SC3663-2022 (2012-00193-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3663-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-009-2012-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de 2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la sociedad Mu\u00f1oz Echeverry Constructora S.A. – en adelante Mec\u00f3n – contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, el 14 de marzo de 2019, en el proceso que promovi\u00f3 contra Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. De manera principal solicit\u00f3 el apoderado de Mec\u00f3n i) se declarara que celebr\u00f3 con Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., un contrato de seguro todo riesgo en construcci\u00f3n, que brindaba protecci\u00f3n al constructor, contratista y subcontratista desde el inicio y durante la ejecuci\u00f3n de sus obras o proyectos frente a posibles da\u00f1os materiales y responsabilidad civil extracontractual por riesgos inherentes a la actividad de la construcci\u00f3n n\u00famero1540-1301274-0, en las obras relacionadas con el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali; ii) que la actora present\u00f3 ante la aseguradora reclamaci\u00f3n por el siniestro ocurrido los d\u00edas 11 y 12 de julio de 2010; iii) las p\u00e9rdidas patrimoniales relacionadas en la demanda afectaron los amparos se\u00f1alados en la p\u00f3liza, por ende, Seguros Comerciales Bol\u00edvar SA est\u00e1 obligada a sufragar la suma de $1420 637 486 o aquella que resulte probada; iv) como quiera que no objet\u00f3 el reclamo de manera seria y fundada, surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica una obligaci\u00f3n ejecutable por el valor de la p\u00e9rdida sufrida con ocasi\u00f3n del siniestro amparado, por tanto que se condene a la aseguradora a cancelar la suma atr\u00e1s referida m\u00e1s los intereses moratorios causados a la tasa m\u00e1xima legal desde el 13 de julio de 2010 o desde la fecha que se demuestre en el presente proceso junto con la capitalizaci\u00f3n de intereses que establece el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
1. De manera subsidiaria, solicit\u00f3: i) se declarara la existencia del contrato de seguro todo riesgo en construcci\u00f3n; ii) que las p\u00e9rdidas patrimoniales que se relacionan en el petitum constituyen un siniestro amparado bajo la p\u00f3liza en referencia, y que por ende, Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. est\u00e1 obligada a cancelar $1420 637 4861 o aquella que resulte probada; iii) que la aseguradora no objet\u00f3 el anterior reclamo de manera seria y fundada, como consecuencia se determine que la demandada incumpli\u00f3 las obligaciones que tienen su fuente en la ley, adem\u00e1s del contrato de seguro y se disponga que cancele el monto atr\u00e1s referido, as\u00ed como los intereses moratorios causados a la tasa m\u00e1xima permitida desde el 13 de julio de 2010 o desde la fecha que se pruebe en el presente proceso y hasta la fecha en que se verifique el pago; iv) en subsidio, disponer el pago de los intereses moratorios desde la fecha de la objeci\u00f3n extempor\u00e1nea del reclamo o en su defecto desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y v) finalmente pidi\u00f3 que la demandada cancele la capitalizaci\u00f3n de intereses que establece el art\u00edculo 886 del estatuto mercantil. <\/p>\n
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1. Como segundas pretensiones subsidiarias reclam\u00f3 i) que se declarara la existencia del convenio entre las partes; ii) que las p\u00e9rdidas patrimoniales sufridas el 11 y 12 de julio de 2010 constituyen siniestro; iii) que la demandada incumpli\u00f3 el contrato de seguros al negarse sin sustento t\u00e9cnico o legal a pagar al demandante los valores causados por el siniestro, por lo cual se debe condenar a la demandada al pago en favor de la demandante de $1420 637 486 o aquella que resulte probada, por constituir un siniestro amparado bajo la p\u00f3liza mencionada, al igual que los intereses moratorios certificado por la Superfinanciera, aumentado en la mitad, sobre la suma de la condena derivada de la pretensi\u00f3n anterior, liquidadas desde el d\u00eda siguiente a la ocurrencia del siniestro, esto es, desde el 13 de julio de 2010, conforme al art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, hasta el momento en que se satisfaga la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
1. En s\u00edntesis, la actora relat\u00f3 que plane\u00f3 y desarroll\u00f3 el proyecto \u00abCentro Cristales\u00bb, ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali, el cual deb\u00eda ser construido en tres etapas que en su conjunto formar\u00edan parte de la copropiedad denominada de la misma forma. <\/p>\n
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1. Terminado con \u00e9xito el proyecto \u00abCerro Cristales I\u00bb, al inicio de 2012, la entidad actora despu\u00e9s de lograr las aprobaciones de dicha obra y la expedici\u00f3n de las licencias y permisos que las entidades de control exigen, comenz\u00f3 el desarrollo de la segunda etapa. <\/p>\n
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2. Para la ejecuci\u00f3n del proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb, la demandante \u00abMec\u00f3n\u00bb convino con la demandada \u00abSeguros Bol\u00edvar\u00bb la celebraci\u00f3n de un contrato de seguros, lo que dio lugar a la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza n\u00famero 1540-1301274-01, todo riesgo en construcci\u00f3n, que brindaba la protecci\u00f3n desde las 24 horas del 1\u00b0 de junio de 2010, a las 24 horas del 1\u00b0 de noviembre de 2011 (518 d\u00edas), al constructor, contratista y subcontratista desde el inicio y durante la ejecuci\u00f3n de sus obras o proyectos frente a posibles da\u00f1os materiales y responsabilidad civil extracontractual por riesgos inherentes a la actividad de la construcci\u00f3n respecto de las obras en el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb. <\/p>\n
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3. En los d\u00edas 11 y 12 de julio de 2010, esto es, dentro de la vigencia de la p\u00f3liza todo riesgo, ocurri\u00f3 un deslizamiento en el terreno donde se desarrollaba el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali, dicho evento constitu\u00eda un siniestro que estaba cubierto por la misma. <\/p>\n
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4. Seguros Bol\u00edvar S.A., contrat\u00f3 a la firma \u00abOrganizaci\u00f3n Noguera Camacho\u00bb, quien a su vez subcontrat\u00f3 o se apoy\u00f3 en la firma \u00abC.I.C. Consultores de Ingenier\u00eda y Cimentaci\u00f3n S.A.\u00bb, las que, el 15 de julio de 2010, efectuaron visita al predio. All\u00ed fueron atendidos por el ingeniero Carlos Humberto Parra y se pudo constatar: el fuerte per\u00edodo invernal que se presentaba en la ciudad; el aspecto de la obra del proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb y el derrumbe ocurrido. <\/p>\n
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5. La demandante cont\u00f3 que, en escrito del 13 de octubre de 2011, recibido el 14 del mismo mes y a\u00f1o, remiti\u00f3 una valoraci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios resultante del siniestro ocurrido, que ascend\u00eda a $1420 000 000, monto que fue soportado de manera detallada. Dicha misiva fue contestada el 9 de noviembre de 2011, solicitando unos ajustes a la valoraci\u00f3n del siniestro. <\/p>\n
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6. Mediante comunicaci\u00f3n del 23 de diciembre de 2011, recibida por la demandada el 28 siguiente, la actora remiti\u00f3 una nueva valoraci\u00f3n por $1236 470 618, reclamaci\u00f3n que se encontraba debidamente soportada y detallada. <\/p>\n
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7. A trav\u00e9s de escrito del 20 de enero de 2012, con fundamento en el informe realizado por Miguel Charry Rodr\u00edguez, la aseguradora resolvi\u00f3 no atender el aviso del siniestro y procedi\u00f3 a objetar el pago de la indemnizaci\u00f3n. Sin embargo, para ese instante ya se encontraba vencido el t\u00e9rmino del mes que trata el art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
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3. Notificada la aseguradora del auto admisorio de la demanda se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3: \u00abHecho propio de Mec\u00f3n S.A. Culpa propia, modificaci\u00f3n y agravaci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb; \u00abReticencia en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo. Modificaci\u00f3n del estado del riesgo, agravaci\u00f3n del estado del riesgo. Incumplimiento de las recomendaciones del estudio de suelos. Nulidad relativa del seguro\u00bb; \u00abausencia de demostraci\u00f3n del da\u00f1o. Carencia del nexo causal. Carencia de certeza sobre la cuant\u00eda\u00bb; \u00abincumplimiento grave de las cl\u00e1usulas de garant\u00eda. No cumplir ni atender las recomendaciones del estudio de suelos. Hecho propio de la v\u00edctima. Causa propia por errores en el proceso de excavaci\u00f3n y de construcci\u00f3n. Modificaci\u00f3n y agravaci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb. <\/p>\n
Reasignado el expediente, el 13 de febrero de 2018, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3, entre otras cosas, que la demandada deb\u00eda pagar a la sociedad Mec\u00f3n la suma de $286 432 521 por la ocurrencia del siniestro cuyo amparo estaba cubierto por la p\u00f3liza n\u00famero 1540-1301274-01, junto con los intereses de mora; adem\u00e1s, conden\u00f3 a la accionada en un 50% de las costas (fl. 647 C.1). <\/p>\n
