{"id":68602,"date":"2024-05-20T21:00:32","date_gmt":"2024-05-20T21:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc14727-2022\/"},"modified":"2024-05-20T21:00:32","modified_gmt":"2024-05-20T21:00:32","slug":"stc14727-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc14727-2022\/","title":{"rendered":"STC14727 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC14727-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC14727-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03641-00 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>Se &nbsp;resuelve la tutela que Maruja Fl\u00f3rez Villamizar instaur\u00f3 &nbsp;contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, &nbsp;extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y &nbsp;a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. &nbsp;2019-00113-00. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>1. La &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;gestora pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;proferida por el Tribunal accionado en el proceso en comento (4 mayo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2022), para que, en su lugar, se ordene al Juzgado accionado que &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;decida nuevamente el asunto con fundamento en las pruebas existentes &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;en el plenario. &nbsp;<\/p>\n<p>A &nbsp;juicio de la actora, la Magistratura desconoci\u00f3 el &nbsp;interrogatorio de parte de la demandante; no advirti\u00f3 el &nbsp;desinter\u00e9s de la ejecutada en el proceso, quien dio lugar al &nbsp;aplazamiento de la audiencia de fallo en varias ocasiones, amen que &nbsp;no prob\u00f3 la inexistencia o inexigibilidad de la obligaci\u00f3n &nbsp;y no le dio valor al hecho que \u00abMARTHA &nbsp;DIAZ GUADRON vendi\u00f3 a la se\u00f1ora SANDRA CECILIA SERRANO &nbsp;RODRIGUEZ el predio EL PAJARITO desde el 29 de septiembre del a\u00f1o &nbsp;2016, es decir, posterior al vencimiento del plazo de la letra de &nbsp;cambio que ac\u00e1 se cobra, la cual deb\u00eda cancelarse desde &nbsp;mayo de 2016, lo que demuestra que jam\u00e1s tuvo la intenci\u00f3n &nbsp;de devolver el predio y dejar sin efectos lo dicho en la promesa &nbsp;compraventa\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan &nbsp;la actora, la ejecutada se dedica a enga\u00f1ar campesinos &nbsp;ubicados en la zona del p\u00e1ramo de Santurb\u00e1n, de lo que &nbsp;dan cuenta las sentencias STC 1221-2022 y STL 3982-2022, por eso &nbsp;estima que con la decisi\u00f3n censurada se le causa un perjuicio &nbsp;irremediable, toda vez que es campesina y su madre entreg\u00f3 el &nbsp;inmueble que trabajaban, sin recibir dinero a cambio. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>2. El &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de lo actuado en el proceso ejecutivo y adujo que no ha vulnerado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;derechos fundamentales. &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Sala Civil Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se &nbsp;remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la providencia objeto &nbsp;de censura, los cuales, a su juicio, se ci\u00f1eron a lo previsto &nbsp;en el ordenamiento jur\u00eddico. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;amparo solicitado ser\u00e1 negado por advertirse que la decisi\u00f3n &nbsp;cuestionada es razonable. &nbsp;<\/p>\n<p>Revisada &nbsp;la decisi\u00f3n objeto de censura encuentra &nbsp;la Sala que en la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de &nbsp;apelaci\u00f3n impetrado contra la sentencia de primera instancia, &nbsp;contrario a lo aducido por la gestora, s\u00ed es fruto de una &nbsp;valoraci\u00f3n integral de las pruebas obrantes en el expediente, &nbsp;las cuales fueron analizadas a la luz de la regulaci\u00f3n propia &nbsp;del proceso ejecutivo y as\u00ed lo anunci\u00f3 la magistratura &nbsp;al consignar que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abEn &nbsp;tal sentido, interesa acentuar que, el asunto que nos re\u00fane en &nbsp;esta oportunidad se contrae a un proceso ejecutivo, que no &nbsp;declarativo o de conocimiento; es decir, que la demandante MARUJA &nbsp;FL\u00d3REZ VILLAMIZAR reclama aqu\u00ed el pago de un cr\u00e9dito &nbsp;dinerario representado en la letra de cambio tra\u00edda a cobro, &nbsp;que no la declaraci\u00f3n sobre la existencia, modificaci\u00f3n &nbsp;o extinci\u00f3n de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, &nbsp;obligaci\u00f3n o carga econ\u00f3mica. &nbsp;<\/p>\n<p>Bajo &nbsp;esa concreta perspectiva, ha de quedar di\u00e1fano, desde ya, que &nbsp;el an\u00e1lisis de la controversia sometida a definici\u00f3n &nbsp;del Tribunal y de acuerdo a la competencia que nos asiste en tal &nbsp;funci\u00f3n, tiene car\u00e1cter y alcance restrictivo, en lo &nbsp;concerniente a los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo previstos &nbsp;en las normas procesales y sustanciales, al igual que a los t\u00f3picos &nbsp;e implicaciones que de ello se deriven, tomando como marco los medios &nbsp;de defensa que la parte ejecutada formul\u00f3.