SC3755-2022 (2015-00953-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3755-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-001-2015-00953-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Human Team S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 7 de octubre de 2019, en el proceso promovido por la recurrente contra Zandor Capital S.A. Colombia. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- De manera principal se solicit\u00f3 declarar que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios n\u00famero 006-03-10, suscrito el 9 de agosto de 2010, por Zandor Capital S.A. Colombia, en calidad de contratante y Human Team S.A.S. como contratista, se prorrog\u00f3 por un a\u00f1o, en virtud de lo dispuesto en la cl\u00e1usula 14 y que la convocada lo incumpli\u00f3 al desconocer su pr\u00f3rroga y pago. En consecuencia, declarar la resoluci\u00f3n del convenio y condenar a la demandada a pagar la cl\u00e1usula penal sancionatoria pactada por la suma de $4.964.163.798, que corresponde al 20% del precio del contrato, o la que resulte probada en el curso del proceso, y a indemnizar la totalidad de los perjuicios que con su incumplimiento le ocasion\u00f3 al contratante cumplido. <\/p>\n
En subsidio, declarar que la convocada abus\u00f3 del derecho; que las comunicaciones remitidas informando de manera injusta y unilateral que desea prorrogar el contrato por un mes luego de que se prorrog\u00f3 un a\u00f1o constituyen un acto abusivo; que las motivaciones para no respetar la pr\u00f3rroga del contrato y darlo por terminado de manera unilateral, constituyen un acto abusivo del derecho; como consecuencia, condenarla a pagar la cl\u00e1usula penal y a indemnizar los perjuicios. <\/p>\n
En forma complementaria, ordenar la reparaci\u00f3n integral de todos los perjuicios por lucro cesante y da\u00f1o emergente, con actualizaci\u00f3n de las condenas de acuerdo con el \u00edndice de precios al consumidor, m\u00e1s intereses compensatorios y moratorios, as\u00ed como costas y expensas. <\/p>\n
2.- En sustento de las aspiraciones, inform\u00f3 la demandante: <\/p>\n
El 9 de agosto de 2010 Zandor Capital S.A. Colombia, en calidad de contratante y Human Team S.A.S. como contratista, suscribieron el contrato de prestaci\u00f3n de servicios n\u00famero 006-03-10, con el objeto de que la segunda suministrara personal a la primera, para que se diera inicio a la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, en las zonas de actividad minera. El 9 de agosto de 2011, el contrato se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente en cumplimiento de la cl\u00e1usula 14, es decir, por otro a\u00f1o, toda vez que ninguna de las partes avis\u00f3 a la otra con un mes de antelaci\u00f3n su deseo de terminarlo, tal como fue pactado. <\/p>\n
El 10 de agosto de 2011, Sebasti\u00e1n Giraldo, vinculado a Zandor Capital S.A., le remiti\u00f3 al representante legal de Human Team S.A.S., un correo en el que se anex\u00f3 un \u201cmodelo de otro s\u00ed\u201d, para ampliar el t\u00e9rmino del contrato hasta el 5 de septiembre del 2011, al efecto, envi\u00f3 una propuesta de cl\u00e1usula adicional que no fue firmada ni aceptada por el representante legal de la demandante, puesto que el contrato se encontraba prorrogado hasta el 9 de agosto de 2012. <\/p>\n
La accionada de manera unilateral y sin justa causa, le comunic\u00f3 que no continuar\u00eda participando en el contrato y remiti\u00f3 copia de las comunicaciones a funcionarios de la empresa \u00abEficacia\u00bb, que reemplaz\u00f3 a la accionante y continu\u00f3 prestando los servicios con los trabajadores en misi\u00f3n que requer\u00eda la demandada para la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio de sus actividades mineras. <\/p>\n
3.- Enterada del auto admisorio, Zandor Capital S.A. Colombia se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3: \u00abnulidad por objeto il\u00edcito de la cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga\u00bb, \u00abel objeto del contrato desapareci\u00f3 (inexistencia sobreviniente del objeto)\u00bb y \u00abejercicio del derecho potestativo que el contrato confiri\u00f3 a la sociedad demandada\u00bb1. <\/p>\n
El juez de primera instancia declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abnulidad por objeto il\u00edcito (transgresi\u00f3n a normas imperativas del contrato de prestaci\u00f3n de servicios contrataci\u00f3n de trabajadores temporales n\u00famero 006-03-10 de fecha 9 de agosto de 2010\u00bb2, providencia confirmada por el ad quem, el 7 de octubre de 20193. <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Para refrendar el fallo del a quo, en s\u00edntesis, se expuso: <\/p>\n
1.- Del art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 se desprenden unos supuestos que restringen la contrataci\u00f3n de servicios temporales, limit\u00e1ndose desde el marco normativo que los rige, a aquellas hip\u00f3tesis donde las Empresas de Servicios Temporales gozan de habilitaci\u00f3n para contratar con sus usuarios, lo que permite colegir la prevalencia del respeto por las normas laborales, pues no puede pretenderse que a trav\u00e9s de figuras de contrataci\u00f3n diferentes se sustituyan las modalidades dispuestas en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, ni mucho menos que aquellas vayan en desmedro de los derechos de quienes prestan personalmente sus servicios, queriendo ocultar la permanencia bajo el ropaje de temporalidad que ofrece esta modalidad de contrataci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, hay una negociaci\u00f3n de rango mercantil como contrato marco, regulado por normas especiales consagradas en el estatuto comercial bajo la premisa de la autonom\u00eda privada, actividad econ\u00f3mica e iniciativa libres, fundados en el art\u00edculo primero del C\u00f3digo de Comercio, pero su objeto, consistente en la prestaci\u00f3n de servicios temporales a trav\u00e9s de trabajadores en misi\u00f3n, se entroniza en leyes de orden p\u00fablico y de estricto cumplimiento como lo son las laborales, y en el evento de suscitarse un conflicto normativo \u00abdeben preferirse este tipo de normas, de acuerdo a lo estipulado por el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb <\/p>\n
2.- Hay que diferenciar dos tipos de contratos, uno comercial de prestaci\u00f3n de servicios celebrado entre Zandor Capital S.A, Colombia y Human Team S.A.S.; y otro, que vincula a Human Team S.A.S. con cada uno de los empleados que prestaron el servicio en misi\u00f3n, entre quienes media un v\u00ednculo laboral, regulado por el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, que en su art\u00edculo 6\u00b0 consagra los eventos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar servicios con las de servicios temporales. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso en estudio, no se tuvieron en cuenta las tres posibilidades consagradas por la ley para que las empresas usuarias puedan contratar con las de servicios temporales, comoquiera que al definir su objeto, la cl\u00e1usula primera del contrato mercantil de prestaci\u00f3n de servicios No. 006-03- 10, dispone que \u00e9ste se celebra con el fin de \u00abPrestar el servicio con los trabajadores en misi\u00f3n que requiera la empresa usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera\u00bb. <\/p>\n
Se colige una estrecha relaci\u00f3n entre la raz\u00f3n de la celebraci\u00f3n del convenio mercantil y el objeto social de Zandor Capital S.A., referente a la \u00abinversi\u00f3n, prospecci\u00f3n, construcci\u00f3n de infraestructuras, montaje, explotaci\u00f3n, beneficio, transformaci\u00f3n, transporte, comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de todos o cualquier de los minerales, hidrocarburos y energ\u00eda el\u00e9ctrica que se encuentren en el suelo y el subsuelo\u00bb, desconociendo abiertamente la finalidad de contratar con empresas de servicios temporales, porque, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, la demandada lo celebr\u00f3 con la finalidad de suplir su planta de personal, buscando que fueran terceros quienes ejecutaran las actividades a las que permanentemente se dedica, a pesar de vincularse bajo la modalidad temporal, contrariando, en cuanto a los trabajadores en misi\u00f3n, lo dispuesto en los art\u00edculos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del Decreto 4369 de 2006. <\/p>\n
3.- Comparando el objeto del contrato mercantil con los supuestos de los art\u00edculos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, dicho convenio no se compadece con las disposiciones de orden p\u00fablico que lo rigen; puesto que los trabajadores que demandar\u00eda Zandor durante la ejecuci\u00f3n del negocio, no desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas. De all\u00ed que, al margen de la intenci\u00f3n que ten\u00edan las partes a la hora de perfeccionar el contrato, \u00abambos buscaron desconocer la finalidad que desde la Ley se ha contemplado para estas modalidades de contrataci\u00f3n; buscando el suministro de personal para el desarrollo de la miner\u00eda como eje fundamental de la actividad comercial ejercida profesionalmente por la demandada\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, memor\u00f3 lo aducido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte en SL 7 feb. 2018, SL1170-2107 y SL13918-2017 respecto de la \u00abcontrataci\u00f3n fraudulenta por recaer sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculaci\u00f3n de trabajadores en misi\u00f3n\u00bb, de las cuales se desprende la violaci\u00f3n de normas de orden p\u00fablico de tipo laboral con la celebraci\u00f3n del contrato mercantil en estudio, sin que con ello se desconozca la realidad de la relaci\u00f3n laboral frente al trabajador en misi\u00f3n, pues se busca es \u00abevitar que la contrataci\u00f3n directa no (sic) se disfrace con figuras de intermediaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando un empleado est\u00e1 cumpliendo una labor permanente que hace parte de las actividades ordinarias y cotidianas de una empresa\u00bb. <\/p>\n
4.- El tribunal mantuvo la decisi\u00f3n del a quo, pues a pesar de estar frente a una controversia contractual de \u00edndole mercantil, dada la especial connotaci\u00f3n del objeto pactado entre las partes consistente en, \u00abprestar el servicio con los trabajadores en misi\u00f3n que requiera la empresa usuaria, para inicio de las operaciones de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera\u00bb, deben tenerse en cuenta las normas laborales que rigen y reglamentan la prestaci\u00f3n de servicios temporales y el contrato realidad que goza de protecci\u00f3n legal y constitucional, en ese sentido, el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo contempla que, \u00ab[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley\u00bb. <\/p>\n
Dado el car\u00e1cter de orden p\u00fablico de la Ley 50 de 1990 y del Decreto 4369 de 2006 que la reglamenta, cualquier marco contractual en el que se convenga la prestaci\u00f3n de servicios mediante la \u00abprovisi\u00f3n de trabajadores temporales\u00bb, debe acogerse a lo dispuesto en ellas, so pena de incurrir en una causal de nulidad absoluta por violaci\u00f3n de norma de car\u00e1cter imperativo y por objeto il\u00edcito, al tenor de los numerales primero y segundo del art\u00edculo 899 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como del 1740 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
5.- Volviendo la vista sobre la cl\u00e1usula 14, relativa a la duraci\u00f3n del contrato y a su pr\u00f3rroga que constituye la base de las pretensiones, advirti\u00f3 que \u00e9sta contempla un t\u00e9rmino que contraviene lo dispuesto en las citadas disposiciones, puesto que los contratantes \u00abpretendieron mediante un contrato mercantil -sujeto a normas laborales de orden p\u00fablico-, extender la prestaci\u00f3n de un servicio con trabajadores en misi\u00f3n por un plazo superior a un a\u00f1o, aun cuando las mismas normas que lo supeditan disponen con claridad que dicho negocio s\u00f3lo puede perdurar seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el amparo de la libertad contractual y la autonom\u00eda privada, Human Team S.A.S. y Zandor Capital S.A. Colombia, buscaban por medio de una cl\u00e1usula contractual, extender en el tiempo la relaci\u00f3n jur\u00eddica que los ataba, dando la posibilidad de prorrogar autom\u00e1ticamente por per\u00edodos iguales a un a\u00f1o, un convenio que, por disposici\u00f3n de una norma imperativa de tipo laboral, no puede exceder de seis meses prorrogable por seis meses m\u00e1s. Tampoco pod\u00edan pretender cubrir con trabajadores en misi\u00f3n, las funciones de la actividad minera, relacionadas con operaciones de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, pues ello desborda el objeto para el que fue pensada la contrataci\u00f3n temporal y desconoce los presupuestos fijados en el art\u00edculo 6 del Decreto 4369 de 2006. <\/p>\n
