STC14735-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14735-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00981-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 5 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela impetrada por Ana Milena Prada S\u00e1nchez contra el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario n\u00b0 1997-23909. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad, habeas data, trabajo y a \u00abla tranquilidad personal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al no acceder a los pedimentos elevados dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00aben marzo de 1997\u00bb, a favor de su hijo Camilo Enrique Camacho Prada, quien para ese entonces era menor de edad -hoy cuenta con 28 a\u00f1os-, promovi\u00f3 demanda de alimentos contra el padre de este, Luis Enrique Camacho Rubiano, en cuyo proceso adelantado ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, \u00abcon el fin de garantizar los alimentos del menor, hasta su mayor\u00eda de edad, se solicit\u00f3 decretar el embargo de los veh\u00edculos de placas SBJ267, marca Ford y WFJ462, marca Internacional\u00bb, y as\u00ed lo determin\u00f3 el accionado. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que \u00abel 23 de mayo del a\u00f1o 2014\u00bb se produjo el deceso del demandado, \u00abel 8 de marzo del a\u00f1o 2019 el se\u00f1or Alexander Camacho Vera [hijo matrimonial del causante] solicita [al juzgado] la terminaci\u00f3n del proceso y se decrete el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, [indicando que el alimentario Camilo Enrique] ya ten\u00eda 25 a\u00f1os, siendo mayor de edad, independiente\u00bb, y que el prop\u00f3sito de la petici\u00f3n era finiquitar el respectivo para lo cual \u00abse realiz\u00f3 un acuerdo transaccional entre los herederos del demandado y Ana Milena Prada [quien] deprec\u00f3 la cautela y [fue] responsable de Camilo Camacho Prada haga el d\u00eda que cumpli\u00f3 mayor\u00eda de edad y tom\u00f3 su rumbo propio [y] donde tambi\u00e9n se realiz\u00f3 contrato de compraventa del veh\u00edculo de placas SBJ267 [a favor de la demandante]\u00bb. Empero, el querellado neg\u00f3 la solicitud, se\u00f1alando que \u00abel proceso termin\u00f3 con sentencia de 25 de noviembre de 1997 [y que] la obligaci\u00f3n no termina [con] el fallecimiento del alimentante\u00bb. <\/p>\n
Que, a trav\u00e9s de apoderado judicial, ella acudi\u00f3 al juzgado para pedir \u00abla terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares\u00bb, y tras varias reiteraciones, \u00abel d\u00eda 12 de noviembre del a\u00f1o 2021 [el enjuiciado] respondi\u00f3 [de manera negativa, se\u00f1alando] que el alimentario Camilo Enrique Camacho Prada [es] mayor de edad y por ello \u201cno puede representarlo en el presente proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que el 3 de febrero de 2022 reiter\u00f3 su petici\u00f3n, a lo que el juzgado le orden\u00f3 \u00abestarse a lo dispuesto\u00bb, con lo cual desconoce que \u00abmi hijo tuvo todas las garant\u00edas constitucionales, donde se le brind\u00f3 una vida digna hasta el d\u00eda que cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad y por voluntad propia y afectado por un desprecio paterno, decidi\u00f3 tomar control sobre su vida y decidi\u00f3 tomar distancia de toda la familia sin querer volver a saber de su progenitor\u00bb, y que \u00abfui una madre responsable sin importar las veces que su progenitor no cumpli\u00f3 con lo acordado en la demanda, nunca el menor se acost\u00f3 con hambre, nunca le falt\u00f3 techo y todo porque trabaj\u00e9 por ello (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que luego de que el 31 de mayo de 2022 se volviera a desestimar lo pedido, el 17 de agosto de siguiente \u00abelev\u00f3 derecho de petici\u00f3n (\u2026), solicitando extinci\u00f3n y\/o prescripci\u00f3n y anonimizaci\u00f3n de datos personales de la Base de Datos P\u00fablica del Consejo Superior de la Judicatura Rama Judicial consulta de procesos seg\u00fan ley estatutaria #1581 de 2012 \/ Sentencia SU458\/12 [y] STP6754-2019\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Cuarta de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que en ese estrado \u00abse adelant\u00f3 el proceso de ALIMENTOS instaurado por Ana Milena Prada S\u00e1nchez en representaci\u00f3n de su hijo Camilo Enrique Camacho Prada para ese entonces menor de edad. Admitida por auto del 11 de marzo de 1997, y terminado con sentencia proferida en audiencia celebrada el 25 de noviembre de 1997; [que] por auto del 11 de marzo de 1997, se decret\u00f3 el embargo de los veh\u00edculos de placas SBJ 267 y WFJ462. Libr\u00e1ndose para tal efecto el oficio No. 0386 del 19 de marzo de 1997 a la oficina de Tr\u00e1nsito y Transporte de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Que la actora solicit\u00f3 el \u00ablevantamiento de medida cautelar decretada sobre el veh\u00edculo de placas SBJ 267, en raz\u00f3n al fallecimiento del demandado (\u2026) ocurrido el 23 de mayo de 2014, y al acuerdo transaccional