidad de vida propia de la uni\u00f3n marital de hecho, pues durante la vigencia de la uni\u00f3n \u00abel debilitamiento del elemento en estudio -singularidad- por los actos de infidelidad de los compa\u00f1eros permanentes, s\u00f3lo puede desvirtuar el mencionado requisito y destruir la uni\u00f3n marital de hecho si la nueva relaci\u00f3n, por sus caracter\u00edsticas, sustituye y reemplaza a la anterior y se convierte en un nuevo estado marital para sus integrantes, o, en su defecto, si los actos de deslealtad entre los compa\u00f1eros producen el resquebrajamiento de la convivencia por ocasionar la \u2018separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros\u2019\u00bb21. <\/p>\n
Como las pruebas denunciadas como omitidas no dan cuenta de la finalizaci\u00f3n o incluso afectaci\u00f3n de la comunidad de vida y de la convivencia de la pareja Pana Torres, vanos resultan los esfuerzos de mostrar las posibles relaciones sentimentales sostenidas con terceras personas como pruebas de la ausencia de la voluntad de asociarse, como quiera que, a\u00fan acept\u00e1ndose dicha pluralidad, los fundamentos del fallo se mantienen inc\u00f3lumes pues tales infidelidades no tuvieron como consecuencia el fin de la vida com\u00fan de la pareja y de la intenci\u00f3n asociativa derivada de aquella. <\/p>\n
Por todo lo anterior, el cargo no prospera. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Nuevamente bajo el amparo de la causal segunda, y denunciando una infracci\u00f3n indirecta por error de hecho, los recurrentes reprocharon el proceso valorativo que llev\u00f3 al juzgador de segundo grado a dar por probados \u00ablos aportes por parte de Rosa Emperatriz Torres a la supuesta sociedad civil de hecho\u00bb. En s\u00edntesis, sostuvieron lo que a continuaci\u00f3n se resume: <\/p>\n
(i) La acreditaci\u00f3n del rese\u00f1ado presupuesto, la extrajo el Tribunal principalmente de los testimonios de \u00c1lvaro y Duverlina Torres Fern\u00e1ndez, Carolys Torres, Eyda Vanegas Jim\u00e9nez y Dania Rumbo de Bersanelli, declarantes que, adem\u00e1s de tener un estrecho v\u00ednculo de amistad con la convocante, se limitaron a deponer sobre la relaci\u00f3n sentimental y convivencial de la pareja Pana-Torres, sin ahondar en las circunstancias bajo las cuales se habr\u00eda conformado la pretendida sociedad de hecho, ni expresar la raz\u00f3n de su dicho. <\/p>\n
(ii) El fallador de segundo grado no tuvo en cuenta los testimonios de Piedad Zulima Yaguna, Rafael Yaguna y Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez, quienes, en su condici\u00f3n de trabajadores de los predios rurales objeto de controversia, dejaron en evidencia la falta de injerencia de la convocante en la actividad agropecuaria que se desarrollaba en esos fundos. <\/p>\n
(iii) En la sentencia se atribuye un significativo valor probatorio a las declaraciones de parte de Liseth, Surelys y Menfis Pana Torres, pese a que ninguno de ellos expuso las razones por las cuales les constaba la participaci\u00f3n que le endilgaron a su progenitora en la administraci\u00f3n de las fincas en disputa y sin reparar en que la mayor\u00eda de las circunstancias que relat\u00f3 aqu\u00e9l ocurrieron con posterioridad al fallecimiento del se\u00f1or Pana Arregoc\u00e9s. <\/p>\n
(iv) Se subvaloraron las declaraciones de parte de Enelda Z\u00e1rate, Mirladis Pana Peinado y \u00c1lex, Mayedsi y Nefer Pana Z\u00e1rate, quienes con su relato desmintieron la comunidad de vida permanente y singular que la actora dijo haber mantenido con Nefer Rafael; acreditaron la solvencia econ\u00f3mica del causante \u00abdesde antes de su amor\u00edo\u00bb con la convocante; y adem\u00e1s dejaron en evidencia \u00abque la se\u00f1ora Rosa no aport\u00f3 a la compra de las fincas ni trabaj\u00f3 en estas\u00bb. <\/p>\n
(v) Se pretermitieron m\u00faltiples probanzas documentales, como el \u00abescrito de descargos y consideraciones respecto de querella policiva interpuesta por Menfis Pana\u00bb y las \u00abliquidaciones de prestaciones sociales de Mart\u00edn, Luis Mario Garc\u00eda y Jos\u00e9 Cuello\u00bb, los registros de vacunaci\u00f3n aftosa de los a\u00f1os 2012, 2013 y 2015, las distintas facturas de productos agropecuarias allegadas y \u00abel acta de constituci\u00f3n agropecuaria la Luna\u00bb, todas ellas demostrativas de la nula participaci\u00f3n de la actora en la operaci\u00f3n agr\u00edcola que se llevaba a cabo en los predios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Algunas anotaciones sobre la sociedad de hecho entre concubinos. <\/p>\n