Apelado el fallo por ambas partes, fue revocado por el superior funcional, quien, en \u00faltimas, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda (fls. 18 a 31 C8 Tribunal). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal inici\u00f3 su estudio refiriendo que la acci\u00f3n estaba dirigida a obtener el pago por parte de la Aseguradora a Mec\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos por el siniestro ocurrido el 11 y 12 de julio de 2010, evento que consisti\u00f3 en un deslizamiento de tierra en el predio en donde se constru\u00eda el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb en Cali, el que se dec\u00eda amparado por la p\u00f3liza n\u00famero 1540-2301274 expedida por la demandada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el ad quem, que la accionada se opuso, pues el siniestro ocurri\u00f3 por culpa de la empresa demandante porque \u00abno desarroll\u00f3 la construcci\u00f3n con exactitud del estudio de suelos que present\u00f3 para adquirir la p\u00f3liza y por malas pr\u00e1cticas constructivas modificando el estado del riesgo sin haber notificado a la aseguradora\u00bb. De ah\u00ed que encontr\u00f3 necesario, determinar si existi\u00f3 tal incumplimiento y, solamente, en el evento de no haber ocurrido, acometer\u00eda el estudio de los dem\u00e1s reparos de las partes. <\/p>\n
Luego de algunas precisiones respecto a la responsabilidad contractual, as\u00ed como lo relativo al contrato de seguro, se refiri\u00f3 el tribunal a los medios de convicci\u00f3n que estim\u00f3 pertinentes para resolver el asunto debatido, entre ellos, a los testimonios de los ingenieros civiles Germ\u00e1n Eduardo Uribe del Rio, Andr\u00e9s Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna, cuya eficacia, seg\u00fan lo expuso, se ve\u00eda disminuida \u00abpor su misma participaci\u00f3n en el proyecto, vi\u00e9ndose tambi\u00e9n comprometida sus responsabilidades profesionales en lo que les compete\u00bb. Seguidamente. Resalt\u00f3 que las declaraciones de los funcionarios de Planeaci\u00f3n Municipal \u00abmerecen valorarse como testigos imparciales, am\u00e9n que tales declaraciones se encuentran respaldadas en visitas y prueba documental\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el fallador de segunda instancia destac\u00f3 que la constructora atribuy\u00f3 el deslizamiento presentado en el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb a la inusitada ola invernal, fen\u00f3meno que est\u00e1 acreditado con la certificaci\u00f3n del IDEAM, en la que se informa que en mayo y julio de 2010, se presentaron lluvias encima de lo normal; as\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que la obra no contaba con control de aguas de escorrent\u00eda; enfatiz\u00f3 que el estudio de suelos en el punto 7.1 expresa: \u00abse deben establecer estructuras para evitar las infiltraciones de aguas lluvias superficiales mediante la implementaci\u00f3n de canaletas, sumideros, zanjas de drenaje, etc., para aminorar los efectos erosivos del agua lluvia\u00bb, obligaci\u00f3n que la sociedad actora no demostr\u00f3 a pesar de estar en \u00abf\u00e1cil posici\u00f3n para acreditarlo si as\u00ed hubiere ocurrido\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al informe presentado por el ingeniero Miguel Charry cuestionado por la parte actora, dijo el Tribunal que \u00abobserv\u00f3 todo el material fotogr\u00e1fico y de planos, estudios y c\u00e1lculos radicados en las curadur\u00edas, am\u00e9n que desde la primera visita al proyecto el 16 de julio de 2010 por los ajustadores de la Organizaci\u00f3n Noguera Camacho nombrados por la Aseguradora, constataron que se realizaron cortes con altura aproximada de 9 metros siendo que conforme al estudio de suelos deb\u00edan ser de 3 metros, as\u00ed mismo se constan inclinaciones mayores a las anotadas\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, en referencia a los taludes, el ingeniero Germ\u00e1n Eduardo Uribe narr\u00f3 que \u00e9stos ten\u00edan una inclinaci\u00f3n de 50 o 60 grados \u00abporque ello obedece a que t\u00e9cnicamente un talud es estable en ese grado de inclinaci\u00f3n\u00bb; por su parte, el ingeniero Andr\u00e9s Mauricio Arango asever\u00f3 que se hab\u00edan hecho a 45\u00b0 y \u00abque hubo una mayor inclinaci\u00f3n en escasos tramos donde el material era roca s\u00f3lida\u00bb lo que muestra la falta de cumplimiento estricto del estudio de suelos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que existi\u00f3 un cruce de correspondencia entre las partes en la que la aseguradora pidi\u00f3 informaci\u00f3n por las inconsistencias que se encontraron entre lo construido y lo consignado en el estudio de suelos, frente a lo cual la constructora manifest\u00f3 que cumpli\u00f3 a cabalidad los estudios t\u00e9cnicos adelantados para la ejecuci\u00f3n de la obra haciendo alusi\u00f3n \u00aba una fotograf\u00eda de una parte de las torres del proyecto \u2018Cerro Cristales\u2019 y una gr\u00e1fica de los cortes realizados, pero sin soportar tal afirmaci\u00f3n\u00bb y el asegurado o el tomador est\u00e1n obligados a mantener el estado de riesgo, por lo que si hab\u00eda alguna variaci\u00f3n sobre el proyecto \u00abdeb\u00eda notificar al Asegurador pues la falta de notificaci\u00f3n oportuna de estas circunstancias produce la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
El tribunal concluy\u00f3 que Mec\u00f3n omiti\u00f3 dar cumplimiento estricto al estudio de suelos que present\u00f3 a Seguros Generales Bol\u00edvar S.A., para adquirir la p\u00f3liza, \u00ablo que resulta indispensable para exigir cobertura del siniestro, de lo contrario, cualquier reclamaci\u00f3n sin la observancia de dicho estudio sin reporte consentido por la aseguradora lo que excluye del seguro tal como fue dispuesto en las condiciones especiales de la p\u00f3liza en la denominada \u201cCL\u00c1USULA DE ASENTAMIENTO\u00bb (fl. 26 C. 8). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. <\/p>\n
La sociedad Mec\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderado formul\u00f3 tres cargos (fls. 22 a 40 C. 10) en contra del fallo del tribunal, fundados en las causales 2\u00aa, 1\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acusaciones que fueron oportunamente replicadas. Como lo ha sentado esta Corporaci\u00f3n2, se abordar\u00e1 en primer lugar el estudio del cargo tercero que enrostra al tribunal errores en el procedimiento. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
En esta oportunidad se acusa la sentencia proferida en cuanto que, seg\u00fan se afirm\u00f3 por el recurrente, violent\u00f3 el principio de congruencia, puesto que lo definido por el tribunal, tal cual lo plante\u00f3 el censor, no estuvo en consonancia con las pretensiones de la demanda. El ad quem revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia sin resolver la pretensi\u00f3n cuarta, esto es, se declarar\u00e1 que Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., no objet\u00f3 el reclamo de manera seria y fundada, dentro del plazo se\u00f1alado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por la Ley 45 de 1990. <\/p>\n
As\u00ed mismo asever\u00f3 que ni el juez de primera instancia ni el fallador de segundo grado, analizaron las pretensiones subsidiarias, lo que implica un claro vicio de incongruencia e inconsonancia entre lo pretendido y lo fallado, vulnerando, adem\u00e1s, los derechos del demandante al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva. <\/p>\n
Refiere, igualmente, que no hubo ning\u00fan tipo de an\u00e1lisis f\u00e1ctico o jur\u00eddico ni un estudio hermen\u00e9utico relacionado con las pretensiones subsidiarias de la demanda y, por ende, mucho menos hubo un pronunciamiento en relaci\u00f3n con dichos pedimentos, de tal suerte que dicha corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abuna grave inconsonancia\u00bb, adem\u00e1s de no haber resuelto el conflicto suscitado entre las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La congruencia. <\/p>\n
Definir un determinado conflicto, como bien se sabe, implica que el juez a cuyo cargo est\u00e1 la resoluci\u00f3n del derecho controvertido acepte o niegue, total o parcialmente, seg\u00fan la probanza incorporada al expediente, los pedimentos del actor o del demandado. Tal descripci\u00f3n responde a la formaci\u00f3n y definici\u00f3n de un debido proceso. El marco dentro del cual se dirime una determinada disputa judicial est\u00e1 definido por los precisos t\u00e9rminos que las partes en contienda establecen, ya en la demanda o en las excepciones. Adem\u00e1s, en algunos eventos precisos, la resoluci\u00f3n involucra los mandatos legales seg\u00fan la naturaleza de las diferencias urgidas o las personas involucradas. <\/p>\n
Seg\u00fan lo describe el autor Devis Echand\u00eda, esa garant\u00eda constitucional alude al \u00abprincipio normativo que exige la identidad jur\u00eddica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes\u00bb3 (se hace notar). <\/p>\n
Una sentencia es congruente cuando atiende las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que el legislador previ\u00f3 para tal fin; los fundamentos de hecho, as\u00ed como los medios de defensa invocados cuando sea del caso su resoluci\u00f3n, tal cual lo consagra el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
La sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. <\/p>\n
No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. <\/p>\n
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo. <\/p>\n
En la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio. <\/p>\n
