SC3729-2022 (2019-02775-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3729-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02775-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n del trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda In\u00e9s, Fernando y Marleny Acero Pe\u00f1a frente a la sentencia de 15 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de pertenencia promovido por Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez contra los impugnantes e indeterminados. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda g\u00e9nesis del referido litigio, los aqu\u00ed convocados pidieron declarar a su favor la prescripci\u00f3n extraordinaria respecto del lote de terreno No. 39 de la Manzana 21 que integra la Urbanizaci\u00f3n San Carlos, localizado en la Carrera 17A No. 54-37 Sur de Bogot\u00e1, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-40106325, y dijeron desconocer el paradero de los due\u00f1os, quienes fueron representados por curador ad litem (fls. 145 a 147 cno. 1, exp. 2015-00683). <\/p>\n
2. El a quo, en sentencia de 24 de agosto de 2017, neg\u00f3 las pretensiones (fls. 219 y 220 vto., ib\u00edd.). <\/p>\n
3. Esa decisi\u00f3n fue revocada por el Superior al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por los prescribientes, en providencia de 15 de noviembre de 2017, notificada en estrados. En su lugar, declar\u00f3 que Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez adquirieron el dominio del referido inmueble por usucapi\u00f3n y orden\u00f3 inscribir el fallo en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Sur (fls. 10 y vto. ib\u00edd.). <\/p>\n
<\/p>\n
II. RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. El 22 de agosto de 2019, Mar\u00eda In\u00e9s, Fernando y Marleny Acero Pe\u00f1a recurrieron en revisi\u00f3n, con las causales sexta y s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, en procura de que se anule lo actuado y se cancele la inscripci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
En respaldo narraron que los promotores de la usucapi\u00f3n incurrieron en maniobras enga\u00f1osas cuando en el ac\u00e1pite de notificaciones expresaron que \u00abno se tiene conocimiento del lugar de residencia de los demandados\u00bb, aun cuando conoc\u00edan esa informaci\u00f3n al figurar en el expediente de la pertenencia primigenia adelantada por Helena Su\u00e1rez de Mendoza, as\u00ed como el reivindicatorio instado contra aquella, sobre el mismo predio, pleitos a los que dichos prescribientes fueron vinculados como sucesores procesales de la detentora del bien, y que perdieron, lo que demuestra las maniobras torticeras en que incurrieron al adelantar sobre el mismo bien un nuevo certamen de usucapi\u00f3n a sabiendas que hab\u00edan sido condenados a reivindicarlo y por mentir sobre el paradero de sus due\u00f1os. <\/p>\n
2. La demanda de revisi\u00f3n fue admitida en auto de 5 de febrero de 2020, notificado en el estado del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
3. El curador ad litem de los indeterminados se notific\u00f3 el 13 de octubre de 2021 y guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez se notificaron por conducta concluyente en auto de 25 de marzo de 2022, puesto en estado del d\u00eda siguiente, y alegaron \u00ab[i]nexistencia de colusi\u00f3n o maniobra fraudulenta por parte de los demandantes en pertenencia\u00bb, \u00ab[i]nexistencia del principio de publicidad y debido proceso al interior de los procesos de pertenencia\u00bb, \u00ab[r]espeto del principio de publicidad y debido proceso al interior de los procesos de pertenencia\u00bb y \u00ab[c]arencia de diligencia o hecho exclusivo de los recurrentes\u00bb (cfr. Anexo digital No. 8). <\/p>\n
4. Por auto de 13 de septiembre de 2022 se decretaron las pruebas y all\u00ed mismo se advirti\u00f3 que, al no haber pendientes por recaudar, la actuaci\u00f3n ingresar\u00eda para fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia que se va a dictar es anticipada, de conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso que la autoriza cuando se encuentre probada la caducidad, sin que tal modo de proceder desconozca el debido proceso, ni alguna otra garant\u00eda superlativa o legal de los intervinientes en el litigio, toda vez que el actual sistema procesal civil es d\u00factil. <\/p>\n
