STC14611-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14611-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba19001-22-13-000-2022-00062-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el 29 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, Alejandra Catalina Gonz\u00e1lez, Yecid Cer\u00f3n Anaya, Dolly Daza Belalc\u00e1zar, V\u00edctor Armando L\u00f3pez Guevara, H\u00e9ctor Hern\u00e1n Medina \u00c1vila, Omar Orozco Ramos, Jos\u00e9 Alirio Rualez Guamanga, Manuel Antonio Silva Paruma, Tito Alirio Vidal Salazar, Ofelia Ante Tovar, Ingrid Maciel Granada Valverde, Amalfi Montoya Angrino, Clara In\u00e9s Calapsu Yunda, Enna Patricia Garc\u00eda, Bertha Isabel Navia Gualteros, Claudia Patricia Ortega S\u00e1nchez, Sandra Milena Padilla Pati\u00f1o, Mirta Cecilia Riascos Ordo\u00f1ez, Henry Herney Rivera Arara, el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, SINALTRACOMFASALUD, SINTRACOMFAMILIAR, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional de radicaci\u00f3n n\u00famero 2022-00221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por intermedio de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, hacen presencia las organizaciones sindicales SINTRACOMFAMILIAR y SINALTRACOMFASALUD, con las que, el 1\u00ba de enero de 1994 y el 1\u00ba de abril de 2013 respectivamente, suscribi\u00f3 convenci\u00f3n colectiva aplicable a todos los trabajadores sindicalizados o no, \u00abque tenga contrato a t\u00e9rmino indefinido y cumpla la jornada m\u00e1xima completa de la Entidad es decir cuarenta y tres horas y media semanales (43.1\/2)\u00bb. <\/p>\n
Luego de relacionar a los trabajadores afiliados simult\u00e1neamente a los dos sindicatos, puso de manifiesto que algunos est\u00e1n vinculados mediante contrato a t\u00e9rmino indefinido y otros a vencimiento fijo, y que estos \u00faltimos no pueden beneficiarse de las mencionadas convenciones. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en enero de 2021, las organizaciones sindicales iniciaron conflicto \u00abmediante la denuncia de cada una de las convenciones colectivas vigentes y presentaci\u00f3n de pliegos de peticiones\u00bb, as\u00ed, SINALTRACOMFASALUD, pretend\u00eda la modificaci\u00f3n del campo de aplicaci\u00f3n de la convenci\u00f3n y reconocimiento de aumento salarial y SINTRACOMFAMILIAR, \u00fanicamente el reconocimiento de aumento salarial. <\/p>\n
Narr\u00f3 que luego de agotar negociaciones entre las que ofreci\u00f3 incremento salarial del 3.5%, que coincid\u00eda con el acordado con los trabajadores no sindicalizados, con quienes se suscribi\u00f3 pacto colectivo de trabajo, los representantes de los mentados sindicatos rechazaron todas las propuestas, raz\u00f3n por la que acudieron al Ministerio de Trabajo, para dirimir el conflicto existente. <\/p>\n
Sostuvo que el 13 de agosto de 2021, los sindicatos comunicaron su intenci\u00f3n de retirar de los pliegos de peticiones presentados el incremento salarial, motivo por el que se orden\u00f3 el archivo del expediente respecto a SINTRACOMFAMILIAR, teniendo en cuenta que el \u00fanico punto presentado por este fue salarios. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el conflicto colectivo subsisti\u00f3 con SINALTRACOMFASALUD, raz\u00f3n por la que este solicit\u00f3 la convocatoria de Tribunal de Arbitramento Obligatorio, para que se estudiaran \u00ablas peticiones aun incorporadas en su pliego, del que ya no hac\u00eda parte el punto relacionado con aumento salarial\u00bb, motivo por el que no se ten\u00eda competencia para pronunciarse sobre ese tema, y el 25 de febrero de 2022, se profiri\u00f3 Laudo Arbitral, y ambas partes presentaron recurso de anulaci\u00f3n que fue enviado a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra para sentencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dichas organizaciones sindicales, as\u00ed como algunos de sus afiliados, en forma individual presentaron diferentes acciones de tutela que fueron negadas, en las que solicitaron \u00abentre otras, el reconocimiento del mismo aumento salarial para sus afiliados, que mi poderdante acord\u00f3 junto con los trabajadores suscriptores del pacto colectivo vigente al interior de la Caja\u00bb1. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en el presente a\u00f1o, los presidentes de las referidas organizaciones sindicales junto con algunos de sus integrantes, presentaron la acci\u00f3n constitucional, de radicaci\u00f3n n\u00famero 2022-00221, en la que pidieron \u00abque se les reconociera aumento salarial del 3.5% para el a\u00f1o 2021 y del 10% para el a\u00f1o 2022 y que se modificara el campo de aplicaci\u00f3n de las convenciones colectivas suscritas y vigentes entre mi poderdante y los sindicatos SINALTRACOMFASALUD y SINTRACOMFAMILIAR, independientemente del tipo de contrato de trabajo (fijo o indefinido), suscrito por los trabajadores\u00bb, y se\u00f1alaron que, \u00abmientras la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que hac\u00edan referencia exclusivamente a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita con SINALTRACOMFASALUD, pues como se\u00f1alamos en la actualidad, es la \u00fanica cuyo laudo est\u00e1 siendo demandado mediante recurso de anulaci\u00f3n, ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Popay\u00e1n, neg\u00f3 el amparo solicitado con fundamento en que no se cumpl\u00eda con el requisito general