De manera que \u00abel t\u00e9rmino congruencia, es equivalente en este caso al de conformidad entre la sentencia y la pretensi\u00f3n o pretensiones deducidas en forma y saz\u00f3n adecuadas; pero para inferir esa conformidad, es preciso atenerse al contenido de las pretensiones\u00bb4 en cuanto al asunto y frente a quienes se formula la s\u00faplica. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, cuando los jueces abordan la discusi\u00f3n tra\u00edda a juicio con el prop\u00f3sito de finiquitarla, no pueden decidir con total y absoluta libertad. Cuando se juzga a quien asiste el derecho en conflicto, la sentencia que emita el funcionario judicial con tal objetivo, encuentra unos l\u00edmites y los mismos provienen ya de las partes o del propio ordenamiento. Esa contextualizaci\u00f3n responde a la exigencia de la congruencia de las decisiones judiciales y se erige en una prerrogativa inalienable, pues afecta el derecho de defensa y, en concreto, el debido proceso. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha expuesto sobre el punto: <\/p>\n
Cumple recordar que la congruencia de la sentencia es principio cardinal del conjunto de garant\u00edas del debido proceso, que evita el exceso o el defecto de esa decisi\u00f3n respecto del marco jur\u00eddico de lo que compete resolver, previsto en el art\u00edculo 305 del citado estatuto, bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la soluci\u00f3n del conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o dem\u00e1s oportunidades autorizadas, as\u00ed como las defensas frente a esta \u00faltima, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporaci\u00f3n, acatar la congruencia implica que debe haber armon\u00eda entre lo pedido y lo resistido (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01) <\/p>\n
Sin embargo, el principio en comento no puede concebirse en t\u00e9rminos absolutos; no implica, inexorablemente, que deban resolverse todos los aspectos invocados, en cuanto que \u00abno obliga a que exista simetr\u00eda tal entre la sentencia y las dichas pretensiones y excepciones, que aqu\u00e9lla guarde con \u00e9stas conformidad literal. Lo imprescindible es que la decisi\u00f3n recaiga sobre la totalidad de la materia litigada, respetando en absoluto, como ha dicho la Corte, los hechos procesales y no alterando la causa petendi\u00bb (CSJ SC 24 de abril de 1994, GJ CXLVIII, n\u00b0 2378 a 2389, p\u00e1g. 80). <\/p>\n
En palabras diferentes, como lo ha resaltado la doctrina y la jurisprudencia patria, debe concebirse la congruencia desde una perspectiva jur\u00eddica, es decir, tr\u00e1tese de la pretensi\u00f3n o la excepci\u00f3n, la decisi\u00f3n sobre una u otra, m\u00e1s que gramatical o textual debe responder a un concepto jur\u00eddico; que haya identidad en el objeto debatido, independientemente de la coincidencia individualizada de lo pretendido o excepcionado o la forma como se present\u00f3 por uno u otro litigante. <\/p>\n
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2. Hip\u00f3tesis de inconsonancia. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, existir\u00e1 inconsonancia conforme lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n, entre otras sentencias en SC1628-2016, SC3085-2017 y SC4257- 2020, cuando se configure alguna de las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
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a. Cuando la sentencia decida m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultrapetita). <\/p>\n
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b. Cuando ha decidido sobre puntos no sometidos al litigio (extrapetita) y <\/p>\n
<\/p>\n
c. Cuando se omite fallar sobre alguna de las pretensiones contenidas en la demanda o sobre los medios exceptivos propuestos por el demandado (citra petita). <\/p>\n
Debe memorarse, as\u00ed mismo, que por regla general o en principio, los fallos absolutorios no pueden ser objeto de reproche por la causal tercera de casaci\u00f3n, salvo los casos en que la sentencia se profiera con sustento en hechos diametralmente distintos a los invocados por el actor5 y cuando se declara probada de oficio una excepci\u00f3n que deb\u00eda ser alegada expresamente en la contestaci\u00f3n de la demanda, a saber: prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa a t\u00e9rminos de lo reglado en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 282 del c\u00f3digo de ritos, tem\u00e1tica sobre la cual se ha precisado que: \u00abno es factible descartar que un fallo de ese linaje sea el producto de haberse declarado una excepci\u00f3n respecto de la cual no operaba el principio inquisitivo\u00bb (CSJ, SC007-2000, reiterada en SC166-2006). <\/p>\n
3. El caso en concreto. <\/p>\n
En funci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de la que se ocupa la Corte, en el expediente se encuentra lo siguiente: <\/p>\n
El a quo, en fallo de 13 de febrero de 2018 (fl. 647 C.1), entre otras cosas, determin\u00f3 que: <\/p>\n
la demandada SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. debe pagar a la SOCIEDAD MU\u00d1OZ ECHEVERRY CONSTRUCTORA MECON S.A., la suma de $286.432.521, con cargo a la p\u00f3liza de seguros No. 1540-1301274-01, por ocurrencia del siniestro amparado por la misma, pago que debe realizar dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, luego de los cuales deber\u00e1 pagar intereses de mora a la tasa m\u00e1xima permitida. <\/p>\n
El ad quem, por su parte, en sentencia de 9 de abril de 2019 (fls. 16 a 31 C. Tribunal) decidi\u00f3 revocar dicho prove\u00eddo y en su lugar opt\u00f3 por \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n Hecho Propio de Mecon S.A. Culpa Propia. Modificaci\u00f3n Y Agravaci\u00f3n del Estado de Riesgo y las dem\u00e1s que apuntan al incumplimiento del contrato de seguro por la empresa demandante\u00bb. (se hace notar). <\/p>\n
A partir del anterior texto, la recurrente adujo que la Corporaci\u00f3n falladora no resolvi\u00f3 la pretensi\u00f3n cuarta principal, atinente a que la demandada no objet\u00f3 el reclamo de manera seria y fundada, omisi\u00f3n que trajo consigo, seg\u00fan el quejoso, la generaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n ejecutable por el valor de la p\u00e9rdida sufrida con ocasi\u00f3n del siniestro amparado, por tanto, la aseguradora debi\u00f3 ser condenada a cancelar la suma atr\u00e1s referida m\u00e1s los intereses moratorios. Sin embargo, si se miran bien las cosas la referida s\u00faplica tiene el car\u00e1cter de consecuencial, esto es, su reconocimiento depend\u00eda de la prosperidad de otra; la relacionada con que se declarara primero que las p\u00e9rdidas patrimoniales que sufri\u00f3 la entidad demandada constitu\u00edan siniestro, de modo que en esas precisas circunstancias negada esta \u00faltima comportaba la misma suerte para la primera. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acumulaci\u00f3n de pretensiones. <\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n formulada, en el fallo emitido no quedaron comprendidas las pretensiones subsidiarias aducidas; por tanto, determinar si el Tribunal incurri\u00f3, en realidad, en el vicio de incongruencia, impone confrontar el trabajo y definici\u00f3n del ad quem con respecto a las s\u00faplicas del actor y, por consiguiente, se torna inevitable realizar ese ejercicio de contraste que permitir\u00e1 concluir en la procedencia o no de la censura. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese ab initio, que el art\u00edculo 88 del c\u00f3digo de ritos consagra que: <\/p>\n
El demandante podr\u00e1 acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin embargo podr\u00e1 acumularse pretensiones de menor cuant\u00eda a otras de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. <\/p>\n
Norma cuyo texto desarrolla la denominada acumulaci\u00f3n objetiva de pretensiones, que se consagra en cumplimiento del principio de econom\u00eda procesal, en virtud del cual el demandante puede proponer frente al demandado varias pretensiones, aunque no sean conexas, para ser tramitadas y decididas en la misma sentencia. <\/p>\n
Acerca de la pretensi\u00f3n subsidiaria o eventual se ha precisado que: <\/p>\n
Cuando el actor reclama \u2018una concreta tutela jur\u00eddica con preferencia (y exclusi\u00f3n) sobre otra\u2019, de modo que rechazada aquella, debe examinarse esta. Tratando de establecer las peculiaridades sobresalientes de la acumulaci\u00f3n de esta clase, es preciso se\u00f1alar que es posible acumular pretensiones excluyentes (lo que permite inferir que comparten varios elementos similares); que el demandante debe jerarquizar o determinar el orden en el cual el juzgador ha de examinar los pedimentos de la demanda de tal modo que \u00e9ste, el sentenciador, no se encuentra compelido a estudiar todas las reclamaciones que ella contiene, desde luego que solamente podr\u00e1 abordar el an\u00e1lisis de la subsidiaria cuando desestime la principal. (CSJ SC083-1999). <\/p>\n
En ese orden, aparece que si se llega a negar las s\u00faplicas principales el fallador debe pasar a resolver las formuladas, de manera subsidiaria, pero, siempre y cuando \u00e9stas no est\u00e9n subsumidas en las principales. <\/p>\n
Si el funcionario judicial yerra al estimar qu\u00e9 fue lo pedido, su falencia se derivar\u00e1 del mal entendimiento que le dio al pliego, y no a una omisi\u00f3n o exceso en su resoluci\u00f3n. Por supuesto que distinto es obrar bajo la convicci\u00f3n de que est\u00e1 resolviendo lo pedido cuando no es as\u00ed, a no proveer o hacerlo en demas\u00eda. <\/p>\n
En el primer evento la equivocaci\u00f3n radica en el desarrollo intelectivo del juzgador al asumir qu\u00e9 era lo demandado, es decir, una falta de juzgamiento. En el segundo, se trata de un olvido o de una exageraci\u00f3n en la determinaci\u00f3n, esto es, un extrav\u00edo en su proceder. (CSJ SC16516-2015) <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso bajo an\u00e1lisis, respecto de las pretensiones denominadas como principales y subsidiarias se advierte que, si bien algunas son id\u00e9nticas, tambi\u00e9n existe otra que difiere de lo pedido de manera principal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En efecto, la primera pretensi\u00f3n refiere a la declaraci\u00f3n de la existencia del contrato de seguro; se solicit\u00f3 tanto en las pretensiones principales como en las dos subsidiarias, cuya prosperidad fue negada en primera instancia. Respecto de este pronunciamiento en el recurso de alzada nada se dijo; se guard\u00f3 total silencio. <\/p>\n