El contrato de sociedad, seg\u00fan lo ha entendido la Corte a partir de las previsiones del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo Comercio, es aquel negocio jur\u00eddico en cuya virtud dos o m\u00e1s personas acuerdan reunir esfuerzos con el espec\u00edfico prop\u00f3sito de repartirse entre s\u00ed, tanto las ganancias, como las p\u00e9rdidas que resulten de una determinada actividad social22. <\/p>\n
Entre las clasificaciones bosquejadas para agrupar sus modalidades, despunta en este asunto la relativa a las particularidades de su conformaci\u00f3n, en la que se les categorizan entre regulares, irregulares y de hecho23. Las primeras, tambi\u00e9n llamadas de derecho, son aquellas que satisfacen a plenitud las exigencias de creaci\u00f3n y funcionamiento prescritas por el ordenamiento para cada tipo societario; las segundas, ya en desuso, comprend\u00edan las sociedades que, habi\u00e9ndose conformado con las solemnidades de creaci\u00f3n, carec\u00edan de autorizaci\u00f3n de funcionamiento en los casos en que ello era menester (art. 500, C\u00f3digo de Comercio). <\/p>\n
Las \u00faltimas, esto es las sociedades de hecho, son aquellas que no llegan a obtener personer\u00eda jur\u00eddica, porque (i) habiendo de por medio una expresa manifestaci\u00f3n de voluntad asociativa de los interesados, se omiti\u00f3 alguna de las solemnidades previstas para su nacimiento, o (ii) porque la intenci\u00f3n conjunta de los contratantes no se plasm\u00f3 en un acto negocial expl\u00edcito, sino que solo puede inferirse a partir de los actos de colaboraci\u00f3n por ellos emprendidos, para la realizaci\u00f3n de un objetivo econ\u00f3mico com\u00fan, en los cuales, se asume, va inmerso su consentimiento impl\u00edcito. Estas \u00faltimas son las que ofrecen incidencia para el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
Por v\u00eda de principio, el acto dispositivo, incluido el de linaje contractual, puede condensarse a trav\u00e9s de toda forma id\u00f3nea de comunicaci\u00f3n (expresa, t\u00e1cita, verbal, escrita, corporal, activa, omisiva o incluso comportamental), siempre y cuando el medio utilizado contenga una evidente intenci\u00f3n dispositiva. El contrato de hecho acontece por realizaci\u00f3n f\u00e1ctica y surge como respuesta a la naturaleza din\u00e1mica y a las exigencias pragm\u00e1ticas del tr\u00e1fico jur\u00eddico24. <\/p>\n
Aunque generalmente la celebraci\u00f3n factual o impl\u00edcita de un determinado acuerdo no lo priva de los efectos que el ordenamiento prev\u00e9 para la respectiva tipolog\u00eda negocial, la regulaci\u00f3n de la sociedad de hecho tiene un tratamiento diferente, pues de tiempo atr\u00e1s se ha recabado en la necesidad de que, al resolver sobre la \u00abexistencia y disoluci\u00f3n de una sociedad de hecho, deban tenerse presente las normas especiales pertinentes, mas no las generales relativas a las sociedades constituidas como persona jur\u00eddica\u00bb25, lo cual obedece a la multiplicidad de matices que presenta la sociedad de hecho y que la distancian significativamente de los hist\u00f3ricamente denominados entes morales regulares26. <\/p>\n
Sea de hecho o de derecho, el nacimiento de una sociedad pende de unos mismos presupuestos fundacionales: \u00e1nimo de asociarse, aportes rec\u00edprocos y riesgo com\u00fan27; sin embargo, como las sociedades de hecho se originan a partir de una concatenaci\u00f3n de circunstancias f\u00e1cticas que usualmente no concurren en un mismo momento, ni desde el inicio de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, sino que se van consolidando y reflejando progresivamente con el transcurso del tiempo, el an\u00e1lisis retrospectivo de las referidas exigencias debe reparar en esa particularidad, evitando incurrir en un injustificado rigorismo probatorio sobre los pormenores de los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n28. <\/p>\n
