STC14632-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC14632-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (\u00b01) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Orlando Pardo frente a la sentencia de 7 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que aquel instaur\u00f3 contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias ambos de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del juicio ejecutivo con rad. No. 2006-01398-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 revocar el prove\u00eddo de 4 de abril pasado, con el que se declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 el levantamiento de medidas cautelares en el proceso ejecutivo que Juan Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 contra Aquiles Humberto Chitiva Chitiva. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, pese a que es el \u00abactual poseedor\u00bb del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-106346, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal aludido neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, en especial, el secuestro que se practic\u00f3 el 23 de octubre de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aunque apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, pues desatendi\u00f3 la normatividad y las pruebas que le eran favorables, el Juez del Circuito inadmiti\u00f3 la alzada tras considerar que el asunto era de m\u00ednima cuant\u00eda, raz\u00f3n por la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n que igualmente se neg\u00f3; el actor considera que de conformidad con los \u00abprecedentes judiciales\u00bb1, era procedente el citado mecanismo, pues es un tercero ajeno a la controversia y se trata de la oposici\u00f3n a una medida cautelar, raz\u00f3n por la cual, la naturaleza del proceso no le era oponible. <\/p>\n
2. El Juzgado del Circuito referido precis\u00f3 que su decisi\u00f3n se apoy\u00f3, por una parte, en que se trata de un proceso de \u00fanica instancia, de ah\u00ed que no hab\u00eda lugar a estudiar las inconformidades del actor, y por la otra, que la sentencia mencionada no tiene los mismos supuestos f\u00e1cticos para su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo tras advertir que la decisi\u00f3n criticada no luce antojadiza pues, por la clase del proceso y la cuant\u00eda, resultaba improcedente la alzada. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n con asidero en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela y agreg\u00f3 que se omiti\u00f3 que esta Sala ha proferido decisiones en el sentido por \u00e9l requerido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se confirmar\u00e1 la providencia del tribunal porque, en efecto, la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. Ciertamente, el juzgado para obrar como lo hizo, en desarrollo del examen preliminar de admisibilidad de que trata el art\u00edculo 326 del C.G.P., el Juez del conocimiento, precis\u00f3 que el prove\u00eddo confutado no era susceptible del citado mecanismo habida cuenta que \u00abla demanda es de m\u00ednima cuant\u00eda y por ende de \u00fanica instancia, situaci\u00f3n que imposibilita que se pueda tramitar la alzada\u00bb. <\/p>\n
Con esa l\u00ednea argumentativa, puntualiz\u00f3 que si bien el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 321 \u00eddem prev\u00e9 que el prove\u00eddo que resuelve un incidente es apelable, lo cierto es que el litigio \u00abse tramita bajo el sendero de la \u00fanica instancia\u00bb habida cuenta la suma por la que se libr\u00f3 el mandamiento de pago, de all\u00ed que, de conformidad con el numeral 1\u00ba del canon 14 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abnormativa vigente al momento de proferirse la orden de apremio\u00bb, \u00ablos procesos de m\u00ednima cuant\u00eda son de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se pone en evidencia que el Despacho judicial convocado no transgredi\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor, puesto que realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n adecuada de las disposiciones que regulan la procedencia del recurso ordinario de apelaci\u00f3n en virtud de la cuant\u00eda del litigio en el que se formul\u00f3, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Ahora, en punto de la queja del impugnante relacionada con la omisi\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales respecto de la viabilidad de la alzada en procesos como el criticado, vale la pena aclarar que en efecto la Sala mayoritaria hace ya alg\u00fan tiempo consider\u00f3 que es aceptable el recurso de apelaci\u00f3n que un tercero formula contra del auto que niega la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro o del incidente para su levantamiento en asuntos como el referido, con sustento en que \u00abla regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal\u00bb (reiterada, entre otras, en STC7428-2021). <\/p>\n
