STC14726-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03637-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por O.G.G.L. contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX, los Juzgados XXX Penal del Circuito Especializado y XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de XXXX, y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar \u2013 CAFAM \u2013, IPS Centro de Atenci\u00f3n en Salud CAFAM La Floresta, IPS Cl\u00ednica CAFAM, el Centro Terap\u00e9utico de XXXX, el Colegio XXXXX, J.F.G., la abogada A.G.B., el psiquiatra S.D.F.R. y la psic\u00f3loga A.M.T.M., tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 0000-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, salud y vida de su hijo S.D.G., presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y entidades convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductorio y los anexos2 se extrae que, el accionante fue procesado y condenado por los delitos de \u00abtortura, actos sexuales violentos e incesto\u00bb (proceso radicado n\u00b0 2009-00097) a la pena de 180 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado XXX Penal del Circuito Especializado de XXXX, mediante sentencia del 14 de enero de 2008 le impuso condena de 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os e incesto\u00bb y lo absolvi\u00f3 del punible de \u00abtortura\u00bb. La Sala Penal del Tribunal Superior de XXXX, con fallo del 22 de enero de 2009, revoc\u00f3 parcialmente el veredicto del a quo, para en su lugar condenar por la totalidad de los reatos endilgados, fijando una sanci\u00f3n definitiva de 180 meses de prisi\u00f3n. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por su parte, en providencia del XXX de XXXX de 2009 cas\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del ad quem pero en el sentido de establecer que la responsabilidad penal lo era respecto del il\u00edcito de \u00abactos sexuales violentos\u00bb que no \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb y ratific\u00f3 la sanci\u00f3n frente a los dem\u00e1s punibles, dejando inc\u00f3lume el monto punitivo impuesto por el tribunal. <\/p>\n
Se tiene tambi\u00e9n que, el juzgado de conocimiento, en el mismo fallo del 14 de enero de 2008 sancion\u00f3 al acusado por los perjuicios ocasionados a la v\u00edctima; disponiendo en esa ocasi\u00f3n que deber\u00eda cancelar \u00ab6 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (a\u00f1o 2008)\u00bb como resarcimiento en favor de la madre del menor afectado; y, \u00ab34 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (a\u00f1o 2008)\u00bb por concepto de da\u00f1os morales, con la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de que fueran utilizados en los tratamientos m\u00e9dicos interdisciplinarios que el menor requerir\u00eda para su recuperaci\u00f3n y bienestar. <\/p>\n
Para el cobro de esa condena pecuniaria, la progenitora del menor v\u00edctima, la se\u00f1ora J.F.G., acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n civil y promovi\u00f3 ejecutivo singular, que se tramit\u00f3 inicialmente en los juzgados XXXX Civil Municipal y XXXX Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de XXXX, este \u00faltimo orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, encontr\u00e1ndose el asunto actualmente en el XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias (radicado n\u00ba 0000-00000), cuya actuaci\u00f3n m\u00e1s reciente consisti\u00f3 en autorizar la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a favor de la demandante por la suma de \u00ab$28\u2019648.194.oo\u00bb. <\/p>\n
A partir del contexto rese\u00f1ado, el actor dirige cuestionamientos contra los jueces penales que lo condenaron, pues sostiene que existi\u00f3 \u00abun contubernio criminal\u00bb en su contra, que es inocente, que \u00abtodo es un montaje\u00bb, que le endilgaron \u00abfalsos e inexistentes hechos en el mundo fenomenol\u00f3gico denunciados por la progenitora de mi hijo [\u2026] los hechos fueron alterados dolosamente para el 14 de junio de 2005\u00bb. Agreg\u00f3 que, se transgredi\u00f3 el principio de congruencia, que el proceso fue \u00abproducto de un ostensible y execrable falso positivo, como m\u00f3vil espurio de venganza de pareja y ostensibles pretensiones por \u201cbot\u00edn econ\u00f3mico\u201d\u00bb. En suma, recrimin\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria por cuanto, no fueron tenidas en cuenta algunas declaraciones y ex\u00e1menes practicados al menor que indicaban que estaba sano y que, por el contrario, se le realizaron m\u00e1s de \u00abveinti\u00fan dict\u00e1menes periciales con consecuencias funestas de maltrato y tortura psicol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n critic\u00f3 la sanci\u00f3n econ\u00f3mica impuesta como indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada del incidente de reparaci\u00f3n integral pues aduce que, las cotizaciones para los tratamientos m\u00e9dicos del ni\u00f1o no estuvieron adecuadamente sustentadas. <\/p>\n
Por otro lado, manifiesta que la jurisdicci\u00f3n civil fue \u00abenga\u00f1ada e inducida\u00bb por la demandante y su apoderada \u2013 A.G.B \u2013 comoquiera que, seg\u00fan afirma, su \u00fanica intenci\u00f3n fue \u00abobtener ventajas econ\u00f3micas, [\u2026] reclamar dineros tasados solamente para tratamiento y no para honorarios profesionales de la abogada demandante\u00bb, situaci\u00f3n que denunci\u00f3 ante la fiscal\u00eda propiciando la apertura de indagaci\u00f3n preliminar frente a la citada profesional y su exesposa por \u00abfraude procesal, fraude a resoluci\u00f3n judicial, falso testimonio, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n destac\u00f3 que, ha elevado en diferentes oportunidades, peticiones al juez civil que conoce el ejecutivo, para que intervenga y garantice que los dineros del resarcimiento ordenado sean destinados \u00ab\u00fanicamente y exclusivamente a los da\u00f1os morales tasados para realizar el supuesto tratamiento interdisciplinario que mi hijo requiere\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00ab(i) se requiera al Juzgado XX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de XXX para que rinda un informe pormenorizado acerca del [\u2026] acatamiento a la determinaci\u00f3n judicial [\u2026] del incidente de reparaci\u00f3n proferida por el Juzgado XXX Penal del Circuito Especializado de XXXX respecto del pago condicionado de los da\u00f1os morales al tratamiento de mi hijo (no obstante el Despacho viene actuando en derecho); (ii) ordenar al Juzgado XXXX Penal del Circuito Especializado [\u2026] informe el alcance de los da\u00f1os morales de conformidad con la determinaci\u00f3n del 14-01-08 respecto de la destinaci\u00f3n exclusiva de los da\u00f1os morales al tratamiento que mi hijo requiere; (iii) que la EPS Famisanar y la IPS CAFAM, certifiquen los supuestos tratamientos interdisciplinarios realizados a mi hijo [\u2026] al m\u00e9dico psiquiatra S.D.F.R.; a las psic\u00f3logas A.T.M., y M.B.V., ambas de la Asociaci\u00f3n XXXX, para que certifiquen los tratamientos interdisciplinarios con suministro de f\u00e1rmacos [\u2026] realizados a mi hijo; a la representante legal del Colegio XXXXX, para que informe y certifique [si su hijo] fue objeto de valoraciones y tratamientos psicol\u00f3gicos desde el a\u00f1o 2001 hasta 28 de mayo de 2005; (iv) que se atienda la petici\u00f3n del Juzgado XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n, de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y ante la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial para que sea investigada la parte demandante; (v) [se ordene] al Juzgado XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de XXXX, abstenerse de emitir decisi\u00f3n frente al pago de perjuicios, hasta que se decida por el juez de control de garant\u00edas la solicitud de desarchivo de las diligencias adelantadas en contra de A.L.G.B., y J.F.G., como consecuencia de la denuncia formulada por los delitos de fraude procesal, tortura, concierto para delinquir, falso testimonio y fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La abogada de la secci\u00f3n de litigios y consultas de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cafam inform\u00f3 que, los tratamientos que recibi\u00f3 el menor v\u00edctima, se encuentran consignados en su historia cl\u00ednica, la cual est\u00e1 sometida a reserva, por lo que no es posible emitir la certificaci\u00f3n requerida por el demandante, \u00abm\u00e1xime que este no la solicitado con las