STC14719-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14719-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03576-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez le instaur\u00f3 a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, las Fiscal\u00edas 3 de Patrimonio Econ\u00f3mico de la Seccional Guajira y 35 Especializada Adscrita al eje tem\u00e1tico de Protecci\u00f3n a los Mecanismos de Participaci\u00f3n Democr\u00e1tica, y al Juzgado Primero Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante BACRIM. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y a la intimidad\u00bb, para que en el decurso n\u00ba 00166 se ordenara \u00abDECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en dicho tr\u00e1mite penal, a partir del auto de sustanciaci\u00f3n por medio del cual la demandada orden\u00f3 la apertura de indagaci\u00f3n preliminar en contra de la se\u00f1ora Soto de G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que, ante denuncia an\u00f3nima por supuestas \u00abactividades tachadas de il\u00edcitas [que] estaba supuestamente comprando votos para ser elegida como Representante a la C\u00e1mara por el departamento de la Guajira\u00bb, la Fiscal\u00eda 3 de Patrimonio Econ\u00f3mico de la Seccional Guajira \u00aborden\u00f3 la interceptaci\u00f3n de los abonados telef\u00f3nicos mencionados por un t\u00e9rmino de 60 d\u00edas\u00bb, lo que tild\u00f3 de ilegal e inconstitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed se rindi\u00f3 el \u00abinforme No. 44-37757 sobre las interceptaciones a las cuatro l\u00edneas telef\u00f3nicas referenciadas [y] el investigador manifest\u00f3 que obtuvo tan s\u00f3lo 42 registros o evidencias en total, discriminados de la siguiente forma: 20 registros del n\u00famero 3015288524, nueve registros del tel\u00e9fono 3012007829, ocho registros del celular 3145920593 y cinco registros del celular 3007784103\u00bb (2 may. 2018), calenda en la que el Juzgado Primero Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante BACRIM evalu\u00f3 la \u00ablegalidad de las interceptaciones\u00bb y \u00ab\u00fanicamente consider\u00f3 que la diligencia se hab\u00eda llevado a cabo \u201cdentro del t\u00e9rmino contemplado por el legislador dentro del art\u00edculo 237 de la ley 906 de 2004, es decir, dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe\u201d por parte de la Polic\u00eda Judicial e imparti\u00f3 legalidad tan s\u00f3lo a los 42 registros mencionados por \u00d3scar Ovalle en su informe No. 44-37757\u00bb. <\/p>\n
Coment\u00f3 que las diligencias se reasignaron a la Fiscal\u00eda 35 Especializada adscrita al eje tem\u00e1tico de Protecci\u00f3n a los Mecanismos de Participaci\u00f3n Democr\u00e1tica, quien \u00abal observar las pocas grabaciones que se hab\u00edan recaudado, orden\u00f3 (\u2026) realizar una pericia inform\u00e1tica sobre los CDs entregados por el se\u00f1or Ovalle para establecer la fecha y hora de almacenamiento de las grabaciones y tomar copia espejo de las mismas\u2026\u00bb (25 jul. 2018), dado que, \u00abentre la audiencia celebrada ante el juez con funciones de control de garant\u00edas (el 2 de mayo de 2018) y el ingreso del supuesto material probatorio a la oficina encargada de su custodia (el 11 de julio de 2018) trascurrieron dos (2) meses y nueve (9) d\u00edas, durante los cuales se desconoce la suerte de los CDs en cuesti\u00f3n\u00bb, actuaci\u00f3n que culmin\u00f3 con \u00abinforme de la investigadora de polic\u00eda judicial Melba Lucero Cruz [quien] determin\u00f3 que los registros de las l\u00edneas telef\u00f3nicas interceptadas fueron incorporadas en los CDs por el se\u00f1or Ovalle el d\u00eda 28 de abril de 2018 entre las 11:30 y las 12:01 del mediod\u00eda y que dos de ellos se encontraban vac\u00edos \u201csin raz\u00f3n aparente\u201d\u00bb (24 ag.