6.- Por ende, el contenido de las cl\u00e1usulas primera y 14 referidas al objeto del contrato y su pr\u00f3rroga, van en contrav\u00eda de los art\u00edculos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y del par\u00e1grafo del numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que son de orden p\u00fablico, \u00abdeterminando la existencia de un vicio insubsanable por violaci\u00f3n de norma imperativa y por objeto il\u00edcito, que torna en absolutamente nulo el contrato suscrito el 9 de agosto de 2010\u00bb. <\/p>\n
7.- En cuanto a las consecuencias de la declaratoria de nulidad absoluta, el C\u00f3digo de Comercio no regula restituciones mutuas, por lo que debe acudirse al art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, \u00abno podr\u00e1 repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa il\u00edcita a sabiendas\u00bb, precepto aplicable dado que ambos contratantes y sobre todo la demandante, atendiendo a su car\u00e1cter profesional en el sector de la contrataci\u00f3n de servicios temporales, deb\u00eda conocer la existencia de la limitaci\u00f3n legal y el hecho de celebrar un contrato que fuera en contrav\u00eda de las normas, determina el conocimiento previo de la ilicitud del objeto. <\/p>\n
8.- Ante la nulidad absoluta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, prescindi\u00f3 del an\u00e1lisis del tema fundante de la litis referido al incumplimiento de la demandada y a la pr\u00f3rroga del contrato, as\u00ed como la definici\u00f3n de los dem\u00e1s puntos de inconformidad presentados por la recurrente. <\/p>\n
9.- En s\u00edntesis, pese a la naturaleza mercantil del contrato en estudio, en el cual priman la actividad econ\u00f3mica e iniciativa privadas dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan (art\u00edculo 333 C.P.), su objeto consistente en prestar servicios con trabajadores en misi\u00f3n, est\u00e1 regulado por normas imperativas y de obligatorio acatamiento, como los art\u00edculos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 6 del Decreto 4369 de 2006; que siendo de car\u00e1cter laboral no pueden ser desconocidas por los particulares en sus negocios y su trasgresi\u00f3n genera la nulidad absoluta conforme a los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 899 del C\u00f3digo de Comercio, lo que justifica confirmar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
10.- Si en aras de discusi\u00f3n se diera por descontado el tema de la validez del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, en el hipot\u00e9tico caso de partir de una separaci\u00f3n tajante entre la relaci\u00f3n mercantil y las normas de car\u00e1cter laboral, a partir de lo cual se permitir\u00eda una pr\u00f3rroga del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, \u00abse vislumbra un escollo con entidad suficiente para dar al traste con las pretensiones indemnizatorias de la demanda\u00bb, relacionado con la falta de certidumbre del da\u00f1o sufrido por Human Team S.A.S. y, por ende, la imposibilidad de tasar los perjuicios reclamados. <\/p>\n
11.- En todo caso, bien por la invalidez del contrato generada en la ilicitud del objeto y por violaci\u00f3n de normas imperativas o por la ausencia de certeza del da\u00f1o y sus consecuentes perjuicios, la decisi\u00f3n redunda en confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N. <\/p>\n
Se formulan dos cargos contra la sentencia, con soporte en las causales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales se resolver\u00e1n en el orden que fueron propuestos. <\/p>\n
IV.- PRIMER CARGO <\/p>\n
Por la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de segunda instancia de violar directamente los art\u00edculos 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83 de la Ley 50 de 1990 y del par\u00e1grafo del art\u00edculo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso el recurrente: <\/p>\n
1.- El Tribunal incurri\u00f3 en una equivocada interpretaci\u00f3n del problema jur\u00eddico y cometi\u00f3 tres graves errores de interpretaci\u00f3n en el proceso l\u00f3gico – jur\u00eddico sobre los cuales funda las conclusiones de la sentencia, a saber: i) declarar incapaces a las empresas de servicios temporales y confundir las relaciones jur\u00eddicas que se trabaron cuando se celebr\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios temporales; ii) interpretar err\u00f3neamente la consecuencia jur\u00eddica que corresponde aplicar en sede de discusi\u00f3n laboral, cuando se prorrogan los contratos laborales de servicios temporales por espacio superior a un a\u00f1o, y iii) aplicar indebidamente la ley al ignorar cu\u00e1les son los servicios temporales que pueden ser contratados. <\/p>\n
2.- No se puede tener como il\u00edcito un objeto v\u00e1lidamente permitido en Colombia para la relaci\u00f3n comercial existente entre las partes; la ley permite que las labores que se consideran como permanentes para la empresa usuaria, en el evento de requerirlo y por su car\u00e1cter de temporales, sean contratadas \u00fanicamente a trav\u00e9s de empresas intermediarias de servicios temporales, cuyos contratos deben ser revisados por el Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
El error juris in judicando se presenta porque a pesar de que el ad quem reconoci\u00f3 la existencia y validez de las normas que gobiernan la prestaci\u00f3n de servicios temporales, se equivoc\u00f3 en la labor hermen\u00e9utica por falsa interpretaci\u00f3n de la ley, al aplicar a la relaci\u00f3n comercial la prohibici\u00f3n que se establece para la relaci\u00f3n laboral e ignor\u00f3 que el caso bajo estudio versaba sobre el incumplimiento del contrato comercial marco, no del servicio espec\u00edfico que es desarrollo en la ejecuci\u00f3n de aquel. El yerro es tan notorio que, de acuerdo con el an\u00e1lisis del juzgador, las empresas de servicios temporales no ser\u00edan sostenibles jur\u00eddica ni financieramente dado que los contratos marco por ellas celebrados no podr\u00edan ser superiores a un a\u00f1o. <\/p>\n
3.- Se desconoce en el fallo que Zandor celebr\u00f3 v\u00e1lidamente un contrato de prestaci\u00f3n de servicios temporales con Human, el cual es de naturaleza mercantil de acuerdo a los art\u00edculos 81 y 77 de la Ley 50 de 1990 y 8\u00b0 del Decreto 4369 de 2006 y que, al tenor de los c\u00e1nones 71, 74, 75, 76 y 79 de la Ley 50 de 1990, la empresa de servicios temporales contrata directamente a los trabajadores en misi\u00f3n y es su verdadera empleadora. <\/p>\n
No es correcto aplicar indistintamente la temporalidad referida en el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 a las relaciones de car\u00e1cter comercial y laboral, por cuanto dicha norma hace referencia a los servicios espec\u00edficos de colaboraci\u00f3n que puede prestar la EST en el desarrollo de su objeto social, a los cuales se les aplica la temporalidad, siendo ajeno el contrato laboral con el trabajador a lo regulado por esta disposici\u00f3n. Y como respecto del contrato comercial, el art\u00edculo 81 de la Ley 50 guarda silencio, \u00e9ste se rige por el art\u00edculo 2.2.6.5.8 del Decreto 1072 de 2015. <\/p>\n
En estos eventos se presenta una triple relaci\u00f3n jur\u00eddica de diferentes caracter\u00edsticas \u00edntimamente relacionadas. La primera ata\u00f1e a un contrato comercial regulado en la Ley 50 de 1990, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios temporales de colaboraci\u00f3n en las actividades de un tercer usuario (art. 77), para lo cual, se env\u00edan personas naturales que se encargan de desarrollar el servicio objeto del contrato comercial (art. 71), en este caso, mediante un contrato marco se iban generando ordenes de servicio, tal y como se expres\u00f3 en su clausulado y conforme al art\u00edculo 8 del Decreto 4369 de 2006, servicio espec\u00edfico al que se le aplica la temporalidad de acuerdo a la causa que le dio origen. Adicionalmente, se presenta una relaci\u00f3n laboral regida por los art\u00edculos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, y otra funcional que es accidental, pues surge del contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre la empresa de servicios temporales y la usuaria, que es ejecutado a trav\u00e9s del trabajador en misi\u00f3n \u00abque no tiene respecto a la usuaria ninguna vinculaci\u00f3n jur\u00eddica puesto que su empleador es la EST, que lo env\u00eda a cumplir el contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado con la usuaria\u00bb. <\/p>\n
4.- El Tribunal confunde las tres relaciones jur\u00eddicas y desconoce que el verdadero empleador del trabajador es la EST, que lo env\u00eda a ejecutar una actividad de colaboraci\u00f3n temporal en las instalaciones de la usuaria en desarrollo de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter comercial. En la sentencia se confunde la relaci\u00f3n funcional – accidental que los empleados tuvieron con Zandor Capital, con la relaci\u00f3n laboral de aquellos con Human y se aplic\u00f3 el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo en lo que no era pertinente. El raciocinio \u00abm\u00e1xime cuando un empleado est\u00e1 cumpliendo una labor permanente hace parte de las actividades ordinarias y cotidianas de la empresa\u00bb, significa que para el Tribunal no es posible que un empleado contratado por una EST pueda cumplir actividades cotidianas de la empresa usuaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ignor\u00f3 que el art\u00edculo 63 de la Ley 1429 de 2010, el art\u00edculo 2 de la Resoluci\u00f3n 2021 de 2018, las Sentencias 1482-2011 y 2218-16 del Consejo de Estado, los art\u00edculos 71 y 72 de la Ley 50 de 1990, el Decreto 4369 de 2006 y el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2025 de 2011 establecen que las \u00fanicas que pueden ejercer legalmente la intermediaci\u00f3n laboral son las empresas de servicios temporales. De ah\u00ed que los empleados contratados para prestar un servicio temporal \u00abs\u00ed pueden desarrollar las mismas actividades, obras u operaciones que las ejecutadas por los empleados que desarrollan el objeto social en calidad de permanentes\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, el juzgador realiz\u00f3 una lectura parcial del art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990, al eludir que es v\u00e1lido contratar servicios temporales sin ning\u00fan tipo de distinci\u00f3n diferente a las consignadas en los tres eventos o casos planteados en dicha norma. Esa es la l\u00f3gica que de manera caprichosa y arbitraria presenta para reputar las actividades que realiza Human como de objeto il\u00edcito, \u00abpues seg\u00fan su sentencia tanto el objeto social como el pacto de la pr\u00f3rroga contravienen las normas laborales de orden p\u00fablico por el hecho de confundir las relaciones comerciales y laborales que las empresas participantes deben confeccionar para la debida prestaci\u00f3n de los servicios temporales\u00bb. <\/p>\n
5.- No advirti\u00f3 el Tribunal que la consecuencia jur\u00eddica por el incumplimiento de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 es la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria, seg\u00fan lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte para regularizar la relaci\u00f3n que existe entre la empresa de servicios temporales y el trabajador en misi\u00f3n cuando se vulnera la referida prohibici\u00f3n, de manera que se equivoc\u00f3 al atribuir la nulidad absoluta a la relaci\u00f3n gobernada por normas convencionales y comerciales existente entre las partes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto que se trataba de un contrato marco cuya finalidad era que se solicitaran servicios seg\u00fan la necesidad de la usuaria, por lo que las partes bien pod\u00edan estipular que este tuviera una duraci\u00f3n superior a un a\u00f1o al verificarse las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas v\u00e1lidamente pactadas. El yerro se observa n\u00edtido porque ni la ley ni el compendio contractual se oponen a la cl\u00e1usula decimocuarta que como parte del contrato fue estudiada por el Ministerio del Trabajo de conformidad con el numeral 4 del art\u00edculo 83 de la Ley 50 de 1990, coligi\u00e9ndose que se ajustaba a derecho. <\/p>\n
7.- El ad quem interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 8 del Decreto 4369 de 2006 reglamentario de la Ley 50 de 1990, conforme al cual, \u00abcuando se celebre un solo contrato, este regular\u00e1 el marco de la relaci\u00f3n, la cual se desarrollar\u00e1 a trav\u00e9s de las \u00f3rdenes correspondientes a cada servicio espec\u00edfico\u00bb, sin se\u00f1alar restricci\u00f3n temporal para el contrato marco, situaci\u00f3n que se encuentra en consonancia con el art\u00edculo 81 de la misma ley que se\u00f1ala los requisitos que deben tener los contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y las usuarias. <\/p>\n