Ello porque las formalidades propias de cada juicio est\u00e1n al servicio del derecho material, de ah\u00ed que deban ser puestas en contexto con los postulados de celeridad y econom\u00eda procesal que reclaman decisiones prontas, cumplidas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin incurrir en dilaciones o actuaciones injustificadas, tanto as\u00ed que estas pueden omitirse si se advierte su futilidad. <\/p>\n
Al efecto, en CSJ SC1298-2022 (6 may.) se reiter\u00f3: <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137-2017). <\/p>\n
2. Aunque el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso otorga a las sentencias la impronta de la ejecutoriedad una vez han adquirido firmeza en virtud del principio de la cosa juzgada, el art\u00edculo 354 autoriza, y de forma excepcional, su revisi\u00f3n por dificultades o irregularidades en el recaudo probatorio, as\u00ed como por actos de colusi\u00f3n, indebida representaci\u00f3n o vicios may\u00fasculos que afecten la eficacia de lo actuado en el pleito enjuiciado. <\/p>\n
No significa que este remedio procesal se erija en una nueva oportunidad para reabrir la litis a manera de tercera instancia, como tampoco para sugerir tesituras argumentativas alternas por muy persuasivas y atrayentes que sean, ni para superar deficiencias en el planteamiento del litigio o la estrategia de defensa, ya que su viabilidad est\u00e1 determinada por la incursi\u00f3n en graves falencias descubiertas despu\u00e9s de concluida la disputa y que no pudieron ser analizadas en el fallo que la zanj\u00f3. <\/p>\n
3. Para interponer ese medio de control jurisdiccional hay una limitaci\u00f3n temporal preclusiva, pues el art\u00edculo 356 del actual estatuto procesal civil fija, por regla general, el plazo de dos (2) a\u00f1os contados desde la ejecutoria de la sentencia a atacar por v\u00eda de revisi\u00f3n, el cual puede ser de m\u00e1ximo cinco (5) a\u00f1os en la causal s\u00e9ptima seg\u00fan las reglas que al efecto prev\u00e9 la norma, que, adem\u00e1s, hace ciertas precisiones respecto de algunos otros motivos de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con esa configuraci\u00f3n legislativa, la activaci\u00f3n tard\u00eda del recurso justifica su rechazo al tenor del tercer inciso del art\u00edculo 358 ejusdem, sin que tal exigencia se entienda superada por haberle dado curso, toda vez que se deben tener en cuenta las reglas de inoperancia de la caducidad del art\u00edculo 94 ibidem, situaci\u00f3n que obliga a constatar su oportunidad aun al momento de ser resuelto. <\/p>\n
4. Los promotores de la revisi\u00f3n alegan las causales sexta y s\u00e9ptima establecidas en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en: <\/p>\n
6. Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. <\/p>\n
5. La Sala observa que frente a esos motivos se configur\u00f3 la caducidad sobreviniente, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando se invoque la causal sexta de revisi\u00f3n, \u00ab[e]l recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb; sin embargo, no es suficiente con interponer en tiempo la revisi\u00f3n, sino que debe darse tambi\u00e9n cumplimiento al inciso primero del art\u00edculo 94 ibidem en lo que refiere a la vinculaci\u00f3n formal de la contraparte, pues esa regla instrumental dispone que: <\/p>\n
La presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. <\/p>\n
Ello significa que el impulsor de la revisi\u00f3n tiene una doble carga probatoria para atajar la caducidad, consistente en interponer el recurso dentro del bienio establecido en el art\u00edculo 356 ejusdem, y en atender, asimismo, lo dispuesto en el inciso primero del art\u00edculo 94 ibidem, so pena de que la inoperancia de ese fen\u00f3meno se produzca con el acto de notificaci\u00f3n a la parte convocada, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Sala en CSJ SC4854-2021 al decir que <\/p>\n