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abtrascurrieron m\u00e1s de cien (100) horas o m\u00e1s de cuatro (4) d\u00edas entre la culminaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de las grabaciones en los dispositivos de almacenamiento (al medio d\u00eda del 28 de abril de 2018) y su presentaci\u00f3n ante el juez de garant\u00edas (el 2 de mayo de 2018 a las 5:12 p.m.); en abierta contradicci\u00f3n con lo previsto por el art\u00edculo 250.2 de la Constituci\u00f3n que limita ese periodo de tiempo a m\u00e1ximo 36 horas\u00bb y, luego de relatar varias \u00abirregularidades\u00bb acaecidas en ese asunto, afirm\u00f3 que la Fiscal\u00eda 35 Especializada \u00abconcedi\u00f3 60 d\u00edas de pr\u00f3rroga a la Polic\u00eda Judicial para que cumpliera con la orden de extraer y analizar la informaci\u00f3n obtenida con la interceptaci\u00f3n de las l\u00edneas telef\u00f3nicas monitoreadas\u00bb (3 sep.), por lo que, se emiti\u00f3 \u00abinforme final de reescuchas con base en las interceptaciones que reposaban en la Sala Telem\u00e1tica y no en la informaci\u00f3n obrante en los CDs que hab\u00eda sido legalizada ante Juez de Control de Garant\u00edas\u00bb (15 feb. 2019). <\/p>\n
Sostuvo que dicha Fiscal\u00eda compuls\u00f3 copias a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n (12 jun. 2019) por estimar que exist\u00eda la posibilidad que, para esa anualidad, momento en que ya fung\u00eda como congresista, fuese responsable de las conductas indagadas, autoridad que asumi\u00f3 la competencia (rad. 00166) y abri\u00f3 la investigaci\u00f3n, porque \u00ab[n]o hay duda que la ciudadana MAR\u00cdA CRISTINA SOTO DE G\u00d3MEZ actualmente ocupa una curul en la C\u00e1mara de Representantes, pues se posesion\u00f3 para el periodo constitucional 2018-2022, situaci\u00f3n que le confiere la condici\u00f3n de congresista, y a esta Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para su investigaci\u00f3n\u2026\u00bb (1\u00ba jun. 2020). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que aquella \u00ababri\u00f3 investigaci\u00f3n formal en su contra por los posibles delitos de concierto para delinquir, corrupci\u00f3n al sufragante, falsedad en documento p\u00fablico, falsedad en documento privado y fraude procesal\u00bb (auto AEI-00273-2021, 28 oct. 2021), la que \u00abbas\u00f3 -de manera esencial- en las interceptaciones il\u00edcitas que fueron remitidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Tales actividades irregulares fueron valoradas en aras de establecer los indicios de responsabilidad de mi prohijada en los presuntos hechos delictivos\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n por \u00abilicitud e ilegalidad de las pruebas\u00bb, enunciando que \u00ablos resultados del monitoreo de los n\u00fameros telef\u00f3nicos 3012007829, 3007784103, 3015288524 y 3145920593 entre el 7 de marzo al 28 de abril de 2018 NO fueron legalizados dentro de las 36 horas siguientes a su culminaci\u00f3n, tal y como lo ordena el art\u00edculo 250.2 de la Constituci\u00f3n\u00bb y recalcando m\u00faltiples anomal\u00edas apreciables en el recaudo probatorio (22 feb. 2022); sin embargo, el Colegiado confutado la neg\u00f3, porque \u00abconsider\u00f3 l\u00edcito que la polic\u00eda judicial sobrepasara el t\u00e9rmino de 12 horas previsto por el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (en concordancia con el art\u00edculo 250.2 de la Constituci\u00f3n) para que luego de finalizada la actividad investigativa presentara los resultados al fiscal competente\u00bb (7 abr.). <\/p>\n
Adver\u00f3 que tal determinaci\u00f3n \u00abno fue un\u00e1nime\u00bb pues de \u00ablos 6 magistrados que componen la Sala accionada, tan solo hubo aceptaci\u00f3n total de la ponencia por 3 de ellos\u00bb y entre los opositores, recalc\u00f3 el \u00absalvamento de voto por parte de la Dra. Cristina Lombana Vel\u00e1squez consisti\u00f3 en que la tesis de legalidad sostenida mayoritariamente por la Sala discrepaba abiertamente de los presupuestos constitucionales y, por ende, era atentatoria del derecho al debido proceso\u00bb quien, tambi\u00e9n concluy\u00f3 que \u00abel vencimiento del t\u00e9rmino constitucional para la realizaci\u00f3n del control de legalidad de las interceptaciones resultaba evidente, pues -de acuerdo con la jurisprudencia constitucional- se contaba con 36 horas a partir de la culminaci\u00f3n del acto investigativo, plazo superado -en el caso concreto- por m\u00e1s de 100 horas; por ende, la posici\u00f3n mayoritaria resultaba carente de sustento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pero se mantuvo en su integridad, en raz\u00f3n a que \u00abno exist\u00eda ninguna ilegalidad en la actuaci\u00f3n investigativa adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -a pesar de que el ente acusador s\u00ed la reconoc\u00eda- y, por tanto, no resultaba procedente la exclusi\u00f3n probatoria ni la nulidad procesal\u00bb (auto AEI-00119-2022, 26 may.); no obstante, \u00abla Magistrada Cristina Lombana Vel\u00e1squez reiter\u00f3 su salvamento de voto afirmando la obligaci\u00f3n -en cabeza de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n- de velar por la tutela de los derechos fundamentales, como el debido proceso, con independencia de la filiaci\u00f3n pol\u00edtica del procesado\u00bb (16 ag.