Sin embargo, tras la \u00faltima recomposici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la posici\u00f3n anterior esta llamada a recogerse en vista que no es compatible con el querer del legislador en punto de la problem\u00e1tica suscitada, porque en el C\u00f3digo General del Proceso son cuatro las vertientes que agrupan los procesos de \u00fanica instancia: i) Por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) Por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora (num. 9, art. 384); iii) Adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del ritual, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo V, art. 390, lo que, en ultimas, atiende a la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones); y, iv) Finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el evento \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, los cuales conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art. 30 \u00eddem. <\/p>\n
La m\u00e1s relevante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento patrio fue dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el postulado de la \u00abdoble instancia\u00bb contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, prohij\u00f3 la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (sentencia C- 103\/05 que estudi\u00f3 la exequibilidad del literal b) del art. 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de litigios tiene una unidad estructural trascendida por la mencionada caracter\u00edstica, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las \u00abinstituciones jur\u00eddico procesales\u00bb que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por la \u00fanica instancia, no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que las mismas lleguen a alterar esa propiedad esencial, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es dable al int\u00e9rprete hacerlo; que cuando el sentido de la ley es claro no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art. 27 del C\u00f3digo Civil); y que las excepciones son restrictivas, los cuales empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones con los dem\u00e1s cong\u00e9neres y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano resulta modificado por una hermen\u00e9utica ajena al mismo. <\/p>\n
En tal medida, no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, ya que la particularidad de que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00abque resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, aplicable a la oposici\u00f3n de la diligencia de secuestro por mandato expreso del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 \u00edb., no se autoriza deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que suscite esa discusi\u00f3n, toda vez que igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., para la providencia que \u00ab(\u2026) niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros\u00bb (num. 2 \u00eddem), y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que la otrora visi\u00f3n de los precedentes, equivocadamente consolida una distinci\u00f3n que privilegia el inter\u00e9s del tercero por el mero hecho de serlo, como si la actuaci\u00f3n en la que interviene se diera en un litigio distinto al que afrontan las partes con sus vicisitudes y ventajas, al punto que se llega a erigir una discriminaci\u00f3n en cuanto queda sugerido que para \u00e9stas no proceder\u00eda la alzada en relaci\u00f3n con lo que se decida en el mismo tr\u00e1mite. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Salvamento parcial de voto) <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01126-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Orlando Pardo interpuso contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso ejecutivo que Juan Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 contra Aquiles Humberto Chitiva Chitiva, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias Bogot\u00e1 le neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, en especial, el secuestro que se practic\u00f3 el 23 de octubre de 2019, pese a que, el aqu\u00ed accionante Orlando Pardo aleg\u00f3 ser el actual poseedor del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-106346, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n tras considerar que el proceso era de \u00fanica instancia por ser de m\u00ednima cuant\u00eda, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n que interpuso. <\/p>\n
El accionante consider\u00f3 que era procedente el recurso, pues es un tercero ajeno a la controversia y se trata de la oposici\u00f3n a una medida cautelar, raz\u00f3n por la cual, la naturaleza del proceso no le era oponible. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia de 7 de junio de 2022, neg\u00f3 el amparo promovido por Orlando Pardo al encontrar razonable la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, fallo que impugn\u00f3 el accionante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, confirm\u00f3 la sentencia impugnada, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) en efecto, la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. Ciertamente, el juzgado para obrar como lo hizo, en desarrollo del examen preliminar de admisibilidad de que trata el art\u00edculo 326 del C.G.P., el Juez del conocimiento, precis\u00f3 que el prove\u00eddo confutado no era susceptible del citado mecanismo habida cuenta que \u00abla demanda es de m\u00ednima cuant\u00eda y por ende de \u00fanica instancia, situaci\u00f3n que imposibilita que se pueda tramitar la alzada\u00bb. <\/p>\n