Ahora bien, pese a que sus ra\u00edces son netamente negociales, la sociedad de hecho empez\u00f3 a tener un papel protag\u00f3nico en el derecho de familia a partir de los a\u00f1os treinta, por su utilidad para dotar de efectos jur\u00eddicos al r\u00e9gimen patrimonial que, de facto, se generaba entre parejas sentimentales conformadas por fuera del espectro marital, entre quienes resultaba inviable el nacimiento de una sociedad conyugal29. <\/p>\n
La decreciente censura jur\u00eddica al concubinato (contemplado inicialmente como un delito en el C\u00f3digo Penal de 1890) y el progresivo malestar social causado por las inequidades que dej\u00f3 su inicial persecuci\u00f3n, condujo a que por primera vez la Corte reconociera la posibilidad de que se generara una sociedad de hecho entre concubinos, a trav\u00e9s de la sentencia de 30 de noviembre de 1935. En ese entonces, tal eventualidad se condicion\u00f3 a que el v\u00ednculo negocial se originara y permaneciera completamente al margen de la relaci\u00f3n sentimental30. <\/p>\n
Tal escollo solo fue superado con la expedici\u00f3n de la Ley 54 de 1990, en la cual el legislador contempl\u00f3 de manera expresa (para las relaciones concubinarias que reunieran las exigencias all\u00ed previstas, a las cuales denomin\u00f3 uniones maritales de hecho) un r\u00e9gimen de bienes ajeno al matrimonio, pero an\u00e1logo en sus efectos a la sociedad conyugal, que se genera sin necesidad de acudir a la sociedad de hecho. <\/p>\n
A partir de ese hito legislativo, la trascendencia en el derecho de familia de la sociedad de hecho se concentr\u00f3 principalmente en las uniones meramente concubinarias31, las cuales conservaron su ineptitud para generar directamente un r\u00e9gimen patrimonial entre sus integrantes, por m\u00e1s que el ordenamiento jur\u00eddico reconozca en ellas una fuente de v\u00ednculos familiares, de innegable trascendencia social, hist\u00f3rica y jur\u00eddica que involucra incluso una instituci\u00f3n que implica una convivencia similar a la del matrimonio, en la medida en que se trata de la pr\u00e1ctica sostenida de una vida com\u00fan con car\u00e1cter permanente32. <\/p>\n
Ahora, sin perjuicio de su estrecho v\u00ednculo con los lazos concubinarios, de tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia ha insistido en que la sociedad de hecho no es consecuencia necesaria, autom\u00e1tica, ni exclusiva, de esa clase de interacciones sociales33. Se trata simplemente de una modalidad asociativa que se abrir\u00e1 camino siempre que concurran sus elementos esenciales, independientemente de la ligaz\u00f3n afectiva, familiar o consangu\u00ednea que pudiera existir entre sus integrantes. <\/p>\n
En tal medida, la sociedad de hecho puede concurrir con una de naturaleza conyugal o patrimonial; una relaci\u00f3n netamente concubinaria, e incluso puede conformarse de manera paralela por quienes se encuentran casados entre s\u00ed, o ligados en virtud de una uni\u00f3n marital de hecho, a condici\u00f3n -se insiste- de que hagan presencia los presupuestos requeridos para el efecto34. <\/p>\n
Por ello, cuando una sociedad de hecho se pretende derivar de un aparejamiento concubinario, los requisitos cuya concurrencia debe acreditarse, son los mismos que se exigen ante cualquier otra asociaci\u00f3n que comparta la misma naturaleza f\u00e1ctica, esto es, affectio sociatatis, reciprocidad en los aportes y comunidad de suertes. En estricto sentido, lo que var\u00eda en esta modalidad es el lente a trav\u00e9s de la cual se examina esa concurrencia, puesto que la causa y el objeto de esa asociaci\u00f3n ya no revisten entidad netamente pecuniaria o econ\u00f3mica, sino tambi\u00e9n familiar35, lo que le otorga una especial relevancia a ciertas variables que, en principio, resultan ajenas al tr\u00e1fico mercantil, en consideraci\u00f3n a que en las uniones concubinarias \u00abno puede escindirse tajantemente la relaci\u00f3n familiar y la societaria, habida cuenta que sus prop\u00f3sitos econ\u00f3micos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida\u00bb36. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, tiene dicho la jurisprudencia que, trat\u00e1ndose de la sociedad de hecho entre concubinos, <\/p>\n