de la subsidiariedad, atendiendo que la parte actora ten\u00eda a su alcance los mecanismos para su defensa, decisi\u00f3n que impugnada por los accionantes, revoc\u00f3 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n el 24 de mayo de 2022, y concedi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio, \u00abhasta tanto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia decida en \u00faltima instancia el conflicto colectivo de trabajo de COMFACAUCA con los sindicatos SINALTRACOMFASALUD y SINTRACOMFAMILIAR, correspondientes a los a\u00f1os 2021- 2022, los Derechos Fundamentales a la Igualdad, Asociaci\u00f3n y Libertad Sindical, de los trabajadores sindicalizados Contra COMFACAUCA\u00bb, fallo en el que, adem\u00e1s se dispuso, <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a COMFACAUCA que (\u2026), proceda a RECONOCER y PAGAR a los trabajadores sindicalizados de la empresa COMFACAUCA los mismos reajustes salariales reconocidos y pagados a los trabajadores no sindicalizados y en especial a los beneficiarios del pacto colectivo vigente en la empresa, esto es, del 3.5% para el a\u00f1o 2021 y 10% para el a\u00f1o 2022, con sus reajustes prestacionales y de seguridad social y parafiscales. <\/p>\n
CUARTO: Ordenar a COMFACAUCA que (\u2026) proceda a RECONOCER Y PAGAR a los trabajadores sindicalizados vinculados por contrato a t\u00e9rmino fijo, los mismos salarios y prestaciones sociales legales y convencionales que perciben los trabajadores sindicalizados vinculados a t\u00e9rmino indefinido, con retroactividad al 1 de enero de 2021. <\/p>\n
Censur\u00f3 que no obstante que \u00aben la actualidad, no hay conflicto colectivo, con la organizaci\u00f3n sindical SINTRACOMFAMILIAR, que est\u00e9 pendiente de ser decidido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, se haya considerado que la primera estaba en la obligaci\u00f3n de reconocer a los trabajadores sindicalizados accionantes vinculados mediante contrato a t\u00e9rmino fijo, los beneficios contenidos en la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita con este \u00faltimo sindicato. <\/p>\n
Reproch\u00f3, adem\u00e1s, que esa decisi\u00f3n incurri\u00f3 en flagrante violaci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, desconoci\u00f3 precedentes judiciales horizontales y verticales, incurri\u00f3 en nulidad al proceder contra providencias ejecutoriadas proferidas por superiores jer\u00e1rquicos del Juzgado, revivi\u00f3 procesos legalmente concluidos, y comprometi\u00f3 recursos parafiscales de la Caja que no pueden ser destinados para asuntos distintos a aquellos contemplados en la Ley. <\/p>\n
Declar\u00f3 que, por lo anterior, se vio en la obligaci\u00f3n de realizar pagos derivados del cumplimiento del fallo de fecha 24 de mayo de 2022, tales como retroactivo del incremento salarial ordenado por el despacho para los a\u00f1os 2021 y 2022, junto con la respectiva reliquidaci\u00f3n de los aportes a seguridad social, as\u00ed como el reconocimiento de los beneficios convencionales suscritos con SINALTRACOMFASALUD a todos los trabajadores accionantes sindicalizados, independientemente del tipo de contrato. <\/p>\n
Indic\u00f3, que los accionantes presentaron incidente de desacato porque no se estaban reconociendo en favor de los sindicalizados vinculados mediante contrato a t\u00e9rmino fijo, los beneficios contemplados en la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo, suscrita con la organizaci\u00f3n sindical SINALTRACOMFAMILIAR, tr\u00e1mite en el que explic\u00f3, i) que el personal sindicalizado accionante est\u00e1 multiafiliado a las organizaciones sindicales, y ii) en virtud de la Ley y la jurisprudencia, los trabajadores sindicalizados no pueden beneficiarse simult\u00e1neamente de las convenciones colectivas de SINALTRACOMFASALUD y SINTRACOMFAMILIAR. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que a pesar de lo anterior el Juzgado de primera instancia, tramit\u00f3 incidente de desacato resuelto desfavorablemente y una vez enviado a consulta ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, este requiri\u00f3 para que se allegara soportes de los pagos ordenados en el numeral cuarto de la sentencia de tutela cuestionada. <\/p>\n
Censur\u00f3 que no se ha explicado \u00absi para que los despachos judiciales consideren cumplido el fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, lo que se requiere es que la Caja pague a los trabajadores sindicalizados accionantes, los beneficios contenidos en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de SINTRACOMFAMILIAR, organizaci\u00f3n sindical con la que no hay un conflicto colectivo que est\u00e9 pendiente de ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 de manera principal ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, revocar la sentencia de 24 de mayo de 2022 proferida en la acci\u00f3n de tutela 2022-00221, y, de manera subsidiaria, que se ordene revocar en sede de consulta, el auto de fecha 10 de agosto de 2022, mediante el cual concluy\u00f3 que la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA hab\u00eda desacatado dicha sentencia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Popay\u00e1n, refiri\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela cuestionada en primera instancia, en la que en sentencia de 25 de abril de 2022 neg\u00f3 las pretensiones, determinaci\u00f3n que fue impugnada y revoc\u00f3 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que el 24 de junio de 2022, SINTRACOMFASALUD y otros, presentaron incidente de desacato, al que se dio el tr\u00e1mite pertinente, requerimiento, decreto de pruebas, apertura y sanci\u00f3n, mismo que en la instancia de consulta le correspondi\u00f3 al superior mencionado, en donde se encuentra en la actualidad. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de la referida acci\u00f3n de tutela en segunda instancia, y mediante sentencia de 24 de mayo de 2022, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, concedi\u00f3 el amparo rogado y memor\u00f3 las \u00f3rdenes impartidas en esa oportunidad. <\/p>\n