debidas formalidades, esto es, con la autorizaci\u00f3n o consentimiento del titular de la informaci\u00f3n -Leyes 23 de 1981 y 1581 de 2012\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez XXX Penal del Circuito Especializado de XXXX realiz\u00f3 un recuento de lo ocurrido en el juicio en que result\u00f3 condenado G.L., en primera instancia a 7 a\u00f1os, y en segunda, a 180 meses de prisi\u00f3n, estableci\u00e9ndose finalmente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal que la responsabilidad penal fue por los delitos de \u00abtortura, acto sexual violento e incesto\u00bb. Indic\u00f3 que, el 30 de agosto de 2017, el Juzgado XXX de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, le concedi\u00f3 al tutelante la libertad por pena cumplida, hall\u00e1ndose la actuaci\u00f3n archivada desde el 29 de julio de 2021. <\/p>\n
3. La titular del Juzgado XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de XXX manifest\u00f3 que, conoce, en la fase de ejecuci\u00f3n, el compulsivo que promovi\u00f3 la se\u00f1ora J.F.G., contra G.L., persiguiendo el cobro del monto establecido por la jurisdicci\u00f3n penal como indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Indic\u00f3 que, tras la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas, que ascend\u00edan \u00aba la suma de $28.648.194, suma que obtuvo luego de descontar la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales por valor de $9.200.000\u00bb; el pasado 3 de junio orden\u00f3 la entrega de dicho dinero a la ejecutante. <\/p>\n
4. El director de Operaciones Comerciales de la EPS Famisanar deprec\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que el demandante ni su descendiente se encuentra afiliados a esa entidad. <\/p>\n
5. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX, aport\u00f3 copia digital de las providencias que adopt\u00f3 en el proceso penal en cuesti\u00f3n y manifest\u00f3 atenerse a lo que resuelva en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio de uno de sus Magistrados solicit\u00f3 denegar el amparo toda vez que \u00abno se presentan las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela cuando se interpone contra una decisi\u00f3n judicial, referentes a irregularidades por defectos materiales o sustantivos, f\u00e1cticos, procedimentales, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento de precedente, org\u00e1nico, error inducido o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n en que hubiese incurrido la Sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales, entidades y particulares convocados, vulneraron las prerrogativas suplicadas por el quejoso al, (i) condenarlo a la pena de 180 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abtortura, actos sexuales violentos e incesto\u00bb a partir de un falso testimonio y una indebida valoraci\u00f3n probatoria (sentencia de casaci\u00f3n del XXX de XXXX de 2009); asimismo, por sancionarlo al pago de indemnizaci\u00f3n a la v\u00edctima, con una tasaci\u00f3n inadecuada de los perjuicios (fallo del 14 de enero de 2008); (ii) del Juzgado XXX Civil Municipal de XXXX, por no garantizar que los dineros que la madre del menor v\u00edctima persigue por la v\u00eda ejecutiva (producto de la condena de reparaci\u00f3n de perjuicios) sean destinados al tratamiento m\u00e9dico y psiqui\u00e1trico del ni\u00f1o, permitiendo, supuestamente, que aqu\u00e9lla y su apoderada, se apropien de los mismos para sus intereses particulares; y, (iii) que las EPS e IPS vinculadas, as\u00ed como los profesionales de la salud que han asistido al menor afectado, no han respondido a las solicitudes elevadas en las que requiri\u00f3 certificaciones de cada uno de los tratamientos que le han brindado a aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n respecto de los cuestionamientos que hace el gestor del amparo al juicio penal que se adelant\u00f3 y en concreto a las sentencias que lo condenaron a la pena de prisi\u00f3n de 180 meses por los delitos de \u00abtortura, actos sexuales violentos e incesto\u00bb, y la que lo sancion\u00f3 al pago de indemnizaci\u00f3n de perjuicios a la v\u00edctima, siendo la \u00faltima de ellas la proferida por la Hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n el XX de XXXX de 2009; y como la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional data del 25 de agosto de 2022, es evidente que ha transcurrido con amplitud m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la tutela. <\/p>\n