(ii) los aportes que realizan los consocios, que bien pueden ser de capital o de industria, conforme lo prev\u00e9 actualmente el canon 98 del C\u00f3digo Comercio, pueden limitarse inicialmente a \u00abuna asociaci\u00f3n de servicios\u00bb o una uni\u00f3n de \u00abbrazos para trabajar\u00bb, bajo el entendido de que \u00abestas asociaciones pueden comenzar con cero pesos, de la misma manera que los c\u00f3nyuges en el r\u00e9gimen de derecho com\u00fan quedan gobernados por una sociedad conyugal, la que puede carecer de todo capital en el momento en que se forma\u00bb38; y <\/p>\n
(iii) los aportes de industria bien pueden entenderse conformados por las labores dom\u00e9sticas no remuneradas, puesto que estas se erigen como un factor de indiscutible val\u00eda no solo para la conformaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n para la consolidaci\u00f3n y la prolongaci\u00f3n del n\u00facleo familiar. Quien se dedica al cuidado del hogar, permite con ello que su consocio se dedique a la generaci\u00f3n de rendimientos, sin desmedro de la unidad familiar39. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Los censores dirigen su ataque a demostrar que los errores cometidos por el ad quem condujeron a tener por demostrados los aportes realizados por Rosa Emperatriz Torres a la sociedad de hecho, cuando una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas en las que se fund\u00f3 la sentencia habr\u00eda llevado a concluir que la demandante nunca se ocup\u00f3 del trabajo de las fincas ni realiz\u00f3 actividades econ\u00f3micas, limit\u00e1ndose a la simple convivencia con Pana Arregoc\u00e9s, la cual no es un elemento de la sociedad de hecho. <\/p>\n
En esta oportunidad, el cargo no se abre paso, por lo que pasa a explicarse. <\/p>\n
(i) En este \u00faltimo embate los casacionistas tampoco cumplen con la formalidad de indicar al menos una norma sustancial cuya vulneraci\u00f3n se haya dado por los yerros atribuidos al juzgador, estando obligados a ello en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, como se explic\u00f3 en el an\u00e1lisis del tercer cargo. Al no invocar al menos un precepto de esa naturaleza que constituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo haya sido infringido por la decisi\u00f3n censurada, la Sala no puede emprender oficiosamente la labor de descubrir cu\u00e1l habr\u00eda sido la norma transgredida por el colegiado y de qu\u00e9 manera se habr\u00eda dado la supuesta vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) El cargo denuncia la comisi\u00f3n de un error de hecho manifiesto y trascendente, derivado de la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de las probanzas por medio de las cuales se tuvieron por demostrados los aportes realizados por la demandante a la sociedad de hecho. Sin embargo, el embate es hu\u00e9rfano en la demostraci\u00f3n del error, pues no indica en modo alguno en qu\u00e9 consisti\u00f3 la omisi\u00f3n, suposici\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o cercenamiento de los espec\u00edficos medios de prueba; centr\u00e1ndose, por el contrario, en reprochar de manera general el ejercicio valorativo del juzgador de segundo grado. <\/p>\n
En su esfuerzo por demostrar esa err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de las pruebas, los casacionistas presentan un paralelo entre lo que dedujo el ad quem de cada uno de los medios de convicci\u00f3n y la \u00abvaloraci\u00f3n o deducciones que se pod\u00edan extraer de la prueba\u00bb40 y que no fueron tenidas en cuenta por el juzgador, de modo que el ejercicio de confrontaci\u00f3n propuesto por los censores lo que en realidad hace es plantear una valoraci\u00f3n alternativa de aquellos sin indicar en qu\u00e9 consisten los errores denunciados. En ese sentido, el cargo no va m\u00e1s all\u00e1 de expresar el disentimiento de los censores respecto al ejercicio valorativo del Tribunal y proponer la interpretaci\u00f3n que seg\u00fan consideran, debi\u00f3 privilegiarse. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la presentaci\u00f3n de una valoraci\u00f3n factible y alternativa de los medios de convicci\u00f3n no es suficiente para derruir las conclusiones probatorias del juzgador, sino que debe demostrarse por qu\u00e9 raz\u00f3n la propuesta por los censores es la \u00fanica valoraci\u00f3n posible dado el contenido objetivo de los medios de prueba; el simple criterio divergente de los recurrentes no tiene la fuerza suficiente para desconocer la reconocida autonom\u00eda de los juzgadores al momento de valorar las pruebas, labor que es de su exclusivo resorte. <\/p>\n