Sostuvo que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 en la Corte Constitucional, donde puede ser objeto de an\u00e1lisis y se puede modificar, revocar, confirmar o adicionar. Inform\u00f3 adem\u00e1s que, mediante auto de 18 de agosto de 2022, revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta en tr\u00e1mite de incidente de desacato. <\/p>\n
3. El Tribunal de Arbitramento Obligatorio entre COMFACAUCA y SINALTRACOMFASALUD, sostuvo que dirimieron el conflicto econ\u00f3mico surgido entre las mentadas partes, expidiendo Laudo Arbitral frente al cual se interpuso recurso de anulaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Popay\u00e1n, neg\u00f3 el amparo invocado por improcedente, en tanto que el asunto no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, atendiendo que la sentencia atacada no se encuentra en firme, puesto que, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre su eventual revisi\u00f3n y la accionante no acredit\u00f3 su intervenci\u00f3n en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sin embargo, dispuso lo siguiente, <\/p>\n
Al margen de lo anterior, considerando el deber que le asiste a las autoridades judiciales de velar por la defensa del patrimonio p\u00fablico y observando que en el presente asunto existen elementos de juicio que, al menos, permiten inferir la posible existencia de una irregularidad en la decisi\u00f3n emitida por la titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, atendiendo no solo la discusi\u00f3n que actualmente se tramita en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el laudo arbitral emitido el 25-02-2022, sino a la existencia de diversos pronunciamientos antecesores en sede de tutela frente al conflicto latente entre COMFACAUCA y las personas afiliadas a los sindicatos \u201cSINTRACOMFAMILIAR\u201d y \u201cSINALTRACOMFASALUD\u201d que declararon la improcedencia del tr\u00e1mite, la Sala estima necesario adoptar una medida que permita prevenir la causaci\u00f3n de un posible perjuicio a los recursos administrados por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar o, al menos, menguar los que eventualmente se hayan causado. <\/p>\n
En tal sentido y solo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la elecci\u00f3n o exclusi\u00f3n del expediente en sede de revisi\u00f3n, se suspender\u00e1n los efectos de la sentencia proferida el d\u00eda 24-05-2022 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela distinguida con radicado 19-001-41-89-002-2022-00221-01. Dicha determinaci\u00f3n solo puede cobijar los emolumentos que se causen con posterioridad a la presente sentencia, dado que frente a los dineros ya desembolsados ser\u00eda inocua cualquier medida de protecci\u00f3n en sede de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, manifest\u00f3 que, si bien se suspendi\u00f3 temporalmente la decisi\u00f3n, en caso de que el tr\u00e1mite no sea seleccionado en revisi\u00f3n, tendr\u00e1 que seguir asumiendo los costos que derivar\u00edan del cumplimiento de la sentencia reprochada, poniendo en riesgo dineros de naturaleza p\u00fablica parafiscal, por lo que reiter\u00f3 sus alegaciones expuestas en el escrito de tutela. <\/p>\n
2. Igualmente los convocados impugnan con el argumento que durante el tiempo que tarde la Corte Constitucional en tomar esa decisi\u00f3n se est\u00e1 autorizando a la accionante para volver a reducir el salario de los trabajadores sindicalizados al valor que ten\u00edan en el a\u00f1o 2020, a pesar de que todos los dem\u00e1s van a seguir recibiendo de manera pac\u00edfica su incremento, y, que, en el presente caso, la sentencia del Juzgado accionado lo \u00fanico que hizo fue aplicar el precedente contenido en la T-742\/2003 y amparar los derechos fundamentales de los actores, de manera transitoria, hasta cuando la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de La Corte Suprema de Justicia, resuelva en \u00faltima instancia los conflictos existentes entre las partes. <\/p>\n
3. Mediante escrito recibido en esta Corporaci\u00f3n el 30 de septiembre de 2022, la accionante se opuso a la impugnaci\u00f3n planteada por su contraparte. Reiter\u00f3 argumentos similares a los referidos en el escrito de tutela, adem\u00e1s sostuvo que la decisi\u00f3n atacada no es discriminatoria, atendiendo que tanto los aumentos salariales como el campo de aplicaci\u00f3n de las convenciones han sido fruto de pactos colectivos con los sindicatos, sumado a esto es clara la temporalidad de la medida dispuesta en la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando se trata de una decisi\u00f3n proferida por un juez constitucional, esto para evitar una espiral infinito de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 200902355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022), (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, dirigi\u00f3 las censuras contra de la sentencia de tutela de segunda instancia, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, que revoc\u00f3 la desestimatoria emanada del Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, radicado n\u00famero 19001-41-89-002-2022-00221-00, motivo por el cual, en principio el amparo invocado estar\u00eda condenado al fracaso por tratarse de tutela contra otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
