STC14743-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14743-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03647-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Yuri Antonio Lora Escorcia contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo 2017-00336. <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpetici\u00f3n\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla cursa el proceso hipotecario 2017-00336 promovido por Global Brokers Asociados S.A., contra Orlando Jos\u00e9 Garc\u00eda Quinto. <\/p>\n
2.2. Por su parte, Yuri Antonio Lora Escorcia es demandante dentro del recaudo 2017-00112 que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de aquella ciudad, en el cual, mediante auto de 27 de febrero de 2019, se decret\u00f3 \u00abel embargo y secuestro de los t\u00edtulos judiciales\u2026 [existentes] dentro del proceso radicado interno C03-336-2017\u00bb. <\/p>\n
2.3. Dentro de la primera causa mencionada, el ejecutante present\u00f3 liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito, la que fue objetada por su contraparte. <\/p>\n
2.4. Surtidos los traslados de rigor, con auto de 29 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias declar\u00f3 parcialmente acreditada la oposici\u00f3n formulada por Garc\u00eda Quinto y modific\u00f3 el monto del saldo insoluto, estableci\u00e9ndolo en $27\u2019002.624,13. <\/p>\n
2.5. Contra esa determinaci\u00f3n el ejecutado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, al que se adhiri\u00f3 Lora Escorcia, y que fuera resuelto por el Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 16 de junio, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. El actor se queja de que la colegiatura ad quem no tuvo en cuenta los planteamientos plasmados en el escrito de alzada adhesiva ni una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que present\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad la que, en su concepto, \u00abdeb\u00eda sopesar con la practicada por el aquo [sic], para establecer si la misma segu\u00eda los par\u00e1metros de la inicial por el Juez Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, dentro de este proceso y si estaba bien aplicada la tabla para la liquidaci\u00f3n adicional arrimada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Pretende, en consecuencia, \u00abse deje sin efectos jur\u00eddicos los autos de fechas 29 de septiembre de 2021 y 16 de junio del 2022\u00bb y que \u00abse ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla que proceda a resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n que interpusiera\u2026 antes de conceder el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el demandado [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado que suscribi\u00f3 la providencia objeto de censura realiz\u00f3 un recuento de las motivaciones en ella contenidas, resaltando que la decisi\u00f3n fue el producto del an\u00e1lisis ponderado de los elementos de convicci\u00f3n obrantes, de cara a los argumentos esbozados por el ac\u00e1 quejoso como apelante adhesivo. <\/p>\n
2. La Juez Primera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla tras rememorar lo ocurrido en el asunto escrutado, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo en tanto que \u00ablas actuaciones desplegadas\u2026 se ajustaron a las normas sustanciales y procesales aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que la salvaguarda \u00abno resiste el m\u00e1s simple examen de procedencia, atendiendo que de los enunciados propuestos por el quejoso constitucional no se puede afirmar que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; a m\u00e1s de no haber identificado el actor en modo razonable los hechos que constituyen la vulneraci\u00f3n y los derechos que considera violados, puesto que no alcanza a sustentar jur\u00eddicamente el vicio o error constitutivo de la v\u00eda de hecho que alega, a m\u00e1s de no cumplir con el presupuesto de inmediatez, en tanto, las decisiones que censura en sede constitucional fueron proferidas hace m\u00e1s de seis meses\u00bb. <\/p>\n