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Magistratura querellada \u00abresolvi\u00f3 [su] situaci\u00f3n jur\u00eddica [y le] atribuy\u00f3 la presunta comisi\u00f3n de los siguientes delitos: corrupci\u00f3n al sufragante, falsedad en documento privado, fraude procesal y lavado de activos; cargos que fueron sustentados con base -esencialmente- en las interceptaciones anticonstitucionales aportadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y las pruebas derivadas de estas\u00bb (Auto AEI-00214-2022, 8 sep.), y no bastando ello, \u00aborden\u00f3 la compulsa de copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, con base en su reprochable decisi\u00f3n de no exclusi\u00f3n probatoria, le de validez a las interceptaciones anticonstitucionales y, en consecuencia, adelante la acci\u00f3n penal en contra los ciudadanos no aforados que se puedan ver inmersos en los hechos materia de investigaci\u00f3n\u00bb (21 sep. 2022). <\/p>\n
Calific\u00f3 de \u00abirregulares los autos de apertura de investigaci\u00f3n preliminar (1\u00ba de junio de 2020) y apertura de investigaci\u00f3n formal (28 de octubre de 2021), con la providencia interlocutoria que neg\u00f3 la exclusi\u00f3n de las pruebas il\u00edcitas recaudadas por la Fiscal\u00eda (7 de abril de 2022), con la decisi\u00f3n de definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica (8 de septiembre de 2022) y con el auto de compulsa de copias a la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (21 de septiembre de 2022)\u00bb expedidos por el iudex plural confutado, en los que se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por los siguientes defectos: <\/p>\n
a)- \u00abViolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, por cuanto, \u00abdesconoci\u00f3 e inaplic\u00f3, sin ning\u00fan reparo, al menos tres mandatos imperativos\u00bb previstos en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 250 de la C.N., tales como: (i) Inobservar que la Corte Constitucional \u00aben la sentencia C-131 de 2009 y lo ratific\u00f3 en la C-014 de 2018, (\u2026) precis\u00f3 que el t\u00e9rmino de 12 horas fijado por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal para que la polic\u00eda judicial rinda informe ante el fiscal correspondiente, deber\u00e1 entenderse incorporado dentro del plazo de 36 horas que se\u00f1ala la Carta Pol\u00edtica\u00bb por lo que, \u00abqued\u00f3 acreditado tanto en el expediente de la fiscal\u00eda como en el radicado No. 0166 ante la Sala accionada, que la diligencia de legalizaci\u00f3n de las interceptaciones telef\u00f3nicas en cuesti\u00f3n sobrepas\u00f3 con creces dicho t\u00e9rmino. De hecho, la demandada en su providencia interlocutoria del 7 de abril de 2022 reconoci\u00f3 en m\u00faltiples ocasiones esta grav\u00edsima irregularidad18, pero la calific\u00f3 como \u201cirrelevante\u201d, \u201cintrascendente\u201d y carente de \u201cesencialidad\u201d\u00bb; (ii) \u00ab[Desconocer] la orden constitucional de someter a control posterior ante el juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas todos los elementos de prueba cuya recolecci\u00f3n involucre restricciones sobre el derecho fundamental a la intimidad\u00bb, puesto que \u00ab[e]n su providencia del 7 de abril de 2022 lleg\u00f3 incluso a reconocer y a tener por cierto que los 60.257 registros de las interceptaciones telef\u00f3nicas extra\u00eddos y analizados por el investigador Carlos Due\u00f1as Burgos en los informes del 27 de noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019 nunca fueron legalizados por el juez de control de garant\u00edas\u00bb y, (iii) \u00ab[Sostener] que las interceptaciones telef\u00f3nicas decretadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el a\u00f1o 2018 no deb\u00edan controlarse por el juez de garant\u00edas [porque] en la providencia del 7 de abril pasado [sostuvo] que la audiencia de control de garant\u00edas celebrada en d\u00eda 2 de mayo de 2018 no comprendi\u00f3 la evaluaci\u00f3n del procedimiento o la ejecuci\u00f3n de la medida de interceptaci\u00f3n, por cuanto no era necesario, en su criterio, al fundarse en una orden leg\u00edtima dictada por la fiscal\u00eda competente\u00bb; <\/p>\n
