STC14740-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14740-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03679-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Francisco C\u00f3rdoba Zartha contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con radicado N\u00b0 57839. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, libertad, \u00aba elegir y ser elegidos y a participar en pol\u00edtica\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Del extenso escrito constitucional y de los soportes allegados, se extrae que el accionante, en su calidad de alcalde municipal de Purificaci\u00f3n, fue condenado por el Juzgado \u00danico Penal del Circuito de esa ciudad el 15 de julio de 2015 a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homog\u00e9neo y heterog\u00e9neo con peculado culposo\u00bb, determinaci\u00f3n que el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 modific\u00f3 en fallo de 16 de abril de 2018, para fijar la condena en 138 meses de prisi\u00f3n por los punibles de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homog\u00e9neo y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aunque el actor formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el pronunciamiento del ad quem, se neg\u00f3 por extempor\u00e1neo, decisi\u00f3n confirmada, en reposici\u00f3n el 10 de julio de 2018. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con posterioridad, propuso \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb contra la sentencia de segunda instancia, invocando las causales \u00ab2, 3 y 6 del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000 y las previstas en los numerales 6 y 8 del art\u00edculo 355 de la Ley 1564 de 2012 \u2013 C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, no obstante, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia de 4 de agosto de 2021 inadmiti\u00f3 su demanda por no cumplir con las exigencias formales para estudiarla de fondo y, si bien interpuso reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, fue confirmada en auto de 6 de abril de 2022. <\/p>\n
De acuerdo con el solicitante, la Sala accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho en los anteriores pronunciamientos, por \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb, en tanto que (i) \u00abevadi\u00f3 la leal consideraci\u00f3n de las pruebas aportadas con la demanda\u00bb; (ii) desconoci\u00f3 las causales objetivas alegadas, indic\u00e1ndole de manera equivocada que \u00e9l pretend\u00eda \u00abrevivir el debate ya fenecido\u00bb, cuando a ello hay lugar si se presenta \u2013como en su caso- la necesidad de corregir \u00aberrores judiciales\u00bb, ya que en el proceso penal rese\u00f1ado fue condenado \u00abal margen de la verdad\u00bb por funcionarios judiciales que ten\u00edan como prop\u00f3sito \u00abimpedirle el ejercicio de sus derechos pol\u00edticos para favorecer intereses electorales en lo local y nacional\u00bb; e (iii) interpret\u00f3 equivocadamente las normas aplicables, en cuanto a la \u00abprescripci\u00f3n respecto del peculado por apropiaci\u00f3n (\u2026) [y] el contrato sin cumplimiento de los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la Sala accionada debi\u00f3, mientras se pronunciaba sobre la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, \u00absuspender la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb condenatoria proferida en su contra, de acuerdo con lo previsto en la sentencia C-252 de 2001 de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta la anterior acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 contra el proceso penal rese\u00f1ado, lo que no hizo. <\/p>\n
Sobre los argumentos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en las decisiones censuradas, sostuvo que la causal 3\u00aa del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000 debi\u00f3 ser acogida, pues \u00abm\u00e1s all\u00e1 de plantear un \u201ccat\u00e1logo de hechos o pruebas nuevas no conocidas durante el proceso\u201d\u00bb, demostr\u00f3 dicha causal \u00aben la medida que aquellos tienen la suficiente aptitud para derruir las conclusiones del fallo\u00bb, puesto que conducen \u00abfundadamente a demostrar que se conden\u00f3 a un inocente\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que si bien con la demanda de revisi\u00f3n aport\u00f3 \u00abfotograf\u00edas de las copias borrosas\u00bb de los documentos que pretendi\u00f3 hacer valer, \u00e9stas no eran \u00abilegibles\u00bb como lo consider\u00f3 la accionada y, por ello, considera irregular que se inadmitiera su demanda. <\/p>\n