La ley no establece ning\u00fan criterio diferenciador entre las labores que prestan los trabajadores contratados por la empresa usuaria y los contratados a trav\u00e9s de una de servicios temporales, ya que ambos prestan servicios misionales, diferenci\u00e1ndose \u00fanicamente en la temporalidad, por ello, el fallador debi\u00f3 valorar como l\u00edcito el contrato para no incurrir en lo violaci\u00f3n directa de la ley, pues \u00e9sta claramente dispone que \u00abes propio del servicio temporal, y por ende del trabajador en misi\u00f3n que se ejecute el servicio para atender las actividades propias, esto es, las del objeto social del usuario\u00bb (art. 71 Ley 50 de 1990). Y si el contrato es l\u00edcito, no pod\u00eda considerarse que en Colombia \u00ablos EST tienen un objeto limitado o una capacidad reducida para contratar servicios y por espacio \u00fanicamente de un a\u00f1o, ello claramente es una facultad absoluta a cargo del legislador\u00bb. <\/p>\n
8.- El art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 se\u00f1ala que los usuarios de las empresas de servicios temporales s\u00f3lo podr\u00e1n contratar con \u00e9stas en los siguientes casos: \u00ab1. Cuando se trate de la labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el art\u00edculo 6\u00b0 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, y 3. Para atender incrementos en la producci\u00f3n, el transporte, las ventas de productos o mercanc\u00edas, los per\u00edodos estacionales de cosechas y en la prestaci\u00f3n de servicios, por un t\u00e9rmino de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) mes m\u00e1s\u00bb. El Tribunal cercen\u00f3 esta disposici\u00f3n, pues se enfoc\u00f3 en el numeral 1, dejando por fuera de an\u00e1lisis el 2 y el 3 que se\u00f1alan otros eventos en los cuales es v\u00e1lido celebrar contratos de prestaci\u00f3n de servicios temporales comerciales. <\/p>\n
Bajo la l\u00f3gica laboralista del juzgador, Zandor no pod\u00eda tener suscrito un contrato comercial marco con Human o con cualquier empresa de servicios temporales por ser compatible con las funciones contenidas en su objeto social y tampoco para reemplazar vacaciones, ni para cubrir licencias de maternidad o de incapacidad, ignorando que, precisamente, la Ley 50 de 1990 fue concebida para permitir que los trabajadores de planta fueran reemplazados por trabajadores en misi\u00f3n suministrados por una Empresa de Servicios Temporales legalmente habilitada para cubrir dichas faltas temporales y tambi\u00e9n para atender incrementos en la producci\u00f3n, el transporte, los ventas, y los periodos de cosechas y tambi\u00e9n para la prestaci\u00f3n de servicios. <\/p>\n
El yerro es protuberante, pues no concibe el sentenciador que se pueda contratar la prestaci\u00f3n de servicios con empresas de servicios temporales, en los otros supuestos de hecho que establece el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990, y considera que en Colombia no pueden existir contratos comerciales de esa \u00edndole que superen 12 meses; adem\u00e1s, es trascendente al desatender la literalidad de la ley y, con el pretexto de consultar su esp\u00edritu, se \u00abdeja sin sustento jur\u00eddico a las empresas de servicios temporales en Colombia (\u2026) pues considera que son il\u00edcitos (sic) el objeto social de los acuerdos comerciales marco que impliquen que los trabajadores contratados para la atenci\u00f3n de un servicio temporal misional ejecuten actividades dentro del objeto social que son ejecutadas por otros trabajadores permanentes\u00bb, de manera que, \u00absuperando la equ\u00edvoca interpretaci\u00f3n de excluir tal posibilidad legal a pesar de contenerse expresamente en la ley, el contrato resultar\u00eda v\u00e1lido y el resultado hubiere sido diferente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El cargo acusa quebrantamiento directo de normas de contenido material, ello supone que, en criterio de la censura, prescindiendo de cualquier desacuerdo con aspectos de valoraci\u00f3n probatoria, el juez colegiado dej\u00f3 de aplicar al caso controvertido las normas llamadas a regirlo, hizo actuar otras extra\u00f1as, o habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, err\u00f3 en su interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que lo relacionado con la declaratoria de nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico que vincul\u00f3 a las partes ata\u00f1e a un aspecto de puro derecho y que al invocarse la causal primera de casaci\u00f3n no se admiten discusiones de car\u00e1cter probatorio, en este caso resulta pac\u00edfica la existencia del contrato de \u00abprestaci\u00f3n de servicios contrataci\u00f3n de trabajadores temporales\u00bb, celebrado entre Zandor Capital S.A. Colombia como \u00abusuario\u00bb y Human Team S.A.S. como \u00abcontratista\u00bb y la inclusi\u00f3n de la cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga por un periodo igual \u00absi ninguna de las partes avisa a la otra su deseo de terminarlo con un mes de anticipaci\u00f3n\u00bb. De all\u00ed que el problema a resolver de cara a los supuestos de la alegada causal de casaci\u00f3n, se circunscribe a verificar si se present\u00f3 yerro de iure respecto de los textos legales que la recurrente considera indebidamente aplicados o interpretados en forma err\u00f3nea. <\/p>\n
2.- De conformidad con las disposiciones del C\u00f3digo Civil es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, seg\u00fan su especie y la calidad o estado de las partes, nulidad que puede ser absoluta o relativa (art. 1740), correspondiendo a la primera especie la producida por un objeto o causa il\u00edcita, por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, as\u00ed como la originada en los en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces (art. 1741). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 899 del C\u00f3digo de Comercio, dispone que ser\u00e1 absolutamente nulo el negocio jur\u00eddico en los siguientes casos: \u00ab1) Cuando contrar\u00eda una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 2) Cuando tenga causa u objeto il\u00edcitos, y 3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz\u00bb. <\/p>\n
La nulidad absoluta protege los intereses generales de la colectividad, por encima de los intereses particulares, constituy\u00e9ndose en la m\u00e1s dr\u00e1stica sanci\u00f3n al acto o negocio jur\u00eddico cuando vaya en contra de la ley, las buenas costumbres o el orden p\u00fablico. Particularmente, sobre el objeto il\u00edcito como causal de nulidad prevista tanto en la legislaci\u00f3n civil como en la comercial, en t\u00e9rminos generales, el art\u00edculo 1519 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que hay un objeto il\u00edcito \u00aben todo lo que contraviene al derecho p\u00fablico de la naci\u00f3n\u00bb y, al tenor del 1523, tambi\u00e9n lo hay \u00aben todo contrato prohibido por las leyes\u00bb. No obstante, ello no significa que la configuraci\u00f3n del objeto il\u00edcito penda, necesariamente, de la infracci\u00f3n a una norma prohibitiva especial, pues tambi\u00e9n puede emanar de desatender la amplia prohibici\u00f3n contenida en el 16 ibidem, conforme al cual, \u00ab[n]o podr\u00e1n derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia est\u00e1n interesados el orden y las buenas costumbres\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta sanci\u00f3n, autorizada doctrina nacional sostiene que el objeto il\u00edcito se presenta, \u00abno solamente cuando el acto quebranta prohibiciones expresas y concretas de la ley, no sancionadas de otro modo, sino tambi\u00e9n cuando dicho acto, por sus prestaciones aisladamente consideradas o en su conjunto, atenta contra el orden p\u00fablico o las buenas costumbres\u00bb, puntualizando, adem\u00e1s, <\/p>\n
Pero ya en este punto de la eficacia de la nulidad absoluta por la ilicitud del objeto, derivada de la contravenci\u00f3n a las leyes prohibitivas, hay que advertir una vez m\u00e1s que el criterio general de nuestro C\u00f3digo Civil al respecto es el consignado en el art\u00edculo 16, que hace depender la prohibici\u00f3n de derogar por convenios particulares las leyes, no de cualquier clase, sino de aquellas \u201cen cuya observancia est\u00e1n interesados el orden p\u00fablico y las buenas costumbres\u201d, por lo cual dichas leyes adquieren el car\u00e1cter de imperativas. As\u00ed cuando la prohibici\u00f3n legal est\u00e1 determinada por otros motivos extra\u00f1os a estos conceptos, no se estructura la noci\u00f3n de objeto il\u00edcito ni, por ende, opera la nulidad absoluta4. <\/p>\n
En lo que concierne a la ilicitud del objeto de los actos y contratos jur\u00eddicos por contravenci\u00f3n legal, el tratadista chileno Arturo Alessandri Besa5, dentro de la nulidad originada en los denominados \u00abactos prohibidos por la ley\u00bb, distingue lo referente a contrariar normas prohibitivas, leyes imperativas y a los actos ejecutados en fraude a la ley. <\/p>\n
Para el mencionado autor, \u00abacto prohibido por la ley\u00bb es todo acto jur\u00eddico unilateral o bilateral, que contraviene una ley prohibitiva, y asegura que, todos los actos y contratos que la ley proh\u00edbe \u00abadolecen de objeto il\u00edcito, y son, por tanto, nulos de nulidad absoluta (\u2026) esta causal es muy amplia y comprende todos aquellos casos en que se ejecuta un acto que la ley proh\u00edbe\u00bb. En cuanto a las leyes imperativas, precisa que estas se asemejan a las prohibitivas en que tambi\u00e9n mandan y ordenan, pero a diferencia de ellas, no proh\u00edben la ejecuci\u00f3n de actos jur\u00eddicos en forma absoluta, sino que se ejecuten sin reunir los requisitos previstos para cada caso particular; y respecto de la sanci\u00f3n por desconocimiento de normas de esta naturaleza, puntualiza: <\/p>\n
una ley imperativa se equipara a una de \u00edndole prohibitiva en cuanto a la sanci\u00f3n que merece su contravenci\u00f3n; pero solamente cuando no se cumple con disposiciones que dicen relaci\u00f3n con el orden p\u00fablico y los intereses superiores de la colectividad; en otras palabras, cuando los requisitos que se omiten al celebrarse un acto o contrato, no son de los que se exigen en consideraci\u00f3n al estado o calidad de las personas que en \u00e9l intervienen como interesados6. <\/p>\n
El mismo autor, refiere adem\u00e1s el concepto de \u00abactos ejecutados en fraude a la ley\u00bb, indicando que los caracteriza, el que, \u00abaparentemente, en su letra, el acto est\u00e9 todo acorde con las disposiciones de las leyes prohibitivas e imperativas. Pero en el fondo, en su esp\u00edritu, en la intenci\u00f3n de los contratantes o del ejecutante, se burla a la ley, se la contraviene y se logra un objetivo que la ley se propon\u00eda, precisamente, evitar, mediante la disposici\u00f3n prohibitiva\u00bb. Y por lo que concierne a su sanci\u00f3n, hace \u00e9nfasis en la importancia de la interpretaci\u00f3n que se les de, por cuanto, <\/p>\n
no basta la sola intenci\u00f3n de los contratantes para que se pueda anular un acto; es necesario que exista oposici\u00f3n real y objetiva entre el acto o contrato, y la ley, aunque los contratantes crean de buena fe que no han infringido disposici\u00f3n prohibitiva alguna, si tal acto choca objetivamente con el texto legal, tiene objeto il\u00edcito y es nulo absolutamente. Y viceversa, si la intenci\u00f3n de los que intervienen en un acto jur\u00eddico es de infringir la norma prohibitiva, no ser\u00e1 considerado nulo si en el hecho tal acto no pueda reputarse contrario a la prohibici\u00f3n7. <\/p>\n
En la doctrina colombiana, se resalta la importancia de la labor judicial en la apreciaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos en aras de verificar la licitud de su objeto, al respecto, Ospina Fern\u00e1ndez, se\u00f1ala, <\/p>\n
Los ya citados art\u00edculos 16, 1518 y 1524 permiten ampliamente a los jueces controlar los actos jur\u00eddicos lesivos del orden p\u00fablico o de las buenas costumbres, aunque respecto de ellos no exista expresa prohibici\u00f3n legal. (\u2026) Corresponde, pues, al juez decidir en cada caso concreto si un acto jur\u00eddico sometido a su consideraci\u00f3n tiene o no objeto il\u00edcito. Dicha labor es f\u00e1cil cuando aquel est\u00e1 expresamente prohibido por la ley. Pero cuando no lo est\u00e1, el juez tendr\u00e1 que decidir discretamente si dicho acto est\u00e1 o no de acuerdo, tanto en sus prestaciones como en su conjunto, con las leyes, con el orden p\u00fablico y con las buenas costumbres8. <\/p>\n
3.- En el sub judice, el Tribunal concluy\u00f3 la nulidad absoluta del contrato que vincul\u00f3 a las partes enfrentadas en esta litis, por considerar que dos de sus cl\u00e1usulas, la primera y d\u00e9cimo cuarta, eran contrarias a normas de orden p\u00fablico de car\u00e1cter laboral y que, de acuerdo con el canon 20 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, \u00aben caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualquiera otras, prefieren aqu\u00e9llas\u00bb. En concreto, las normas de orden p\u00fablico que consider\u00f3 vulneradas fueron: <\/p>\n