b)- \u00abDefecto sustantivo\u00bb, toda vez que, \u00abinaplic\u00f3 [el ordenamiento legal vigente que gobierna la actividad probatoria en el \u00e1mbito de las interceptaciones telef\u00f3nicas con motivos penales\u00bb como los art\u00edculos 23, 235 y 254 del CPP y, con ello, le rest\u00f3 \u00abentidad a [las] anomal\u00edas [presentadas] y asegur\u00f3 que los defectos en la cadena de custodia no daban lugar \u201ca invalidar la prueba, menos a\u00fan por v\u00eda de exclusi\u00f3n probatoria con cargo a una fuente il\u00edcita\u201d; pues, en su criterio, tan s\u00f3lo ocasionaban un cuestionamiento sobre su \u201cm\u00e9rito o su fuerza de convicci\u00f3n\u201d [y] ning\u00fan cuestionamiento sobre la veracidad y confiabilidad de los supuestos elementos de prueba que adolecieron de cadena de custodia puede observarse en las providencias atacadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
c)- \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb ya que \u00abdesconoce las pruebas sobre la ilicitud de las interceptaciones telef\u00f3nicas\u00bb, porque \u00ab[a]l momento de dictar los autos de sustanciaci\u00f3n controvertidos y la providencia interlocutoria del 7 de abril de 2022, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n se abstuvo de valorar las m\u00faltiples pruebas fehacientes que acreditan la ilicitud de las interceptaciones telef\u00f3nicas adelantadas por el investigador \u00d3scar Ovalle\u00bb y, con ello, \u00ab[incurri\u00f3] as\u00ed en no menos que algunas inexplicables contradicciones cuando, por ejemplo, desconoce todo el material probatorio y asegura que el juez de control de garant\u00edas imparti\u00f3 legalidad en la audiencia del 2 de mayo de 2018 \u201csobre todas las interceptaciones que se obtuvieron durante el rango de 54 d\u00edas que dur\u00f3 efectivamente la intervenci\u00f3n, de acuerdo con la orden emitida por el fiscal\u201d\u00bb; y <\/p>\n
d)- \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb obligatorio en materia de \u00abexclusi\u00f3n probatoria\u00bb, como las sentencias T-916 de 2008 y C-014 de 2018, en tanto, en aquellas se estableci\u00f3 \u00ab(\u2026) que la prueba il\u00edcita que adem\u00e1s es determinante para la decisi\u00f3n del juez ocasiona la nulidad de \u201ctodo el proceso\u201d\u00bb, lo que \u00aben el caso concreto se justifica, por cuanto, (\u2026) las interceptaciones telef\u00f3nicas efectuadas por la Fiscal\u00eda en el caso bajo examen violaron el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u201cla correspondencia y dem\u00e1s formas de comunicaci\u00f3n privada son inviolables\u201d y \u201cs\u00f3lo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley\u201d\u00bb, aunado al hecho que \u00abse acredit\u00f3 que las providencias adoptadas hasta la fecha por la Sala de Instrucci\u00f3n Especial en el radicado No. 00166 se fundamentan casi que exclusivamente o de manera \u201cdeterminante\u201d en los supuestos hallazgos obtenidos con aquel monitoreo il\u00edcito de comunicaciones privada\u00bb, repudiando el precedente obligatorio, seg\u00fan el cual \u00abla \u00fanica consecuencia posible frente a pruebas il\u00edcitas que determinan el sentido de una providencia judicial, consiste en decretar la nulidad de todo lo actuado, en aras de restablecer las garant\u00edas individuales quebrantadas por dicha clase de actuaciones\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n constitucional deviene improcedente, comoquiera que incumple con el requisito general de subsidiariedad a que alude la jurisprudencia constitucional\u00bb, porque \u00abla actuaci\u00f3n penal de radicado N\u00b000166 en cuyo desarrollo se adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada en sede del amparo excepcional, se encuentra en curso, sin que sea la acci\u00f3n de tutela el mecanismo adecuado para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que eventualmente sean lesionados en el tr\u00e1mite de un proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jur\u00eddico ha dise\u00f1ado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la correcci\u00f3n de las decisiones judiciales que se adopten en su interior\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que \u00ab(\u2026) el se\u00f1or defensor apelando a un razonamiento circular vuelve sobre los mismos aspectos que ya fueron debatidos y resueltos en decisiones consolidadas de la Sala, valga recordar, el interlocutorio de abril 7 de 2022, por medio del cual se decidi\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n de interceptaciones telef\u00f3nicas, lo derivado de ellas y nulidad del proceso (\u2026)\u00bb, de ah\u00ed que, \u00aben \u00faltimas la inconformidad del actor, se circunscribe a reabrir un debate jur\u00eddico probatorio superado, en punto a un particular que no \u00fanico medio de prueba, pretendiendo mediante la acci\u00f3n de amparo que el juez constitucional sustituya al funcionario de conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante BACRIM defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y dijo que \u00abdispuso la remisi\u00f3n de las actuaciones al fiscal de la causa, mediante oficio 0842 del 10 de mayo de 2018, const\u00f3 de una (1) carpeta con diez (10) folios y un (1) cd\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Fiscal 19 Eje Tem\u00e1tico Protecci\u00f3n a los Mecanismos de Participaci\u00f3n Democr\u00e1tica Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n contest\u00f3 que \u00ab[e]l 23 de septiembre de 2022 se recibi\u00f3 el oficio 7657 de 22 de septiembre de 2022 por medio del cual la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia remiti\u00f3 copia de la providencia que neg\u00f3 las exclusiones probatorias, el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra de ese pronunciamiento y la decisi\u00f3n por medio de la cual se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la mencionada aforada y copia del auto que dispuso la compulsa de copias para que se contin\u00fae con la indagaci\u00f3n respecto de los no aforados al no haber considerado la orden de archivo de 5 de agosto de 2019\u00bb, por tanto, conforme con \u00ab(\u2026) lo ordenado por la H. Sala de Instrucci\u00f3n, se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de desarchivo de las carpetas las cuales fueron recibidas en este Despacho el 12 de octubre de 2022 y se encuentran al despacho para tomar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos rese\u00f1\u00f3 que \u00abno ha afectado en manera alguna los derechos alegados por la parte actora pues las decisiones adoptadas en el marco de las investigaciones adelantadas en su contra escapan de la esfera de su competencia pues ninguna injerencia ha tenido en las mismas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Critica la promotora \u00ablos autos de apertura de investigaci\u00f3n preliminar (1\u00ba de junio de 2020) y apertura de investigaci\u00f3n formal (28 de octubre de 2021), (\u2026) la providencia interlocutoria que neg\u00f3 la exclusi\u00f3n de las pruebas il\u00edcitas recaudadas por la Fiscal\u00eda (7 de abril de 2022), (\u2026) la decisi\u00f3n de definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica (8 de septiembre de 2022) y (\u2026) el auto de compulsa de copias a la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (21 de septiembre de 2022)\u00bb, dictados por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n censurada, ya que, en su sentir, toda la \u00abactuaci\u00f3n es nula\u00bb, en la medida que se \u00abasumi\u00f3 competencia para iniciar un tr\u00e1mite con base en interceptaciones telef\u00f3nicas il\u00edcitas\u00bb y \u00abcarentes de entidad probatoria\u00bb. <\/p>\n
2.- Empero, de entrada, se advierte el decaimiento del resguardo, por las siguientes razones: <\/p>\n