Al respecto ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cuanto a la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, ha de respetarse por norma la autonom\u00eda con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la configuraci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto litigado, habida consideraci\u00f3n que la facultad de la Corte frente a un recurso que haga uso de esta v\u00eda es, por principio, la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n, situada en el plano del que viene habl\u00e1ndose,\u00bb… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u00bb (G. J. t. CXXX, p\u00e1g. 63), descalificando en consecuencia aquellos recursos que cual ocurre con el que viene examin\u00e1ndose, se estructuran sobre la base de planteamientos que tienden a disentir, en simple contraste de pareceres, del criterio empleado por el Tribunal en lo que respecta a la elecci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando justamente que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jur\u00eddico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, as\u00ed como tambi\u00e9n el atribuirles a dichos medios, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, la jerarqu\u00eda correspondiente dentro del conjunto de las acumuladas y que hay lugar a evaluar, son facultades que les competen de manera privativa a los juzgadores de instancia\u00bb (CSJ, SC 22 may. 1998, exp. 4996). <\/p>\n
En este caso, pretenden los censores que se elija un grupo de declaraciones frente a otras y que se extraigan las conclusiones m\u00e1s convenientes a su postura de los medios de prueba enlistados, desconociendo as\u00ed la autonom\u00eda del colegiado e incumpliendo con la carga de estructurar el error denunciado conforme a algunas de las modalidades en que puede presentarse el error de hecho. Por lo anterior, el ataque cae en el vac\u00edo, pues lejos de demostrar el evidente y notorio yerro exigido en casaci\u00f3n, se presenta la que ser\u00eda una valoraci\u00f3n alternativa de los medios de convicci\u00f3n, acorde con las defensas esgrimidas por los censores en el curso de las instancias. <\/p>\n
(iii) Adicionalmente, el cargo tiene mixtura, puesto que, si bien se denuncia la comisi\u00f3n de un error de facto, la argumentaci\u00f3n esgrimida es propia de un error de iure, toda vez que acusa al Tribunal de atribuir a ciertas declaraciones un poder de convicci\u00f3n que no tienen debido a situaciones como la cercan\u00eda entre la demandante y los deponentes, la falta de explicaci\u00f3n de las razones de sus dichos y las supuestas contradicciones en lo expuesto, lo que supondr\u00eda un desconocimiento de las reglas probatorias en la etapa de apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Este entremezclamiento es inadmisible puesto que se trata de supuestos claramente diferenciados, en los que el error de hecho recae sobre el primer momento, objetivo, en el que el juez contempla el medio de convicci\u00f3n para verificar su existencia, contorno y contenido; mientras que el error de derecho lo hace sobre un segundo momento, subjetivo, en el cual se pondera la fuerza de convicci\u00f3n de la prueba41. <\/p>\n
Sobre el particular, ha considerado la Sala: <\/p>\n
\u00abEs del caso reiterar aqu\u00ed, adem\u00e1s, que \u201cen materia probatoria el error de hecho en que pueda incurrir el sentenciador se funda en la equivocada noci\u00f3n que \u00e9ste se forma sobre la objetividad de la prueba, ya porque la omite, estando presente -error por preterici\u00f3n- o, porque sin caer en tal olvido, la adiciona o cercena, o porque supone como presente la que en realidad no milita en el proceso; en cambio, el error de derecho surge cuando a pesar de examinar la prueba en su exacto alcance material, transgrede las pautas de disciplina probatoria que regulan su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o apreciaci\u00f3n. De la naturaleza de una y otra clase de yerro, se desprende que son excluyentes entre s\u00ed respecto de los mismos medios de prueba y que, por ende, se mueven en planos completamente diferentes, raz\u00f3n por la cual resulta inadmisible que se entremezclen en su desarrollo\u201d\u00bb (CSJ, SC del 5 de noviembre de 2003, Rad. n.\u00b0 7052; reiterada en SC13154-2017, 29 ago.). <\/p>\n