En este caso se advierte necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional con miras a proteger el patrimonio p\u00fablico tema en el que se profundizar\u00e1 m\u00e1s adelante. Por el momento, basta recordar que la Alta Corporaci\u00f3n ha dicho, \u00abla defensa del patrimonio p\u00fablico es uno de los derechos de mayor connotaci\u00f3n en el Estado de Derecho, por lo cual el juez de tutela al asumir conocimiento de un expediente particular puede ejercer oficiosamente su protecci\u00f3n. Incluso, de manera ulterior, cuando en el momento oportuno los \u00f3rganos de control y adem\u00e1s autoridades fallaron u omitieron sus deberes\u00bb (T488\/14). <\/p>\n
Tambi\u00e9n aparece satisfecho el requisito de inmediatez, atendiendo que la decisi\u00f3n censurada data del 24 de mayo de 2022, y la acci\u00f3n que nos ocupa se radic\u00f3 el 16 de agosto del mismo a\u00f1o (menos de 6 meses). Igual ocurre con la relevancia constitucional, puesto que se orient\u00f3 este tr\u00e1mite a la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, y se expresaron con claridad los hechos por los que se estima vulnerado, circunstancias todas que imponen permiten examinar la procedencia de la tutela contra acciones de la misma naturaleza. <\/p>\n
3. Esta acci\u00f3n constitucional la promovi\u00f3 la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, principalmente para que se ordene al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, revocar la sentencia de segunda instancia de 24 de mayo de 2022 proferida en la acci\u00f3n de tutela de radicado n\u00famero 2022-00221. <\/p>\n
La accionante contra esa determinaci\u00f3n present\u00f3 los siguientes reproches: i) desconoci\u00f3 el campo de aplicaci\u00f3n de las convenciones colectivas; ii) desatendi\u00f3 el precedente, dado que permite a los trabajadores sindicalizados beneficiarse de dos acuerdos de ese tipo; y iii) concedi\u00f3 amparo de manera transitoria \u00abhasta tanto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia decida en \u00faltima instancia el conflicto colectivo de trabajo de COMFACAUCA con los sindicatos SINALTRACOMFASALUD y SINTRACONFAMILIAR, correspondientes a los a\u00f1os 2021-2022\u00bb, cuando no hay conflicto colectivo con el segundo y pendiente de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
De igual modo, denunci\u00f3 que esa determinaci\u00f3n se vulner\u00f3 el debido proceso, en tanto que revivi\u00f3 procesos legalmente concluidos, desconoci\u00f3 la cosa juzgada, no ten\u00eda competencia para pronunciarse respecto de los campos de aplicaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva, atendiendo que esta es del juez ordinario, y comprometi\u00f3 recursos parafiscales de la accionante. <\/p>\n
Adem\u00e1s se aleg\u00f3 la existencia de fraude como causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias del mismo linaje. N\u00f3tese, se expres\u00f3: \u00abel fraude se configura, si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n conlleva a consecuencias abiertamente contrarias a un principio del ordenamiento superior, correspondiente al debido proceso (\u2026). El mismo se podr\u00eda configurar en el caso planteado, con la actuaci\u00f3n de los sindicalizados accionantes, quienes pretendiendo la obtenci\u00f3n de dinero (\u2026), ocultaron gravemente al despacho una serie de precedentes judiciales aplicables, que implicaban la improcedencia de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3.1 Como antes se explic\u00f3, uno de los requisitos para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n del mismo linaje, es que se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit) (SU627\/2015). <\/p>\n
Cabe preguntarse entonces qu\u00e9 ha entendido la Corte Constitucional por \u00abfraude\u00bb o de manera m\u00e1s gen\u00e9rica c\u00f3mo ha definido la cosa juzgada fraudulenta para saber si estamos en uno de esos eventos. Respecto a ese interrogante la misma Corporaci\u00f3n ha dicho, \u00abSobre este presupuesto la aproximaci\u00f3n no ha sido uniforme en la jurisprudencia constitucional\u00bb2. <\/p>\n
No obstante, examinados algunos de los pronunciamientos del \u00f3rgano de cierre en materia constitucional, se encuentra que en el pasado era necesario para la estructuraci\u00f3n del fraude que mediara la intenci\u00f3n dolosa de obtener una decisi\u00f3n con fines ilegales, sin embargo, en tiempos m\u00e1s recientes se entiende que tambi\u00e9n ocurre cuando directa o indirectamente la decisi\u00f3n conduce a un fraude a la ley. <\/p>\n