Igual situaci\u00f3n ocurre con la pretensi\u00f3n tercera en la que se solicita se declare en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, que las p\u00e9rdidas patrimoniales sufridas los d\u00edas 11 y 12 de julio de 2010 en el proyecto \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb constituyen un siniestro amparado por la p\u00f3liza No. 1540 \u2013 1301274-01; que la objeci\u00f3n formulada por la demandada no result\u00f3 seria y fundada, las que corresponde a la pretensi\u00f3n cuarta principal y subsidiaria, peticiones que fueran negadas por el ad quem al considerar que: <\/p>\n
MECON omiti\u00f3 dar cumplimiento estricto al estudio de suelos que present\u00f3 a Seguros Generales Bol\u00edvar S.A. para adquirir del (sic) la p\u00f3liza, lo que resulta indispensable para exigir cobertura del siniestro, de lo contrario, cualquier reclamaci\u00f3n sin la observancia de dicho estudio sin reporte consentido por la aseguradora lo excluye del seguro. (C. Tribunal, fl. 30 exp. Digital). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Respecto a la pretensi\u00f3n tercera de las segundas pretensiones subsidiarias, en la que se pide que se declare que Seguros Comerciales Bol\u00edvar incumpli\u00f3 el contrato de seguro \u00abal negarse sin sustento t\u00e9cnico o legal alguno, a pagar al demandante los valores causados por el siniestro\u00bb al rompe podr\u00eda pensarse que se trata de una s\u00faplica que no fue resuelta ya que no existe un pronunciamiento explicito, pero si se miran bien las cosas no era necesario dado que a partir de las deducciones que realiz\u00f3 el ad quem sobre que Mec\u00f3n era un contratante incumplido se cerraba cualquier debate sobre la responsabilidad contractual de la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En conclusi\u00f3n, la falta de congruencia alegada no se configur\u00f3, puesto que la decisi\u00f3n del fallador de segunda instancia abarcaba todas las pretensiones incoadas. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial al haberse aplicado de manera indebida \u00abal parecer\u00bb las normas que regulan el proceso declarativo, en especial del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, los art\u00edculos 1079, 1080 del estatuto mercantil y los art\u00edculos 164, 167, 206 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, debido al error de derecho en que se incurri\u00f3 por el Tribunal, en la valoraci\u00f3n de ciertas pruebas aportadas al expediente, particularmente por suponer que la sociedad demandante omiti\u00f3 dar cumplimiento estricto al estudio de suelos que present\u00f3 a Seguros Generales Bol\u00edvar S.A., para adquirir la p\u00f3liza, lo que resulta indispensable para exigir cobertura del siniestro, sin que ella, realmente, estuviera siquiera acreditada. <\/p>\n
Refiere que la Corporaci\u00f3n de segundo grado quebrant\u00f3 los art\u00edculos 165 y 166 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que le dio total credibilidad a lo manifestado, en su declaraci\u00f3n, por el ge\u00f3logo Prieto Ram\u00edrez y el ingeniero Vargas Satizabal, am\u00e9n de desconocer lo referido por los dem\u00e1s testigos y que, incluso, no coincide con las dem\u00e1s declaraciones practicadas, agregando, que ni siquiera su jefe consider\u00f3 dicho informe y si lo examin\u00f3, no tom\u00f3 ninguna decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Sostuvo que el testimonio de los ingenieros civiles Germ\u00e1n Eduardo Uribe del Rio, Andr\u00e9s Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna nunca fueron tachados de sospechosos por parte de Seguros Bol\u00edvar y que no existe prueba que tenga v\u00ednculo laboral con Mec\u00f3n, lo que constituye un manifiesto error de derecho, alusivo a la suposici\u00f3n de la prueba de la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
Ataca, igualmente, el informe rendido por Miguel Charry Rodr\u00edguez como ajustador designado por la demandada, toda vez que la funci\u00f3n de \u00e9ste era la de examinar el siniestro ocurrido los d\u00edas 11 y 12 de julio de 2010, encargo que realiz\u00f3 tiempo despu\u00e9s de superado el fen\u00f3meno de inestabilidad, de suerte que se puede afirmar que el informe \u00abse soport\u00f3 en hechos sin verificaci\u00f3n ni conocimiento directo\u00bb. <\/p>\n
La parte demandada replic\u00f3 el cargo argumentado que no hubo prueba que no fuera analizada o a la cual se otorgara un contenido diferente y \u00ablo que realmente reprocha el extremo actor es que no se encuentra de acuerdo con la interpretaci\u00f3n, que, respecto a las pruebas, valoradas en su conjunto, otorg\u00f3 el tribunal, lo cual demuestra la intenci\u00f3n de dar apertura a una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
El numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 335 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 como causal del recurso extraordinario en comento \u00abla violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb, que describe, de manera aut\u00f3noma, los vicios del juzgador atinentes a la labor probativa, ya refiera a errores f\u00e1cticos o jur\u00eddicos. <\/p>\n
Ciertamente, la violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial puede provenir de un desliz de hecho o un yerro de derecho. La primera hip\u00f3tesis ocurre cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio de prueba o cuando realiza la interpretaci\u00f3n de manera errada del acervo probatorio existente, es decir, suprime o supone, total o parcialmente la existencia de un elemento de juicio; la segunda posibilidad, ata\u00f1e a las pifias en materia jur\u00eddica, pero, por supuesto, vinculadas a los medios probatorios. Se estructura cuando realiza la valoraci\u00f3n del medio de convicci\u00f3n sin atender la normativa sobre el particular o exige para la acreditaci\u00f3n de un hecho un medio de prueba en particular sin que la norma as\u00ed lo establezca. <\/p>\n
Pero, independientemente, de la equivocaci\u00f3n del juzgador al momento de proferir el fallo, lo cierto es que los errores en que haya podido incurrir, a los ojos del recurso extraordinario, no pueden fusionarse o mixturarse, tal cual lo ha establecido, de manera permanente y reiterada, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. Cada yerro debe perfilarse de manera aut\u00f3noma e independiente y, por tanto, cuando de los errores de hecho se trata, se demostrar\u00e1n y, adem\u00e1s, se precisar\u00e1 su trascendencia. Cuando se alude a los de derecho, habr\u00e1 de se\u00f1alarse en qu\u00e9 se desv\u00edo el juzgador e indicar la norma probatoria desconocida, as\u00ed como la forma en que se lleg\u00f3 a su vulneraci\u00f3n. En reciente pronunciamiento, la Corte dijo: <\/p>\n
En efecto, se han reiterado por la jurisprudencia en forma constante las claras diferencias existentes entre el error de hecho y el de derecho. As\u00ed, se ha se\u00f1alado que \u2018la impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n por violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales debe diferenciar el error de hecho y el de derecho, pues el primero se refiere a equivocaciones del juzgador en relaci\u00f3n con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido, mientras el segundo, alude a yerros en la aplicaci\u00f3n de las normas legales reguladoras de su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica o eficacia, esto \u00faltimo por asignarles un m\u00e9rito que la ley no les atribuye o por desconocerles el que la misma les reconoce. <\/p>\n
\u2018Sobre este tema, la Sala ha puntualizado \u2018que en el campo de la casaci\u00f3n, el error de hecho y el de derecho, \u2018no pueden ser de ninguna manera confundidos\u2019, pues aqu\u00e9l \u2018implica que en la apreciaci\u00f3n se supone o se omiti\u00f3 una prueba\u2019, mientras que \u00e9ste parte de la base de \u2018que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia\u2019 (sentencia 187 de octubre 19 de 2000, exp. # 5442); esta diferencia permite decir que \u2018no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo, pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones.. (Sentencias 077 de 15 de septiembre de 1998, exp. # 4886; 112 de 21 de octubre de 2003, exp. # 7486; entre otras, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 11001-31-03-011-2002-00607-01, CSJ, AC del 15 de enero de 2014, Rad. n.\u00b0 2007-00304-01, reiterada en SC 2499 de 2021). <\/p>\n
Pero no solamente ese compromiso asume el impugnante, en cuanto que, los cargos, igualmente, deben atacar todos los fundamentos aducidos por el ad quem, so pena de ser incompletos, puesto que la acusaci\u00f3n: <\/p>\n
debe abarcar todos los fundamentos torales de la decisi\u00f3n, pues si se soslaya alguno, con entidad suficiente para sostenerla, esto, por s\u00ed, relevar\u00eda a la Corte de cualquier estudio de fondo. En esencia, porque con independencia del juicio del Tribunal, los argumentos basilares no confutados seguir\u00edan amparados por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto (CSJ AC6285-2016 y CSJ AC5397 de 2021). <\/p>\n
En reciente oportunidad, la Corte, sobre el particular, ha expresado: <\/p>\n
la integralidad o completitud impone al casacionista que los reproches enarbolados sean sim\u00e9tricos a las premisas del fallo cuestionado, de suerte que las controvierta en su integridad. Lo anterior, puesto que los fallos de instancia est\u00e1n revestidos de las presunciones de acierto y legalidad, siendo deber del promotor derruir sus fundamentos integralmente CSJ, AC222, 3 oct. 2006, rad. n.\u00b0 2001-00127-01. 2 Cfr. CSJ, AC4243, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00550-01. Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-032-2016-00299-01 17 para que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte y se imponga su anulaci\u00f3n. En caso contrario, la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en las bases no discutidas y conservar\u00e1 su valor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n (CSJ AC760 de 2020). <\/p>\n
