STC14730-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14730-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba.11001-02-03-000-2022-03656-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela que Luzaira Yaneth Upegui Morales instaur\u00f3 contra el Tribunal Superior de Monter\u00eda Sala Civil-Familia-Laboral y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el radicado n\u00b023-001-31-03-002-2019-000189-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora solicit\u00f3 que se deje sin efectos la providencia que desat\u00f3 la alzada que propuso (10 ago. 2022). <\/p>\n
En apoyo de sus pretensiones, relat\u00f3 que fue demandada en proceso ejecutivo hipotecario, en el que propuso excepciones de fondo que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de los requisitos para la validez del t\u00edtulo valor que se nos presenta; excepci\u00f3n de alteraci\u00f3n del texto del t\u00edtulo valor y enriquecimiento sin causa de la fiduciaria Alianza a costas del empobrecimiento del (o los) deudores\u00bb; no obstante, estas fueron desestimadas y en su lugar se emiti\u00f3 orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (8 jun. 2021); apel\u00f3 pero el ad quem confirm\u00f3 la decisi\u00f3n inicial (10 ago.2022). <\/p>\n
Determinaciones de las que deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, pues en primer lugar, adujo que nunca tuvo relaci\u00f3n con la parte demandante por lo que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; asimismo, manifest\u00f3 que \u00abno sab\u00eda que el documento suscrito era un t\u00edtulo valor\u00bb, que no firm\u00f3 la carta de instrucciones y tampoco autoriz\u00f3 que se llenaran los espacios en blanco del pagar\u00e9; conjuntamente, asegur\u00f3 que se adelant\u00f3 en su contra \u00abun proceso ejecutivo con un t\u00edtulo ejecutivo en blanco sin existir la respectiva carta de instrucciones\u00bb y adem\u00e1s, que existi\u00f3 contradicci\u00f3n entre las pruebas aportadas y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Los convocados aportaron copia del expediente, hicieron un recuento de sus actuaciones y defendieron la legalidad de estas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 619 del C\u00f3digo de Comercio dispone que \u00ablos t\u00edtulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora\u00bb, de esta definici\u00f3n se extraen una serie de \u00abprincipios rectores de los t\u00edtulos valores\u00bb entre los que se encuentran el de literalidad y el de incorporaci\u00f3n; esta Corporaci\u00f3n dispuso1 que el primero es aquel que \u00abdemarca el alcance de la prestaci\u00f3n en ellos contenidas, tanto desde el aspecto subjetivo, por activa y pasiva, como el objetivo, esto es, el derecho que existe a favor del acreedor y la correlativa obligaci\u00f3n que est\u00e1 llamado a satisfacer el deudor cambiario\u00bb; mientras que del segundo \u00abemerge la obligaci\u00f3n de exhibir el t\u00edtulo para hacer efectivos los derechos que en \u00e9l se incorporan\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, respecto a la validez y eficacia de los t\u00edtulos valores, los c\u00e1nones 620 y 621 de la normativa citada exigen que el cartular contenga la menci\u00f3n del derecho que en el t\u00edtulo se incorpora y la firma de qui\u00e9n lo crea; por otro lado, el art\u00edculo 625 se\u00f1ala que \u00abtoda obligaci\u00f3n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t\u00edtulo-valor y de su entrega con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci\u00f3n. Cuando el t\u00edtulo se halle en poder de persona distinta del suscriptor se presumir\u00e1 tal entrega.\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, los t\u00edtulos valores contienen una declaraci\u00f3n unilateral de voluntad, generadora de derechos en favor del beneficiario y a cargo de los obligados, que en raz\u00f3n del principio de incorporaci\u00f3n adquieren un car\u00e1cter de documento probatorio constitutivo y dispositivo, habida cuenta que el instrumento resulta indispensable para acreditar y exigir la satisfacci\u00f3n de las prestaciones que contiene.2 <\/p>\n
2. Respecto al estudio del caso concreto, se se\u00f1ala que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (10 ago. 2022), en tanto es aquella que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio; ahora, si la apelante omiti\u00f3 plantearle alg\u00fan reparo o el superior no dio respuesta a todos los formulados, aquella no puede reclamar ahora puesto que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, en el \u00faltimo evento solicitando la adici\u00f3n. En este sentido, se advierte que, al esbozar los reparos concretos contra la providencia, la libelista no plante\u00f3 lo concerniente a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, raz\u00f3n por la cual el ad quem no pudo pronunciarse al respecto en la segunda instancia, lo que hace imposible el estudio constitucional de la mencionada censura, puesto que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En segundo lugar, frente a los defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo denunciados, se tiene que del estudio de la providencia atacada se deduce que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n inicial con fundamento en los siguientes argumentos: <\/p>\n
Respecto al diligenciamiento de los espacios en blanco, se rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, con respecto a los pagar\u00e9s suscritos en blanco sin la existencia de carta de instrucciones para su complementaci\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia viene se\u00f1alando que la suscripci\u00f3n de un t\u00edtulo con esa caracter\u00edstica por s\u00ed solo no genera la ineficacia del mismo, toda vez que la carta de instrucciones puede ser expresa o t\u00e1cita, de modo que las instrucciones para llenar el t\u00edtulo valor, pueden haber sido dadas por el deudor de forma verbal, debido a que no existe norma que prescriba que estas deban estar expresamente consignadas en un documento por escrito, esta pr\u00e1ctica es muy habitual entre deudores y acreedores al momento de la firma de t\u00edtulos valores verbigracia letras de cambio o pagar\u00e9s, sin que ello reste eficacia al t\u00edtulo valor. <\/p>\n