Lo anterior porque con respecto a la cosa juzgada fraudulenta, hace algunos a\u00f1os dicha Corporaci\u00f3n explic\u00f3, \u00abse predica cuando el dolo se ha materializado en la sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias il\u00edcitas, ni la aparici\u00f3n de las mismas es necesaria para que el fraude pueda combatirse\u00bb3, y en oportunidad m\u00e1s reciente, afirm\u00f3, \u00abde acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial\u00bb4. <\/p>\n
3.2 Analizada la sentencia de tutela objeto de esta acci\u00f3n constitucional, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n el 24 de mayo de 2022, no queda otro camino que conceder el amparo suplicado, puesto que, si bien no se encuentra demostrado que esa decisi\u00f3n hubiese sido proferida con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, en la misma se evidencia una interpretaci\u00f3n abiertamente contraria a los postulados constitucionales que rigen la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
N\u00f3tese, en ese tr\u00e1mite las pretensiones de los accionantes fueron netamente econ\u00f3micas y se enfilaron a lo siguiente, <\/p>\n
Ordena[r] a COMFACAUCA que (\u2026) proceda como mecanismo transitorio, mientras la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve los recursos de anulaci\u00f3n interpuestos contra el laudo arbitral que orden\u00f3 los reajustes salariales de los trabajadores sindicalizados, a reajustar el salario de los trabajadores afiliados a SINTRACOMFAMILIAR y SINALTRACOMFASALUD actores de la presente tutela, en el 3.5% sobre el salario que devengaban a 31 de diciembre de 2020, con retroactividad al 1 de enero de 2021, y sobre el salario reajustado del a\u00f1o 2021 en un 10% con retroactividad al 1 de enero de 2022 en la misma forma en que se reajust\u00f3 el salario de los beneficiarios del pacto colectivo y los dem\u00e1s trabajadores no sindicalizados de COMFACAUCA. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ordenar\u00e1 a COMFACAUCA, mientras la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia a reconocer y pagar a todos los trabajadores sindicalizados actores de la presente tutela, los beneficios establecidos en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo firmada por la empresa con los sindicatos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 471 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo en condiciones de igualdad sin consideraci\u00f3n al contrato de trabajo firmado con la empresa (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Bajo ese panorama, se advierte que, en la providencia censurada, no se explic\u00f3 de manera suficiente, con razones serias y fundadas por qu\u00e9 a juicio del juzgador la v\u00eda ordinaria en curso o a disposici\u00f3n de cada uno de los interesados, – que es el camino trazado por el legislador en esos casos -, no resultaba id\u00f3nea para resolver esas inconformidades econ\u00f3micas. <\/p>\n
Inclusive, pese a que se concedi\u00f3 el amparo de manera transitoria, no se evidencia an\u00e1lisis relativo a que el recurso de anulaci\u00f3n referido representara una soluci\u00f3n definitiva a los agravios que reclamaban todos los accionantes. En particular se echa de menos argumento respecto a los incrementos salariales de los afiliados a SINTRACOMFAMILIAR quien para esa fecha seg\u00fan se entiende no ten\u00edan la calidad de parte en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
El anterior ejercicio era el primer paso que se ten\u00eda que adelantar en ese caso, y que es el que ahora se echa de menos, si el amparo constitucional se pidi\u00f3 de manera transitoria, se entiende que los mismos accionantes ten\u00edan conocimiento de que el medio para resolver sus diferencias era la v\u00eda ordinaria, sobre todo cuando es sabido que la acci\u00f3n de tutela no es un instrumento dise\u00f1ado por legislador para reclamar prestaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
Sobre el tema la jurisprudencia ha sostenido, \u00abno sobra recordar que la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d (CSJ, providencia de 24 de marzo de 2011, exp. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, exp. 00067-01)\u00bb (CSJ SC, 24 Feb 2012, Rad. 2012-00004-01). <\/p>\n
No se tuvo en cuenta entonces la improcedencia de este mecanismo extraordinario para tratar tem\u00e1ticas respecto de las cuales el accionante ha contado o tiene a su alcance instrumentos ordinarios cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche, pasando por alto que el juez constitucional no puede adoptar facultades de competencia del juez natural. <\/p>\n
Sobre ese punto esta Corte ha ense\u00f1ado: <\/p>\n
[e]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026) (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
Lo visto impone concluir que no se analiz\u00f3 con suficiencia la subsidiariedad como requisito gen\u00e9rico de procedibilidad de toda acci\u00f3n constitucional, desatendi\u00e9ndose abiertamente lo previsto en el numeral 1) del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acci\u00f3n de tutela no procede \u00abCuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
3.3 Tampoco se advierte un an\u00e1lisis sesudo respecto de cada uno de los accionantes y con fundamento en las pruebas legalmente incorporadas que permitiera concluir que los mismos se encontraban ante un perjuicio irremediable, y que este fuera de tal magnitud que impusiera abrir paso al mecanismo otorgado transitoriamente. <\/p>\n
V\u00e9ase que para esa finalidad en principio se dijo: <\/p>\n