El art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990, conforme al cual, los usuarios de las empresas de servicios temporales s\u00f3lo podr\u00e1n contratar con \u00e9stas en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el art\u00edculo 6o del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. <\/p>\n
3. Para atender incrementos en la producci\u00f3n, el transporte, las ventas de productos o mercanc\u00edas, los per\u00edodos estacionales de cosechas y en la prestaci\u00f3n de servicios, por un t\u00e9rmino de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses m\u00e1s. <\/p>\n
Y el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4369 de 20069 -Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones- que es del mismo tenor del art\u00edculo 77 en menci\u00f3n, con la adici\u00f3n de un par\u00e1grafo que dispone: \u00abSi cumplido el plazo de seis (6) meses m\u00e1s la pr\u00f3rroga a que se refiere el presente art\u00edculo, la causa originaria del servicio espec\u00edfico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podr\u00e1 prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestaci\u00f3n de dicho servicio\u00bb. <\/p>\n
Para el fallador, pese a la naturaleza mercantil del contrato en el cual priman la actividad econ\u00f3mica e iniciativa privadas dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan, dado que su objeto consiste en prestar servicios con trabajadores en misi\u00f3n, est\u00e1 regulado por normas imperativas y de obligatorio acatamiento, que siendo de car\u00e1cter laboral no pueden ser desconocidas por los particulares en sus negocios; en este caso, su trasgresi\u00f3n genera la nulidad absoluta conforme a los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 899 del C\u00f3digo de Comercio, por objeto il\u00edcito y por desconocimiento de normas imperativas de car\u00e1cter laboral. <\/p>\n
Por lo que ata\u00f1e a la ilicitud del objeto contractual, los argumentos jur\u00eddicos esgrimidos fueron los siguientes: <\/p>\n
i) Si bien existe un negocio mercantil como contrato marco, su objeto, consistente en la prestaci\u00f3n de servicios temporales a trav\u00e9s de trabajadores en misi\u00f3n, se entroniza en leyes laborales de orden p\u00fablico de estricto cumplimiento y en el evento de suscitarse un conflicto normativo \u00abdeben preferirse este tipo de normas, de acuerdo a lo estipulado por el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
iii) Se colige una estrecha relaci\u00f3n entre la raz\u00f3n de la celebraci\u00f3n del convenio mercantil y el objeto social de Zandor Capital S.A., y que la demandada lo celebr\u00f3 para suplir su planta de personal, buscando que terceros vinculados bajo la modalidad temporal ejecutaran las actividades a las que se dedica en forma permanente, contrariando, en cuanto a los trabajadores en misi\u00f3n, lo dispuesto en los art\u00edculos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del Decreto 4369 de 2006. <\/p>\n
iv) Comparando el objeto del contrato mercantil con los supuestos de los art\u00edculos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, dicho convenio no se compadece con las disposiciones de orden p\u00fablico que lo rigen; puesto que los trabajadores que demandar\u00eda Zandor durante la ejecuci\u00f3n del negocio, \u00abno desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C. S. T., no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas\u00bb. De all\u00ed que, al margen de la intenci\u00f3n que ten\u00edan las partes a la hora de perfeccionar el contrato, \u00abambos buscaron desconocer la finalidad que desde la Ley se ha contemplado para estas modalidades de contrataci\u00f3n; buscando el suministro de personal para el desarrollo de la miner\u00eda como eje fundamental de la actividad comercial ejercida profesionalmente por la demandada\u00bb. <\/p>\n
Y, frente al desconocimiento de normas imperativas de car\u00e1cter laboral, razon\u00f3: i) la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006 que la reglamenta son normas de orden p\u00fablico, por lo que, cualquier marco contractual en el que se convenga la prestaci\u00f3n de servicios mediante la \u00abprovisi\u00f3n de trabajadores temporales\u00bb, debe acogerse a lo dispuesto en ellas, so pena de incurrir en una causal de nulidad absoluta por violaci\u00f3n de norma de car\u00e1cter imperativo y por objeto il\u00edcito; ii) la cl\u00e1usula 14, relativa a la duraci\u00f3n del contrato y a su pr\u00f3rroga, contempla un t\u00e9rmino que contraviene lo dispuesto en la citada normativa, puesto que los contratantes \u00abpretendieron mediante un contrato mercantil -sujeto a normas laborales de orden p\u00fablico-, extender la prestaci\u00f3n de un servicio con trabajadores en misi\u00f3n por un plazo superior a un a\u00f1o, aun cuando las mismas normas que lo supeditan disponen con claridad que dicho negocio s\u00f3lo puede perdurar seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses m\u00e1s\u00bb, y, iii) tampoco pod\u00edan pretender cubrir con trabajadores en misi\u00f3n, las funciones de la actividad minera, relacionadas con operaciones de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, pues ello desborda el objeto para el que fue pensada la contrataci\u00f3n temporal y desconoce los presupuestos fijados en el art\u00edculo 6 del Decreto 4369 de 2006. <\/p>\n
4.- La anterior rese\u00f1a es \u00fatil para establecer que, dado el car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario que nos ocupa, cualquier desliz en la resoluci\u00f3n jur\u00eddica del caso atacable en casaci\u00f3n por la v\u00eda directa, le impone a la inconforme el deber de exponer de manera clara y precisa las razones por las cuales estima que se infringieron las normas materiales referidas por falta de aplicaci\u00f3n, indebida aplicaci\u00f3n o err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, lo que, a su vez, supone encarar los precisos argumentos del fallo y demostrar el yerro de iure endilgado, que en \u00faltimas, consistir\u00eda en establecer que su genuino entendimiento era distinto al que se les atribuy\u00f3. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, emerge con nitidez que la disconformidad de la casacionista deb\u00eda orientarse a se\u00f1alar, desde el punto de vista jur\u00eddico, por qu\u00e9 se equivoc\u00f3 el sentenciador al refrendar la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre las partes, con respaldo en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 899 del C\u00f3digo de Comercio, a tono con los cuales, el negocio jur\u00eddico es nulo absolutamente, \u00ab1) Cuando contrar\u00eda una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 2) Cuando tenga causa u objeto il\u00edcitos\u00bb; y a establecer c\u00f3mo err\u00f3 al conferirle el alcance de normas imperativas de orden p\u00fablico a los c\u00e1nones 77 de la Ley 50 de 1990, 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006 y par\u00e1grafo de \u00e9ste \u00faltimo a partir del criterio de interpretaci\u00f3n elegido, especificando, adem\u00e1s, por qu\u00e9 raz\u00f3n el adecuado entendimiento de esas normas solo pod\u00eda llevar a establecer la legalidad del acuerdo de voluntades, lo que, de paso, pondr\u00eda en evidencia el desacierto del fallo. <\/p>\n
No obstante, ese labor\u00edo result\u00f3 insuficiente toda vez que la censura, por una parte, omiti\u00f3 atacar de manera frontal todos los argumentos expuestos para deducir los vicios del contrato en menci\u00f3n y, por otra, tergivers\u00f3 algunos de sus razonamientos, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1.- Para comenzar, se destaca que, contrario a lo indicado por la censura, el Tribunal no consider\u00f3 irreflexivamente las disposiciones de derecho laboral que estim\u00f3 pertinentes, sino que, de manera consciente y expl\u00edcita, al emprender el estudio del caso puso de presente que, sin negar la naturaleza mercantil del contrato objeto de controversia, atendiendo las prestaciones convenidas, \u00e9ste involucraba el reconocimiento de normas laborales de orden p\u00fablico y de estricto cumplimiento, cuya aplicaci\u00f3n era preferente de llegar a suscitarse un conflicto normativo. <\/p>\n
Es claro que para resolver el litigio, desde el punto de vista jur\u00eddico, el fallador utiliz\u00f3 un criterio de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tico, a partir del cual, le reconoci\u00f3 alcance de normas de orden p\u00fablico y aplicaci\u00f3n prevalente tanto a la Ley 50 de 1990 como al Decreto 4369 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Sustantivo del trabajo, conforme al cual \u00ab[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley\u00bb, y en el precepto 20 del mismo estatuto, a cuyo tenor \u00ab[e]n caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aqu\u00e9llas\u00bb. Fue al tamiz de ese entendimiento que, al resolver la controversia sometida a su escrutinio, incursion\u00f3 en el an\u00e1lisis del objeto del contrato y la finalidad perseguida por las partes, concluyendo: <\/p>\n
En s\u00edntesis, a pesar de encontrarnos frente a un contrato de \u00edndole mercantil, en el cual priman la actividad econ\u00f3mica e iniciativa privadas dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan (art\u00edculo 333 C.P.), su objeto consistente en prestar servicios con trabajadores en misi\u00f3n, est\u00e1 regulado por normas imperativas y de obligatorio acatamiento, como los art\u00edculos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 6 del Decreto 4369 de 2006; que siendo leyes de car\u00e1cter laboral, no pueden ser desconocidas por los particulares en sus negocios; toda vez que su trasgresi\u00f3n genera la nulidad absoluta de acuerdo con los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 899 del C. de Co; lo que justifica que se confirme la sentencia de primera instancia. (Subraya intencional). <\/p>\n
Sin embargo, la impugnante al sustentar el yerro de iure, lejos de combatir las razones aducidas por el juzgador al momento de seleccionar el marco jur\u00eddico que tendr\u00eda en cuenta para resolver la alzada, la calidad de normas de orden p\u00fablico de las disposiciones laborales invocadas o su aplicaci\u00f3n preferente, se centr\u00f3 en alegar que no puede tenerse como il\u00edcito un objeto v\u00e1lidamente permitido en Colombia para la relaci\u00f3n comercial existente entre las partes, y que incurri\u00f3 en error por falsa interpretaci\u00f3n de la ley, por cuanto: i) aplic\u00f3 a la relaci\u00f3n comercial la prohibici\u00f3n que se establece para la relaci\u00f3n laboral; ii) desconoci\u00f3 que la temporalidad del art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 ata\u00f1e al servicio espec\u00edfico de colaboraci\u00f3n y no al contrato marco, y, iii) pas\u00f3 por alto que, trat\u00e1ndose de un contrato marco, las partes pod\u00edan estipular una duraci\u00f3n superior a un a\u00f1o al verificarse las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas v\u00e1lidamente pactadas. <\/p>\n
Frente a estos cuestionamientos, debe destacarse que las empresas de servicios temporales est\u00e1n habilitadas para contratar la prestaci\u00f3n de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de \u00e9stas el car\u00e1cter de empleador, tipolog\u00eda contractual que tiene sustento en los art\u00edculos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990 y las pertinentes disposiciones de su Decreto Reglamentario 4369 de 2006, en especial, el art\u00edculo 8\u00b0 que define los par\u00e1metros de los contratos de esa \u00edndole. Sin embargo, esos aspectos carecen de relevancia en esta senda por cuanto no fue sobre problemas de habilitaci\u00f3n legal o la naturaleza de las prestaciones que pueden pactarse en esa clase de contratos que versaron las disertaciones del juzgador para definir el litigio. <\/p>\n
En efecto, en ning\u00fan apartado del fallo de segunda instancia se se\u00f1al\u00f3 de manera general que este tipo de contratos, per se, estuvieran afectados por objeto il\u00edcito o que no tuvieran respaldo jur\u00eddico, cosa distinta es que, en el ejercicio hermen\u00e9utico propio del oficio jurisdiccional, al analizar de manera particular el \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios \u2013 contrataci\u00f3n de trabajadores temporales\u00bb celebrado entre Zandor Capital S.A. Colombia y Human Team S.A.S., en especial su objeto y finalidad confrontados con las normas de orden p\u00fablico que disciplinan esa clase de negocios jur\u00eddicos, se haya advertido un vicio de tal entidad que compromet\u00eda su validez. <\/p>\n