(\u2026) la presentaci\u00f3n oportuna del libelo introductor, en tanto actuaci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente del litigio subyacente a la revisi\u00f3n, no es suficiente para impedir la configuraci\u00f3n del memorado fen\u00f3meno preclusivo, pues compete al interesado, adem\u00e1s, cumplir con la carga procesal de integrar diligentemente el contradictorio, como lo dispone el inciso cuarto del precepto 358, en concordancia con las reglas 91 y 94 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la caducidad es una instituci\u00f3n provista para sancionar el incumplimiento de las cargas que la ley le impone al titular de un derecho y, por tanto, constituye un tema de orden p\u00fablico, raz\u00f3n por la que es declarable aun de oficio cuando est\u00e9 configurada inclusive en el marco del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, al estar de por medio la necesidad de preservar la seguridad jur\u00eddica, como baluarte de toda sociedad democr\u00e1tica, pues en esta la respuesta del sistema de justicia tiene un valor superlativo para el Estado y tambi\u00e9n para los coasociados que por esa v\u00eda definen sus controversias de forma definitiva. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, en SC4065 de 2020 se record\u00f3: <\/p>\n
El legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n debe dirigirse contra todas \u00ablas personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u00bb, seg\u00fan lo manda el numeral segundo del art\u00edculo 357 ibidem, lo que configura un litisconsorcio necesario entre quienes deben ser citados a ese escenario excepcional, de tal modo que su convocatoria y vinculaci\u00f3n resultan indispensables para que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se constituya debidamente y haya uniformidad en la decisi\u00f3n a ser adoptada. <\/p>\n
Por tanto, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino que configure la caducidad no se da solo con la presentaci\u00f3n oportuna de la censura extraordinaria, sino que es preciso notificar tempestivamente a todos quienes deben ser convocados, con independencia de que ello se logre dentro o por fuera del lapso que prev\u00e9 el art\u00edculo 94 ibidem, pero, en todo caso, sin exceder el t\u00e9rmino previsto para la respectiva causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 94 ibidem, dispone que: <\/p>\n
Si fueran varios los demandados y existiese entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificaci\u00f3n a los que se refiere este art\u00edculo se surtir\u00e1n para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos. <\/p>\n
5.1. En este episodio, como se invoc\u00f3 la causal sexta de revisi\u00f3n, el extremo recurrente contaba con dos (2) a\u00f1os, contados desde la ejecutoria de la sentencia fustigada, para formular la demanda de revisi\u00f3n, sin que el cumplimiento de esa carga amerite alg\u00fan reparo, toda vez que el fallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adquiri\u00f3 firmeza el 15 de noviembre de 2017, al haber sido dictado en estrados, y el recurso se interpuso el 22 de agosto de 2019, es decir, dentro del bienio contado desde aqu\u00e9l d\u00eda. <\/p>\n
A pesar de ello, la presentaci\u00f3n de la demanda no logr\u00f3 el cometido de inoperar la caducidad comoquiera que el auto admisorio le fue comunicado a los promotores por estado de 6 de febrero de 2020 y los convocados Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez, \u00faltimos en ser vinculados1, se notificaron por conducta concluyente en prove\u00eddo puesto al estado de 25 de marzo de 2022, es decir, por fuera de la anualidad prevista en el inciso primero del art\u00edculo 94 ejusdem. <\/p>\n
Es as\u00ed porque entre el 6 de febrero de 2020 y el 25 de marzo de 2022 transcurrieron dos (2) a\u00f1os y 19 d\u00edas, sin que el panorama cambie al descontar los tres (3) meses y quince (15) d\u00edas que dur\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por la pandemia de la COVID 192, pues ello arroja un per\u00edodo de un (1) a\u00f1o, nueve (9) meses y cuatro (4) d\u00edas, lo que reafirma que los recurrentes no cumplieron la carga de integrar el contradictorio dentro del a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 94 en cita. Luego, la caducidad sigui\u00f3 su curso y, para el 25 de marzo de 2022, cuando se trab\u00f3 el contradictorio, ese fen\u00f3meno legal ya se hab\u00eda configurado. <\/p>\n