Ante la falta de Resoluci\u00f3n por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral respecto al Recurso de anulaci\u00f3n sobre el Laudo Arbitral Emitido por el Tribunal de Arbitramento de Comfacauca, la acci\u00f3n de tutela precede como un mecanismo judicial transitorio en cuanto, las circunstancias de facto que rodean al caso sub examine, son sucesivamente cambiantes respecto a las condiciones que, los trabajadores sindicalizados padecen, m\u00e1xime si dichas circunstancias ata\u00f1en a las condiciones de vida que se presentan con el paso de tiempo en Colombia, como lo son los costos de vida, alimentos, transporte, y ante las circunstancias de Inflaci\u00f3n econ\u00f3micas que afectan el pa\u00eds, entre otros factores como el de la Unidad Familiar entre tanto que el amparo constitucional en el petitum de la acci\u00f3n invocada, no solo tiene una connotaci\u00f3n de tutela en los accionantes, sino tambi\u00e9n en la protecci\u00f3n de derechos fundamentales conexos a los deprecados por los accionante, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, en el n\u00facleo familiar de cada trabajador resulta como elemento esencial en el desarrollo social y personal del trabajador. <\/p>\n
Como puede verse, estos argumentos son tan gen\u00e9ricos que impiden ver el rastro de un examen fundamentado en pruebas legalmente allegadas respecto de la inminencia de un perjuicio grave en cabeza de cada uno de los accionantes, teniendo en cuenta puntualmente el salario que percib\u00edan para ese momento y la suficiencia de \u00e9ste, como medio para atender sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Aunque en esa providencia tambi\u00e9n se sostuvo que el perjuicio irremediable en ese evento consist\u00eda en la p\u00e9rdida del valor del salario, a juicio de esta Sala esa afirmaci\u00f3n resulta insuficiente, puesto que no se tuvo en cuenta para ese efecto el monto percibido por cada uno de los implicados, adem\u00e1s no se analiz\u00f3 si en estricto sentido, la falta de incremento salarial obedeci\u00f3 a un trato discriminatorio, o a una consecuencia de que los sindicalizados no hubiesen aceptado un incremento igual al ofrecido a los no sindicalizados. <\/p>\n
N\u00f3tese, solo se dijo, \u00abEstos argumentos de la Corte Constitucional, ponen de presente que estamos ante un caso de perjuicio irremediable por el grave da\u00f1o ocasionado a los actores (p\u00e9rdida del valor del salario), lo que podr\u00edan resolver renunciando a la organizaci\u00f3n sindical, para quedar en condici\u00f3n de no sindicalizados y con ello acceder al reajuste salarial pendiente de pago, por lo que, la decisi\u00f3n de la entidad accionada termina vulnerando, no solo el derecho de igualdad, sino tambi\u00e9n el de asociaci\u00f3n y libertad sindical, concurriendo en este caso, los presupuestos de los precedentes citados, incluido el de COMFACAUCA del a\u00f1o 1998\u00bb. <\/p>\n
En suma, no hizo un an\u00e1lisis claro, preciso, detallado cuantitativamente y suficiente para determinar en ese asunto que se estaba ante un perjuicio irremediable que ameritaba de manera urgente conceder el amparo transitoriamente concedido. Recu\u00e9rdese que, para lograr esa finalidad, \u00abno basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso ordinario de que se trate\u00bb (CSJ. STC12899-2022). <\/p>\n
3.4 Ahora bien, aun cuando se hiciera de lado lo anterior, se tiene que el juzgador de segunda instancia determin\u00f3 que el asunto que subyace al tr\u00e1mite constitucional se ajustaba a los antecedentes f\u00e1cticos de la sentencia de tutela T-742-2003, en particular porque a su juicio, los trabajadores sindicalizados fueron discriminados frente a los reajustes salariales reconocidos a los beneficiarios del pacto colectivo para trabajadores no sindicalizados. <\/p>\n
Sin embargo, no soport\u00f3 como era debido esa conclusi\u00f3n, con miras a descartar que la situaci\u00f3n evidenciada fuera el producto de un trato discriminatorio o consecuencia de no la no aceptaci\u00f3n por parte de los trabajadores sindicalizados id\u00e9nticas condiciones laborales a las ofrecidas para la \u00e9poca a los beneficiarios del pacto colectivo. <\/p>\n
Ese tema debi\u00f3 estudiarse porque la llamada a juicio en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela aleg\u00f3, <\/p>\n
V\u00e9ase que, dentro de la negociaci\u00f3n colectiva adelantada en 2021 junto con las organizaciones sindicales accionantes, se les ofreci\u00f3 el aumento del 3.5% que ahora pretenden, y que se acord\u00f3 con los suscriptores del pacto colectivo. Las comisiones negociadoras de los sindicatos accionantes no aceptaron la oferta y se levantaron de la mesa de negociaci\u00f3n, sin acuerdo salarial, dejando el tema para ser definido por Tribunal de Arbitramento como lo consagra la ley laboral, pero ahora de manera infundada, y contrariando las v\u00edas legales, pretenden obtener dicho aumento por medio de un fallo judicial de tutela. <\/p>\n
De igual manera, y no de menos importancia, la entonces accionada puso de presente la existencia de una presunta temeridad atendiendo que algunos de los accionantes para esa misma \u00e9poca hab\u00edan presentado varias acciones de tutela, y no se evidencia el an\u00e1lisis de cada una de estas, con miras a comprobar una eventual cosa juzgada constitucional total o parcial, teniendo en cuenta los elementos que la estructuran, esto es identidad de partes, causa y objeto, \u00f3bice insalvable para emitir un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