En tal virtud, el reproche en punto a que el colegiado estim\u00f3 como il\u00edcito un objeto contractual v\u00e1lidamente permitido en Colombia, no se compadece con los verdaderos motivos que orientaron esa inferencia, de manera que si alg\u00fan yerro cometi\u00f3 en dicho an\u00e1lisis no estar\u00eda relacionado con aspectos de selecci\u00f3n, aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n normativa, sino de apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, cuestionable por la v\u00eda indirecta, y con mayor raz\u00f3n cuando en la sustentaci\u00f3n de este yerro ni siquiera se pone en entredicho la viabilidad de la interpretaci\u00f3n judicial que orient\u00f3 la soluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el estudio efectuado por el ad quem para colegir la ilicitud del objeto contractual, no se centr\u00f3 en la verificaci\u00f3n de un eventual desconocimiento de normas prohibitivas de esa modalidad de acuerdo de voluntades como parece entenderlo la opugnante, sino en el an\u00e1lisis de la inobservancia de disposiciones imperativas de orden p\u00fablico, por lo que, de acuerdo con las rese\u00f1as doctrinarias mencionadas en la parte inicial de estas consideraciones, al no deducirse el objeto il\u00edcito de la ejecuci\u00f3n de un acto expresamente prohibido, la conformidad del mismo con las leyes, el orden p\u00fablico y las buenas costumbres, exig\u00eda una labor interpretativa m\u00e1s compleja por parte del juez, en aras de establecerlo, tal y como ocurri\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
4.2.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que entre las normas que el ad quem hall\u00f3 desatendidas por los contratantes en lo que ata\u00f1e a la cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga, est\u00e1 el par\u00e1grafo del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, conforme al cual, \u00abSi cumplido el plazo de seis (6) meses m\u00e1s la pr\u00f3rroga a que se refiere el presente art\u00edculo, la causa originaria del servicio espec\u00edfico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podr\u00e1 prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestaci\u00f3n de dicho servicio\u00bb, y fue con apego a esa prohibici\u00f3n que en su fallo expuso: <\/p>\n
Por ende, el contenido de la cl\u00e1usula primera referente al objeto del contrato y de la d\u00e9cimo cuarta en lo tocante con su pr\u00f3rroga, van en contrav\u00eda de lo estatuido por los art\u00edculos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y del par\u00e1grafo del numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que tienen el car\u00e1cter de normas laborales (de orden p\u00fablico), determinando la existencia de un vicio insubsanable por violaci\u00f3n de norma imperativa y por objeto il\u00edcito, que torna en absolutamente nulo el contrato suscrito el 9 de agosto de 2010. (Subraya intencional). <\/p>\n
Pese a lo expuesto, en la formulaci\u00f3n de este cargo, la recurrente incurre en una evidente asimetr\u00eda, por cuanto esgrime su disconformidad alegando la facultad que ten\u00edan las partes de estipular la duraci\u00f3n del contrato mercantil por un lapso superior a un a\u00f1o, as\u00ed como sus pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas y una indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 8 del Decreto 4369 de 2006 reglamentario de la Ley 50 de 1990 que no consagra ninguna restricci\u00f3n temporal para el contrato marco, todo ello sin rebatir la pertinencia o correcci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 6 del Decreto 4369 de 2006 ni la convergencia de sus supuestos f\u00e1cticos, pese a que fue esa la norma de orden p\u00fablico que el tribunal encontr\u00f3 desconocida por las partes en la cl\u00e1usula 14 respecto a la pr\u00f3rroga, de donde ese argumento como tal permanece inalterable. <\/p>\n
Es que comparando el objeto del contrato mercantil que se examina, con los supuestos que taxativamente consagra el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 y el 6 del Decreto 4369 de 2006, refulge con claridad, que el objeto de dicho convenio, no se compadece con las disposiciones de orden p\u00fablico que indefectiblemente lo rigen; puesto que los trabajadores que demandar\u00eda ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA durante la ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, no desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C.S.T., no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas. (Subraya intencional). <\/p>\n
4.4.- Tampoco tiene eco en la v\u00eda de impugnaci\u00f3n elegida, la discrepancia referente a que la consecuencia jur\u00eddica por el incumplimiento de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 era la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria frente a los trabajadores y no la nulidad absoluta del contrato, puesto que, nuevamente el censor se aleja de cuestionar la verdadera disertaci\u00f3n que condujo al tribunal a resolver del modo que lo hizo, y en esencia, propone la soluci\u00f3n a una controversia sustancialmente distinta a la que dio origen a este proceso, esto es, la que eventualmente podr\u00eda surgir entre los trabajadores en misi\u00f3n y las dos empresas. <\/p>\n
4.5.- Los reproches referentes a que se desconoci\u00f3 que la temporalidad del art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990 concierne al servicio espec\u00edfico de colaboraci\u00f3n y no al contrato marco, y a que los empleados contratados para prestar un servicio temporal \u00abs\u00ed pueden desarrollar las mismas actividades, obras u operaciones que las ejecutadas por los empleados que desarrollan el objeto social en calidad de permanentes\u00bb, resultan desconectados de los pilares argumentativos del fallo y por lo mismo insuficientes para quebrarlo. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, se insiste, el l\u00edmite temporal que advirti\u00f3 el sentenciador para deducir la invalidez de la cl\u00e1usula 14 fue el previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, mientras que el reparo frente al acatamiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 77 de la citada Ley 50, no se bas\u00f3 en el estudio de los contratos de trabajo efectivamente celebrados, sino que se remont\u00f3 a la fase de celebraci\u00f3n del negocio mercantil que vincul\u00f3 a los contendientes, concluyendo que los trabajadores que demandar\u00eda la convocada durante su ejecuci\u00f3n, \u00abno desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C.S.T., no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas\u00bb, todo ello a partir de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de dichas disposiciones jur\u00eddicas confrontadas con la finalidad perseguida por los contratantes, de ah\u00ed la falta de sustento de la distorsi\u00f3n en la interpretaci\u00f3n normativa alegada. <\/p>\n
5.- Desde la anterior perspectiva, el recurrente no atin\u00f3 en el desenvolvimiento de la censura por afrenta directa de normas sustantivas, por lo que inanes resultan tambi\u00e9n por su generalidad, los planteamientos referidos a que el juzgador no tuvo en cuenta la naturaleza mercantil del contrato, as\u00ed como la especialidad de las empresas de servicios temporales y sus relaciones con sus trabajadores y las empresas usuarias. <\/p>\n
En suma, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
V.- SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se acusa violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81 y 83 de la Ley 50 de 1990; el par\u00e1grafo del art\u00edculo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 4369 de 2006 en sus art\u00edculos 6 y 8, como consecuencia de los errores manifiestos de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En tres puntos fund\u00f3 el cuestionamiento al fallo de segunda: i) por la declaratoria de nulidad del contrato; ii) por haber concluido que no est\u00e1 probado el n\u00famero de trabajadores requeridos por Zandor despu\u00e9s de la pr\u00f3rroga, y, iii) por haber se\u00f1alado que el da\u00f1o era incierto. Todo ello, desde el punto de vista del censor, debido a la falta de valoraci\u00f3n de los documentos, dictamen pericial, testimonios, declaraciones de parte y confesi\u00f3n por apoderado judicial, obrantes en el plenario. <\/p>\n
1.- En cuanto a la declaratoria de nulidad, se afirma que se realiz\u00f3 una equivocada interpretaci\u00f3n del objeto del contrato, por lo siguiente: <\/p>\n
1.1.- Desconoci\u00f3 que los convenios que se celebran con las empresas de servicios temporales pueden ser a trav\u00e9s de un \u00fanico contrato marco, en este caso, con la emisi\u00f3n de varias \u00f3rdenes de servicio remitidas por la empresa usuaria por correos electr\u00f3nicos. De acuerdo con el contrato marco y los contratos laborales de 456 trabajadores referidos en el dictamen pericial, \u00abs\u00ed pod\u00edan pretender las partes, cubrir con trabajadores en misi\u00f3n las funciones relacionadas con la actividad minera\u00bb, pues no se trata de una actividad prohibida. <\/p>\n
Es evidente el error toda vez que se concluy\u00f3 \u00abque existe objeto il\u00edcito por la celebraci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios \u2013 contrataci\u00f3n de trabajadores temporales, sin que de tal instrumento contractual ni de las pruebas documentales se desprenda dicha irregularidad sustancial\u00bb, sin tener en cuenta que el mismo fue celebrado a la luz del art\u00edculo 8 del Decreto 4369 de 2006 y corresponde a una pr\u00e1ctica v\u00e1lida en Colombia celebrar contratos comerciales marco con empresas de servicios temporales que perduran en el tiempo. <\/p>\n
La violaci\u00f3n de facto estriba en deducir que el objeto planteado en el contrato marco de prestaci\u00f3n de servicios de empleados temporales es nulo \u00abpor haberse contratado trabajadores para temas misionales, es decir, para los temas que \u00fanicamente deb\u00edan realizar los trabajadores permanentes que supone la sentencia, deb\u00eda tener la empresa usuaria para el desarrollo de su actividad comercial, esto es la actividad de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera\u00bb; pues brilla por su ausencia la prueba de tal ilicitud y se desconocen las aportadas por la demandante para sustentar sus pretensiones, y tampoco se acredit\u00f3 que las labores desempe\u00f1adas por los 500 trabajadores durante la ejecuci\u00f3n del contrato \u00abse hayan prestado en un mismo servicio por espacio superior a un a\u00f1o, debido a que no se incurri\u00f3 en la prohibici\u00f3n temporal\u00bb. <\/p>\n
1.2.- El Tribunal infiri\u00f3 una colusi\u00f3n para defraudar a los trabajadores sin sustento probatorio, sin tener en cuenta la finalidad del contrato y que el inter\u00e9s de la demandante era que \u00e9ste tuviera una proyecci\u00f3n entre 3 y 5 a\u00f1os seg\u00fan lo relat\u00f3 en su interrogatorio el representante legal de Human; adem\u00e1s, en el dictamen pericial se determin\u00f3 el n\u00famero de trabajadores que prestaron su servicio durante la ejecuci\u00f3n del negocio, y que \u00abno todos los contratos fueron celebrados en el mismo mes, ni en todos los meses de ejecuci\u00f3n del contrato permanecieron los mismos trabajadores\u00bb. <\/p>\n
No existe ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n que permita colegir que Human particip\u00f3 con Zandor \u00aben una estratagema seg\u00fan la cual pretend\u00edan desconocer la finalidad que trae la ley para contratar con empresas de servicios temporales\u00bb, lo estipulado en el contrato y las pruebas, da cuenta de la intenci\u00f3n de los contratantes al momento de celebrar el pacto y del motivo serio que ten\u00eda Human para afrontar los compromisos que asum\u00eda una multinacional canadiense en Colombia. En esa medida, no se demostr\u00f3 que entre demandante y demandada pretendieran, mediante un contrato mercantil sujeto a normas laborales de orden p\u00fablico, extender la prestaci\u00f3n de un servicio con trabajadores en misi\u00f3n por un lapso superior a un a\u00f1o. <\/p>\n
El Tribunal desconoci\u00f3 las \u00abrevelaciones\u00bb del testigo Fernando Vallejo respecto a lo sucedido en la etapa precontractual que influyen en la causa justa de la aqu\u00ed demandante y en su expectativa leg\u00edtima de contratar por un t\u00e9rmino superior a un a\u00f1o a los anteriores empleados de Frontino Gold Mines, lo que deja sin sustento la conclusi\u00f3n de que ambas partes tuvieron un fin contrario a lo perseguido por la ley. <\/p>\n