En igual sentido la Corte en SC, 18 ene. 2010, rad. n.\u00ba 2005-00081-01 preciso que: <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de un cargo montado por v\u00eda indirecta, en el que le endilgue al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de derecho, el censor no s\u00f3lo ha de citar las normas de disciplina probatoria que estime infringidas sino, adem\u00e1s, sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 ese quebranto. <\/p>\n
2. El cargo formulado. <\/p>\n
En este cargo tres son los aspectos que reprocha la demandante: el primero, refiere a la imparcialidad de unos testigos; el segundo, a la credibilidad de otros; y, el tercero, al informe t\u00e9cnico suscrito por el ingeniero Miguel Charry. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dijo el censor que los testimonios de los ingenieros civiles Germ\u00e1n Eduardo Uribe del R\u00edo, Andr\u00e9s Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna no fueron tachados de sospechosos por parte de Seguros Bol\u00edvar y no existe prueba de su v\u00ednculo laboral con Mec\u00f3n, lo que constituye un manifiesto error de derecho, alusivo a la suposici\u00f3n de la prueba de la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
La recurrente, en este punto, incurri\u00f3 en un defecto de t\u00e9cnica que ser\u00eda suficiente para desechar la acusaci\u00f3n. La casacionista entremezcl\u00f3 los dos tipos de errores que configuran la violaci\u00f3n indirecta, prevista en la causal segunda de casaci\u00f3n, sin tener en cuenta, como se advirti\u00f3 precedentemente, que entre unos y otros existen diferencias esenciales, atendiendo que son aut\u00f3nomos e individuales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La eficacia disminuida. <\/p>\n
Ahora, en lo referente a la \u00abeficacia disminuida\u00bb, respecto de la declaraci\u00f3n de Germ\u00e1n Uribe del Rio, Andr\u00e9s Mauricio Arango y Carlos Humberto Parra, de haberse incurrido por parte del Tribunal en alg\u00fan error, el mismo responde a un desv\u00edo de hecho como as\u00ed lo ha precisado la Corte, pues afecta la materialidad de la prueba. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, la Corte ha explicado que: <\/p>\n
cuando el Tribunal deja de ver que un testigo es sospechoso, si\u00e9ndolo, comete error de hecho porque deja de observar una circunstancia que ata\u00f1e con la objetividad de la prueba que incide en su valoraci\u00f3n (\u2026)\u20196. En otras palabras, porque \u2018(\u2026) si lo que en \u00faltimo resultado decrece el valor de un testimonio no es la sospecha en s\u00ed misma sino el cariz intr\u00ednseco de su declaraci\u00f3n (\u2026), el eventual error que se plantee no puede ser el de derecho, toda vez que es inevitable acudir entonces a la materialidad misma de la probanza (\u2026). (CSJ SC, 19 de septiembre de 2001, expediente 6624; de 9 de septiembre de 2011, expediente 00108; y de 31 de julio de 2014, expediente 01147). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que: <\/p>\n
Esta Sala ya ha tenido oportunidad de puntualizar que \u2018la calificaci\u00f3n que de las condiciones de los testimonios haga el sentenciador, vale decir, si en su concepto son vagos, coherentes, contradictorios, o por el contrario, responsivos, exactos y completos; si ha de d\u00e1rseles o no credibilidad de acuerdo con los principios de la sana cr\u00edtica es cuesti\u00f3n de hecho y que cae bajo el poder discrecional de que goza el juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, y cuyo desarrollo al enjuiciar esas calidades, por referirse a la objetividad misma de la prueba, entra\u00f1a un error de hecho y no de derecho. (CSJ SC, 25 de febrero de 1988, reiterada en CSJ SC171-2006) <\/p>\n
De manera que se invoc\u00f3 el error de derecho para tratar de derribar los argumentos del Tribunal relacionados con la imparcialidad de los testigos, cuando corresponde a un t\u00edpico caso de error de hecho, emergiendo evidente el yerro de t\u00e9cnica advertido. <\/p>\n
Y si bien resulta desafortunado que el ad quem hubiese supuesto la prueba relacionada con la naturaleza del v\u00ednculo de los ingenieros civiles Germ\u00e1n Eduardo Uribe del Rio, Andr\u00e9s Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna, con la sociedad demandante, pues, en verdad, el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que ten\u00edan los citados profesionales no pod\u00eda catalogarse como tal, puesto que la relaci\u00f3n laboral implica la existencia de la subordinaci\u00f3n, entre otras exigencias, como as\u00ed lo ha reiterado la jurisprudencia: <\/p>\n
ha reconocido que la subordinaci\u00f3n jur\u00eddica es de la esencia del contrato de trabajo, de manera que la ausencia de ella, da lugar a la configuraci\u00f3n del contrato de naturaleza civil donde se refleja autonom\u00eda e independencia en la prestaci\u00f3n del servicio. De esta manera la autonom\u00eda e independencia propia de la vinculaci\u00f3n de naturaleza civil es diferente, porque en esta el contrato se inspira en la igualdad formal de las partes, mientras que en el contrato de trabajo, rige la primac\u00eda de la realidad, acorde con las condiciones reales de la prestaci\u00f3n del servicio7. <\/p>\n
Pero, al margen de tal circunstancia, el cargo resulta, adem\u00e1s, incompleto y, por tanto, seg\u00fan se deline\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, deficiente en su formulaci\u00f3n lo que compromete su idoneidad. La eficacia disminuida, tal cual se expuso por el recurrente, se ciment\u00f3 en tres aspectos: el v\u00ednculo laboral, la participaci\u00f3n en el proyecto y la posible responsabilidad en malas pr\u00e1cticas, sin que estas \u00faltimas condiciones hubieran sido objeto de ataque. <\/p>\n
Luego, aceptando que el fallador colegiado incurri\u00f3 en el yerro a \u00e9l endilgado, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda puesto que no fueron atacados todos sus pilares. Parte de la argumentaci\u00f3n del sentenciador qued\u00f3 inc\u00f3lume y, por ello, en los asuntos libres de reproche la sentencia mantiene su vigencia. <\/p>\n
Es preciso recordar, que el juez como destinatario de la prueba, tiene el compromiso de desplegar su actividad tendiente a determinar la fuerza de convicci\u00f3n de los testimonios. En ese sentido el art\u00edculo 211 del c\u00f3digo de ritos, reza que: <\/p>\n
Cualquiera de las partes podr\u00e1 tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en raz\u00f3n de parentesco, dependencias, sentimientos o inter\u00e9s en relaci\u00f3n con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. <\/p>\n
La tacha deber\u00e1 formularse con expresi\u00f3n de las razones en que se funda. El juez analizar\u00e1 el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. (se hace notar). <\/p>\n
Por ello, el legislador radic\u00f3 en cabeza del juzgador la funci\u00f3n de evaluar si los testigos presentan circunstancias que afecten la fuerza probatoria de su declaraci\u00f3n, sin que se requiera, en estrictez, que la contraparte formule la tacha de sospecha, pues, independientemente, de esa eventualidad, el juzgador, al momento de realizar la valoraci\u00f3n de la prueba debe verificar si existe o no alguna circunstancia especial que afecte ese medio de prueba. <\/p>\n
La doctrina8 ha precisado que en la valoraci\u00f3n de los testimonios \u00aben primer lugar el juez debe examinar si se han cumplido los requisitos formales (\u2026) luego habr\u00e1 de analizar las condiciones personales del testigo y su idoneidad, as\u00ed su amistad intima con alguna de las partes; por \u00faltimo, corresponder\u00e1 al juez la cr\u00edtica de la declaraci\u00f3n en s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
A su turno, la Corte Constitucional en control de constitucionalidad del art\u00edculo 217 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero que mantiene toda la vigencia precis\u00f3 que: <\/p>\n
En consecuencia, la ponderaci\u00f3n de una prueba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su actividad con miras a determinar la fuerza de convicci\u00f3n del mismo, para lo cual deber\u00e1 remitirse a criterios de l\u00f3gica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensi\u00f3n, sin que ello implique, como lo afirma el actor, que se quebrante la presunci\u00f3n de buena fe que se atribuye a todas las actuaciones de los particulares. Si ello fuere as\u00ed, la labor del juzgador se limitar\u00eda al registro de la versi\u00f3n, de la cual no podr\u00eda dudar, lo que dejar\u00eda sin sentido su actuaci\u00f3n e impedir\u00eda el objetivo \u00faltimo del proceso, que no es otro que el arribo a la verdad material. (Sentencia C-622-98). <\/p>\n
De manera que, la decisi\u00f3n del ad quem de darle \u00abeficacia (…) disminuida\u00bb a los testimonios de Germ\u00e1n Eduardo Uribe del Rio, Andr\u00e9s Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna en raz\u00f3n de \u00absu misma participaci\u00f3n en el proyecto, vi\u00e9ndose tambi\u00e9n comprometida sus responsabilidades profesionales en lo que les compete\u00bb (fl 29 vto C. Tribunal), si bien lo exiguo del argumento del Tribunal, dicho proceder se enmarca dentro de las facultades del juzgador al momento de valorar las pruebas y que es de su discreta autonom\u00eda, luego, salvo que haya incurrido en una v\u00eda de hecho o equivocaci\u00f3n protuberante, esa discrecionalidad debe respetarse en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En lo que corresponde a las declaraciones del ge\u00f3logo Prieto Ram\u00edrez y del ingeniero Vargas Satizabal, el casacionista no indic\u00f3 en que consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n que endilga al ad quem de las normas probatorias, como lo exige el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, el hecho que \u00e9stos en su condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos rindieran informe y la entidad en la que laboraban se abstuviera de dar inicio a tr\u00e1mite sancionatorio, no le resta credibilidad a la versi\u00f3n que dieron en el curso del proceso sobre los hechos ocurridos en la construcci\u00f3n que realizaba la demandante, pues, lo cierto, es que aquellos visitaron la obra antes del deslizamiento y una vez ocurrido este; por lo que su narraci\u00f3n corresponde a lo por ellos percibido, torn\u00e1ndose al respecto incompleto el cargo. <\/p>\n