celebrado entre Ana Milena Prada S\u00e1nchez y el heredero del citado de cujus , se\u00f1or Hugo Alejandro Camacho Vera, el 20 de julio de 2020, reconoci\u00e9ndose la deuda por concepto de alimentos a favor de Camilo Enrique Camacho, por la suma de $50.000.000, involucr\u00e1ndose el veh\u00edculo automotor de placas SBJ267 para [su] pago, consecuencialmente el contrato de venta de dicho automotor entre los citados Ana Milena y Hugo Alejandro suscrita en la misma fecha\u00bb, petici\u00f3n que el \u00ab12 de noviembre de 2021 [se] niega [fund\u00e1ndose el auto] en que el alimentario ya adquiri\u00f3 la mayor\u00eda de edad, consecuencialmente no puede ser representado por su progenitora\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 10 de diciembre de 2021 [la demandante] insiste en el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre el referido veh\u00edculo, por lo que, por prove\u00eddo del 3 de febrero de 2022, se dispuso a la memorialista estarse a lo dispuesto en auto del 12 de noviembre de 2021 (\u2026). Por autos del 31 de mayo de 2022 se resolvi\u00f3 el derecho de petici\u00f3n presentado por la tutelante, y se neg\u00f3 nuevamente el levantamiento del embargo, fundamentado en que el alimentario ya cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad (28 a\u00f1os), y, por ende, tiene capacidad para procurar la defensa de sus propios intereses, por lo que su progenitora no ejerce la representaci\u00f3n sobre [\u00e9l]\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, ante nueva petici\u00f3n elevada el 16 de agosto de 2022, esta vez \u00abpara que: (i) se otorgue la extinci\u00f3n y\/o prescripci\u00f3n de este proceso y (ii) anonimizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n a terceros\u00bb, el despacho las resuelve con \u00abprove\u00eddo del 23 de septiembre de 2022, neg\u00e1ndole la primera por cuanto la petente actu\u00f3 en el proceso en representaci\u00f3n del demandante Camilo Enrique Camacho Prada cuando este era menor de edad, tal como se le ha indicado en diferentes prove\u00eddos (\u2026), y (ii) se ordena retirar y\/o ocultar el nombre de la se\u00f1ora Ana Milena Prada S\u00e1nchez, de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, como resultado de la inclusi\u00f3n de la misma [en el] citado proceso (\u2026), para lo cual se dispone oficiar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial (\u2026)\u00bb, concluyendo que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales a la tutelante, comoquiera que se han resuelto todas las peticiones y [han] sido notificadas en debida forma\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al observar \u00abcarencia actual de objeto\u00bb, porque, \u00abla Juez Cuarta de Familia de Bogot\u00e1, al ser notificada de la demanda de tutela, mediante providencia del 23 de septiembre de 2022, resolvi\u00f3 lo pedido por la accionante y remiti\u00f3 la respuesta a su correo electr\u00f3nico, cesando la presunta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso, con respecto a la petici\u00f3n relativa a la eliminaci\u00f3n del nombre de la accionante de la base de datos del Consejo Superior de la Judicatura, recibi\u00f3 respuesta congruente e, independientemente de que la Sala comparta lo decidido, lo cierto es que el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n fue satisfecho\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante aseverando que lo resuelto \u00abno se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela\u00bb, ya que no pod\u00eda definirse por hecho superado cuando el juzgado \u00abno analiz\u00f3 la solicitud y menos las evidencias para que me otorgara paz y salvo del proceso que yo como \u00fanica demandante solicit\u00e9\u00bb, y para ello \u00abpido respetuosamente revisar los hechos relatados en el derecho de petici\u00f3n radicado ante el juzgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, en tanto: (i) desestim\u00f3 las peticiones elevadas para obtener la terminaci\u00f3n del proceso de alimentos (rad. 1997-23909); y, (ii) no ha accedido a la solicitud de \u00abanonimizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que se registra en la base de datos p\u00fablica\u00bb, en relaci\u00f3n con el asunto en comento. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y del principio de la subsidiariedad. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales, pues al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de actuaciones judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n adosada al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero no por el argumento all\u00ed se\u00f1alado, sino porque frente a la no terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de cautelas, (i) la decisi\u00f3n obedece a un criterio razonable, y (ii) en relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n de datos p\u00fablicos de la actora, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la decisi\u00f3n mediante la cual el juzgado se abstuvo de declarar la terminaci\u00f3n del declarativo de alimentos y su consecuente levantamiento de medidas cautelares, concretamente de los autos adiados 31 de mayo y 23 de septiembre de 2022, donde sobre el punto enfatiz\u00f3 que como el alimentario Camilo Enrique Camacho Prada, actualmente cuenta con 28 a\u00f1os de edad, pues su registro civil da cuenta que naci\u00f3 el 27 de febrero de 1994, \u00abtiene capacidad para procurar la defensa de sus propios intereses\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque como se trata de alimentos causados a favor de un hijo que rebas\u00f3 los 25 a\u00f1os, la suerte del litigio es un tema que concierne definirlo a \u00e9l, no a su progenitora en tanto ella ya no ejerce su representaci\u00f3n legal, y en \u00faltimas, al juez de la causa previa tramitaci\u00f3n de la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la determinaci\u00f3n criticada no constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla por esta senda, en tanto corresponde a la aplicaci\u00f3n razonable de la normativa que rige la tem\u00e1tica y, por ende, no deviene caprichosa ni arbitraria que amerite la injerencia del fallador excepcional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC13270-2021, 7 oct., rad. 00807-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC11444-2022, 31 ago., rad. 00676-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Sobre la eliminaci\u00f3n de datos en la Internet. <\/p>\n
Acerca de la pretensi\u00f3n para que se borre o elimine la informaci\u00f3n relacionada con las publicaciones realizadas en las p\u00e1ginas web de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que sobre el particular dispuso el accionado en auto del pasado 23 de septiembre, la Sala precisa que para ese fin la tutela deviene improcedente, en tanto desatiende el presupuesto general de la subsidiariedad. <\/p>\n
Efectivamente, esta Corporaci\u00f3n, al dirimir asuntos de similares contornos al que en esta oportunidad es objeto de estudio, se\u00f1al\u00f3 que si la persona interesada en que se eliminen publicaciones o datos que se consideren sensibles para su seguridad, no ha acreditado haber acudido con dicho fin al Centro de Documentaci\u00f3n – CENDOJ, encargado del manejo y divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), el ruego tuitivo carece de prosperidad, en tanto: <\/p>\n
\u00abEl amparo implorado debe desestimarse por falta del presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que la quejosa no ha requerido de los querellados el retiro o enmienda de la publicaci\u00f3n que pretende remover por esta v\u00eda, a pesar de que puede acudir ante ellos, y en general a los propietarios de los sitios Web donde se difundieron los contenidos, o incluso ante Google LLC, quien tiene a cargo la \u00abplataforma de b\u00fasqueda de Google\u00bb, para hacer valer sus protestas. (\u2026) Por otro parte, no se cumplen con los requisitos del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 para que el resguardo triunfe transitoriamente, pues adem\u00e1s de que la reclamaci\u00f3n directa en este evento es un medio eficaz, de la querella no se advierte una situaci\u00f3n de gravedad o urgencia que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n tiene a su alcance otros escenarios para pedir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que, afirma, le irroga la \u00abpublicaci\u00f3n en la Web\u00bb del veredicto de la Colegiatura [acusada]\u00bb (CSJ STC1755-2021, 25 feb. 2021, rad. 00422-00, citada en STC1700-2022, 17 feb., rad. 00001-01). <\/p>\n
En las condiciones descritas, esta Corte ha sostenido que no puede acudirse con \u00e9xito a este remedio extraordinario en virtud al car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, porque mientras los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda puedan discutirse y resolverse al interior del proceso, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los procedimientos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n
En ese mismo sentido, ha dicho que el juez del amparo no puede arrogarse facultades que le compete a otro, ya que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC5006-2021, 6 may., rad. 00029-01, entre otras). <\/p>\n
Finalmente, frente a la posibilidad de conceder la tutela como mecanismo transitorio, la Corte no encuentra que se haya esgrimido y menos probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul., rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratifica la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que lo ser\u00e1 porque en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n para que se dispusiera la terminaci\u00f3n del proceso de alimentos, la resoluci\u00f3n denegatoria fue debidamente motivada, y frente a la pretensi\u00f3n dirigida a que se borre informaci\u00f3n o datos sensibles de Internet, la salvaguarda desatiende el requisito de subsidiariedad, por cuanto la afectada no acredit\u00f3 haber acudido a la autoridad encargada de esas funciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las puntuales razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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