Entonces, es cierto que el interesado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones recriminadas; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de este criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio (enunciados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10), pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, tales circunstancias no fueron ni siquiera alegadas por el actor, por lo que corresponde declarar en este punto la improcedencia del resguardo por ese criterio. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
3.2.1. En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, en relaci\u00f3n con los reproches que el actor dirige al Juzgado XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de XXXX, del que depreca garantice que los dineros cobrados por la progenitora del menor v\u00edctima a trav\u00e9s de la v\u00eda ejecutiva (proceso radicado n\u00ba 0000-00000) sean efectivamente destinados a los tratamientos m\u00e9dicos que aqu\u00e9l requiere por sus afectaciones (de conformidad con lo ordenado en la sentencia del 14 enero de 2008 del Juzgado XXXX Penal del Circuito Especializado de XXXX, en el ac\u00e1pite del incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios). <\/p>\n
Lo anterior, dado que, mediante auto del 3 de junio de esta anualidad, el juzgado civil mencionado, dispuso entregar los dep\u00f3sitos judiciales a la demandante, se\u00f1ora J.F.G., los cuales corresponden a las sumas consignadas por G.L., por concepto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, determinaci\u00f3n frente a la cual, este \u00faltimo, como demandado, pudo impugnar si es que su pretensi\u00f3n justamente, como lo arguye, era evitar que los referidos dineros fueran entregados a la ejecutante y su apoderada sin que previamente se exigiera y garantizara que aquellos tuvieren la destinaci\u00f3n indicada en la sentencia emitida por la justicia penal, pero no lo hizo. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir el ac\u00e1 accionante de la oportunidad jur\u00eddica para exponer su inconformidad con lo all\u00ed resuelto, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar su falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio accionante quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal oportuno. Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
3.2.2. Ligado al tr\u00e1mite ejecutivo referido, el actor recrimin\u00f3 que, tanto la madre del menor v\u00edctima, J.F.G., como su apoderada, A.L.G.B., han incurrido en diversas conductas punibles y disciplinarias (en el caso de la profesional) al interior del tr\u00e1mite civil. <\/p>\n
Seg\u00fan se extrae de lo aportado, el aqu\u00ed tutelante las denunci\u00f3 y provoc\u00f3 la apertura de la indagaci\u00f3n penal a cargo de la Fiscal\u00eda XXX Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, la que posteriormente dispondr\u00eda su archivo. Luego, ante la solicitud de desarchivo impetrada por G.L., el Juzgado XXXX Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de XXX (rad. 00000-00-000-000-0000-0000) convoc\u00f3 a la audiencia respectiva para el 18 de octubre de 2019, la cual no se llev\u00f3 a cabo por inasistencia de la defensa, la representante del ministerio p\u00fablico, y la apoderada de la v\u00edctima; desde entonces, seg\u00fan se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de consulta de la Rama Judicial, no existen m\u00e1s registros en esa actuaci\u00f3n3. <\/p>\n
De manera que, si el actor cuestiona la falta tramitaci\u00f3n de la referida solicitud, al margen del an\u00e1lisis que podr\u00eda derivarse de la dilaci\u00f3n advertida, se tiene que, reclamos de esta especie tienen en principio otras v\u00edas a trav\u00e9s de las cuales es posible denunciar el proceder omisivo que se critica, como lo es, por ejemplo, la vigilancia judicial administrativa. <\/p>\n