\u00bb (\u2026). &nbsp;<\/p>\n<p>Luego &nbsp;de explicar que el proceso ejecutivo requiere de la existencia de &nbsp;t\u00edtulo ejecutivo, que supone la presencia de una obligaci\u00f3n &nbsp;clara, expresa y exigible, tal como lo precept\u00faa el art\u00edculo &nbsp;422 del C\u00f3digo General del Proceso, el Tribunal indic\u00f3 &nbsp;que \u00ab(\u2026) &nbsp;la obligaci\u00f3n representada en el t\u00edtulo valor -letra de &nbsp;cambio- que adjunt\u00f3 al libelo introductorio la ac\u00e1 &nbsp;demandante MARUJA FL\u00d3REZ VILLAMIZAR, valida de mandatario &nbsp;judicial, como respaldo del cobro perseguido, no re\u00fane los &nbsp;aludidos requisitos -ser clara, expresa y exigible-, para calificar a &nbsp;ese cartular como verdadero t\u00edtulo compulsivo que soporte, sin &nbsp;m\u00e1s, la orden de apremio que se emiti\u00f3 en este asunto &nbsp;frente a la parte demandada\u00bb. &nbsp;Para soportar dicha conclusi\u00f3n el Cuerpo Colegiado argument\u00f3 &nbsp;que la letra de cambio cobrada fue otorgada en virtud de un contrato &nbsp;de promesa de compraventa de un inmueble; sin embargo, una vez &nbsp;materializada la compraventa, los vendedores se\u00f1alaron que &nbsp;recibieron a satisfacci\u00f3n el precio del bien. En concreto la &nbsp;Magistratura precis\u00f3: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abLuego, &nbsp;seg\u00fan el decurso que se trae, de entrada, la funci\u00f3n &nbsp;del juez de primer grado se restringir\u00eda a comprobar si en &nbsp;efecto la deuda existe, en los t\u00e9rminos y monto se\u00f1alados &nbsp;en el memorial introductorio de este proceso. Pero, sucede que, como &nbsp;ya se indic\u00f3, al replicar la demanda la sociedad ejecutada &nbsp;propuso, la excepci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del contrato de &nbsp;compraventa que dio origen a la letra de cambio trae como &nbsp;consecuencia que el cartular pierda sus efectos jur\u00eddicos, &nbsp;bajo el amparo y autorizaci\u00f3n del numeral 12 del art\u00edculo &nbsp;784 del C\u00f3digo de Comercio. De ah\u00ed que, resulta &nbsp;inevitable y v\u00e1lido recabar en el caso que nos concentra sobre &nbsp;las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen a la elaboraci\u00f3n &nbsp;y suscripci\u00f3n del cartular tantas veces referido. &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;contrato preparatorio, al que se alude por la parte pasiva y que &nbsp;reposa en la foliatura, fue firmado el 13 de abril de 2015 entre Jos\u00e9 &nbsp;Antonio y Carmen Cecilia Villamizar Rojas, como promitentes &nbsp;vendedores, y la prenombrada MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N, como &nbsp;promitente compradora. En tal convenio se pact\u00f3 que los &nbsp;primeros dar\u00edan en venta a la segunda el inmueble de matr\u00edcula &nbsp;N\u00b0 272-5020 de la &nbsp;Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona, por &nbsp;un valor de ochocientos cincuenta y tres millones quinientos setenta &nbsp;y un mil quinientos pesos ($853.571.500), que se pagar\u00edan as\u00ed: &nbsp;para Jos\u00e9 Antonio cuatrocientos veintis\u00e9is millones &nbsp;setecientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos &nbsp;($426.785.750), monto por el que se firmar\u00eda, como respaldo, &nbsp;una letra de cambio y un cheque de gerencia; para Carmen Cecilia, la &nbsp;misma suma anterior, pero distribuida en trescientos cincuenta &nbsp;millones ($350.000.000), respaldados con una letra de cambio, y &nbsp;setenta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos &nbsp;cincuenta pesos ($76.785.750), que se autoriza entregar a MARUJA &nbsp;FL\u00d3REZ VILLAMIZAR -hija de la promitente vendedora-, suma &nbsp;avalada con la letra de cambio base de este proceso. &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora &nbsp;bien, el 13 de abril de 2015 -mismo d\u00eda en que se suscribi\u00f3 &nbsp;la aludida promesa- en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de &nbsp;Bucaramanga se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica n\u00famero &nbsp;1893, contentiva del contrato de compraventa del inmueble de &nbsp;matr\u00edcula N\u00b0 272-5020 de la Oficina de Registro de &nbsp;Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona de Jos\u00e9 Antonio y &nbsp;Carmen Cecilia Villamizar Rojas a MARTHA D\u00cdAZ GUALDR\u00d3N; &nbsp;en la cl\u00e1usula cuarta de ese instrumento se fij\u00f3 como &nbsp;precio la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos &nbsp;($150.000.000), declarando los vendedores haberlos recibido a la &nbsp;fecha y de manos de la compradora, a entera satisfacci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>A &nbsp;partir de lo anterior, el Tribunal concluy\u00f3 que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab[e]n &nbsp;esa secuencia, ninguna duda cabe en punto de que, una vez se firm\u00f3 &nbsp;el contrato de compraventa, el acto preparatorio o promesa de &nbsp;compraventa perdi\u00f3 toda vigencia, vale decir, dej\u00f3 de &nbsp;regir entre las partes que lo suscribieron, dado que, el contrato &nbsp;prometido u ofrecido se celebr\u00f3, saliendo as\u00ed tal &nbsp;prenegocio de la esfera jur\u00eddica que le dio origen. &nbsp;<\/p>\n<p>Lo &nbsp;anterior implica que, la obligaci\u00f3n crediticia representada en &nbsp;la letra de cambio base de la actual ejecuci\u00f3n, que naci\u00f3 &nbsp;en virtud del referido acto preparatorio, no puede ser cobrada &nbsp;judicialmente por la persona a quien design\u00f3 para ello la &nbsp;promitente vendedora porque ese monto qued\u00f3 por fuera del acto &nbsp;negocial que perfeccion\u00f3 el contrato prometido, en el que no &nbsp;solo se vari\u00f3 considerablemente el precio de la compraventa, &nbsp;sino que quienes all\u00ed actuaron como vendedores -Jos\u00e9 &nbsp;Antonio y Carmen Cecilia Villamizar Rojas- declararon haber recibido &nbsp;para esa fecha y de manos de la compradora, a entera satisfacci\u00f3n, &nbsp;el pago del precio de la venta, sin que se incluyera ninguna cl\u00e1usula &nbsp;o anotaci\u00f3n relativa al acto preparatorio anterior y en &nbsp;concreto al pago del precio del negocio. &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora, &nbsp;no se trata aqu\u00ed de que la obligaci\u00f3n que se persigue &nbsp;en este juicio coactivo est\u00e9 desprovista de negocio causal, &nbsp;pues no hay duda de que ella tiene b\u00e1culo en el contrato de &nbsp;promesa del 13 de abril de 2015; sucede, en realidad, que en la &nbsp;especie que nos re\u00fane, conforme lo demuestran los soportes &nbsp;documentales a que se ha aludido por la Sala, no puede estimarse que &nbsp;la suma representada en la letra de cambio tra\u00edda a cobro &nbsp;corresponda al pago -en parte- del valor del contrato de compraventa, &nbsp;pues como se ha insistido, el precio indicado en la consabida &nbsp;escritura p\u00fablica se cubri\u00f3 en su totalidad (\u2026)\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Con &nbsp;todo, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que, si la actora estima que &nbsp;hubo un desequilibrio contractual en le celebraci\u00f3n de la &nbsp;promesa o de la compraventa, puede iniciar las acciones que a bien &nbsp;tenga, las cuales escapan de la acci\u00f3n ejecutiva. &nbsp;<\/p>\n<p>Lo &nbsp;anterior &nbsp;pone en evidencia que &nbsp;la autoridad judicial no incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, &nbsp;por el contrario, fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el estudio de &nbsp;las pruebas documentales obrantes en el expediente, como la letra de &nbsp;cambio ejecutada, el contrato de promesa de compraventa y la &nbsp;escritura de venta que dieron origen al referido t\u00edtulo valor &nbsp;y aunque no aludi\u00f3 expresamente a los interrogatorios de &nbsp;parte, no se vislumbra que lo all\u00ed manifestado desdibuje el &nbsp;contenido de los medios suasorios documentales, por lo que puede &nbsp;afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una &nbsp;disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las &nbsp;circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica &nbsp;judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se &nbsp;debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable &nbsp;el ruego en tanto que: &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al &nbsp;fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas &nbsp;procesales aplicables al asunto sometido a su estudio &nbsp;o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de &nbsp;que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;lo expuesto, se &nbsp;negar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito &nbsp;de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por &nbsp;autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley resuelve &nbsp;NEGAR &nbsp;la &nbsp;tutela instada. &nbsp;Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s &nbsp;expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional &nbsp;para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC14727-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; STC14727-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03641-00 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; Se &nbsp;resuelve la tutela que Maruja Fl\u00f3rez Villamizar instaur\u00f3 &nbsp;contra la Sala [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68602\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}