Con esa l\u00ednea argumentativa, puntualiz\u00f3 que si bien el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 321 \u00eddem prev\u00e9 que el prove\u00eddo que resuelve un incidente es apelable, lo cierto es que el litigio \u00abse tramita bajo el sendero de la \u00fanica instancia\u00bb habida cuenta la suma por la que se libr\u00f3 el mandamiento de pago, de all\u00ed que, de conformidad con el numeral 1\u00ba del canon 14 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abnormativa vigente al momento de proferirse la orden de apremio\u00bb, \u00ablos procesos de m\u00ednima cuant\u00eda son de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se pone en evidencia que el Despacho judicial convocado no transgredi\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor, puesto que realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n adecuada de las disposiciones que regulan la procedencia del recurso ordinario de apelaci\u00f3n en virtud de la cuant\u00eda del litigio en el que se formul\u00f3, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Ahora, en punto de la queja del impugnante relacionada con la omisi\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales respecto de la viabilidad de la alzada en procesos como el criticado, vale la pena aclarar que en efecto la Sala mayoritaria hace ya alg\u00fan tiempo consider\u00f3 que es aceptable el recurso de apelaci\u00f3n que un tercero formula contra del auto que niega la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro o del incidente para su levantamiento en asuntos como el referido, con sustento en que \u00abla regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal\u00bb (reiterada, entre otras, en STC7428-2021). <\/p>\n
Sin embargo, tras la \u00faltima recomposici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la posici\u00f3n anterior esta llamada a recogerse en vista que no es compatible con el querer del legislador en punto de la problem\u00e1tica suscitada, porque en el C\u00f3digo General del Proceso son cuatro las vertientes que agrupan los procesos de \u00fanica instancia: i) Por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) Por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora (num. 9, art. 384); iii) Adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del ritual, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo V, art. 390, lo que, en ultimas, atiende a la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones); y, iv) Finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el evento \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, los cuales conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art. 30 \u00eddem. <\/p>\n
La m\u00e1s relevante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento patrio fue dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el postulado de la \u00abdoble instancia\u00bb contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, prohij\u00f3 la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (sentencia C- 103\/05 que estudi\u00f3 la exequibilidad del literal b) del art. 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de litigios tiene una unidad estructural trascendida por la mencionada caracter\u00edstica, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las \u00abinstituciones jur\u00eddico procesales\u00bb que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por la \u00fanica instancia, no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que las mismas lleguen a alterar esa propiedad esencial, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es dable al int\u00e9rprete hacerlo; que cuando el sentido de la ley es claro no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art. 27 del C\u00f3digo Civil); y que las excepciones son restrictivas, los cuales empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones con los dem\u00e1s cong\u00e9neres y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano resulta modificado por una hermen\u00e9utica ajena al mismo. <\/p>\n
En tal medida, no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, ya que la particularidad de que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00abque resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, aplicable a la oposici\u00f3n de la diligencia de secuestro por mandato expreso del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 \u00edb., no se autoriza deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que suscite esa discusi\u00f3n, toda vez que igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., para la providencia que \u00ab(\u2026) niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros\u00bb (num. 2 \u00eddem), y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que la otrora visi\u00f3n de los precedentes, equivocadamente consolida una distinci\u00f3n que privilegia el inter\u00e9s del tercero por el mero hecho de serlo, como si la actuaci\u00f3n en la que interviene se diera en un litigio distinto al que afrontan las partes con sus vicisitudes y ventajas, al punto que se llega a erigir una discriminaci\u00f3n en cuanto queda sugerido que para \u00e9stas no proceder\u00eda la alzada en relaci\u00f3n con lo que se decida en el mismo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. En este asunto en el que se debate sobre el principio constitucional de doble instancia en el caso del opositor a una medida cautelar, me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el opositor al secuestro Orlando Prado, al considerar que no se pod\u00eda admitir la apelaci\u00f3n, por cuanto el proceso es de \u00fanica instancia debido a su cuant\u00eda. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que lo atinente a las medidas cautelares se rige de manera aut\u00f3noma e independiente por el T\u00edtulo I, Cap\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso y en relaci\u00f3n con las oposiciones a la diligencia de secuestro, la norma adjetiva especial, esto es el art\u00edculo 596 ej\u00fasdem, que se\u00f1ala sus reglas, en el numeral 2\u00ba establece que \u00aba las oposiciones se aplicar\u00e1 en lo pertinente lo dispuesto en relaci\u00f3n con la diligencia de entrega\u00bb, lo que significa que remite a los requisitos exigidos en el art\u00edculo 309 ib\u00eddem, relativas a la entrega, la que a su vez determina la procedencia de la apelaci\u00f3n, que no puede restringirse en una actuaci\u00f3n promovida por un tercero ajeno a la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, conforme a lo se\u00f1alado en el numeral 9\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que la oposici\u00f3n del tercero que considera estar facultado para impedir que el bien sea secuestrado, es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las de las partes, raz\u00f3n por la cual, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal, y siendo un incidente en donde se debate el levantamiento o no del secuestro planteado por un tercero opositor, tal asunto no implica, que la pugna conduzca a debilitar la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
En este orden si bien el Estatuto Procedimental establece cuales son los procesos que los jueces conocen en \u00fanica instancia, y por tanto la providencia que decida de fondo no podr\u00e1 ser apelada, tambi\u00e9n lo es que las disposiciones referidas cumplen con el presupuesto constitucional seg\u00fan el cual deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de \u00fanica instancia. <\/p>\n
As\u00ed, el tercero que plantea la oposici\u00f3n, se legitima para acudir al recurso de apelaci\u00f3n sin consideraci\u00f3n al objeto del litigio, tampoco de la cuant\u00eda, puesto que su inter\u00e9s jur\u00eddico recae \u00fanicamente sobre la cosa objeto de la entrega y en atenci\u00f3n exclusiva a su calidad de tercero opositor. <\/p>\n
Lo anterior, porque la regla relacionada con el conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda que vincula a las partes del juicio, no es aplicable en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, cuyo procedimiento y regulaci\u00f3n es independiente de la controversia principal, y el juzgador al momento de resolver sobre la viabilidad de la apelaci\u00f3n, debe conceder al opositor un escenario adecuado para proteger el derecho que discute. <\/p>\n
De ah\u00ed que las disposiciones comentadas propenda por la protecci\u00f3n efectiva de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad del rechazo de su oposici\u00f3n, lo que igualmente se justifica por la necesidad de procurar la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos. <\/p>\n
As\u00ed la decisi\u00f3n inicialmente cuestionada no result\u00f3 ajustada a derecho, por cuanto la providencia que rechaza la oposici\u00f3n es apelable y, en ese sentido la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que neg\u00f3 el amparo, debi\u00f3 ser revocada. <\/p>\n
Considero adem\u00e1s que, la posici\u00f3n y l\u00ednea jurisprudencial que ha mantenido la Sala mayoritaria de tiempo atr\u00e1s en relaci\u00f3n con este asunto, debe permanecer inc\u00f3lume. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01126-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones que me impiden acompa\u00f1ar la decisi\u00f3n que dirimi\u00f3 en segunda instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
1. La determinaci\u00f3n de la cual me aparto es aquella que, ante la impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante, confirm\u00f3 el fallo adverso a su solicitud de amparo, al considerar razonable el prove\u00eddo que inadmiti\u00f3 la alzada que plante\u00f3 frente al auto que no accedi\u00f3 al levantamiento de cautelas que, como tercero, solicit\u00f3 al interior del proceso ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda fustigado. <\/p>\n
2. Ahora, en s\u00edntesis, no comparto el anterior planteamiento porque recoge la postura hasta ahora vigente de esta Sala frente a casos como el aqu\u00ed tratado, desconociendo con ello la garant\u00eda de la doble instancia que le asiste a \u00ablos terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar\u00bb (CSJ STC3697-2020, 10 jun., 2020-00015-01). <\/p>\n