3.5 Igualmente ocurre con la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Juzgador respecto al existencia de trato discriminatorio entre los trabajadores sindicalizados con contrato a t\u00e9rmino fijo en relaci\u00f3n con los sindicalizados a t\u00e9rmino indefinido, producto de haberse propuesto, como as\u00ed se afirm\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela, \u00abreajuste salarial, al momento en que resuelva el conflicto colectivo, pero a los de t\u00e9rmino fijo, adem\u00e1s de ello, les niega las prestaciones sociales convencionales o extralegales que perciben sus compa\u00f1eros sindicalizados vinculados a t\u00e9rmino indefinido\u00bb, puesto que no medi\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria unitaria y en conjunto que la respalde. <\/p>\n
Retomando el tema de la subsidiariedad, se pas\u00f3 por alto que para resolver los conflictos en punto a la aplicaci\u00f3n de convenciones colectivas los interesados disponen de la v\u00eda ordinaria, tampoco hizo un an\u00e1lisis serio, claro, preciso y detallado de cara a las probanzas incorporadas para constatar la presencia de los elementos que estructuran el perjuicio irremediable como requisito para otorgar el amparo de manera transitoria puntualmente respecto de esas reclamaciones. <\/p>\n
4. Finalmente, y pese que la accionada puso de presente que algunos accionantes sindicalizados estaban vinculados a los dos sindicatos referidos, sin concretar esa situaci\u00f3n con base en pruebas incorporadas, se concedi\u00f3 el amparo y se profirieron las \u00f3rdenes de pago conocidas. <\/p>\n
Quiere decir, que no se descart\u00f3 que esas prestaciones, dieran lugar a un eventual doble beneficio en cabeza de alguno de los que se pudieran ver cobijados por las mismas, y en caso de que eso se presentara, no plasm\u00f3 los argumentos de orden constitucional para mantener una decisi\u00f3n en ese sentido, que no de orden legal, por existir el mecanismo id\u00f3neo ante la autoridad judicial pertienente a quien corresponde su examen y definici\u00f3n. <\/p>\n
De esa manera, se pas\u00f3 desapercibido el deber de las autoridades judiciales de defender el patrimonio p\u00fablico y que seg\u00fan denuncia la entidad obligada a hacer esos pagos, en este caso se est\u00e1 viendo afectado por raz\u00f3n de la decisi\u00f3n reprochada. N\u00f3tese, la interesada expres\u00f3 que el cumplimiento de la sentencia de tutela censurada, \u00abcomprometi\u00f3 recursos parafiscales de la Caja que no pueden ser destinados para asuntos distintos a aquellos contemplados en la Ley\u00bb. <\/p>\n
Inclusive, en la impugnaci\u00f3n insisti\u00f3 en que \u00abLa Caja utiliz\u00f3 para efectuar dichos pagos, recursos parafiscales, que se constituyen en dineros p\u00fablicos que deben ser destinados en favor de nuestros afiliados, pero que tuvieron que usarse para efectuar los pagos ordenados v\u00eda acci\u00f3n de tutela (\u2026). Lo anterior fue informado oportunamente al Tribunal Superior de Distrito Judicial, previo al fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el deber de proteger el patrimonio p\u00fablico de las autoridades judiciales, la Corte Constitucional, ha ense\u00f1ado, <\/p>\n
La defensa del patrimonio p\u00fablico como derecho colectivo, debe ser observado por todas las autoridades estatales, incluso por parte de las autoridades judiciales, quienes emiten providencias que pueden generar la intervenci\u00f3n del erario p\u00fablico, y \u00e9sta debe estar plenamente justificada en material probatorio suficiente y acorde con las circunstancias de cada caso concreto. Para lograr lo anterior, b) hay que tener en cuenta que, como se afirm\u00f3, las pretensiones ciudadanas tienen en la ley previstas diferentes v\u00edas judiciales que contemplan estructuras procesales acordes con la materia que se alega ante el juez con el fin de garantizar el debido proceso de las partes y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Ahora bien, c) cuando una persona acude a la administraci\u00f3n de justicia en aras de buscar la protecci\u00f3n de sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico para el caso espec\u00edfico, y por su parte, d) el juez constitucional debe ser muy cuidadoso con el cumplimiento de los requisitos de procedencia, concretamente la subsidiariedad, para evitar providencias por fuera de su competencia, que generen perjuicios a derechos colectivos los cuales debieron ser discutidos en el \u00e1mbito jurisdiccional correspondiente. Esto porque la tutela no es un mecanismo alternativo que reemplace los procesos judiciales o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que est\u00e1 conociendo de un determinado asunto radicado bajo su competencia. (negrilla fuera de texto, T399\/2013). <\/p>\n
5. Los an\u00e1lisis que se echan de menos son m\u00e1s que suficientes para concluir que el amparo otorgado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, no est\u00e1 justificado en material probatorio suficiente y acorde con las circunstancias del caso, en particular para descartar la subsidiariedad como elemento para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela concedida, de donde se concluye una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales, acontecer que impone en este caso la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso de la accionante. <\/p>\n