No debe perderse de vista, iterase, que la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n conlleva el cumplimiento de ciertos requisitos que han de observarse por quien invoca sus beneficios; tal situaci\u00f3n impone al recurrente avenirse a las reglas propias de cada causal, conforme al numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, comportando que respecto de cada cargo \u00abla exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que all\u00ed se generen. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En cuanto al tercer aspecto abordado en la censura, atinente a que \u00abel a-quem (sic) omiti\u00f3 el contenido del dictamen o an\u00e1lisis t\u00e9cnico elaborado por el ingeniero Miguel Charri D\u00edaz\u00bb, bajo el argumento que no se analiz\u00f3 el que la experticia haya sido objeto de estudio pasado a\u00f1o y medio de la ocurrencia del siniestro, y que cuando fue contratado ya hab\u00eda sido \u00absuperado todo el fen\u00f3meno de inestabilidad y nada hab\u00eda que observar con relaci\u00f3n a \u00e9l\u00bb, debe advertirse que el Tribunal se refiri\u00f3 expresamente al tema de la producci\u00f3n del informe final realizado por el ajustador al estimar que: <\/p>\n
Aunque la demandante cuestione que el informe presentado por el ingeniero Miguel Charry carezca de credibilidad porque emiti\u00f3 el concepto nueve meses despu\u00e9s de lo sucedido cuando ya se hab\u00edan ejecutado obras para superar el deslizamiento, lo cierto es que el informe observ\u00f3 todo el material fotogr\u00e1fico y de planos, estudios y c\u00e1lculos radicados en las curadur\u00edas, am\u00e9n que desde la primera visita al proyecto el 16 de julio de 2010 por los ajustadores de la Organizaci\u00f3n Noguera Camacho nombrados por la Aseguradora, constataron que se realizaron cortes con altura aproximada en 9 metros siendo que conforme el estudio de suelos deb\u00edan ser de 3 metros. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, cuando el juzgador haciendo uso de su poder discrecional de apreciaci\u00f3n, tiene por demostrado un determinado hecho m\u00e1s bien que otro, no puede decirse que se incurri\u00f3 en error de hecho trascedente, porque el yerro de esta clase ha de ser evidente y esa evidencia no se configura cuando el Tribunal, sin violentar la l\u00f3gica, deduce del contenido de la prueba la conclusi\u00f3n que acoge. Ha de respetarse el razonamiento que bajo la presunci\u00f3n de acierto se ampara en el marco de la autonom\u00eda que al fallador de instancia reconoce la ley, y que, por tanto, no puede ser variado a trav\u00e9s del recurso extraordinario. La discrepancia en el proceso valorativo de una determinada prueba no es suficiente para fundar, id\u00f3neamente, una acusaci\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agravaci\u00f3n del riesgo e incumplimiento de garant\u00edas. <\/p>\n
Estima la Sala necesario hacer algunas precisiones conceptuales respecto de la agravaci\u00f3n del estado del riesgo y el incumplimiento de garant\u00edas, ya que parecer\u00eda que en el fallo proferido por el ad quem se confunden tales conceptos. <\/p>\n
Ciertamente, durante el desarrollo del contrato el asegurado o tomador debe mantener el estado de riesgo y declarar su agravaci\u00f3n, que supone en estricto sentido una carga de informaci\u00f3n que consiste en \u00abtrasmitir al asegurador, oportunamente, las agravaciones no previsible s del estado del riesgo o su cambio de lugar y cuya infracci\u00f3n genera efectos alternativos seg\u00fan las circunstancias\u00bb9. <\/p>\n
En sentencia SC-086-2007 sobre el tema en estudio, est\u00e1 Corte dijo: <\/p>\n
Por consiguiente, as\u00ed se sirvan de algunos vasos comunicantes, es menester distinguir di\u00e1fana y paladinamente los institutos de la \u2018declaraci\u00f3n del estado del riesgo\u2019 y de la \u2018agravaci\u00f3n del estado del riesgo\u2019, los cuales hunden sus ra\u00edces, in tempus, en momentos bien diferenciados, a lo que se a\u00fana su espec\u00edfico y divergente rol, lo que explica el tratamiento sustantivo que, ministerio legis, el legislador les ha otorgado. No en vano, el primero de ellos se engasta en la etapa de formaci\u00f3n del contrato (iter contractus), al paso que el segundo, un arquet\u00edpico posterius, se anida en la etapa negocial subsiguiente, la relativa al desenvolvimiento o desdoblamiento del negocio jur\u00eddico aseguraticio. De ah\u00ed que el primer inciso del art\u00edculo 1060 del estatuto mercantil vern\u00e1culo, en lo pertinente, impere que los hechos o circunstancias que deben comunicarse al asegurador, son aquellos que \u2018sobrevengan con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato\u2019 (subraya original). <\/p>\n
Y en sentencia SC5327-2018 refiri\u00f3 que: <\/p>\n
En otras palabras\uff0csi el tomador oculta informaci\u00f3n en la fase inicial\uff0cesa situaci\u00f3n se zanja por la senda de la nulidad relativa, como se anticip\u00f3\uff0cpero si se presenta en un momento posterior\uff0cya no es la invalidez la que gobierna la situaci\u00f3n\uff0csi no la terminaci\u00f3n del contrato, como lo consagra el canon 1060 del C. Co. <\/p>\n
El estatuto mercantil consagra en el art\u00edculo 1060, la conservaci\u00f3n del estado del riesgo y la notificaci\u00f3n de los cambios ocurridos durante la vigencia del contrato, consagrando el inciso 1\u00b0 que el asegurado o tomador est\u00e1n obligados a mantener el estado de riesgo, y radica en su cabeza la notificaci\u00f3n por \u00abescrito\u00bb de \u00abhechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato\u00bb que impliquen \u00abagravaci\u00f3n del riesgo o variaci\u00f3n de su identidad local\u00bb. <\/p>\n
El seguro, como cualquier contrato, radica en cabeza de los contratantes derechos y obligaciones; resalt\u00e1ndose que a cargo del asegurado se encuentra la carga de cumplir con las garant\u00edas, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1061 del C\u00f3digo de Comercio que reza: <\/p>\n
Se entender\u00e1 por garant\u00eda la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situaci\u00f3n de hecho. <\/p>\n
La garant\u00eda deber\u00e1 constar en la p\u00f3liza o en los documentos accesorios a ella. Podr\u00e1 expresarse en cualquier forma que indique la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de otorgarla. <\/p>\n
La garant\u00eda, sea o no sustancial respecto del riesgo, deber\u00e1 cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato ser\u00e1 anulable. Cuando la garant\u00eda se refiere a un hecho posterior a la celebraci\u00f3n del contrato, el asegurador podr\u00e1 darlo por terminado desde el momento de la infracci\u00f3n. <\/p>\n
De donde surge la existencia de dos tipos de garant\u00edas: la carga que debe cumplirse coet\u00e1neamente a la celebraci\u00f3n del contrato y aquellas que surgen con posterioridad al mismo, pero en todo caso deben ser cumplidas, previamente, a la perfecci\u00f3n del contrato y\/o ocurrencia del siniestro, seg\u00fan el caso, \u00absea o no sustancial respecto del riesgo\u00bb. <\/p>\n
La doctrina10 ha precisado que: <\/p>\n
el cumplimiento de las garant\u00edas es una obligaci\u00f3n muy importante de la parte asegurada, y su incumplimiento puede determinar la nulidad del contrato cuando se trate de garant\u00edas que deben cumplirse coet\u00e1neamente a la celebraci\u00f3n del mismo, o la terminaci\u00f3n del contrato, cuando se trata de garant\u00edas que deben ser cumplidas y se incumplen con posterioridad. <\/p>\n
Tem\u00e1tica que no ha sido ajena a esta Corporaci\u00f3n, sobre la cual ha manifestado que la garant\u00eda11: <\/p>\n
puede ser sustancial o insustancial respecto del riesgo asegurado, dependiendo de los t\u00e9rminos en que haya sido acordada por las partes. En desarrollo del principio de interpretaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 28 del C.C., las palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, luego, el adjetivo \u201csustancial\u201d, utilizado por el legislador en el art\u00edculo 1061 del C\u00f3digo, significa \u201cque constituye lo esencial o m\u00e1s importante de algo\u201d12. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con las garant\u00edas en el contrato, obran las siguientes estipulaciones: <\/p>\n
CLAUSULAS DE GARANT\u00cdA SEG\u00daN INFORME DE INGECOR 64341 <\/p>\n
PARA LOS EFECTOS Y CON EL ALCANCE DEL ART\u00cdCULO 1061 DEL C\u00d3DIGO DEL (SIC) COMERCIO QUEDA EXPRESAMENTE DECLARADO Y CONVENIDO QUE ESTE SEGURO SE REALIZA EN VIRTUD DEL COMPROMISO QUE ADQUIERE EL ASEGURADO QUE DURANTE SU VIGENCIA CUMPLIRA CON LAS CONDICIONES ABAJO MENCIONADAS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE COMPROMISO O GARANTIA DA LUGAR A LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO MENCIONADO. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
CUMPLIMIENTO DE DISE\u00d1OS13 <\/p>\n
CUMPLIR TODAS LAS RECOMENDACIONES Y ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR EL ESTUDIO DEL GEOTECNISTA Y EL DISE\u00d1O DEL INGENIERO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCI\u00d3N DE LA OBRA. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
