SC3518-2022 (2022-02106-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3518-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02106-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur que elevaron Diana Lorena Rodri\u0301guez Gallo y Gustavo Eduardo Gonc\u0327alves Pizarro de Portocarrero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes pidieron homologar la decisi\u00f3n de 10 de enero de 2022, proferida por la 3a Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto, Repu\u0301blica Portuguesa, en el proceso de divorcio que aquellos promovieron de mutuo acuerdo. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, los se\u00f1ores Rodri\u0301guez Gallo y Gonc\u0327alves Pizarro de Portocarrero dijeron haber contra\u00eddo matrimonio civil el 10 de febrero de 2013, uni\u00f3n que perdur\u00f3 por cerca de una d\u00e9cada, durante la cual no procrearon hijos, ni adquirieron bienes de fortuna. <\/p>\n
A ello agregaron que, de consuno, \u00abdecidieron disolver su uni\u00f3n por medio de proceso de un divorcio\u00bb, el cual culmin\u00f3 con la decisi\u00f3n estimatoria objeto de la petici\u00f3n de exequatur, que cobr\u00f3 ejecutoria ante el silencio de los interesados. <\/p>\n
3. Admitida la demanda por auto de 6 de julio de 2022, se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que sostuvo: \u00abPara esta agencia del Ministerio Pu\u0301blico, se dan en conjunto las exigencias formales previstas en los arti\u0301culos 605 y siguientes del Co\u0301digo General del Proceso, por lo que se considera procedente despachar favorablemente la pretensio\u0301n reclamada, para que la sentencia de divorcio del matrimonio entre Diana Lorena Rodri\u0301guez Gallo y Gustavo Eduardo Gonc\u0327alves Pizarrro De Portocarrero, proferida por la 3a Oficina de Registro Civil de Porto, Portugal, adquiera plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar en un pa\u00eds las decisiones adoptadas por autoridades jurisdiccionales de otro2. Sin embargo, tal soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en territorios diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre esos mecanismos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. <\/p>\n
Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. Para la Corte, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Precisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
Analizados los medios de prueba aportados por los convocantes, as\u00ed como la estructura y el texto mismo de la providencia a homologar, refulge que la decisi\u00f3n de 10 de enero de 2022, proferida por la 3a Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto, Repu\u0301blica Portuguesa, es una sentencia (o una providencia que reviste ese car\u00e1cter, en los t\u00e9rminos del canon 605 del C\u00f3digo General del Proceso) aunque no haya sido proferida por una autoridad judicial, stricto sensu. <\/p>\n
N\u00f3tese que la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo conyugal no fue resultado directo del consenso de las partes (como ocurre en el divorcio ante notario), sino que ese querer coincidente estuvo mediado por un acto de autoridad, contenido en lo resolutivo de la providencia objeto de este tr\u00e1mite; adem\u00e1s, esa decisi\u00f3n se adopt\u00f3 como colof\u00f3n de un proceso judicial, y era pasible de recursos ante el Tribunal de Apelaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el canon 272 del C\u00f3digo do Registro Civil3, citado en el documento de 10 de enero del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
A esas caracter\u00edsticas, propias de una decisi\u00f3n jurisdiccional, se suma lo dispuesto en el art\u00edculo 3 del Reglamento (CE) n.\u00b0 2201\/2003 del Consejo de la Uni\u00f3n Europea, de 27 de noviembre de 20034 \u00abrelativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental\u00bb \u2013pauta que se invoc\u00f3 como fuente de la competencia de la la 3a Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto\u2013, que expresamente se\u00f1ala: \u00abEn los asuntos relativos al divorcio, la separaci\u00f3n judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaer\u00e1 en los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro\u00bb. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo anterior, se concluye que la decisi\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala s\u00ed puede someterse al tr\u00e1mite de exequatur, por tratarse de una verdadera sentencia, o cuanto menos, de una providencia que reviste tal car\u00e1cter, en la medida que constituye una soluci\u00f3n definitiva y coercible \u2013de car\u00e1cter jurisdiccional\u2013 a un conflicto intersubjetivo. <\/p>\n