En efecto, hasta la fecha, de manera acertada, la posici\u00f3n mayoritaria de la Sala sostuvo que aunque los juicios de m\u00ednima cuant\u00eda son de \u00fanica instancia, igualmente era innegable que frente a la oposici\u00f3n a una diligencia de secuestro o entrega o ante un incidente de levantamiento de medidas cautelares que en ellos se presentara, cabr\u00eda la posibilidad de que estos \u00faltimos se tramitaran en dos instancias \u00aben virtud del recurso de apelaci\u00f3n que interpusiera el opositor frente a la decisi\u00f3n judicial desfavorable a sus intereses, bajo el entendimiento que: (i) este es un tercero, persona distinta a las partes sustanciales de la relaci\u00f3n jur\u00eddica\u2026, a quien no se le puede aplicar el designio legislativo de que esa relaci\u00f3n material debe tramitarse y fallarse en juicio de \u00fanica instancia, misma que vincula exclusivamente a las partes del proceso; (ii) que esta nueva controversia suscitada con ocasi\u00f3n de la formulaci\u00f3n de la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega tiene por g\u00e9nesis una alegada relaci\u00f3n posesoria que requiere de protecci\u00f3n jur\u00eddica, y, a tal finalidad, se instituy\u00f3 un procedimiento breve y \u00e1gil, el tr\u00e1mite incidental, siendo aquella independiente y aut\u00f3noma a la inicial\u2026, en donde se discute la calidad de tercero poseedor del opositor y (iii) que la posibilidad de recurrir por la senda de la apelaci\u00f3n deb\u00eda verificarse con cimiento en otros criterios de competencia cuantitativa, como el valor del bien, cuya posesi\u00f3n se defend\u00eda\u00bb (CSJ STC14817-2019, 30 oct., 2019-00413-01). <\/p>\n
En cuanto a esa clara distinci\u00f3n entre la acci\u00f3n principal que gobierna a las partes y la surgida de manera accidental por la intervenci\u00f3n de un tercero, especialmente de cara a la oposici\u00f3n y levantamiento de cautelas, se hab\u00eda enfatizado que: <\/p>\n
\u2026\u00ab(\u2026) La oposici\u00f3n del tercero poseedor es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las aducidas por el demandante y el demandado. Por ende, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal. <\/p>\n
Por consiguiente, las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio\u00bb <\/p>\n
(\u2026) Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento <\/p>\n
porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (STC3763-2016, 31 mar. 2016, rad. 00158-01). <\/p>\n
En otro asunto, tambi\u00e9n se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales, los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC5309-2016, 28 abr. 2016, rad. 00862-00). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha recalcado que \u00abfiguras procesales como la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aunque bien pueden entenderse como actuaciones o etapas de un tr\u00e1mite en concreto, se erigen en instituciones transversales del ordenamiento adjetivo, cuya configuraci\u00f3n y previsi\u00f3n no pueden entenderse absolutamente delimitadas por las peculiaridades del proceso en que se suscitan\u00bb, y especialmente, fue indicado, \u00abcuando a esas facultades de oposici\u00f3n acuden quienes son ajenos a la relaci\u00f3n sustancial que motiva el proceso\u00bb (STC4312-2018, 4 abr. 2018, rad. 00013-01). <\/p>\n
De esa manera, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha concluido que \u00ab(\u2026) en situaciones especiales, como la de los terceros opositores, debe procurarse la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de forma reforzada, en tanto estos intervinientes no pueden sujetarse a aspectos como la cuant\u00eda del asunto, toda vez que no detentan la calidad de partes y, en esa medida, su inter\u00e9s se circunscribe \u00fanicamente sobre el bien en litigio, como en este caso, donde la convocante afirma ser poseedora de un inmueble\u00bb (STC7352-2018, 6 jun.; reiterada en STC14278-2019, 18 oct.) (CSJ STC3697-2020, 10 jun., 2020-00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, destacando que, contrario a lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n de la que me aparto, esta Corporaci\u00f3n reconoci\u00f3 la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n no s\u00f3lo a favor del tercero sino de sus contradictores, exclusivamente en torno al tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n o el levantamiento de cautelas (STC14817-2019, 30 oct., rad. 2019-00413-01); para el suscrito, en este caso concreto, la protecci\u00f3n debi\u00f3 concederse, manteniendo la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala, con miras a garantizar el derecho de defensa que asiste a los interesados frente a la actuaci\u00f3n impulsada, al interior de un juicio de m\u00ednima cuant\u00eda, por el tercero opositor, quien no cuenta con ninguna otra oportunidad para reclamar el resguardo de sus derechos, sin que ello implique restar efectos a la consagraci\u00f3n legal que establece que la causa se tramita en \u00fanica instancia, en tanto que, se itera, tal estipulaci\u00f3n rige para las partes del litigio, de cara a su definici\u00f3n, que no respecto a la oposici\u00f3n a las cautelas propuesta por alguien ajeno al mismo. <\/p>\n
3. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01126-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, el convocante indic\u00f3 que, en su calidad de \u00abactual poseedor\u00bb del inmueble en disputa, solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas decretadas en el ejecutivo que Juan Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 contra Aquiles Humberto Chitiva Chitiva (rad. n.\u00ba 2006-01398), pedimento que fue denegado; por lo que, ante tal panorama, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 declar\u00f3 inadmisible el recurso, tras colegir que, al tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda, la resoluci\u00f3n cuestionada no era pasible de la citada defensa. <\/p>\n
En la providencia de la cual me aparto, la mayor\u00eda opt\u00f3 por ratificar la denegaci\u00f3n del amparo, en tanto que, \u00abtras la \u00faltima recomposici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la posici\u00f3n anterior est[\u00e1] llamada a recogerse en vista [de] que no es compatible con el querer del legislador en punto de la problem\u00e1tica suscitada, porque en el C\u00f3digo General del Proceso son cuatro las vertientes que agrupan los procesos de \u00fanica instancia: i) Por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) Por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora (n\u00fam. 9, art. 384); iii) Adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del ritual, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo V, art. 390, lo que, en ultimas, atiende a la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones); y, iv) Finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el evento \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, los cuales conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art. 30 \u00eddem\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, se consider\u00f3 que \u00abla m\u00e1s relevante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento patrio fue dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el postulado de la \u00abdoble instancia\u00bb contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, prohij\u00f3 la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (sentencia C- 103\/05 que estudi\u00f3 la exequibilidad del literal b) del art. 70 de la Ley 794 de 2002)\u00bb. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, se enfatiz\u00f3 en que \u00abno es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, ya que la particularidad de que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00abque resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, aplicable a la oposici\u00f3n de la diligencia de secuestro por mandato expreso del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 \u00edb., no se autoriza deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que suscite esa discusi\u00f3n, toda vez que igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., para la providencia que \u00ab(\u2026) niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros\u00bb (n\u00fam. 2 \u00eddem), y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la apelaci\u00f3n de las decisiones que resuelven sobre la oposici\u00f3n o el levantamiento de una medida cautelar. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sostenido que, con independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos a la causa que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar. <\/p>\n
Lo anterior, pues, en esencia, la oposici\u00f3n es una cuesti\u00f3n diferente del asunto principal, raz\u00f3n por la cual las pretensiones de ese interviniente son aut\u00f3nomas e independientes de las formuladas por las partes en disputa, de modo que, el tr\u00e1mite de esta cuesti\u00f3n, como la decisi\u00f3n que la resuelva, son ajenos a ese debate y a sus limitantes (STC3763-2016, 31 mar., rad. 2016-00158). <\/p>\n
Sobre el punto, se ha afirmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio. <\/p>\n
De modo que la regla atinente al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, pero no es aplicable en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, cuyo procedimiento y regulaci\u00f3n -como se dijo- es independiente de la controversia principal, en especial cuando se trata del reclamo de una persona que ya es ajena al debate legal. <\/p>\n
(\u2026) dejar inoperante el principio constitucional de doble instancia (\u2026) es lesivo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por cuanto con esa limitante su intervenci\u00f3n que de por s\u00ed es restringida y transitoria, se ver\u00eda injustamente cercenada ante la imposibilidad de acudir al superior funcional del juez que conoci\u00f3 la litis. <\/p>\n
Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento <\/p>\n
porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal, sino la material, por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (CSJ STC3763-2016, 31 mar., rad. 2016-00158; reiterada, entre otras, en STC7428-2021, 22 jun., rad. 2021-00108). <\/p>\n