SEGUIMIENTO CONSTANTE EN OBRA <\/p>\n
SE DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE DISE\u00d1O Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, EJECUTANDO DURANTE LA CONSRUCCI\u00d3N DE LA OBRA COMITES TECNICOS PERIODICOS EN LOS CUALES SE EVALUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS (\u2026). Y QUE SE LE INFORME OPORTUNAMENTE SOBRE LOS CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA EJECUCI\u00d3N DE LAS OBRAS A NIVEL DE EXCAVACI\u00d3N Y ESTABILIDAD DE TALUDES A SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. <\/p>\n
A su turno, en las condiciones generales se estipul\u00f3 que: <\/p>\n
CONDICI\u00d3N DECIMAPRIMERA GARANTIAS DEL ASEGURADO. <\/p>\n
11.1 El asegurado tomar\u00e1 todas las precauciones razonables y cumplir\u00e1 con todas las recomendaciones indicadas por la Aseguradora y para prevenir cualquier p\u00e9rdida o da\u00f1o cubierto bajo la presente p\u00f3liza. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11.3 El Asegurado de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1060 del c\u00f3digo de comercio notificar\u00e1 a la Aseguradora toda circunstancia que signifique agravaci\u00f3n del riesgo y que, en el momento de suscribir este seguro, no era conocido ni pod\u00edan ser conocido por la Aseguradora. <\/p>\n
Cuando se gestion\u00f3 por parte de la Constructora el otorgamiento del seguro y la consecuente expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, se allegaron, entre otros documentos, el que se denomina \u00abCARACTERIZACI\u00d3N GEOFISICA, GEOLOGICA Y GEOTECNICA LOTES F6 Y F7 LA MORELIA ETAPA VI URBANIZACI\u00d3N MORELIA PROYECTO CERRO CRISTALES SANTIAGO DE CALI\u00bb14 dentro de las conclusiones y recomendaciones se indic\u00f3 que: <\/p>\n
Para efectos de la excavaci\u00f3n los an\u00e1lisis de estabilidad muestran que los taludes verticales con altura no mayor a 3.00 mts son estables a corto plazo. Los taludes con altura de hasta 7.00 mts son estables con inclinaci\u00f3n 1H a 1.5V a largo plazo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En el \u00abESTUDIO DE SUELOS PROYECTO CERRO CRISTALES LOTES F6 Y F7 URB. LA MORELIA SANTIAGO DE CALI\u00bb en el \u00edtem \u00abRECOMENDACIONES GENERALES\u00bb15, en el numeral 12.3 se indic\u00f3 que: \u00abSe requiere la construcci\u00f3n de canaletas y zanjas de drenaje para atenuar el efecto erosivo del agua lluvia sobre los taludes y zonas verdes\u00bb. <\/p>\n
En la comunicaci\u00f3n dirigida por Carlos Noguera Camacho, en su calidad de Gerente de la Organizaci\u00f3n Noguera y Camacho, ajustador designado por la Aseguradora, a MECON S.A.16 se extracta lo siguiente: <\/p>\n
Seg\u00fan lo estipulado en el estudio de suelos suministrado a Seguros Bol\u00edvar durante el proceso de suscripci\u00f3n del seguro, los cortes temporales en el terreno no tendr\u00edan una altura superior a 3 metros. Sin embargo, de acuerdo con lo apreciado en el sitio de obra, se realizaron cortes con altura aproximada de 9 metros. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere el suministro de la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
* Copia de la modificaci\u00f3n al estudio de suelos original que en su momento present\u00f3 el ingeniero de suelos, en el cual qued\u00f3 consignada la modificaci\u00f3n al proceso constructivo. <\/p>\n
<\/p>\n
* Memorias de c\u00e1lculo correspondiente al nuevo corte de 9 m de altura. <\/p>\n
<\/p>\n
* Confirmar si esta modificaci\u00f3n al proceso constructivo fue informado a Seguros Bol\u00edvar, suministrando copia de la comunicaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
El Informe Final denominado \u00abAn\u00e1lisis T\u00e9cnico de las causas del movimiento en masa ocurrido durante la construcci\u00f3n de la segunda etapa del proyecto\u00bb realizado por Miguel Charry, con fecha diciembre de 2011, se concluy\u00f3 que dos situaciones implicaban cambios en el riesgo. <\/p>\n
Una primera, atinente \u00aba la alternancia entre trincheras y cu\u00f1as de tierra, permiti\u00f3 por alg\u00fan tiempo, mantener estables los taludes verticales, pero la cercan\u00eda de los taludes de la excavaci\u00f3n para los muros de contenci\u00f3n con el talud superior de la obra colindante con la v\u00eda de la calle 10 oeste, gener\u00f3 una compleja situaci\u00f3n de inestabilidad general de los taludes inferiores, lo cual provoc\u00f3 movimientos de masa\u00bb situaci\u00f3n observada el 13 de mayo de 2010 por los funcionarios del Departamento Administrativo Planeaci\u00f3n Municipal. <\/p>\n
Y la segunda situaci\u00f3n que alteraba el riesgo era \u00abel procedimiento constructivo y de excavaciones adelantado en la obra no sigui\u00f3 la secuencia recomendada en el estudio de suelos. La construcci\u00f3n de los muros mediante un sistema convencional de abajo hab\u00eda arriba, necesariamente implica la conformaci\u00f3n de taludes verticales de gran altura\u00bb que conllevaba la necesidad de un estudio de estabilidad de los taludes verticales bajo las nuevas condiciones. <\/p>\n
Fluye de lo anterior, que el deslizamiento ocurrido en la construcci\u00f3n de \u00abCerro Cristales II Etapa\u00bb se debi\u00f3 al incumplimiento de las garant\u00edas pactadas en la p\u00f3liza de seguros; es decir, la constructora no se avino al cumplimiento riguroso de las garant\u00edas ofrecidas y que incid\u00edan, inevitablemente, en el estado del riesgo. <\/p>\n
N\u00f3tese, en efecto, que de las pruebas atr\u00e1s referidas dan cuenta de cambios constructivos en relaci\u00f3n con la altura de los taludes y la no realizaci\u00f3n de las obras necesarias para el manejo de las aguas lluvias, tem\u00e1ticas respecto de las cuales exist\u00edan unas recomendaciones en el estudio de suelos que no fueron acatadas por la constructora y que en \u00faltimas fueron la causa eficiente del deslizamiento, y que constituyen un incumplimiento contractual, ya que recu\u00e9rdese que \u00abcualquier forma de desajuste entre la prestaci\u00f3n debida y la conducta desplegada por el deudor, sea un incumplimiento total, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tard\u00edo, es antijur\u00eddico\u00bb17. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, Mec\u00f3n debi\u00f3 informar a Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. de los cambios en las medidas de los taludes, por haberse establecido una garant\u00eda sobre ese t\u00f3pico, sin que en el expediente obre prueba que se hubiere dado cumplimiento a dicha estipulaci\u00f3n aun cuando le correspond\u00eda a la parte actora allegar elementos de convicci\u00f3n sobre tal aspecto, no solo por recaer sobre ella la carga de la prueba al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso sino por la cercan\u00eda con la misma. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que es doctrina probable de esta Sala que: <\/p>\n
luego de que sea establecida la existencia de un contrato v\u00e1lido que ligue a los contratantes, la labor del juzgador deber\u00e1 estar dirigida a determinar\u2026 la legitimaci\u00f3n del actor, esto es, a escudri\u00f1ar si su conducta contractual evidencia que puede beneficiarse de la facultad para pedir la resoluci\u00f3n del contrato o su cumplimiento, con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, porque tal derecho le asiste \u00fanicamente a quien ha cumplido o se ha allanado a hacerlo18. <\/p>\n
De acuerdo con lo discurrido se advierte que en el presente asunto la situaci\u00f3n ocurrida no se enmarca en una modificaci\u00f3n del riesgo, sino que se trat\u00f3 de un t\u00edpico incumplimiento de garant\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En s\u00edntesis, los errores de forma y t\u00e9cnicos en la formulaci\u00f3n del cargo, as\u00ed como la falta de acreditaci\u00f3n de los supuestos yerros en que se incurri\u00f3 en la producci\u00f3n del informe t\u00e9cnico atr\u00e1s referido, llevan a que el cargo no est\u00e9 llamado a prosperar. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se funda en la violaci\u00f3n directa por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio \u00abcomo consecuencia del error de hecho consistente en que la demandada Seguros Bol\u00edvar resolvi\u00f3 no atender el aviso del siniestro y objeto el pago de la indemnizaci\u00f3n propuesta por la Mecon mediante comunicaci\u00f3n del 20 de enero de 2012, comunicaci\u00f3n que se hizo por fuera de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1080 del C. Co.\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, que conforme el precepto en cita el interesado puede acreditar judicialmente la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, sin que deba esperar la negativa de la aseguradora para emprender la acci\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
Que la sociedad demandante present\u00f3 ante la demandada el 13 de octubre de 2011, con constancia de recibo por el destinatario el 14 siguiente la reclamaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos por $1420 637 486 y que la aseguradora extempor\u00e1neamente el 20 de enero de 2012, resolvi\u00f3 no atender la reclamaci\u00f3n y objet\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
La parte demandada en su r\u00e9plica se\u00f1al\u00f3 que se formul\u00f3 con falta de t\u00e9cnica, pues respecto de los presuntos yerros de valoraci\u00f3n probatoria, no precis\u00f3 cu\u00e1l fue la supuesta falta de aplicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea en que incurri\u00f3 el Tribunal, am\u00e9n de aseverar que el ad-quem analiz\u00f3 las normas al caso concreto, que conllev\u00f3 un resultado ajustado a derecho, pero desfavorable al demandante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Violaci\u00f3n por la v\u00eda directa. <\/p>\n