Sin duda, desde el 15 de noviembre de 2017, cuando cobr\u00f3 firmeza el fallo, hasta el 25 de marzo de 2022, d\u00eda en que se integr\u00f3 la litis, transcurrieron cuatro (4) a\u00f1os, cuatro (4) meses y diez (10) d\u00edas, y al descontar los tres (3) meses y quince (15) d\u00edas en que dur\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos antes aludida, quedan cuatro (4) a\u00f1os y veinticinco (25) d\u00edas. <\/p>\n
5.2. Igual conclusi\u00f3n se impone respecto de la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n. En efecto, la sentencia de 15 de noviembre de 2017, en la cual se declar\u00f3 que Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez adquirieron por usucapi\u00f3n el predio litigiado, se inscribi\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Sur, el 28 de febrero de 2018 (fls. 8 a 11 exp. digital) y el 22 de agosto de 2019 la parte presuntamente afectada interpuso la revisi\u00f3n, lo que significa que conoci\u00f3 esa decisi\u00f3n dentro del bienio siguiente a su registro y la recurri\u00f3 durante ese lapso, esto es, de forma oportuna. <\/p>\n
Con todo, para que ese acto procesal introductorio tuviera la virtualidad de inoperar la caducidad era menester notificar a todos los convocados \u00abdentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n (\u2026) al demandante\u00bb, pues de lo contrario el se\u00f1alado efecto solo se producir\u00eda con la vinculaci\u00f3n formal de estos \u00faltimos, seg\u00fan el inciso primero in fine del art\u00edculo 94 ejusdem. <\/p>\n
Empero, esa exigencia legal no se cumpli\u00f3, habida cuenta que el auto admisorio le fue notificado a los revisionistas en estado de 5 de febrero de 2020, por lo que a partir del d\u00eda siguiente estos ten\u00edan un a\u00f1o para vincular a los convocados (inc. 1. Art. 94 C.G.P), lapso del que se deb\u00eda quitar los tres (3) meses y quince (15) d\u00edas que dur\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada a causa de la pandemia de la COVID 19, por lo que, en definitiva, dispon\u00edan hasta el 21 de mayo de 2021 para realizar tal acto procesal de comunicaci\u00f3n y as\u00ed prevalerse del citado efecto legal. Sin embargo, esta carga solo se satisfizo el 25 de marzo de 2022, de ah\u00ed que la presentaci\u00f3n del libelo no detuvo la caducidad3 y, por ende, esta sigui\u00f3 su marcha y cuando se integr\u00f3 la litis (25 mar. 2022), ya se hab\u00eda consolidado. <\/p>\n
Es as\u00ed porque su inoperancia qued\u00f3 atada al conocimiento de la sentencia por los presuntos afectados, hecho ocurrido despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n del veredicto en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos (28 feb. 2018), pero antes de interponer la revisi\u00f3n (22 ag. 2019); por tanto, aunque no indicaron la fecha exacta en que tuvieron tal informaci\u00f3n, se infiere que ello ocurri\u00f3 durante de los dos (2) a\u00f1os siguientes al registro del fallo, toda vez que radicaron el libelo dentro de ese bienio. Luego, si en el escenario m\u00e1s favorable para los revisionistas se asumiera que el dies a quo para enarbolar la causal en cuesti\u00f3n inici\u00f3 el 22 de agosto de 2019, habr\u00eda caducidad. <\/p>\n
Lo dicho porque desde esa data (22 ag. 2019) hasta la notificaci\u00f3n de todos los demandados (25 mar. 2022) corri\u00f3 un lapso superior al bienio previsto en el art\u00edculo 356 ibidem, espec\u00edficamente dos (2) a\u00f1os, siete (7) meses y tres (3) d\u00edas, sin que tal panorama mejore al descontar los tres (3) meses y quince (15) d\u00edas que dur\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por la pandemia de la Covid 19, pues al restar ese tiempo quedan dos (2) a\u00f1os, tres (3) meses y dieciocho (18) d\u00edas, t\u00e9rmino que supera con holgura el legal de dos (2) a\u00f1os provisto para alegar la s\u00e9ptima causal de revisi\u00f3n. <\/p>\n
No es factible aplicar el tiempo m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 356 ibidem, pues los recurrentes conocieron la sentencia dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a su registro realizado el 28 de febrero de 20184 e instauraron la acci\u00f3n el 22 de agosto de 2019, es decir, dentro del bienio siguiente a ese hallazgo, aserto que se fortalece porque el tiempo transcurrido entre el registro y la interposici\u00f3n del embate es menor a dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed se pronunci\u00f3 la Sala en CSJ SC550-2020 cuando dijo: <\/p>\n