En otro caso en el que tambi\u00e9n se discuti\u00f3 la tem\u00e1tica que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ STC5309-2016, 28 abr., rad. 2016-00862). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha recalcado que \u00abfiguras procesales como la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aunque bien pueden entenderse como actuaciones o etapas de un tr\u00e1mite en concreto, se erigen en instituciones transversales del ordenamiento adjetivo, cuya configuraci\u00f3n y previsi\u00f3n no pueden entenderse absolutamente delimitadas por las peculiaridades del proceso en que se suscitan\u00bb, y especialmente, se precis\u00f3, \u00abcuando a esas facultades de oposici\u00f3n acuden quienes son ajenos a la relaci\u00f3n sustancial que motiva el proceso\u00bb (CSJ STC4312-2018, 4 abr., rad. 2018-00013). <\/p>\n
De esa manera, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha concluido que \u00aben situaciones especiales, como la de los terceros opositores, debe procurarse la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de forma reforzada, en tanto estos intervinientes no pueden sujetarse a aspectos como la cuant\u00eda del asunto, toda vez que no detentan la calidad de partes y, en esa medida, su inter\u00e9s se circunscribe \u00fanicamente sobre el bien en litigio, como en este caso, donde la convocante afirma ser poseedora de un inmueble\u00bb (CSJ STC7352-2018, 6 jun., rad. 2018-00104; reiterada en STC14278-2019, 18 oct., rad. 2019-00346). <\/p>\n
En tal virtud, la materializaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad de lo resuelto sobre su oposici\u00f3n o el levantamiento de las cautelas, se justifica v\u00e1lidamente en la necesidad de propender la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, respetuosamente estimo que, en el sub-lite, debi\u00f3 revocarse el fallo denegatorio del tribunal a quo, para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n reclamada por Orlando Pardo, en tanto que, en su condici\u00f3n de interviniente, debi\u00f3 tener la posibilidad de debatir, en el marco de la doble instancia, las cuestiones aducidas en esta sede sobre la viabilidad o no de su requerimiento. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con el respeto y deferencia acostumbrados, expreso las razones por las cuales salvo mi voto en el presente asunto. <\/p>\n
1.- En la providencia de marras, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n dictada por el juez de primer grado comoquiera que, a juicio de la mayor\u00eda, la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala deb\u00eda ser modificada en punto de la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en procesos de \u00fanica instancia cuando esta fuera propuesta por terceros. Ello en tanto que \u00abtras la \u00faltima recomposici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la posici\u00f3n anterior esta llamada a recogerse en vista que no es compatible con el querer del legislador en punto de la problem\u00e1tica suscitada\u00bb. <\/p>\n
2.- Sin embargo, considero que la improcedencia de la concesi\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela bajo el alero de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada debe partir del acatamiento del juez a la norma invocada y a su interpretaci\u00f3n jurisprudencial. En otros t\u00e9rminos, la razonabilidad de la decisi\u00f3n debe fundarse en los desarrollos jurisprudenciales constantes sobre la materia. El apartarse de un precedente consolidado debe ir suficientemente motivado. <\/p>\n
3.- No en vano esta Sala profiri\u00f3 m\u00e1s de cinco2 sentencias en las que reiteradamente acogi\u00f3 la postura seg\u00fan la cual \u00abcon independencia de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado proceso, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar\u00bb3. Posici\u00f3n que, valga decirlo, encontr\u00f3 su sustento en la garant\u00eda del principio de igualdad, \u00abque no es la simplemente formal sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb4. <\/p>\n
4.- De manera que no es balad\u00ed la posici\u00f3n sentada por esta Sala de Casaci\u00f3n; m\u00e1s a\u00fan cuando implica la materializaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de debido proceso, defensa y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia del tercero. <\/p>\n
5.- En los antedichos t\u00e9rminos, dejo sentadas las razones por las que me aparto del fallo. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cita el actor la sentencia CSJ STC8799-2016. <\/p>\n
2\u0002 V\u00e9ase, por ejemplo, las sentencias CSJ, STC3763-2016, STC5309-2016, STC4312-2018, STC11873-2018, STC1826-2019, STC14278-2019, STC7428-2021 y STC2480-2022. <\/p>\n
3\u0002 STC7428-2021. <\/p>\n
4\u0002 STC3763-2016. <\/p>\n
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STC14632-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE STC14632-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01126-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (\u00b01) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Orlando Pardo frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68592","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68592\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}