Que se haya probado que Zandor tuvo una finalidad contraria a derecho seg\u00fan la cual buscaba inicialmente la contrataci\u00f3n de Human y otras dos empresas de servicios temporales en el a\u00f1o 2010 para suplir su propia planta de personal; despu\u00e9s contratar v\u00eda outsourcing a Estrategias y Minas y luego a Tiempos S.A., Max Empleos S.A.S y Uno A S.A., no implica que se haya demostrado que ambas partes buscaban desconocer la finalidad que la ley ha contemplado para esas modalidades de contrataci\u00f3n, por ello, yerra el Tribunal al inferir lo contrario sin pruebas de respaldo y al endilgar culpa a Human fundada en inferencias. As\u00ed mismo, omiti\u00f3 analizar la declaraci\u00f3n de Fernando Vallejo, seg\u00fan la cual, la finalidad de la demandada al terminar abruptamente el contrato no obedeci\u00f3 a la infracci\u00f3n de la Ley 50 de 1990, sino a la \u00abnecesidad de evitar la sustituci\u00f3n patronal y el plan de evitar contratar o los empleados como permanentes una vez cumplieran un a\u00f1o en el mismo cargo\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Para resolver acerca del objeto del contrato y del alcance de su cl\u00e1usula 14, el ad quem no valor\u00f3 que era l\u00edcito pactar la pr\u00f3rroga del acuerdo comercial, lo que no va en contrav\u00eda de que Human hubiere realizado con cada uno de los trabajadores un contrato laboral sin vulnerar la prohibici\u00f3n de prestar el servicio en la misma causa original solicitada por Zandor, es decir, la pr\u00f3rroga del contrato comercial no implicaba que la labor se prestara por espacio superior a un a\u00f1o en el mismo servicio, pues se trata de dos escenarios contractuales distintos. <\/p>\n
El juzgador no valor\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0123 del 13 de febrero de 2013 proferida por el Ministerio de Trabajo que se convierte en la prueba demostrativa de que no se vulneraron los derechos de los trabajadores, pues en la investigaci\u00f3n administrativa no se encontr\u00f3 m\u00e9rito para calificar de il\u00edcita la intermediaci\u00f3n contratada por Zandor Capital con la sociedad Estrategias y Minas, ni razones para sancionarla. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pas\u00f3 inadvertido que en ninguno de los contratos laborales celebrados por la demandante y los trabajadores se incurri\u00f3 en la prohibici\u00f3n temporal de la Ley 50 de 1990; tampoco tuvo en cuenta los \u00abcorreos electr\u00f3nicos que reposan en el plenario\u00bb por medio de los cuales la empresa usuaria ordenaba los cambios de servicio de los trabajadores enviados en misi\u00f3n lo cual da cuenta de la forma en que se instrumentaliz\u00f3 el contrato comercial marco y deja en evidencia que en el mismo servicio no se cumpl\u00eda un a\u00f1o por el solo hecho de que hubiese transcurrido el primer a\u00f1o del contrato comercial. En virtud de dicha modificaci\u00f3n, sin contrariar el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, los trabajadores pod\u00edan prestar o continuar con la prestaci\u00f3n del servicio hasta el 11 de junio de 2012 en el seno del contrato comercial marco, situaci\u00f3n que pod\u00eda mantenerse de forma indefinida si la necesidad de su prestaci\u00f3n persist\u00eda, como en efecto sucedi\u00f3 y se acredit\u00f3 en el proceso. <\/p>\n
1.4.- De las pruebas practicadas se deduce que Zandor s\u00ed requer\u00eda trabajadores a la terminaci\u00f3n de su relaci\u00f3n con la accionante y que su finalidad era no vincular a los empleados directamente luego de culminar labores con Human para evitar a toda costa la sustituci\u00f3n patronal, por lo que decidi\u00f3 a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2011 realizar la contrataci\u00f3n del personal a trav\u00e9s de la empresa Estrategias y Minas, situaci\u00f3n que igualmente pod\u00eda inferirse de otras probanzas que no se valoraron como el dictamen pericial y las copias de las sentencias laborales aportadas en la audiencia de testimonio de Fernando Vallejo. <\/p>\n
2.- Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el ad quem al considerar que no est\u00e1 probado el n\u00famero de trabajadores requeridos por Zandor luego de la pr\u00f3rroga del contrato, aduciendo que se trataba de una obligaci\u00f3n de \u00edndole condicional o \u00absimplemente potestativa\u00bb. Pas\u00f3 por alto que existi\u00f3 gran flujo de personal entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2011 y aunque por voluntad de la demandada dejaron de requerirse, el caso es que, de manera contradictoria, al d\u00eda siguiente, procedi\u00f3 a contratar el mismo personal, pero a trav\u00e9s de la empresa Estrategias y Minas, lo que constituye una evidencia irrefutable de que s\u00ed eran requeridos los trabajadores. <\/p>\n
Es claro que al momento de suscribirse el contrato en cuesti\u00f3n ambas partes eran conscientes de que los trabajadores en misi\u00f3n se podr\u00edan necesitar por un periodo superior a un a\u00f1o, raz\u00f3n por la cual en la cl\u00e1usula 12 dejaron abierta la posibilidad de seguir adelante con su ejecuci\u00f3n mientras \u00e9stos permanecieran vinculados. <\/p>\n
3.- El otro error consisti\u00f3 en aseverar que el da\u00f1o es incierto por falta de valoraci\u00f3n de las pruebas de los perjuicios. El fallador no analiz\u00f3 la conclusi\u00f3n del dictamen pericial respecto a que el \u00abcolapso financiero de Human se debi\u00f3 a la ruptura unilateral y sin causa por parte de Zandor\u00bb, lo que no permiti\u00f3 mantener la planeaci\u00f3n de las condiciones administrativas para el salvamento financiero de la compa\u00f1\u00eda, que se proyect\u00f3 \u00abconforme a los ideales brindados por la parte contratante, y m\u00e1xime despu\u00e9s del 9 de julio de 2011 que se entend\u00eda v\u00e1lidamente prorrogado el contrato suscrito\u00bb. <\/p>\n
4.- Las equivocaciones denunciadas inciden en forma directa en la parte conclusiva del fallo, toda vez que el juzgador resolvi\u00f3 el caso como si el asunto fuera de puro derecho, sin valorar el acervo probatorio de manera integral y en conjunto, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso; no estudi\u00f3 debidamente el contrato, los documentos cruzados entre las partes, las pruebas practicadas en el proceso, ni el dictamen pericial. Si se hubieran valorado las pruebas que dan cuenta de la intenci\u00f3n de Human al momento de contratar y delimitado los hechos probados antes de la celebraci\u00f3n del contrato, durante su ejecuci\u00f3n y con posterioridad a la terminaci\u00f3n intempestiva, la conclusi\u00f3n hubiese sido distinta. <\/p>\n
La actitud \u00abanti contrato\u00bb por parte de la convocada solo se revel\u00f3 con posterioridad a la terminaci\u00f3n del convenio, espec\u00edficamente, durante la etapa probatoria de este proceso, por lo que mal hace el Tribunal en calificar que la causa ileg\u00edtima es com\u00fan a las partes, pues se prob\u00f3 que la actuaci\u00f3n y voluntad de Human siempre fue ajustada a derecho; igualmente, que los trabajadores contratados por Human fueron los mismos que contrat\u00f3 Estrategias y Minas y luego las tres empresas de servicios temporales; pero no se demostr\u00f3 que los contratados por estas empresas permanecieran durante un a\u00f1o en la causa original para la cual fueron contratados por Human. <\/p>\n
El yerro es evidente, pues la \u00fanica prueba para avalar los hechos de la contestaci\u00f3n de la demanda deviene en otorgar credibilidad a la declaraci\u00f3n del representante legal de la demandada, seg\u00fan la cual es nula la cl\u00e1usula 14, ignorando su confesi\u00f3n en lo que es desfavorable que devela la intenci\u00f3n torcida de Zandor, y si no hay prueba de los hechos narrados por la demandada, la sentencia est\u00e1 basada en una arbitrariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Una de las vertientes de la afrenta indirecta de la ley, ata\u00f1e al error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n. Sobre este motivo, la Sala ha precisado que solo se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador por efecto de su valoraci\u00f3n, salte de bulto la disconformidad. <\/p>\n
2.- En este caso el sentenciador declar\u00f3 la nulidad absoluta del \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios \u2013 contrataci\u00f3n de trabajadores temporales\u00bb celebrado entre Zandor Capital S.A. Colombia y Human Team S.A.S., tras confrontar algunas disposiciones imperativas de car\u00e1cter laboral con las cl\u00e1usulas primera y d\u00e9cimo cuarta del contrato, adem\u00e1s, tuvo en cuenta el objeto social de la demandada y el deber de la accionante de conocer la normatividad y limitaciones que rigen su oficio. <\/p>\n
3.- La censura aleg\u00f3 una equivocada lectura de la cl\u00e1usula primera del contrato que define su objeto, por cuanto \u00e9ste se celebr\u00f3 con apego al art\u00edculo 8 del Decreto 4369 de 2006 que autoriza esa modalidad de negocios como una pr\u00e1ctica comercial v\u00e1lida, y asever\u00f3 tambi\u00e9n que, contrario a lo afirmado por el ad quem, las partes s\u00ed pod\u00edan cubrir mediante trabajadores en misi\u00f3n las labores relacionadas con la actividad minera de la usuaria por no estar prohibida. <\/p>\n
Al respecto se advierte que, por su generalidad, ese argumento de inconformidad distorsiona la verdadera motivaci\u00f3n del ad quem, comoquiera que, seg\u00fan se explic\u00f3 en precedencia, \u00e9ste en ning\u00fan momento sostuvo que la ilicitud del objeto emanara de un acto ilegal o prohibido, o que a trav\u00e9s de empresas de servicios temporales la demandada no pod\u00eda contratar la realizaci\u00f3n de actividades propias del desarrollo de su objeto social, cosa distinta es que, en el escrutinio del caso en particular y al analizar los medios de convicci\u00f3n que consider\u00f3 pertinentes, haya llegado al convencimiento de que siendo el objeto social de Zandor Capital S.A., la \u00ab(…) inversi\u00f3n, prospecci\u00f3n, construcci\u00f3n de infraestructuras, montaje, explotaci\u00f3n, beneficio, transformaci\u00f3n, transporte, comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de todos o cualquier de los minerales, hidrocarburos y energ\u00eda el\u00e9ctrica que se encuentren en el suelo y el subsuelo (…)\u00bb; el contrato celebrado con la accionante con el fin de \u00abprestar el servicio con los trabajadores en misi\u00f3n que requiera la empresa usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera\u00bb; en realidad ten\u00eda como finalidad \u00absuplir su planta de personal\u00bb de la primera para que trabajadores temporales ejecutaran las actividades que de manera permanente necesitaba desarrollar. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que ese negocio contrariaba los art\u00edculos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del Decreto 4369 de 2006, puesto que los trabajadores que demandar\u00eda la usuaria no desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, cualquier desliz del juzgador en la apreciaci\u00f3n probatoria ha debido atacarse a partir del desacierto del raciocinio que lo condujo a esas deducciones, tarea que result\u00f3 frustr\u00e1nea, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1.- En efecto, en la cl\u00e1usula primera del contrato celebrado entre las partes se plasm\u00f3 como su objeto: <\/p>\n
Prestar el servicio con los trabajadores en misi\u00f3n que requiera la empresa usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio de todas aquellas relacionadas con la actividad minera. Del t\u00edtulo minero de propiedad privada RPP140 \u00d1eme \u00d1eme, c\u00f3digo EDKE001 por la empresa Zandor Capital S.A. Colombia de acuerdo con las caracter\u00edsticas que se convengan en cada caso y por el tiempo que, a juicio del usuario sea necesario. La empresa Human Team S.A., se obliga para con el usuario a prestar el servicio de personal para el desempe\u00f1o de labores temporales y transitorias en las dependencias del usuario, de conformidad con las condiciones establecidas en este contrato. Los servicios de que trata este contrato estar\u00e1n sujetos en cada caso a los dispuesto en el art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990. <\/p>\n
Revisado el argumento de la providencia impugnada, resulta palmario que el tribunal no interpret\u00f3 esa cl\u00e1usula de manera aislada, sino que para llegar a la conclusi\u00f3n, que a la postre defini\u00f3 la suerte del proceso, tuvo en cuenta lo que denomin\u00f3 una \u00abestrecha relaci\u00f3n entre la raz\u00f3n de la celebraci\u00f3n del convenio mercantil y el objeto social de la usuaria\u00bb, apreciaci\u00f3n que de ninguna manera resulta desconectada de los medios documentales que le sirven de soporte, toda vez que, ciertamente, en el objeto del contrato se dice expresamente que la prestaci\u00f3n de los trabajadores en misi\u00f3n se realizar\u00e1 para el \u00abinicio de las operaciones\u00bb all\u00ed descritas. <\/p>\n