El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 como causal para la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, la cual se configura cuando el juzgador incurre en alguno de estos supuestos: a) cuando no tuvo en cuenta las normas que regulan el caso; b) aplica una ajena al asunto, o c) a pesar de haber acertado en la selecci\u00f3n no le dio el alcance que ten\u00eda. <\/p>\n
Sobre el tema en estudio, la Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u201919. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Analizado el cargo formulado se advierte que adolece de una falla t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, en cuanto que el recurrente incurri\u00f3 en mixtura al invocar la causal primera de casaci\u00f3n. Refiri\u00f3 que \u00abcomo consecuencia del error de hecho consistente en que la demandada Seguros Bol\u00edvar resolvi\u00f3 no atender el aviso del siniestro y objeto el pago de la indemnizaci\u00f3n propuesta por la Mecon mediante comunicaci\u00f3n del 20 de enero de 2012, comunicaci\u00f3n que se hizo por fuera de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1080 del C. Co.\u00bb. <\/p>\n
En efecto, si bien se invoc\u00f3 la causal primera de casaci\u00f3n que como es sabido se edifica en aspectos estrictamente de derecho sin extenderse a la materia f\u00e1ctica o probatoria (literal a) del numeral 2 art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso) se reproch\u00f3 de nuevo la valoraci\u00f3n del informe t\u00e9cnico realizado por el ingeniero Miguel Charry porque, seg\u00fan lo argument\u00f3 el casacionista, dicho profesional no tuvo acceso directo al lugar del siniestro, y el estudio que realiz\u00f3 fue elaborado nueve meses despu\u00e9s de la ocurrencia de los hechos. Esa presentaci\u00f3n permite avizorar que se incurri\u00f3 en entremezclamiento, se invoc\u00f3 en un solo cargo dos causales de casaci\u00f3n, tanto la directa como la indirecta y frente al mismo fundamento normativo de manera indiscriminada (art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio). <\/p>\n
El yerro encontrado resulta suficiente para desechar el cargo sustentado en violaci\u00f3n directa, dado que \u00abest\u00e1 prohibido acumular en una misma acusaci\u00f3n diversos ataques, as\u00ed sea expresa o t\u00e1citamente, porque ello revela una acusaci\u00f3n antit\u00e9cnica habida cuenta que mezcla diversas causales, raz\u00f3n que basta para desecharlo en estudio de casaci\u00f3n\u00bb20. <\/p>\n
En ese orden, al incluir dos transgresiones diferentes en una misma censura con la finalidad que se analizara desde ambas \u00f3pticas, se desatendi\u00f3 uno de los requisitos formales contemplado en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual en la demanda deben proponerse los cargos contra la sentencia recurrida por separado, es decir debidamente individualizados no solo en su enunciaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en su desarrollo, cosa que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La objeci\u00f3n seria y fundada. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, aduce el recurrente que ante la extemporaneidad de la objeci\u00f3n debi\u00f3 pagarse la indemnizaci\u00f3n solicitada, para tal efecto recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, precept\u00faa que: <\/p>\n
El asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. <\/p>\n
Para lo que debe resolverse, mem\u00f3rese que conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 1077 y 1080 ejusdem, corresponde al asegurado demostrar judicial o extrajudicialmente la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de este, pero advi\u00e9rtase que el cargo se dirigi\u00f3 al segundo aspecto, y nada refiri\u00f3 acerca del siniestro ni como se hab\u00eda acreditado, a pesar de ser carga del casacionista, de lo cual se deduce que la acusaci\u00f3n fue formulada de manera incompleta. <\/p>\n
En lo que concierne con la objeci\u00f3n, bastar\u00eda resaltar que no fue seria y fundada, pues ese tema fue ajeno a la argumentaci\u00f3n dada por el juzgador de segunda instancia al estimar que la demandante era una contratante incumplida, pero para mayor claridad advi\u00e9rtase que el tema en discusi\u00f3n debe analizarse a la luz de lo reglado en el art\u00edculo 1053 del estatuto mercantil que enumera los eventos en que la p\u00f3liza de seguros presta m\u00e9rito ejecutivo contra el asegurador, debiendo poner de presente lo que se\u00f1alaba para la \u00e9poca de los hechos el numeral 3\u00b0, precepto que fue derogado a partir del 1\u00b0 de enero de 2014 conforme lo prev\u00e9n el literal c) del art\u00edculo 626 del c\u00f3digo de ritos en concordancia con el art\u00edculo 627 del estatuto en cita: <\/p>\n
Transcurrido un mes contado a partir del d\u00eda en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes que, sean indispensables para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077, sin que dicha reclamaci\u00f3n sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamaci\u00f3n no hubiere sido objetada, el demandante deber\u00e1 manifestar tal circunstancia en la demanda. <\/p>\n
De la anterior norma se deduce que la calificaci\u00f3n de la objeci\u00f3n, como ser\u00eda y fundada, defin\u00eda si se pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n ejecutiva o a la declarativa, pero en ambos casos el debate no se circunscribe a la objeci\u00f3n sino a todos los aspectos atinentes al contrato de seguro, pues <\/p>\n
si la falta absoluta de objeci\u00f3n no elimina la posibilidad de defensa para la aseguradora, mucho menos puede predicarse tal consecuencia cuando se presenta una objeci\u00f3n seria y fundada en la que se expresan algunos motivos, pues aunque lo deseable es que la compa\u00f1\u00eda exponga, en la medida de lo posible, todas las razones que tiene para negar el pago de una indemnizaci\u00f3n, nada impide la aducci\u00f3n posterior de otros argumentos que, desde luego, tendr\u00e1n que ser considerados en el momento de resolver un eventual conflicto21. <\/p>\n
Igualmente respecto de la oportunidad, advi\u00e9rtase que el 14 de octubre de 2011 se present\u00f3 por Mec\u00f3n una primera reclamaci\u00f3n ante la aseguradora demandada por la suma de $1420 637 486, pero ante la solicitud de revisi\u00f3n por esta \u00faltima fue reajustada mediante escrito del 23 de diciembre de 2011, fecha a partir de la cual corre el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, lapso que deber\u00e1 contabilizarse en la forma dispuesta en el art\u00edculo 829 del estatuto en cita, que en el numeral 3\u00b0 se\u00f1ala: <\/p>\n
En los plazos de horas, d\u00edas, meses y a\u00f1os, se seguir\u00e1n las reglas que a continuaci\u00f3n se expresan: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Cuando el plazo sea de meses o de a\u00f1os, su vencimiento tendr\u00e1 lugar el mismo d\u00eda del correspondiente mes o a\u00f1o. <\/p>\n
De manera que, si la reclamaci\u00f3n definitiva se present\u00f3 el 23 de diciembre de 2011, el t\u00e9rmino para resolver venc\u00eda el 23 de enero de 2012, y la objeci\u00f3n se formul\u00f3 el 20 de enero de ese a\u00f1o, esto es, dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por lo que no resulta v\u00e1lido afirmar que la respuesta de la aseguradora haya sido extempor\u00e1nea. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto se deduce que el ad quem no vulner\u00f3 el art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, y en esas circunstancias el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
IV. COSTAS. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Sin costas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Escritura atendiendo lo sugerido por el diccionario Panhisp\u00e1nico de las dudas. <\/p>\n
2\u0002 Ver entre otras SC5473 de 2021. <\/p>\n
3\u0002 DEVIS ECHAND\u00cdA, Teor\u00eda General del proceso, t. 1, p\u00e1g. 49 (completar) <\/p>\n
4\u0002 De la Plaza, Manuel. La Casaci\u00f3n Civil, p\u00e1g. 323. Madrid: Editorial Revista de derecho privado. 1944. <\/p>\n
5\u0002 Ver CSJ SC del 26 de septiembre de 2000, rad. 6388. <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC057 de 18 de mayo de 2000, expediente 5836. <\/p>\n
7\u0002 Herrera Hernando y otros. C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, an\u00e1lisis hist\u00f3rico \u2013 cr\u00edtico, p\u00e1g. 54 (completar editorial y a\u00f1o). <\/p>\n
8\u0002 Jorge Kielmanovich. Teor\u00eda de la prueba y medios probatorios. Rubinzal \u2013 Culzoni Editores, cuarta edici\u00f3n, 2015, p\u00e1g. 331. <\/p>\n
9\u0002 J. Efr\u00e9n Ossa. Teor\u00eda general del seguro. El contrato. Editorial Temis, 1984, p\u00e1g. 330 <\/p>\n
10\u0002 Andr\u00e9s Ord\u00f3\u00f1ez. Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro, p\u00e1g. 74. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC191-2002. <\/p>\n
13\u0002 Fl. 58 C.1. <\/p>\n
14\u0002 Fl 82 y s.s. C.1 exp. Digital. <\/p>\n
15\u0002 Fl 131 C1 Exp. Digital. <\/p>\n
16\u0002 Fl. 150 C.1 exp. Digital. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC 26 de enero de 1994, reiterada SC, 18 de diciembre de 2009. <\/p>\n
18\u0002 SC, 16 jun. 2006, exp. n.\u00b0 7786. <\/p>\n
19\u0002 SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada en SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322 y SC 15214 de 2017. <\/p>\n
20\u0002 CSJ, AC8670, 16 dic. 2016, rad. N\u00b0 2013-00067-01 <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC 096 de 27 de julio de 2006, exp. 1998 0031. <\/p>\n
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SC3663-2022 (2012-00193-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC3663-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-009-2012-00193-01 (Aprobado en Sala de primero de septiembre de 2022) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la sociedad Mu\u00f1oz Echeverry Constructora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68587","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68587\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}