(iv) Finalmente, e incluso pasando por alto las referidas deficiencias t\u00e9cnicas en la formulaci\u00f3n del cargo, encuentra la Sala que la argumentaci\u00f3n de los censores no logra evidenciar que las conclusiones probatorias del Tribunal sean contraevidentes, il\u00f3gicas o arbitrarias y de ese modo constituyan un yerro trascendente y protuberante, cuya existencia es indispensable a fin de que la Corte pueda desconocer la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n realizada por el ad quem. <\/p>\n
N\u00f3tese que, frente a los aportes de Rosa Emperatriz Torres Fern\u00e1ndez, el colegiado reproch\u00f3 severamente el criterio del a quo, quien desconoci\u00f3 su participaci\u00f3n en la consecuci\u00f3n del patrimonio adquirido al entender acreditado \u00fanicamente su trabajo dom\u00e9stico, el cual atribuy\u00f3 al desenvolvimiento de la cotidianidad pero no al \u00e1nimo de asociarse econ\u00f3micamente, desconociendo la val\u00eda de esa labor dom\u00e9stica como aporte a la sociedad de hecho. <\/p>\n
El Tribunal encontr\u00f3 probados los aportes de Rosa Emperatriz Torres, no s\u00f3lo con su trabajo dom\u00e9stico a cargo de su hogar y de la crianza de los hijos comunes, sino tambi\u00e9n en virtud de una franca incursi\u00f3n en actividades productivas, a saber, el propio ingreso de la demandante como trabajadora dependiente, la compra de su casa de habitaci\u00f3n y posterior hipoteca para financiar la compra de veh\u00edculos, el emprendimiento de otras faenas u oficios, a saber, actividades agr\u00edcolas en las fincas y comercializaci\u00f3n de productos, actividades todas ejercidas al interior de una comunidad de vida sustentada en los bienes adquiridos por la pareja Pana Torres. Resalt\u00f3 el ad quem que incluso con posterioridad a la muerte del causante, se acreditaron actividades de la demandante tendientes a mantener la adecuada administraci\u00f3n de los bienes sociales. <\/p>\n
Estas conclusiones probatorias fueron extra\u00eddas de los mismos testimonios, interrogatorios y documentos recaudados en el proceso y que hoy los casacionistas denuncian gen\u00e9ricamente como indebidamente valorados; y es respecto a esos mismos medios de convicci\u00f3n que se presenta la divergencia de criterios y la propuesta de valoraci\u00f3n alternativa que, a decir de los censores, tambi\u00e9n podr\u00eda haberse derivado de tales medios de convicci\u00f3n si se hubiese realizado una adecuada apreciaci\u00f3n, lo cual, como se ha explicado profusamente, es inadmisible en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero incluso, si en gracia de discusi\u00f3n, se aceptara la postura de los casacionistas conforme a la cual las pruebas evidenciaban que la demandante no particip\u00f3 en los trabajos y administraci\u00f3n de los predios sociales, el fundamento de la decisi\u00f3n del Tribunal se mantendr\u00eda inc\u00f3lume, pues acogi\u00f3 las declaraciones que daban cuenta de las otras actividades comerciales de Rosa Emperatriz, de sus labores como empleada dependiente y sobre todo, del valioso trabajo dom\u00e9stico que facilit\u00f3 la vida com\u00fan de los compa\u00f1eros y la consecuci\u00f3n del patrimonio social, por casi treinta a\u00f1os. <\/p>\n
Ninguna de las pruebas enlistadas por los impugnantes desvirt\u00faa tales conclusiones, pues la valoraci\u00f3n que de ellas se propone tiende a descartar una sola de las aristas consideradas por la colegiatura al analizar los aportes de la demandante, esto es, la ejecuci\u00f3n de actividades agr\u00edcolas al interior de los bienes declarados como sociales, quedando a salvo las consideraciones sobre otros aportes en dinero y en trabajo dom\u00e9stico, que son suficientes para sustentar la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Por todo lo anterior, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 Rosa Emperatriz Torres Fern\u00e1ndez contra los herederos de Nefer Rafael Pana Arregoc\u00e9s, entre ellos, los ahora recurrentes y tambi\u00e9n Liseth Senely, Menfis Dar\u00edo y Surelys Lineth Pana Torres, Mirladis Pana Peinado y Mar\u00eda Camila Pana Toloza. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a los recurrentes extraordinarios al pago de las costas de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayanse diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Rem\u00edtase oportunamente la foliatura a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC 24 oct. 2006, rad. 2002-00058-01; SC, 5 jul. 2007, rad. 1989-09134-01, SC820-2020, SC299-2021, SC845-2022, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 La Sala ha aceptado que el principio de especificidad o taxatividad se encuentra contenido tanto en las causales de anulaci\u00f3n legalmente establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso como en la causal de nulidad supralegal consagrada en el art\u00edculo 29 constitucional, referida a la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el particular, la Corte ha decantado que: \u00abla simple enunciaci\u00f3n de la raz\u00f3n propuesta no es suficiente para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, toda vez que debe ir acompa\u00f1ada de una exposici\u00f3n razonada de los hechos en que se fundamenta \u2013la nulidad-, de tal manera que encajen dentro del mismo, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta v\u00eda simples disconformidades con las decisiones que se tomen al interior del debate, bajo una apariencia que no le corresponde\u00bb (CSJ AC 2 oct. 2012, reiterado en AC461-2019, 15 feb.). <\/p>\n
4\u0002 CSJ, SC6958-2014, 4 jun. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed se establece tambi\u00e9n en el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso, alegado por los censores en la estructuraci\u00f3n del cargo. De otra parte, debe recordarse que las disposiciones civiles contemplan posibles casos de ineficacia de la partici\u00f3n en los que lo decidido en un nuevo proceso, por ejemplo, de nulidad o recisi\u00f3n de la partici\u00f3n (art. 1405CC), o de petici\u00f3n de herencia (art. 1321CC), resta efectos a una sentencia previa, sin que ello constituya una vulneraci\u00f3n a la cosa juzgada y sin que con tales decisiones se est\u00e9 reviviendo el proceso sucesoral ya finiquitado. <\/p>\n
6\u0002 Esto porque mientras las primeras s\u00faplicas de la demanda son propias del proceso declarativo de sociedad de hecho, las que buscan la reconstituci\u00f3n del patrimonio del causante corresponden a un proceso de ineficacia de la partici\u00f3n, tr\u00e1mites que son competencia de los jueces civiles y de los jueces de familia, respectivamente. <\/p>\n
7\u0002 En este punto debe recordarse que conforme lo establece el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablos hechos que configuran excepciones previas no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. CSJ, SC592-2022, 25 may. Sobre las distintas formas de incumplimiento de la regla de la consonancia, ha dicho la Corte: \u00aben primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)\u00bb. CSJ SC1806-2015, 24 feb. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC1806-2015, 24 feb. <\/p>\n
10\u0002 SC, 16 dic 2005, exp 1993-0232. Resaltado propio. <\/p>\n
11\u0002 Citada en MORALES MOLINA, Hernando: T\u00e9cnica de Casaci\u00f3n Civil, Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogot\u00e1, 2014, p\u00e1g 188-189. <\/p>\n
12\u0002 Que incluso, ser\u00eda solo parcial en la medida en que al ordenar la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n en los folios de matr\u00edcula se le rest\u00f3 efectos a la espec\u00edfica adjudicaci\u00f3n de tres bienes sociales que no eran propiedad del causante sino de la sociedad de hecho, dejando inc\u00f3lume lo decidido respecto a las dem\u00e1s partidas del activo y del pasivo incluidas en la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n del 10 de julio de 2013, que abarca, adem\u00e1s de los bienes sociales en cuesti\u00f3n, un inmueble ubicado en el barrio Alfonso L\u00f3pez de la ciudad de Valledupar y 183 semovientes, y los pasivos herenciales. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Sentencia CSJ, SC, 3 nov. 2010, rad. 2000-03315, SC1806-2015, 24.feb., SC775-2021, 15 mar., entre otras. <\/p>\n
14\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 Tambi\u00e9n de la demanda o de su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