2.1.- Frente al anhelo de la precursora, encaminado a que se invaliden los \u00abautos de apertura de investigaci\u00f3n preliminar (1\u00ba de junio de 2020) y apertura de investigaci\u00f3n formal (28 de octubre de 2021)\u00bb, se observa que se incumpli\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que, entre la fecha de su expedici\u00f3n – 1\u00ba jun. 2020 y 28 oct. 2021 – y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (30 sep. 2022), transcurrieron dos (2) a\u00f1os, tres (3) meses y veintinueve (29) d\u00edas y, once (11) meses y dos (02) d\u00edas, respectivamente; es decir, se superaron con creces los seis (6) meses que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudentes para ejercer el amparo (CSJ, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide estudiar el fondo de la disputa planteada frente a tales resoluciones, porque si la precursora se demor\u00f3 en ejercer este instrumento excepcional, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las dependencias querelladas y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
2.1.1.- Si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en la STC3949-2021, por cuanto la accionante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir tempestivamente a esta especial \u00abv\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En relaci\u00f3n con los prove\u00eddos en los que se \u00abneg\u00f3 la exclusi\u00f3n de las pruebas il\u00edcitas recaudadas por la Fiscal\u00eda (7 de abril de 2022), (\u2026) la decisi\u00f3n de definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica (8 de septiembre de 2022) y con el auto de compulsa de copias a la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (21 de septiembre de 2022)\u00bb, la salvaguarda deviene igualmente improcedente, por desatender el principio de la subsidiariedad connatural a este instrumento, en tanto el tr\u00e1mite penal iniciado en contra de Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez se halla en curso. <\/p>\n
Basta resaltar que, remitido el infolio a la Sala reprochada, el mismo se encuentra en etapa de instrucci\u00f3n formal por definici\u00f3n de situaci\u00f3n jur\u00eddica y, que, a\u00fan no han sido calificadas las conductas a ella imputadas, ni tampoco se ha llevado a cabo la audiencia preparatoria. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que al juez de tutela no le es dable sustituir las facultades deferidas por el legislador a los funcionarios comunes, ni soslayar los remedios ordinarios de \u00abdefensa\u00bb dispuestos en el ordenamiento positivo para custodiar las garant\u00edas de las partes en el juicio. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, en un caso hom\u00f3logo tra\u00eddo a colaci\u00f3n en STC14462-2018 que: <\/p>\n
(\u2026) Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01). <\/p>\n
2.3.- Adicionalmente, frente a las inconformidades de la convocante, en punto de la providencia AEI-00214-2022 del 8 septiembre, que resolvi\u00f3 desfavorablemente su situaci\u00f3n jur\u00eddica, porque \u00ab[declar\u00f3 improcedente] imponer medida de aseguramiento a la ex representante a la C\u00e1mara Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez\u00bb, aquella desaprovech\u00f3 las herramientas procesales con que contaban en el litigio combatido para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque la aludida directriz qued\u00f3 en firme el 14 de septiembre de los corrientes (seg\u00fan informe del despacho) en raz\u00f3n a que no fue refutada a trav\u00e9s de los recursos de ley a, pesar de que contra la misma proced\u00eda el de reposici\u00f3n, de acuerdo con la parte resolutiva de ese proveimiento, en donde la Magistratura demandada clarific\u00f3 que \u00abcontra esa decisi\u00f3n procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb, dejando fenecer la oportunidad con que contaba para discutir las inquietudes que ahora exhibe en esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Sala ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, porque <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, el ruego resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC14719-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14719-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03576-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Mar\u00eda Cristina Soto de G\u00f3mez le instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}