3.2. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Aunque entre la Rep\u00fablica Portuguesa y la Rep\u00fablica de Colombia no existen acuerdos relacionados con el reconocimiento de sentencias extranjeras, lo cierto es que la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds, puntualmente el art\u00edculo 980 del C\u00f3digo de Processo Civil5, consagra un tr\u00e1mite de \u00abconfirmaci\u00f3n de sentencias extranjeras\u00bb que, en lo medular, es id\u00e9ntico al de exequatur que establece la legislaci\u00f3n patria (Cfr. CSJ SC, 11 dic. 1995, rad. 5382). <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, queda acreditada la reciprocidad legislativa por la que se averigua. <\/p>\n
3.3. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la prueba de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
(i) Dado que se trata de un juicio de divorcio, se colige que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el juicio. <\/p>\n
(iii) Lo decidido por la autoridad for\u00e1nea no se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico. Por el contrario, para acceder a la solicitud de divorcio, la 3a Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto aplic\u00f3 las disposiciones del art\u00edculo 1775 del C\u00f3digo Civil portugu\u00e9s, que prev\u00e9 que \u00abEl divorcio de mutuo acuerdo puede iniciarse en cualquier momento (…) previa solicitud firmada por los c\u00f3nyuges o sus abogados, acompa\u00f1ada de los siguientes documentos: a) Relaci\u00f3n detallada de bienes comunes (…); b) Certificado de la resoluci\u00f3n judicial que haya regulado el ejercicio de las responsabilidades parentales o un acuerdo sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales cuando existan hijos menores y no haya existido una regulaci\u00f3n judicial previa; c) Acuerdo sobre la prestaci\u00f3n de alimentos al c\u00f3nyuge que los necesite; d) Acuerdo sobre el destino de la vivienda familiar; e) Certificado de la escritura del contrato matrimonial, si se ha firmado. f) Acuerdo sobre el destino de los animales dom\u00e9sticos, en su caso\u00bb6. <\/p>\n
Es claro que el divorcio decretado con apoyo en la rec\u00edproca voluntad de los c\u00f3nyuges no contraviene el orden p\u00fablico patrio. Por el contrario, dicha soluci\u00f3n es asimilable a la consagrada en el art\u00edculo 154-9 del C\u00f3digo Civil colombiano, a cuyo tenor: \u00abSon causales de divorcio: 9) El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb. <\/p>\n
(iv) De acuerdo con el certificado emitido por la Oficial de Registros de la Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto, la decisi\u00f3n de 10 de enero de 2022 cobr\u00f3 ejecutoria en esa misma calenda. La providencia, adem\u00e1s, fue aportada en copia, con sello de autenticaci\u00f3n y r\u00fabrica de la dependencia pertinente, apostillada en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado en La Haya el 5 de octubre de 1961 (aprobado por la Ley 455 de 1998). <\/p>\n
Asimismo, esos legajos, producidos originalmente en idioma portugu\u00e9s, se tradujeron \u00aben legal forma\u00bb (art\u00edculo 606, inciso 2\u00ba, C\u00f3digo General del Proceso), es decir, observando las pautas del canon 251 del estatuto adjetivo, a cuyo tenor: \u00abPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase que se acredit\u00f3 la calidad de traductor oficial del se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Ram\u00edrez Pereira (quien redact\u00f3 los textos en idioma castellano), de acuerdo con las directrices del precepto 4 del Decreto 382 de 1951, modificado por el art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 20057. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Reunidos los presupuestos legales, se homologar\u00e1 la providencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la decisi\u00f3n de 10 de enero de 2022, proferida por la 3a Conservato\u0301ria do Registo Civil do Porto, Repu\u0301blica Portuguesa, en el proceso de divorcio de mutuo acuerdo promovido por Diana Lorena Rodri\u0301guez Gallo y Gustavo Eduardo Gonc\u0327alves Pizarro de Portocarrero. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR este fallo, junto con la providencia homologada, tanto en el respectivo folio del Registro Civil de Matrimonio asentado en Colombia, como en el de nacimiento de la se\u00f1ora Rodr\u00edguez Gallo (\u00fanica contrayente de nacionalidad colombiana). La Secretar\u00eda librar\u00e1 las reproducciones y comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Y que puede consultarse en https:\/\/dre.pt\/dre\/legislacao-consolidada\/decreto-lei\/1995-34525275-58940592. <\/A><\/p>\n 4\u0002 El texto de esta norma reposa, en idioma castellano, en la p\u00e1gina oficial de Acceso al Derecho de la Uni\u00f3n Europea (https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32003R2201&from=es). <\/p>\n