No puede la Sala ante las circunstancias vistas mantener la decisi\u00f3n censurada, y en aras de acatar el deber de proteger el patrimonio p\u00fablico que eventualmente se pueda ver afectado, resulta imperioso aniquilar esa determinaci\u00f3n para en su lugar, ordenar al Juez Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n que proceda a proferir nuevamente la decisi\u00f3n que defina la instancia. <\/p>\n
6. Por todo lo anterior, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, para otorgar el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. En su lugar, CONCEDER la acci\u00f3n de tutela implorada por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA, contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, dejar sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia de 24 de mayo de 2022, a fin de que vuelva a proveer sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 25 de abril de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa ciudad, teniendo en cuenta lo expresado en parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2022-00062-01 <\/p>\n
Estoy de acuerdo en revocar el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n (29 ag. 2022), en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del resguardo n\u00famero 2022-00221 para, en su lugar conceder el amparo, porque, tal y como all\u00ed se advirti\u00f3, \u00abDe esa manera, se pas\u00f3 desapercibido el deber de las autoridades judiciales de defender el patrimonio p\u00fablico y que seg\u00fan denuncia la entidad obligada a hacer esos pagos, en este caso se est\u00e1 viendo afectado por raz\u00f3n de la decisi\u00f3n reprochada\u00bb. <\/p>\n
Lo que recuerda, de conformidad con la sentencia T-488 de 2014, que \u00abla defensa del patrimonio p\u00fablico es uno de los derechos de mayor connotaci\u00f3n en el Estado de Derecho, por lo cual el juez de tutela al asumir conocimiento de un expediente particular puede ejercer oficiosamente su protecci\u00f3n. Incluso, de manera ulterior, cuando en el momento oportuno los \u00f3rganos de control y adem\u00e1s autoridades fallaron u omitieron sus deberes\u00bb. <\/p>\n
No obstante, un argumento me lleva a aclarar mi posici\u00f3n y, es el concerniente a la justificaci\u00f3n, en este caso espec\u00edfico, de la procedencia de la tutela contra tutela, cuando la misma fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Son mis razones, las siguientes: <\/p>\n
1.- La Corte Constitucional en la sentencia SU 627 de 2015, unific\u00f3 los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, a saber: <\/p>\n
(\u2026) por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta Corporaci\u00f3n, se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2.- En el sub lite, aunque se precis\u00f3 que, si bien, de conformidad con algunos de los pronunciamientos del \u00f3rgano de cierre en materia constitucional, con respecto a la cosa juzgada fraudulenta, hace algunos a\u00f1os dicha Corporaci\u00f3n explic\u00f3, \u00abse predica cuando el dolo se ha materializado en la sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias il\u00edcitas, ni la aparici\u00f3n de las mismas es necesaria para que el fraude pueda combatirse\u00bb (T218-2012) y, en oportunidad m\u00e1s reciente, afirm\u00f3, \u00abde acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial\u00bb (T073-2019), el an\u00e1lisis realizado termin\u00f3 siendo un examen del presupuesto de la subsidiariedad y de la valoraci\u00f3n probatoria realizada por los funcionarios acusados. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la misma providencia, luego de citar apartes jurisprudenciales alusivos a la \u201ccosa juzgada fraudulenta\u201d dijo que, \u00absi bien no se encuentra demostrado que esa decisi\u00f3n hubiese sido proferida con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, en la misma se evidencia una interpretaci\u00f3n abiertamente contraria a los postulados constitucionales que rigen la acci\u00f3n de tutela\u00bb, evento \u00e9ste \u00faltimo que, en mi opini\u00f3n, no encuadra en los supuestos para acceder excepcionalmente al amparo. <\/p>\n
3.- Refuerza lo anterior y no menos importante, el hecho de que la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00221, a\u00fan ante el mecanismo de la insistencia en tal sentido formulado de la Caja de Compensaci\u00f3n, lo que hace que dicho veredicto ya constituye cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En otras palabras, en mi criterio, no resulta l\u00f3gico ni razonable que la Corte Constitucional, m\u00e1xima defensora de los derechos iusfundamentales, no hallara m\u00e9rito para revisar la salvaguarda confutada y, en su lugar lo haga est\u00e1 Colegiatura. <\/p>\n
Dejo de esta manera aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 La accionante enlist\u00f3 las siguientes acciones de tutela presentadas por id\u00e9nticos hechos que fueron negadas en su oportunidad: 2021-044, 2021-00062, 2021-00144, 2021-00479, 2021-145, y 2021-00478. <\/p>\n
2\u0002 T322\/2019. <\/p>\n
3\u0002 T218\/2012 <\/p>\n
4\u0002 T073-2019 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14611-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC14611-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba19001-22-13-000-2022-00062-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}