3. Tanto la Juez Tercera Civil del Circuito de Barranquilla como su hom\u00f3logo Cuarto solicitaron desestimar la protecci\u00f3n en lo que a esos estrados concierne habida cuenta que el reclamo constitucional se dirige contra un despacho diferente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, al interior del ejecutivo 2014-00336, con la expedici\u00f3n del auto de 16 de junio de 2022 a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la providencia de 29 de septiembre de 2021 en la que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad resolvi\u00f3 sobre la liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito presentada por el all\u00ed ejecutante, acogiendo parcialmente las objeciones formuladas por la parte ejecutada. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil Familia de la aludida corporaci\u00f3n, comoquiera que fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del pasado 16 de junio, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ejecutivo censurado. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura accionada, luego de hacer un breve recuento de los antecedentes procesales relevantes, identific\u00f3 los reparos formulados por el apelante Orlando Jos\u00e9 Garc\u00eda Quinto, as\u00ed: <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al adentrarse en la resoluci\u00f3n de las aludidas objeciones resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto de lo primero se aprecia que en el memorial allegado al expediente en noviembre de 2016 este abogado indic\u00f3 que en calidad de representante legal de Global Brokers Asociados S.A., asum\u00eda la representaci\u00f3n de esta sociedad considerada actualmente la ejecutante. <\/p>\n
Y con relaci\u00f3n a lo segundo, de acuerdo al tenor del memorial del 13 de enero de 2013, se aprecia que fue el demandado qui\u00e9n voluntariamente puso en movimiento el tr\u00e1mite procesal con el objetivo de conseguir que se diera la terminaci\u00f3n del proceso por pago, teniendo en cuenta que, en ese momento, no exist\u00edan liquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y costas en este litigio. <\/p>\n
Solicitud, que deb\u00eda ajustarse a lo establecido en el Art\u00edculo 537 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente en ese momento\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, luego de clarificar porqu\u00e9 el monto consignado el 19 de junio de 2013 por el ejecutado Garc\u00eda Quintero, no alcanzaba a cubrir el saldo total de la obligaci\u00f3n, debiendo considerarse como un mero abono, que no ten\u00eda la entidad para lograr la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, indic\u00f3, respecto del memorial de impugnaci\u00f3n adhesiva del ac\u00e1 actor, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El apoderado ejecutante [sic], no present\u00f3 dentro de su oportunidad procesal correspondiente ning\u00fan memorial de interposici\u00f3n de recursos ante el auto de septiembre 29 de 2021, sin embargo, al descorrer el traslado de la reposici\u00f3n del ejecutado, manifest\u00f3 ante la a quo su deseo que adherirse al recurso de apelaci\u00f3n, por lo que de conformidad al par\u00e1grafo del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, se analizar\u00e1n sus argumentos en lo relativo a la modificaci\u00f3n que la a quo hizo de su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Se solicita se mantenga la suma de $60.000.000.00 como capital del presente proceso, pero no es preciso y concreto con relaci\u00f3n a las razones de inconformidad al respecto (\u2026) <\/p>\n
Sin especificar en qu\u00e9 consistir\u00eda ese \u201cerror matem\u00e1tico\u201d, puesto que no argumenta nada con respecto a que la funcionaria se hubiere equivocado en sus operaciones aritm\u00e9ticas de liquidar primero los intereses hasta el 19 de junio de 2013, ni en la forma en que aplic\u00f3 y rest\u00f3 el valor que le dio a esa fecha cr\u00e9dito y costas, la suma de dinero que fue consignada por el demandado en esa oportunidad, para generar un abono aplicable a disminuci\u00f3n de capital. <\/p>\n
Luego de lo cual insiste en que este asunto no se ha dado una solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso, para que a partir de ese tr\u00e1mite se admita la posibilidad de un \u201cabono\u201d, su aplicaci\u00f3n y el subsiguiente saldo. <\/p>\n
Sin embargo, como antes se indic\u00f3, el ejecutado s\u00ed intent\u00f3 en enero de 2013 en vigencia del art\u00edculo 537 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tal actividad; que la misma por los aspectos antes mencionados en su tr\u00e1mite no pudo generar que la suma consignada hubiera cubierto totalmente el valor del cr\u00e9dito y costas en esa oportunidad, no implica que a partir de all\u00ed no se pudiera proceder como se hizo en la providencia recurrida de aplicar como abono a la obligaci\u00f3n tal suma de dinero (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse, la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, el gestor del resguardo no atribuye a las providencias que censura defecto alguno sino que, por el contrario, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de la causa ordinaria por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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