Obviamente, tampoco puede la Sala predicar que el tiempo con que contaba la accionante para promover la revisi\u00f3n del fallo, era el m\u00e1ximo consagrado por el legislador -5 a\u00f1os-, porque como se extrae de una simple lectura a la norma que se analiza, tal l\u00edmite est\u00e1 establecido para aquellos casos en que la parte afectada no conoci\u00f3 la decisi\u00f3n antes de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria. <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, se consolid\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad respecto de las causales 6\u00aa y 7\u00aa de revisi\u00f3n imploradas, ya que los recurrentes inobservaron la carga de notificar en tiempo a los demandados, como ya se explic\u00f3, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1, sin necesidad de estudiar las excepciones de m\u00e9rito propuestas al resultar ello inoficioso frente al avizorado impedimento procesal sobreviniente, y se levantar\u00e1n las medidas cautelares decretadas en este certamen. <\/p>\n
7. Seg\u00fan el art\u00edculo 359 in fine del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas y perjuicios a los revisionistas. Las agencias se fijar\u00e1n al tenor del 365 ibidem, teniendo en cuenta la actitud defensiva asumida por los convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la caducidad de las causales 6\u00aa y 7\u00aa de revisi\u00f3n alegadas en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado por Mar\u00eda In\u00e9s, Fernando y Marleny Acero Pe\u00f1a frente a la sentencia de 15 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de pertenencia de Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez contra los impugnantes e indeterminados. <\/p>\n
SEGUNDO: Levantar las medidas cautelares decretadas en este asunto. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Condenar en costas y perjuicios a la parte impugnante, estos \u00faltimos se liquidar\u00e1n mediante incidente. Por agencias en derecho se fijan $6\u2019000.000. <\/p>\n
CUARTO: Devolver al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el expediente del proceso de pertenencia en el cual se dict\u00f3 la sentencia que fue objeto de revisi\u00f3n, salvo el cuaderno de la Corte, adjuntando copia de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: Archivar oportunamente la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior que el curador ad litem se notific\u00f3 el 13 de octubre de 2021. Fl.178. <\/p>\n
2\u0002 Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds desde el 16 de marzo de 2020, medida vigente hasta el 30 de junio, en virtud de la reanudaci\u00f3n a partir del 1 de julio, seg\u00fan Acuerdo PCSJA20-11581 de 2020. <\/p>\n
3\u0002 Entre el 6 de febrero de 2020, d\u00eda siguiente a aquel en que se notific\u00f3 el auto admisorio a los revisionistas, y el 25 de marzo de 2022, data en que se notific\u00f3 esa providencia a los demandados Jes\u00fas Arnoldo Su\u00e1rez, Blanca Alicia y Luz Marina Mendoza Su\u00e1rez, transcurrieron dos (2) a\u00f1os y diecinueve (19) d\u00edas, per\u00edodo que supera ampliamente al lapso legal de un (1) a\u00f1o, aun si se descontaran los tres (3) meses y quince (15) que dur\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos generada por la pandemia de la Covid-19. <\/p>\n
4\u0002 Los revisionistas indicaron que se enteraron de la sentencia cuando, al cancelar el impuesto predial del a\u00f1o 2018, solicitaron un certificado de libertad y tradici\u00f3n y vieron la anotaci\u00f3n No. 7\u0002 que contiene esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
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SC3729-2022 (2019-02775-00) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC3729-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02775-00 (Aprobada en sesi\u00f3n del trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68588","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68588","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68588"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68588\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68588"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68588"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68588"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}