Al respecto la H. Corte Constitucional en sentencia T 968 de 2011, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201cPara esta Sala de Revisi\u00f3n las razones que tuvieron los jueces constitucionales para conceder el amparo son v\u00e1lidas, por cuanto: (i) la carta de instrucciones no es imprescindible, ya que puede haber instrucciones verbales, o posteriores al acto de creaci\u00f3n del t\u00edtulo o, incluso impl\u00edcitas, y, (ii) la ausencia de instrucciones o la discrepancia entre \u00e9stas y la manera como se llen\u00f3 el t\u00edtulo valor, no necesariamente le quitan m\u00e9rito ejecutivo al mismo, sino que impone la necesidad de adecuarlo a lo que efectivamente las partes acordaron. (Negrillas de ahora) <\/p>\n
No obstante, ello no impide que el deudor alegue la existencia de alguna alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor, por omitir reglas pactadas para su exigibilidad. Empero, en estas circunstancias la carga de la prueba para demostrar que el t\u00edtulo no se diligenci\u00f3 conforme a las instrucciones dadas la tiene la parte ejecutada, esto debido a que, una persona que firma un t\u00edtulo valor con espacios en blanco est\u00e1 aceptando desde ese momento el diligenciamiento de este, pues es sabedor que si el documento se encuentra incompleto no podr\u00eda hacerse exigible la obligaci\u00f3n. (\u2026) (Negrillas de ahora) <\/p>\n
De suerte que, de conformidad con lo expuesto, el reparo formulado a la sentencia de primera instancia por la inconforme en alzada basado en que el t\u00edtulo base de recaudo carece de eficacia frente a esta, desconociendo en ese sentido los efectos del t\u00edtulo, por cuanto seg\u00fan su dicho el t\u00edtulo valor pagar\u00e9 base de recaudo no naci\u00f3 concomitantemente con la carta de instrucciones, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto como viene expuesto delanteramente, este no es un requisito de validez ni de existencia del mismo, adem\u00e1s de que en virtud del principio de literalidad del t\u00edtulo se puede afirmar que el suscriptor del t\u00edtulo queda obligado al tenor literal del mismo \u2013 art\u00edculos 619 y 626 del C\u00f3digo de Comercio-. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
De esta manera, resalt\u00f3 el ad quem, que la gestora no manifest\u00f3 alteraciones al momento de diligenciar los espacios en blanco, por lo que las instrucciones para el lleno del cartular pudieron darse de manera verbal o t\u00e1cita, ya que la ejecutada conscientemente adquiri\u00f3 una obligaci\u00f3n que pod\u00eda derivarse de lo acordado en la escritura p\u00fablica y del pagar\u00e9: <\/p>\n
Literalidad que evidencia el negocio acordado con la lectura de la Escritura P\u00fablica No. 507 del 5 de abril de 2013, otorgada ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Monter\u00eda; y el pagar\u00e9 No. 100011095, ambos suscritos por los se\u00f1ores JOSE MIGUEL BECERRA DAZA y LUZAIRA YANETH UPEGUI MORALES, hoy ejecutados dentro del presento proceso, no dejando asomo de dudas de lo pactado por las partes al momento de celebrar el negocio. Asimismo, se advierte que la inconforme en alzada no manifiesta que haya habido alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor al momento de llenar los espacios en blanco, eventualidad dentro de la cual le hubiese correspondido probar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la presunta alteraci\u00f3n, debido a que la carga de la prueba en esos casos gravita sobre quien haga dicha aseveraci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, desestim\u00f3 la alzada al concluir que el t\u00edtulo valor era plenamente v\u00e1lido y eficaz, y que conten\u00eda una obligaci\u00f3n clara expresa y exigible, pues luego de traer a colaci\u00f3n jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y de la Corte Constitucional, concluy\u00f3 que la carta de instrucciones no es un requisito de validez o de existencia de los t\u00edtulos valores y que el suscriptor de estos instrumentos no s\u00f3lo queda sujeto a su literalidad, sino que tambi\u00e9n acepta que estos sean diligenciados en caso de que est\u00e9n en blanco; adem\u00e1s, coligi\u00f3 que de lo dispuesto en el pagar\u00e9 y en la escritura p\u00fablica No. 507 del 5 de abril de 2013, no quedaba duda de la obligaci\u00f3n adquirida por los demandados, por lo que descart\u00f3 que la ejecutada desconociera lo pactado y que no hubiese autorizado que se llenaran los espacios en blanco. <\/p>\n
Determinaciones legalmente admisibles, pues est\u00e1n soportadas en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, ya que de conformidad con los principios de literalidad e incorporaci\u00f3n, previamente se\u00f1alados, en los t\u00edtulos valores se consignan derechos literales y aut\u00f3nomos que representan en s\u00ed una obligaci\u00f3n, clara, expresa y exigible adquirida por su suscriptor, raz\u00f3n por la que se consideran verdaderos t\u00edtulos ejecutivos que pueden ser exigidos por la v\u00eda ordinaria. <\/p>\n
En especial, porque esta Sala ha dispuesto que \u00abquien suscribe un t\u00edtulo valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos, pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligaci\u00f3n cambiaria, luego est\u00e1 autorizando al tenedor, inequ\u00edvocamente, para completar el t\u00edtulo, a fin de poder exigir su cumplimiento, aunque, esto es claro, debe aquel ce\u00f1irse a las instrucciones que al respecto se hubieran impartido\u00bb. (STC 28 sep. 2011, Rad. 2011-00196-01). <\/p>\n
Entonces, lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 SC2768-2019 <\/p>\n
2\u0002 Ibidem <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14730-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14730-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba.11001-02-03-000-2022-03656-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la tutela que Luzaira Yaneth Upegui Morales instaur\u00f3 contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68605\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}