Y es que, dicho escenario es el id\u00f3neo para ventilar las irregularidades en el proceder de los funcionarios, pues mal har\u00eda el juez de tutela en intervenir en una cuesti\u00f3n asignada por el legislador a un tr\u00e1mite espec\u00edfico, por lo que de entrar a valorar la situaci\u00f3n aducida en la tutela, se correr\u00eda el riesgo de incursionar en competencias ajenas lesionando la independencia y autonom\u00eda judicial, lo que ratifica la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, la vigilancia judicial administrativa es un medio adecuado para tal fin, reglamentada en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 \u2013 consagrada en el art\u00edculo 101, numeral 6\u00ba, de la Ley 270 de 1996 \u2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; se trata de una labor de inspecci\u00f3n correctiva que le corresponde adelantar a los Consejos Seccionales y al Superior de la Judicatura, cuyo objetivo, es asegurar que el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia se desarrolle en cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad. <\/p>\n
3.3. Finalmente, en cuanto a las peticiones de certificaci\u00f3n que demanda el actor expidan las EPS Famisanar y CAFAM, as\u00ed como de los profesionales de la salud que cita en el libelo, en cuanto a que precisen e informen cu\u00e1les han sido los tratamientos m\u00e9dicos y psiqui\u00e1tricos brindados a su menor hijo, v\u00edctima en el proceso penal, no obra en el plenario elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que, ciertamente, las solicitudes aludidas hayan sido radicadas ante esas entidades o dirigidas a los especialistas mencionados; luego, no ser\u00eda posible requerirlos para que se pronuncien en sede constitucional por pedimentos que no se les puso de presente. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3, que \u00ab(\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no pudo demostrarse la efectiva formulaci\u00f3n de las solicitudes cuya respuesta reclama el gestor, no cabe censurar la falta de soluci\u00f3n, por lo que desacertado ser\u00eda conceder el resguardo por estas pretensiones. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El actor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple claramente el requisito de la inmediatez en relaci\u00f3n con las censuras a las sentencias penales que lo condenaron; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que: (i) la inconformidad por la falta de gesti\u00f3n respecto de la audiencia de desarchivo de la investigaci\u00f3n penal rad. 0000-00000, la puede exponer ante la autoridad competente a trav\u00e9s de la vigilancia judicial administrativa, instrumento id\u00f3neo para formular un reclamo de ese tenor; y, (ii) porque el tutelante actu\u00f3 con incuria al no controvertir el auto de 3 de junio de 2022 que profiri\u00f3 el Juzgado XXX Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de XXXX (ejecutivo rad. 0000-00000) en el que dispuso la entrega de los dineros a la all\u00ed ejecutante, producto del pago de la indemnizaci\u00f3n a la v\u00edctima ordenado por la justicia penal (proceso penal rad. 0000-00000). <\/p>\n
4.3. No se advierte la vulneraci\u00f3n de derecho alguno por parte de las EPS e IPS convocadas, ni de los profesionales de la salud referidos en la demanda tutelar, conforme lo verificado en esta actuaci\u00f3n, pues el actor no acredit\u00f3 la presentaci\u00f3n de las solicitudes de certificaci\u00f3n que alude. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Alleg\u00f3 memorial de complemento a la demanda principal el 26 de octubre de 2022, con anexos correspondientes al expediente del proceso penal que lo involucr\u00f3, incluyendo las videograbaciones de las audiencias concentradas de control de garant\u00edas (formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento), y del inicio del juicio oral (presentaci\u00f3n de la teor\u00eda del caso). <\/p>\n
3\u0002 \u00daltima anotaci\u00f3n registrada: 22 de octubre de 2019 22-10-2019. Grupo de Registro de Actuaciones REMITE carpeta con 15 folios, con 0 cd, al Archivo de Gesti\u00f3n en espera de impulso procesal. <\/p>\n
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STC14726-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14726-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03637-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por O.G.G.L. contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}