Tras exponer, in extenso, que en el proceso penal adelantado en su contra prob\u00f3 que \u00abno se perdi\u00f3 ni un centavo\u00bb, destac\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal comprendi\u00f3 \u00abequivocadamente que en la sentencia demandada se concluy\u00f3 que hubo un faltante o una suma no reintegrada al presupuesto del municipio\u00bb; adem\u00e1s, con las pruebas que alleg\u00f3 al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n se pod\u00edan establecer, incluso, \u00ablos pagos con nombres propios excluidos por la Fiscal\u00eda\u00bb, de donde pod\u00eda concluirse que no \u00abhubo apropiaci\u00f3n de dineros\u00bb por su parte. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abcomo mecanismo transitorio\u00bb, que (i) cesen \u00ablos efectos jur\u00eddicos y pol\u00edticos ocasionados por la indebida ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria\u00bb emitida en su contra, \u00abdada la identidad de causa, objeto y sujetos, que se encuentra en Demanda de Revisi\u00f3n en la Corte Suprema de Justicia\u00bb; (ii) que se \u00abordene revocar el auto inadmisorio de la demanda de revisi\u00f3n entutelado (\u2026) y el que niega la reposici\u00f3n y proceder a admitirla con el fin de dar apertura a pruebas y resolver el fondo del asunto abordando la verdad y la justicia material\u00bb; y (iii) que se declare la \u00abNULIDAD de toda actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso adelantado en [su] contra\u00bb, declarando incompetentes a los funcionarios que conocieron del proceso penal adelantado en su contra y ordenando \u00abel traslado de los procesos a jurisdicci\u00f3n imparcial en Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante providencia del 12 de octubre de 2022, la Sala Plena del Consejo de Estado remiti\u00f3, por competencia, el presente amparo a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u00danico de Purificaci\u00f3n indic\u00f3 que el accionante se ha dirigido al titular de ese despacho y frente a otras autoridades, \u00abde manera peyorativa y bordeando la delictualidad, con denuncias, panfletos en fotocopias y en la web\u00bb, cuando no est\u00e1 de acuerdo con las decisiones emitidas en su contra. Indic\u00f3 que el peticionario ha acudido a esta jurisdicci\u00f3n en pasadas ocasiones y sostuvo que el amparo no cumpl\u00eda con el presupuesto de inmediatez; adem\u00e1s, asegur\u00f3 que en el proceso reprochado no se incurri\u00f3 en irregularidad o v\u00eda de hecho. <\/p>\n
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2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n -Divisi\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -DRSCI-se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del actor, ya que la informaci\u00f3n en su certificado de antecedentes \u00abse encuentra completa, es veraz, exacta, comprobable, comprensible y se encuentra actualizada al momento de su expedici\u00f3n, conforme al reporte realizado por la autoridad judicial competente en este caso. Y solo se proceder\u00e1 a las actualizaciones en dicho certificado, cuando la autoridad as\u00ed lo reporte en el formulario para registro de novedades penales, que como ya se advirti\u00f3, no se ha recibido reporte alguno\u00bb. <\/p>\n
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3. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil advirti\u00f3 que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo reclamado por el accionante, por lo que aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
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4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 los antecedentes del proceso penal seguido al actor y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 todas las solicitudes y recursos a su cargo, \u00abbajo los c\u00e1nones legales\u00bb. <\/p>\n
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5. El Procurador Delegado de Intervenci\u00f3n Segundo para la Casaci\u00f3n Penal anot\u00f3 que intervino en la revisi\u00f3n censurada para se\u00f1alar que se vislumbraba \u00abel deseo del recurrente de que se reabriera un proceso que tiene el car\u00e1cter de cosa juzgada y cuyo resultado no le fue favorable, sin que se advirtieran argumentos s\u00f3lidos que incidieran en la configuraci\u00f3n de lo enunciado en la causales 2a, 3 a y 6a del art\u00edculo 220 de la ley 600 de 2000, y numerales 6 y 8 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Anot\u00f3 que, en su criterio, el amparo no sal\u00eda avante porque no incurri\u00f3 en irregularidad, pues se aplicaron correctamente las normas correspondientes; adem\u00e1s, este mecanismo es improcedente para revisar las instancias del proceso penal. <\/p>\n
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6. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que en las decisiones que emiti\u00f3 en el tr\u00e1mite censurado, \u00abest\u00e1n plasmadas las razones de orden f\u00e1ctico y jur\u00eddico que llevaron a la Corte a no admitir a tr\u00e1mite la acci\u00f3n de revisi\u00f3n propuesta y, por esa v\u00eda, a denegar el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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7. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Examinado el escrito de tutela, se advierte que el se\u00f1or Francisco C\u00f3rdoba Zartha, cuestiona las providencias AP3329 de 4 de agosto de 2021 y AP1483 de 6 de abril de 2022, mediante las cuales, en su orden, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia del 16 de abril de 2018 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 que confirm\u00f3, con modificaciones, la condena que le impuso el Juzgado \u00danico Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n en fallo de 15 de julio de 2015, en el proceso penal seguido en su contra, y, la segunda, con la que confirm\u00f3 en sede de reposici\u00f3n, el anterior pronunciamiento. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, debe se\u00f1alarse que, examinada esa \u00faltima determinaci\u00f3n con la cual se dirimi\u00f3 el asunto en relaci\u00f3n con las cuestiones expuestas en este amparo por el solicitante, no se establece irregularidad lesiva y manifiesta de garant\u00edas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que en la providencia AP1483 de 6 de abril de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n en la que hab\u00eda inadmitido la demanda de revisi\u00f3n propuesta por el accionante porque, en s\u00edntesis, no hall\u00f3 \u00abraz\u00f3n jur\u00eddica, probatoria o f\u00e1ctica que conlleve\u00bb la revocatoria de la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en la decisi\u00f3n impugnada se hab\u00eda resuelto no tramitar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n porque frente a la causal prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 20001, el demandante no alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n ni su constancia de ejecutoria para establecer \u00absi se hab\u00eda configurado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, no obstante, superada esa situaci\u00f3n, dijo que tampoco se configuraba esa causal porque, en cuanto al \u00abdelito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se cumplir\u00eda el 16 de diciembre de 2019\u00bb y seg\u00fan lo indic\u00f3 el demandante, \u00abla ejecutoria de la sentencia de segunda instancia se present\u00f3 el 10 de julio de 2018\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, respecto del delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, que \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en la etapa de juicio era de 9 a\u00f1os, los cuales no se hab\u00edan cumplido para el 10 de julio de 2018\u00bb y, con todo, se destac\u00f3 que, para efectos de la prescripci\u00f3n, no proced\u00eda \u00abtener en consideraci\u00f3n las circunstancias de menor punibilidad, dado que aquellas se analizan al momento de dosificar la pena a imponer\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente y respecto de la causal contemplada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 20002, advirti\u00f3 que el demandante no argument\u00f3 en debida forma, ya que no explic\u00f3 \u00abde qu\u00e9 manera los medios de convicci\u00f3n aducidos en la demanda de revisi\u00f3n pod\u00edan derruir la cosa juzgada\u00bb, omisi\u00f3n que no pod\u00eda ser superada en ese escenario, asimismo, indic\u00f3 que el interesado no argument\u00f3 la manera c\u00f3mo las pruebas que refiri\u00f3 desvirtuaban la sentencia condenatoria y que, incluso, revisada esa decisi\u00f3n, se encontraba que el Tribunal Superior hall\u00f3 probado el delito de peculado por apropiaci\u00f3n porque el denunciado, aqu\u00ed actor, \u00abno reintegr\u00f3 al presupuesto del municipio de Purificaci\u00f3n $216.315.392\u00bb, conclusi\u00f3n que extrajo de la pericia all\u00ed practicada que, con las mismas declaraciones que refiri\u00f3 el actor en la revisi\u00f3n, lleg\u00f3 a \u00abconclusiones distintas\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, refiri\u00f3 que el argumento del recurrente, relacionado con que \u00abla suma faltante se utiliz\u00f3 para cumplir fallos de tutela\u00bb hab\u00eda sido apreciado por el Tribunal, pero no acogido, por lo que insistir en esas manifestaciones evidenciaba la intenci\u00f3n del interesado en \u00abreiterar la estrategia defensiva utilizada al interior del proceso penal\u00bb, cuesti\u00f3n ajena a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Enseguida, reiter\u00f3 que la causal 6 del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 20003 tampoco se admiti\u00f3, porque el demandante no la sustent\u00f3 de manera adecuada, pues \u00abla sentencia de segunda instancia se soport\u00f3 en la decisi\u00f3n CSJ SP9225\u20132014 pero no demostr\u00f3 cu\u00e1l fue el criterio jur\u00eddico que a partir de esa decisi\u00f3n aplic\u00f3 el fallador de segundo nivel y de qu\u00e9 manera vari\u00f3 con posterioridad en la jurisprudencia de la Corte\u00bb, adem\u00e1s, concluy\u00f3 que, en realidad, lo cuestionado por el condenado fueron las \u00abnormas y el an\u00e1lisis probatorio aplicados por el Tribunal para acreditar su responsabilidad, por lo que tampoco hubo lugar a su admisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, record\u00f3 que las causales previstas en el C\u00f3digo General del Proceso y que fueron alegadas por el actor no eran aplicables al caso, \u00abtoda vez que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en materia penal se encontraba contemplada en el art\u00edculo 220 y siguientes de la Ley 600 de 2000, aplicable al caso y, por ende, no hab\u00eda lugar a acudir por v\u00eda de remisi\u00f3n a las normas civiles\u00bb, por lo cual tampoco se procedi\u00f3 a estudiar la supuesta falta de competencia del ad quem para proferir la decisi\u00f3n, al superar los plazos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la Ley 600 de 2000, contiene sus propios plazos. <\/p>\n