16\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. Demanda de casaci\u00f3n, folio 54, paralelo \u201cPrueba \u2013 Hechos considerados por el Ad quem \u2013 Hechos que NO fueron considerados ni apreciados por el Ad Quem.\u201d <\/p>\n
19\u0002 CSJ, AC 29 ago. 2000, exp. 1994-0088, citado en CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670 <\/p>\n
20\u0002 Sobre el particular ha considerado la Corte: \u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
21\u0002 CSJ, SC del 12 de diciembre de 2011, Rad. n.\u00b0 2003-01261-01, reiterada en SC5183-2020, 18 dic. <\/p>\n
23\u0002 Al respecto ver CSJ SC 5 dic. 2011, rad. 2005-00504-01; SC 26 mar. 1958, G.J. LXXXVII, 2194, p\u00e1gs. 490-503 y SC 30 nov. 1967, G.J. CXIX, 1\u00aa parte, 2285 y 2286, p\u00e1g. 328-333, entre muchas otras. <\/p>\n
24\u0002 Cfr. SC 30 jun. 2010, exp. 2000-00290-01 <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC 5 dic. 2011, rad. 2005-00504-01. <\/p>\n
26\u0002 Tales como su carencia de personer\u00eda jur\u00eddica (art. 499, C\u00f3digo de Comercio), la responsabilidad solidaria directa de los socios frente a terceros (art\u00edculo 501, ibidem), su permanente estado de disoluci\u00f3n (art\u00edculo 505), la ausencia de un patrimonio independiente del de los socios y la particular conformaci\u00f3n de sus elementos esenciales. Cfr. SC 10 dic. 1925, G.J.T. XXXII, No. 1669-1670, p\u00e1gs. 201-206. <\/p>\n
27\u0002 CSJ, SC de 22 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00129-01. <\/p>\n
28\u0002 En \u00faltimas, \u00abas\u00ed ese tipo de sociedades nazcan o sean resultantes de ciertos hechos, su existencia se supedita a los requisitos de pluralidad de socios, aportes, reparto de utilidades y objeto. Mas, como dichas sociedades tienen una conformaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n f\u00e1ctica, pues surgen de una serie de circunstancias que las indican, al punto que es la realizaci\u00f3n f\u00e1ctica social que en definitiva consolida tales elementos con el transcurso del tiempo, basta que los mismos simplemente se encuentren presentes (\u2026). El aporte, en los t\u00e9rminos dichos, y el \u00e1nimo contrahendae societatis, son elementos esenciales de la sociedad de hecho (\u2026), no as\u00ed, en t\u00e9rminos absolutos, la precisi\u00f3n de aqu\u00e9llos, tampoco la forma de aplicaci\u00f3n de las utilidades, porque al margen de su ejecuci\u00f3n f\u00e1ctica, son aspectos que se entroncan es con su liquidaci\u00f3n, que no con su existencia, pues es all\u00ed donde los socios concretan el derecho a que se les pague su participaci\u00f3n, o a que saquen lo que han aportado\u00bb. CSJ SC 5 dic. 2011, rad. 2005-00504. <\/p>\n
29\u0002 CSJ SC 10 sep. 2003, exp. 7603. <\/p>\n
30\u0002 CSJ, SC de 30 nov. 1935, G.J., t XLII, p\u00e1g. 479 y ss. <\/p>\n
31\u0002 Ha dicho la Corte que \u201c\u2026el concubinato corresponde en Colombia a una instituci\u00f3n claramente diferenciada de la uni\u00f3n marital, de tal modo que puede definirse como uni\u00f3n de hecho no matrimonial de convivencia afectiva y com\u00fan, libremente consentida y con contenido sexual, sin que revista las caracter\u00edsticas del matrimonio o de la uni\u00f3n marital, pero que supone continuidad, estabilidad, permanencia en la vida com\u00fan y en las relaciones sexuales\u201d (CSJ, SC de 22 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00129-01). <\/p>\n
32\u0002 CSJ, SC8225-2016, 22 jun. <\/p>\n
33\u0002 SC 29 sep. 2006, exp. 1999-01683-01, reiterando en SC 27 jun. 2005, exp. 7188, SC 26 mar. 1958 y SC 24 feb 2011, rad. 2002-00084-01 <\/p>\n
34\u0002 Cfr. SC8225-2016, 22 jun. <\/p>\n
35\u0002 SC 18 oct. 1973, G.J. CXLVII-92 <\/p>\n
36\u0002 SC 27 jun. 2005, exp. 7188. <\/p>\n
37\u0002 SC8225-2016, 22 jun. <\/p>\n
38\u0002 SC 26 mar. 1958, G.J. LXXXVII, 2194, p\u00e1gs. 490-503. En el mismo sentido, SC 4 sep. 2000, exp. 5523. <\/p>\n
39\u0002 SC 24 feb. 2011, exp. 2002-00084-01. En el mismo sentido, Corte Constitucional, C-014 de 1998. <\/p>\n
40\u0002 Cfr. Demanda de Casaci\u00f3n, folio 61. <\/p>\n
41\u0002 MORALES MOLINA, Op. Cit., p\u00e1g 165. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3463-2022 (2015-00292-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3463-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-31-03-003-2015-00292-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}