Tal expresi\u00f3n armoniza con lo narrado en el hecho primero de la demanda respecto a que el contrato se celebr\u00f3 para que la accionante suministrara personal a la accionada \u00abpara que as\u00ed mismo dieran inicio a la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera\u00bb, as\u00ed como con el dicho del testigo Fernando Vallejo Ortiz, quien igualmente refiri\u00f3 que Zandor apenas iba a comenzar las actividades de esa \u00edndole en Colombia y con la cl\u00e1usula 22 del contrato que supedita su efectividad, al indicar que, \u00abpara todos los efectos este contrato nace a la vida jur\u00eddica una vez Zandor Capital S.A. Colombia sea propietaria del t\u00edtulo minero de propiedad privada RPP140 \u00d1eme \u00d1eme c\u00f3digo EDKE001\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, no carece de sustento el razonamiento referente a que, por tratarse a penas de la iniciaci\u00f3n de las actividades mineras por parte de la convocada, lo que pretend\u00eda era suplir su planta de personal con trabajadores en misi\u00f3n, por cuanto los que llegara a requerirle a la demandante no desempe\u00f1ar\u00edan un trabajo ocasional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no reemplazar\u00edan personal en vacaciones o en licencias ni tampoco atender\u00edan incrementos de producci\u00f3n por per\u00edodos estacionales o por cosechas, lo que a su vez, afianz\u00f3 en la certificaci\u00f3n del revisor fiscal de Human respecto a la magnitud de los ingresos que ese contrato le reportaba a la accionante (50.54% del total) y en lo se\u00f1alado por el testigo Fernando Vallejo, quien \u00abexpres\u00f3 que, comenzaron con 14 trabajadores; en diciembre alcanzaron a tener 497 trabajadores, casi 500 trabajadores; pact\u00e1ndose el plazo y el suministro del contrato de empleados para lo que fuera necesario\u00bb. <\/p>\n
3.2.- El otro reproche f\u00e1ctico ata\u00f1e a lo que el inconforme califica como desconocimiento de que el contrato fue celebrado a partir de una pr\u00e1ctica v\u00e1lida en Colombia; que del mismo no se desprende irregularidad sustancial y que en los correos electr\u00f3nicos cruzados entre las partes no se anunciaba \u00abque la terminaci\u00f3n unilateral del contrato se daba por haberse celebrado con objeto il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
Al efecto, es preciso memorar que el tribunal no extrajo el motivo de nulidad de un apartado espec\u00edfico del negocio jur\u00eddico objeto de controversia, ni de un texto legal prohibitivo de ese tipo de relaciones comerciales en general, sino de su interpretaci\u00f3n integral a la luz de la legislaci\u00f3n laboral que debi\u00f3 ser tenida en cuenta por las partes al tiempo de ser ajustado. <\/p>\n
N\u00f3tese que en la cl\u00e1usula segunda del referido convenio, se precisaron las obligaciones que el contratista Human Team S.A.S. contra\u00eda con el usuario Zandor Capital S.A. Colombia, as\u00ed: \u00aba) A prestar el servicio con los trabajadores en misi\u00f3n que \u00e9ste le requiera, de acuerdo con las caracter\u00edsticas que se convengan en cada caso, por el tiempo convenido con el usuario y que sea necesario para ejecutar el objeto del contrato; en ning\u00fan caso la ejecuci\u00f3n del contrato del trabajador en misi\u00f3n exceder\u00e1 de seis (6) meses y si subsiste la necesidad del servicio podr\u00e1 ser prorrogable \u00fanicamente por seis (6) meses m\u00e1s\u00bb, seguidamente, se relacionan las obligaciones de car\u00e1cter legal, laboral y de coordinaci\u00f3n que asumir\u00eda respecto de los empleados en relaci\u00f3n con Zandor, precisando, \u00abk) en general a cumplir estrictamente las disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal dedicado a prestar servicios al usuario\u00bb. <\/p>\n
El texto de las obligaciones consagradas en dicho apartado no logra derruir las inferencias del juez colegiado en cuanto al objeto contractual y su finalidad, toda vez que \u00e9ste no sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en la falta de estipulaci\u00f3n o acatamiento de las obligaciones legales all\u00ed contra\u00eddas por la empresa de servicios temporales, sino en el desconocimiento impl\u00edcito de disposiciones laborales a trav\u00e9s de una forma de contrataci\u00f3n prevista para situaciones particulares (art. 77 Ley 50\/90), que no se compadec\u00edan con la verdadera finalidad de la usuaria dirigida a suplir toda su planta de cargos con trabajadores en misi\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco tiene asidero el yerro derivado de haber pasado por alto la prueba de que los trabajadores en misi\u00f3n s\u00ed est\u00e1n habilitados para desempe\u00f1ar actividades propias de la empresa usuaria, por cuanto parte de una premisa equivocada dado que en ninguna parte de la providencia impugnada el juzgador sostuvo tal cosa. Su disertaci\u00f3n se centr\u00f3 en lo que dedujo era la finalidad de los contratantes, sin desconocer la viabilidad de la contrataci\u00f3n de servicios temporales siempre que se respetaran las disposiciones laborales que la condicionan y limitan, lo que, de suyo, incluye el cumplimiento de actividades propias. <\/p>\n
Deviene de lo analizado que no es factible dar cr\u00e9dito a la censura en lo que respecta a una equivocada interpretaci\u00f3n del objeto contractual, pues, se itera, \u00e9sta no se circunscribi\u00f3 a la literalidad de sus cl\u00e1usulas, y por lo mismo, ning\u00fan error evidente y trascendente puede deducirse de la apreciaci\u00f3n del contrato en s\u00ed. <\/p>\n
4.- Para la recurrente no existe prueba de lo discurrido por el fallador acerca de que ambos contratantes ten\u00edan la finalidad de desconocer las normas imperativas que limitan el suministro de trabajadores temporales para el desarrollo de las actividades de miner\u00eda propias de la demandada, y que se haya probado que la finalidad de Zandor era contraria a derecho al contratar con Human y otras dos empresas de servicios temporales para suplir su propia planta de personal, no implica demostraci\u00f3n de que las dos partes buscaron desconocer la finalidad que la ley contempla para esa modalidad de contrataci\u00f3n, por lo que err\u00f3 el tribunal al inferir culpa de Human. <\/p>\n
Sobre esa tem\u00e1tica se recuerda que la conclusi\u00f3n referente a que la demandante tambi\u00e9n particip\u00f3 de la finalidad convencional encaminada a que la empresa usuaria pudiera desde el inicio desempe\u00f1ar las actividades de miner\u00eda y dem\u00e1s propias de su objeto social a trav\u00e9s de trabajadores temporales y no permanentes, se afianz\u00f3 en el razonamiento acerca del conocimiento de la legislaci\u00f3n laboral que \u00e9sta deb\u00eda tener. Al respecto, en el segmento del prove\u00eddo referente a la inviabilidad de imponer restituciones mutuas, acot\u00f3, <\/p>\n
ambas partes contratantes y sobre todo la parte demandante (atendiendo a su car\u00e1cter profesional en el sector de la contrataci\u00f3n de servicios temporales), tiene la obligaci\u00f3n de conocer la Ley (art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil), lo que permite colegir que la demandante deb\u00eda conocer la existencia de la limitaci\u00f3n legal y el hecho de celebrar un contrato que fuera en contrav\u00eda, determina el conocimiento previo de la ilicitud del objeto relacionado con la prestaci\u00f3n de servicios con trabajadores en misi\u00f3n en todas aquellas funciones relacionadas con la actividad minera, buscando superar el t\u00e9rmino de un a\u00f1o; violentando lo permitido por las normas de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Como puede apreciarse, la recurrente no cuestion\u00f3 el argumento espec\u00edfico del a quo en punto a que, por su car\u00e1cter de profesional en la prestaci\u00f3n de servicios temporales deb\u00eda conocer las limitaciones legales de ese tipo de contrataci\u00f3n, por lo que el mismo permanece firme dado que su solidez y pertinencia son inobjetables. <\/p>\n
El reparo se orient\u00f3 a se\u00f1alar, de manera general, que no existe prueba de un acuerdo dirigido a defraudar disposiciones laborales y a refutar que no se hayan valorado en su integridad las pruebas allegadas, lo que encajar\u00eda en la alegaci\u00f3n de un error por suposici\u00f3n de las pruebas que condujeron a esa inferencia. En esa direcci\u00f3n, es menester entrar a revisar si, como se afirma, no existen medios demostrativos al respecto o aquellos cuya valoraci\u00f3n fue omitida habr\u00edan conducido a una conclusi\u00f3n sustancialmente distinta. <\/p>\n
En cuanto al desconocimiento de las \u00abrevelaciones\u00bb del testigo Fernando Arturo Vallejo Ortiz respecto a lo sucedido en la etapa precontractual que influ\u00edan en la expectativa leg\u00edtima de la demandante de contratar por un t\u00e9rmino superior a un a\u00f1o a los anteriores empleados de Frontino Gold Mines, se advierte que en la audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2018, el mencionado declarante10, quien manifest\u00f3 que se desempe\u00f1\u00f3 como asesor de Human Team, y dio su concepto jur\u00eddico favorable respecto del contrato mercantil celebrado con Zandor Capiltal. Refiri\u00f311: <\/p>\n
hubo una etapa precontractual en la cual las partes se dijeron bueno tenemos esta necesidad, usted que nos puede ofrecer, Human Team le dijo yo puedo ofrecerle como una empresa que estoy constituida hace muchos a\u00f1os, el personal que usted necesite, yo puedo trasladarme a Antioquia, porque esta empresa funcionaba en Bogot\u00e1 y ten\u00eda algunas sedes, yo puedo poner una sede tambi\u00e9n en Medell\u00edn, yo puedo suministrarle personal tanto para la labor de las minas, como puedo ponerle oficinas administrativas en Segovia y donde usted necesite. Se hicieron las discusiones sobre los valores y los valores realmente eran sencillos, \u00bfSencillos como que es? bueno, pues si yo le voy a dar el personal, usted me paga, usted ZANDOR me paga lo que yo gaste en ese personal (\u2026) finalmente llegan a un acuerdo y se dicen nosotros Zandor Capital le pagamos eso, m\u00e1s (\u2026) un c\u00e1lculo por administraci\u00f3n que era del 9%. Eso lo acordaron, cuando estuvieron ya convencidas las dos partes de que eso se deb\u00eda firmar, escogieron el 9 de agosto como fecha Inicial del contrato y se firm\u00f3 y se pact\u00f3. Como estaba previ\u00e9ndose que ser\u00edan hasta 1.000 trabajadores en ese momento, se dijo pongamos una cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga por ahora por un a\u00f1o, pero en las conversaciones previas se hablaba m\u00ednimo de tres a\u00f1os, entonces se dijo pongamos una pr\u00f3rroga de un a\u00f1o, \u00bfPor qu\u00e9? porque es que Human Team dec\u00eda, es que yo voy a invertir, yo tengo que gastar un dinero y yo necesito esto es una cosa comercial, yo necesito tener precauciones financieras para mantener ese contrato. En esas condiciones se firm\u00f3 y empez\u00f3 ese d\u00eda se\u00f1or Juez el 09 de agosto, ese d\u00eda empieza con 14 trabajadores se\u00f1or juez, 14 nada m\u00e1s; es decir 14 no tiene nada que ver con lo que hab\u00eda al 31 de agosto del a\u00f1o 2011. Al mes siguiente a agosto, en septiembre el contrato ya va en 415 trabajadores, en octubre el contrato ya va en 421 trabajadores, en noviembre va en 452 trabajadores y en diciembre va en 497 por 3 no llegamos a los 500. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, al ser indagado sobre su interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 77 de la Ley 50 de 1990, respondi\u00f3 que esa norma propende porque los trabajadores tuvieran estabilidad en la empresa en que est\u00e1n laborando. Y afirm\u00f3 que, en este caso, los empleados se enviaban en misi\u00f3n para que cumplieran un objeto espec\u00edfico; dio ejemplos de la manera en que el usuario pod\u00eda modificar las funciones en distintos oficios y asegur\u00f3 que lo que la ley prev\u00e9 es que un trabajador no puede estar en el mismo servicio por m\u00e1s de 6 meses, pero que ello no impide que pueda cumplir una labor desde una fecha y con posterioridad se presenten cambios de oficio de acuerdo a los requerimientos del usuario. Y a la pregunta acerca de si esa interpretaci\u00f3n se extiende a lo previsto en el numeral 6 del Decreto 4369 de 2006 y su par\u00e1grafo12, respondi\u00f3 que para esos eventos se celebr\u00f3 el contrato seg\u00fan las necesidades que tuviera de Zandor, y acot\u00f3, adem\u00e1s, \u00abno podemos pasar por inadvertido que Zandor empezaba en ese momento una labor muy especial en Antioquia, Zandor se constituy\u00f3 para eso, y no es que viniera de atr\u00e1s laborando en eso, exactamente en Antioquia, Zandor se constituy\u00f3 para eso empez\u00f3 a prever esos 3 eventos\u00bb13. <\/p>\n
Luego manifest\u00f3 que, por distintas circunstancias, el se\u00f1or Roger qued\u00f3 como \u00fanico socio de Human Team, y asumi\u00f3 la gerencia, as\u00ed como el trabajo de posicionarla; que lo vio muy motivado con el negocio con Zandor, porque le ofrec\u00edan un potencial de 1000 trabajadores, por lo que ten\u00eda que montar una oficina en Antioquia, como en efecto lo hizo; y agreg\u00f3, que no fue f\u00e1cil contratar los trabajadores porque ven\u00edan de una lucha sindical con la Frontino Gold, pero Human logr\u00f3 \u201ccapturar a toda esa gente para ofrec\u00e9rsela a Zandor Capital\u201d14 <\/p>\n
Y a una pregunta del procurador judicial, respondi\u00f315 que Zandor apenas empezaba actividades en esa labor y al llegar a Colombia se encontr\u00f3 con un conflicto que ten\u00edan los trabajadores de la empresa Frontino de connotaci\u00f3n social y laboral, por lo que meditaron que no les conven\u00eda contratar esos trabajadores directamente porque les pod\u00edan alegar sustituci\u00f3n patronal, y por ello optaron por las empresas temporales como Human a la que en el precontrato le dijeron que iban a llegar a 1000 trabajadores. <\/p>\n