Luego, adem\u00e1s de indicar que las supuestas vulneraciones al debido proceso debieron exponerse en el proceso penal criticado, se destac\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 220 y siguientes de la Ley 600 de 2000, no contempla la emisi\u00f3n de medidas cautelares, como la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del fallo condenatorio, por lo que se rechaz\u00f3 de plano tal pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la autoridad accionada dijo que los argumentos de la reposici\u00f3n planteada por el actor -sustentada en cuestiones similares a la alegadas en esta acci\u00f3n constitucional- y, advirti\u00f3 que no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad porque \u00abel recurrente no exhibe alg\u00fan planteamiento que permita demostrar que la decisi\u00f3n objeto de controversia fue equivocada. C\u00d3RDOBA ZARTHA se limit\u00f3, en realidad, a reiterar los aspectos que soportaron el libelo inicial, relacionados con su particular interpretaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, las pruebas nuevas y la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. Desde esa \u00f3ptica, (\u2026) no hay lugar a modificar la decisi\u00f3n objeto del recurso\u00bb. <\/p>\n
Puntualmente, sobre la causal 2\u00aa del art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000, le record\u00f3 al actor que no adjunt\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y que, con todo, se estudi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y \u00e9ste no se hallaba satisfecho, asimismo, en cuanto a la causal 3\u00aa, reiter\u00f3 que la pretensi\u00f3n era reabrir el debate probatorio ya cerrado en las instancias, y lo mismo, le se\u00f1al\u00f3 en relaci\u00f3n con la causal 6\u00aa, ya que el recurrente insisti\u00f3 en su configuraci\u00f3n, pero \u00abdej\u00f3 de lado alguna clase de argumentaci\u00f3n encaminada a determinar que existieron yerros al inadmitir ese reproche\u00bb. Por todo ello, la Sala especializada, insisti\u00f3 en la improcedencia del recurso de reposici\u00f3n, pues no se controvirtieron las razones del auto recurrido, ya que <\/p>\n
\u00abel recurrente solo exhibe que es inocente, pero no ense\u00f1a que esta Corporaci\u00f3n hubiese incurrido en alg\u00fan yerro al inadmitir el cargo, ni mucho menos mostr\u00f3 desatinado el criterio que llev\u00f3 a la Sala a rechazar que las pruebas aducidas como nuevas, permit\u00edan visualizar alguna posibilidad de minar las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
4. Como se advirti\u00f3, las consideraciones antes expuestas no entra\u00f1an la irregularidad alegada de garant\u00edas sustanciales, ya que la Corporaci\u00f3n accionada se pronunci\u00f3 sobre la demanda de revisi\u00f3n y el recurso de reposici\u00f3n propuesto contra la inadmisi\u00f3n de la misma, de manera clara y suficiente de cara a las alegaciones y las pruebas allegadas por el accionante, quien desconoci\u00f3 las formalidades propias de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y, por ello, no logr\u00f3 que la misma fuera admitida. <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha insistido en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Resta indicar que si alguna censura pretende criticar el accionante a los funcionarios que conocieron del proceso penal en el que fue condenado por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homog\u00e9neo y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, tal ataque resulta improcedente porque ya fue cuestionado ante esta jurisdicci\u00f3n en pasada oportunidad. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que esta Sala en la sentencia STC12700 de 2 de octubre de 2018, confirm\u00f3 la negativa al amparo reclamado frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Penal del Circuito de Purificaci\u00f3n, extensiva a la Fiscal\u00eda 17 de la Unidad de Delitos Contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Bogot\u00e1 y 22 Seccional de Ibagu\u00e9, Procuradur\u00eda Delegada, al advertir, entre otras cuestiones, la incuria del solicitante por desaprovechar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que tuvo a su alcance frente al fallo condenatorio que profiri\u00f3 en su contra el citado Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente el fracaso de esta nueva acci\u00f3n de tutela, toda vez que el peticionario ya activ\u00f3 este mecanismo para reprochar la actuaci\u00f3n de las autoridades atr\u00e1s mencionadas, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco C\u00f3rdoba Zartha contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 \u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00ab3. Cuando despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
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STC14740-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC14740-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03679-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Francisco C\u00f3rdoba Zartha […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}