El dicho de este testigo resulta relevante porque alude a la fase precontractual del negocio jur\u00eddico objeto de la controversia, de la que tuvo conocimiento directo en su condici\u00f3n de asesor jur\u00eddico de la promotora, no obstante, en contrav\u00eda de lo indicado por la recurrente, sus afirmaciones lejos de aminorar las inferencias del Tribunal las ratifican. <\/p>\n
Ciertamente, con lo expuesto por ese declarante se corrobora que la demandante era profesional en la prestaci\u00f3n de servicios temporales y contaba con la pertinente asesor\u00eda jur\u00eddica al momento de celebrar el contrato, lo que permite establecer que ning\u00fan yerro cometi\u00f3 el ad quem, al dar por establecido que \u00e9sta contaba con suficientes conocimientos sobre la normativa laboral que deb\u00eda tener en cuenta por su repercusi\u00f3n en el contrato comercial. Adicionalmente, el testigo ratific\u00f3 que Human sab\u00eda que Zandor requer\u00eda un considerable n\u00famero de empleados porque apenas iba a iniciar su actividad minera en Colombia y no quer\u00eda contratarlos directamente para evitar que se presentara el fen\u00f3meno de la sustituci\u00f3n patronal, por lo que opt\u00f3 por contratar los servicios a trav\u00e9s de empresas temporales como Human Team, frente a la cual gener\u00f3 una expectativa de llegar a 1000 trabajadores. <\/p>\n
El hecho de que la sociedad demandante haya efectuado una importante inversi\u00f3n de recursos financieros y administrativos para dar cumplimiento a lo acordado con Zandor con la confianza de su pr\u00f3rroga, no desdice de que en esa contrataci\u00f3n las dos partes eran conocedoras de que, en \u00faltimas, lo que se pretend\u00eda, como lo dedujo el Tribunal, era suplir en su totalidad la planta de personal de la convocada, pasando por alto los precisos eventos que la ley colombiana autoriza para la contrataci\u00f3n de trabajadores en misi\u00f3n. <\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n tampoco se desvanece por la aducida falta de valoraci\u00f3n de algunos correos electr\u00f3nicos de la demandada -copias allegadas en la audiencia el testigo Fernando Vallejo16-, con los que se pretend\u00eda demostrar que durante la ejecuci\u00f3n del contrato se present\u00f3 la pr\u00e1ctica de cambio de oficio o de actividades de los empleados ordenada por la usuaria, por lo que no era cierto que su permanencia en los respectivos cargos sobrepasara el t\u00e9rmino de seis meses prorrogables por el mismo periodo. Lo anterior, por cuanto la decisi\u00f3n del juzgador de segunda instancia no se centr\u00f3 en la valoraci\u00f3n pormenorizada de lo acaecido en la fase de ejecuci\u00f3n del contrato, sino en la etapa de celebraci\u00f3n, en la cual hall\u00f3 que la finalidad de los contratantes era contraria a normas imperativas laborales, de ah\u00ed, que la omisi\u00f3n aducida carece de relevancia, y con mayor raz\u00f3n cuando los documentos que se afirma omitidos solo aluden a algunos casos aislados, pues seg\u00fan qued\u00f3 establecido Human remiti\u00f3 aproximadamente 500 trabajadores a Zandor mientras subsisti\u00f3 su v\u00ednculo negocial. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco se advierte yerro f\u00e1ctico por no haber valorado la Resoluci\u00f3n 123 del 13 de febrero de 2013, mediante la cual el Ministerio de Trabajo se abstuvo de sancionar a Zandor Capital y a Estrategias y Minas dentro de la investigaci\u00f3n administrativa de car\u00e1cter laboral que adelant\u00f317, dada la inconducencia del referido medio pues de su texto se extrae que tal investigaci\u00f3n solo involucr\u00f3 a las mencionadas sociedades y nada tuvo que ver con el contrato comercial suscrito por Human Team y Zandor. <\/p>\n
5.- Adujo el recurrente que para resolver acerca del objeto del contrato y del tenor literal de su cl\u00e1usula 14, no se consider\u00f3 que era l\u00edcito pactar su pr\u00f3rroga, lo que no va en contrav\u00eda de que Human acordara con cada uno de los trabajadores una relaci\u00f3n laboral sin vulnerar la prohibici\u00f3n temporal. <\/p>\n
Sobre este punto, es preciso destacar que, de acuerdo con la motivaci\u00f3n del fallo, la norma imperativa inobservada por las partes al acordar la pr\u00f3rroga del contrato fue el par\u00e1grafo el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006 conforme al cual, \u00ab[s]i cumplido el plazo de seis (6) meses m\u00e1s la pr\u00f3rroga a que se refiere el presente art\u00edculo, la causa originaria del servicio espec\u00edfico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podr\u00e1 prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestaci\u00f3n de dicho servicio\u00bb (se resalta). <\/p>\n
De all\u00ed, lo desenfocado que resulta el argumento de censura referente a que dicha cl\u00e1usula no contraven\u00eda el ordenamiento por cuanto Human pod\u00eda acordar con cada uno de los trabajadores una relaci\u00f3n laboral sin vulnerar la prohibici\u00f3n temporal, dado que no fue ese el reproche del juez colegiado para deducir que el convenio respecto de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica contradec\u00eda una norma imperativa como lo era el par\u00e1grafo el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4369 de 2006, precepto que propende por evitar el fraude a la ley en la contrataci\u00f3n de trabajadores en aquellos eventos que el servicio en s\u00ed mismo considerado no tiene las caracter\u00edsticas de excepcional o temporal, sino que es de aquellos que requiere la empresa de manera continua para el desarrollo de sus actividades. <\/p>\n
Aun prescindiendo de tal exigencia t\u00e9cnica, lo cierto es que, auscultado el fallo impugnado, se advierte que ning\u00fan defecto f\u00e1ctico cometi\u00f3 el juzgador por no haber tomado en consideraci\u00f3n las pruebas relacionadas por la censura referentes al traslado a la empresa Estrategias y Minas S.A., del personal inicialmente contratado por Human para prestar sus servicios en Zandor, por el contrario, esa sola circunstancia sirve para conferirle raz\u00f3n a sus deducciones respecto a la inviabilidad de pactar la pr\u00f3rroga en un contrato en el que, efectivamente, \u00abla causa originaria del servicio espec\u00edfico objeto del contrato\u00bb segu\u00eda subsistiendo en la empresa usuaria, un a\u00f1o despu\u00e9s del inicio de la relaci\u00f3n comercial con la de servicios temporales para cubrir las labores que de manera permanente aquella requer\u00eda para desarrollar su objeto social, apreciaci\u00f3n que para el juzgador igualmente qued\u00f3 reafirmada con la declaraci\u00f3n del testigo Fernando Vallejo en lo referente al notable incremento de los trabajadores en misi\u00f3n que Human le remiti\u00f3 a Zandor durante el a\u00f1o de duraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
En suma, la apreciaci\u00f3n ofrecida por el fallador a los medios demostrativos tenidos en cuenta no resulta antojadiza o contraevidente y tampoco se acredit\u00f3 ning\u00fan desvi\u00f3 evidente y trascendente por no haber valorado otros medios pues ese labor\u00edo se torn\u00f3 innecesario ante la naturaleza de la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
6.- Por otra parte, inanes resultan todos los reproches relacionados con la falta de valoraci\u00f3n de elementos de convicci\u00f3n de los cuales pod\u00eda deducirse el incumplimiento contractual endilgado a la convocada18, en especial, por dar cuenta de que \u00e9sta s\u00ed necesitaba a los trabajadores de Human con posterioridad a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial, al punto que los contrat\u00f3 por conducto de Estrategias y Minas S.A.S., y posteriormente a trav\u00e9s de otras empresas de servicios temporales; o que actu\u00f3 de ese modo para no contratarlos de manera directa, evitar que los jueces ordenaran su reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad y no enfrentar demandas por sustituci\u00f3n patronal. <\/p>\n
Lo anterior, porque ante la refrendaci\u00f3n de la sentencia de primer grado por un aspecto de puro derecho como lo es el relacionado con la validez del negocio jur\u00eddico, ning\u00fan yerro pod\u00eda cometer el juzgador por no incursionar en el estudio de las pruebas con las que la demandante pretendi\u00f3 demostrar el incumplimiento de su opositora, pues declarada la nulidad del contrato en su integridad, innecesario resultaba detenerse en la acusaci\u00f3n referente a que la convocada no honr\u00f3 su cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga. <\/p>\n
En ese sentido, en forma puntal, y una vez concluido el referido estudio de validez, el tribunal puso de presente, \u00ab[a]nte la nulidad absoluta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, la Sala se releva del an\u00e1lisis del tema fundante de la demanda, que correspond\u00eda al hipot\u00e9tico incumplimiento de la entidad demandada, relativo a la pr\u00f3rroga del contrato por un a\u00f1o m\u00e1s; no siendo necesario desarrollar los dem\u00e1s puntos de inconformidad presentados por la parte demandante\u00bb, de manera que no existi\u00f3 la omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de algunos medios que le achaca la recurrente, sino una determinaci\u00f3n consciente del juzgador por considerarlo innecesario. <\/p>\n
7.- Los reparos contra los razonamientos del tribunal acerca de la falta de prueba del n\u00famero de trabajadores requeridos por Zandor luego de la pr\u00f3rroga del contrato y sobre la ausencia de certeza del da\u00f1o, son irrelevantes toda vez que al permanecer inc\u00f3lume la nulidad del contrato como raz\u00f3n determinante del fracaso de las s\u00faplicas, resulta innecesario en esta sede evaluar el respaldo probatorio de los argumentos adicionales del juzgador relacionados con esos dos aspectos, los cuales fueron considerados a manera de refuerzo y solo si \u00aben aras de discusi\u00f3n se diera por descontado el tema de la validez del contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado entre las partes\u00bb, cosa que no ocurri\u00f3, pues el recurrente no logr\u00f3 derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara a la providencia fustigada. <\/p>\n
Por lo expuesto, este cargo tampoco se abre paso. <\/p>\n
8.- Como la decisi\u00f3n es adversa a la recurrente, ser\u00e1 condenada en costas, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, y se tendr\u00e1 en cuenta que oportunamente la opositora formul\u00f3 r\u00e9plica. <\/p>\n
VI.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 7 de octubre de 2019, en el proceso referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma equivalente a 10 SMLV. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y DEVU\u00c9LVASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. 236- 267, c. 1, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folios 515 \u2013 519, c. 1 expediente digitalizado. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Folios 17-45, cuaderno segunda instancia digitalizado. <\/p>\n
4\u0002 OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico. 6\u00b0 ed. Bogot\u00e1. Temis. 2000. P\u00e1g. 449. <\/p>\n
5\u0002 La Nulidad y la Rescisi\u00f3n en el Derecho Civil Chileno. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago de Chile, 1990. P\u00e1ginas 124-131. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem. P\u00e1g. 128 <\/p>\n
8\u0002 OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, op. cit. P\u00e1g. 246. <\/p>\n
9\u0002 Art\u00edculo compilado en el 2.2.6.5.6 del Decreto \u00danico Reglamentario 1072 de 2015 <\/p>\n
10\u0002 Cfr. Folio 442 expediente f\u00edsico. Video inicial A) Hora: 2.07.00 <\/p>\n
11\u0002 Cfr. Hora: 2.11.40 <\/p>\n
12\u0002 Cfr. Ibidem, hora: 2.25.50 <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Ibidem, hora: 2.27.40 <\/p>\n
14\u0002 Cfr. Ibidem, hora: 2:33.25 <\/p>\n
15\u0002 Cfr. Parte b) audiencia inicial, hora: 1.17.00 <\/p>\n
16\u0002 Continuaci\u00f3n audiencia. Cd. B). Hora: 31.00. Folios 395-430 cuaderno 1, expediente f\u00edsico. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. Folios 388-394. C.1 expediente f\u00edsico. <\/p>\n
18\u0002 mensajes electr\u00f3nicos, documentos referidos en la contestaci\u00f3n de la demanda y anexos presentados ante un tribunal de arbitramento, copias de sentencias judiciales, conceptos jur\u00eddicos, informaci\u00f3n contable y financiera de la demandante, dictamen ericial, declaraciones de parte, etc. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3755-2022 (2015-00953-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC3755-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-001-2015-00953-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Human Team S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}